Language of document : ECLI:EU:T:1998:282

AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta ampliada)

de 8 de diciembre de 1998 (1)

«Reglamento (CE) n. 2613/97 - Disposición por la que se suprimen las ayudas nacionales a los productores de remolacha azucarera a partir de la campaña 2001/2002 - Recurso de anulación - Inadmisibilidad»

En el asunto T-39/98,

Sadam Zuccherifici Divisione della SECI SpA, sociedad italiana, con domicilio social en Bolonia (Italia),

Sadam Castiglionese SpA, sociedad italiana, con domicilio social en Bolonia,

Sadam Abruzzo SpA, sociedad italiana, con domicilio social en Bolonia,

Zuccherificio del Molise SpA, sociedad italiana, con domicilio social en Termoli (Italia),

Società Fondiaria Industriales Romagnola SpA (SFIR), sociedad italiana, con domicilio social en Cesena (Italia),

representadas por los Sres. Vicenzo Cerulli Irelli, Abogado de Roma, Gualtiero Pittalis y Giancarlo Fanzini, Abogados de Bolonia, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Arsène Kronshagen, 22, rue Marie-Adélaïde,

partes demandantes,

contra

Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. John Carbery y Antonio Tanca, Consejeros Jurídicos, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Alessandro Morbilli, Director General de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer,

parte demandada,

que tiene por objeto una pretensión de anulación del artículo 2 del Reglamento (CE) n. 2613/97 del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, por el que se autoriza a Portugal para que conceda ayudas a los productores de remolacha azucarera y se suprimen todas las ayudas nacionales a partir de la campaña 2001/2002 (DO L 353, p. 3),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta ampliada),

integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente; el Sr. R. García-Valdecasas, las Sras. V. Tiili y P. Lindth y el Sr. P. Mengozzi, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente

Auto

Marco jurídico

1.
    El artículo 46 del Reglamento (CEE) n. 1785/81 del Consejo, del 30 de junio de 1981, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO L 177, p. 4; EE 03/22, p. 80; en lo sucesivo, «Reglamento n. 1785/81»), en su versión resultante del Reglamento (CE) n. 1101/95 del Consejo, de 24 de abril de 1995, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n. 1785/81, y el Reglamento (CEE) n. 1010/86 por el que se establecen las normas generales aplicables a la restitución a la producción para determinados productos del sector del azúcar utilizados en la industria química (DO L 110, p. 1), autoriza a la República Italiana y al Reino de España a conceder, en particular a los productores de remolacha azucarera, ayudas de adaptación en las condiciones que define.

2.
    El apartado 2 del artículo 46 del Reglamento n. 1785/81 divide el territorio italiano en «región septentrional», «región central» y «región meridional». La cuantía de las ayudas autorizadas es objeto de una reducción progresiva («soft landing»). Esta reducción de la cuantía de las ayudas autorizadas es muy pronunciada en el caso de las regiones septentrional y central y menos pronunciada en el de la región meridional. Así, para la campaña de comercialización 1995/1996, la cuantía autorizada era de 8,15 ECU por cada 100 kilogramos de azúcar blanco, tanto para la región septentrional como para la región central y la región meridional, mientras que para la última campaña de comercialización mencionada para las tres regiones italianas, esto es, la campaña 1999/2000, las cuantías se fijan en 1,09 ECU (región septentrional), 2,17 ECU (región central) y 5,98 ECU (región meridional) por cada 100 kilogramos de azúcar blanco. Por último, el Reglamento autoriza, aunque únicamente para la región meridional, ayudas para la campaña de comercialización 2000/2001, de una cuantía de 5,43 ECU por cada 100 kilogramos de azúcar blanco.

3.
    Según el artículo 1 del Reglamento (CE) n. 2613/97 del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, por el que se autoriza a Portugal para que conceda ayudas a los productores de remolacha azucarera y se suprimen todas las ayudas nacionales a partir de la campaña 2001/2002 (DO L 353, p. 3; en lo sucesivo «Reglamento n. 2613/97»), se autoriza a la República Portuguesa, en determinadas condiciones, a conceder una ayuda de adaptación a los productores de remolacha azucarera durante las campañas de comercialización 1998/1999 a 2000/2001. El artículo 2 de este Reglamento establece que «a partir de la campaña de comercialización 2001/2002, quedan suprimidas la ayuda contemplada en el artículo 1, así como las ayudas contempladas en el artículo 46 del Reglamento [...] n. 1785/81».

4.
    El Reglamento n. 2613/97 fue publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 24 de diciembre de 1997.

Hechos y procedimiento

5.
    Las sociedades demandantes son propietarias de establecimientos de transformación y de producción de azúcar de remolacha situados en la región meridional definida en el apartado 4 del artículo 46 del Reglamento n. 1785/81.

6.
    Al estimar que los intereses de los productores de remolachas de la región meridional resultan lesionados ilegalmente por el artículo 2 del Reglamento n. 2613/97, las demandantes, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 5 de marzo de 1998, interpusieron el presente recurso.

