Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) el 5 de mayo de 2021 — IG / Varhoven administrativen sad
(Asunto C-289/21)
Lengua de procedimiento: búlgaro
Órgano jurisdiccional remitente
Administrativen sad Sofia-grad
Partes en el procedimiento principal
Demandante: IG
Demandada: Varhoven administrativen sad
Cuestiones prejudiciales
¿La modificación de una disposición de un acto normativo nacional que previamente ha sido declarada por el tribunal de apelación incompatible con una disposición vigente de Derecho de la Unión exime al tribunal de casación de la obligación de examinar la disposición en vigor antes de la modificación o de apreciar su compatibilidad con el Derecho de la Unión?
¿El hecho de considerar que la disposición controvertida ha sido revocada constituye una vía de recurso efectiva para los derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión (en este caso, los artículos 9 y 10 de la Directiva 2012/27 1 ), o constituye un recurso de este tipo el hecho de que la posibilidad prevista en el Derecho nacional de examinar si la norma nacional controvertida era conforme con el Derecho de la Unión antes de su modificación solo exista cuando el tribunal competente conoce de una demanda concreta de indemnización de daños y perjuicios basada en dicha disposición y únicamente en lo que respecta a la persona que ha ejercitado la acción?
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión: ¿Es admisible que, durante el período comprendido entre la adopción de la disposición controvertida y su modificación, esta continúe regulando las relaciones jurídicas de un grupo ilimitado de personas que no han ejercitado acciones indemnizatorias basadas en dicha disposición, o que la apreciación de la conformidad de la norma nacional con la norma de Derecho de la Unión no se haya realizado con respecto a dichas personas en relación con el período anterior a la modificación?
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1 Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO 2012, L 315, p. 1).