7.
    De conformidad con el apartado 1 del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento, la parte demandante, mediante escrito separado registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de mayo de 1998, propuso una excepción de inadmisibilidad. Las demandantes presentaron sus observaciones a dicha excepción el 13 de julio de 1998.

8.
    Mediante escrito presentado en la Secretaría el Tribunal de Primera Instancia el 17 de julio de 1998, la Comisión solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones del Consejo.

Pretensiones de las partes

9.
    En su recurso, las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

-    Anule el artículo 2 del Reglamento n. 2613/97.

-    Condene en costas a la parte que pierda el proceso.

10.
    La parte demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

-    Declare la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

-    Condene en costas a las demandantes.

11.
    En sus observaciones a la excepción de inadmisibilidad, las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que la desestime.

Sobre la admisibilidad

12.
    A tenor del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento, si una parte así lo solicita, el Tribunal de Primera Instancia podrá decidir sobre la inadmisión sin entrar en el fondo del asunto. En virtud del apartado 3 de dicho artículo, el resto del procedimiento se desarrollará oralmente, salvo decisión en contrario del Tribunal de Primera Instancia. En el presente caso, el Tribunal de PrimeraInstancia estima que los hechos se hallan suficientemente esclarecidos por los documentos que obran en autos y decide que no procede abrir la fase oral.

Alegaciones de las partes

13.
    La parte demandada expone que el artículo 173 del Tratado CE, en principio, no concede a las personas físicas o jurídicas el derecho a interponer un recurso contra los actos de alcance general, como los Reglamentos del Consejo.

14.
    Precisa, a este respecto, que no sólo del título del acto impugnado, sino también de su contenido, se deduce que éste tiene alcance general. En cualquier caso, el artículo 2 del Reglamento n. 2613/97 no afecta individualmente a las demandantes. Además, dicha disposición no las afecta directamente, dado que otorga una facultad discrecional a los Estados miembros hasta la conclusión de la campaña 2000/2001.

15.
    Las demandantes destacan que el artículo 2 del Reglamento n. 2613/97 produce un efecto jurídico, a saber, una prohibición de las ayudas a partir de la campaña de comercialización 2001/2002. Dicha prohibición las afecta directamente, ya que dicha disposición no precisa de medidas de aplicación por parte de las autoridades nacionales.

16.
    Estiman, además, que los productores de remolacha italianos de la región meridional resultan especialmente afectados por la disposición controvertida. En efecto, éstos tienen un gran interés en el mantenimiento, después de la campaña de comercialización 2002/2001, de un sistema que, aunque vaya acompañado de reducciones progresivas, prevé la posibilidad de conceder ayudas destinadas a compensar las desventajas específicas del cultivo de la remolacha en el sur de Italia. Las demandantes ponen de relieve que las únicas zonas productoras de remolacha de Europa que son objeto de un plan nacional de reindustrialización (el «piano bieticolo saccarifero»), para cuya ejecución es preciso el mantenimiento de las ayudas, son precisamente las zonas donde operan las demandantes. En tales circunstancias, la disposición impugnada las afecta individualmente.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

17.
    Procede recordar que, en virtud del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica contra un reglamento depende del requisito de que el reglamento impugnado sea, en realidad, una decisión, que afecte a la demandante directa e individualmente. La jurisprudencia ha precisado, además, que el criterio de distinción entre un reglamento y una decisión debe buscarse en el alcance general o no del acto de que se trata (véanse, por ejemplo, el auto del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1993, Gibraltar y Gibraltar Development/Consejo, C-168/93, Rec. p. I-4009, apartado 11, y el auto del Tribunal de Primera Instancia de 19 de juniode 1995, Kik/Consejo y Comisión, T-107/94, Rec. p. II-1717, apartado 35). Un acto tiene alcance general si se aplica a situaciones determinadas objetivamente y si produce sus efectos jurídicos en relación con categorías de personas contempladas de forma general y abstracta (sentencias del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 1982, Alusuisse Italia/Consejo y Comisión, 307/81, Rec. p. 3463, apartado 9, y de 2 de abril de 1998, Greenpeace Council y otros/Comisión, C-321/95 P, Rec. p. I-1651, apartados 27 y 28; auto Kik/Consejo y Comisión, antes citado, apartado 35).

18.
    El artículo 2 del Reglamento n. 2613/97 dispone que las ayudas contempladas en el artículo 1 de dicho Reglamento y en el artículo 46 del Reglamento n. 1785/81 quedan suprimidas a partir de la campaña de comercialización 2001/2002. Esta medida se aplica a una situación determinada objetivamente y produce efectos jurídicos en relación con categorías de personas contempladas de forma general y abstracta, a saber, los Estados miembros y los productores de remolacha azucarera. Por consiguiente, constituye, en principio, una medida de alcance general.

19.
    No obstante, la jurisprudencia ha precisado que, en determinadas circunstancias, una disposición de un acto de alcance general puede afectar individualmente a determinados operadores económicos interesados (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 1991, Extramet Industrie/Consejo, C-358/89, Rec. p. I-2501, apartado 13, y de 18 de mayo de 1994, Codorníu/Consejo, C-309/89, Rec. p. I-1853, apartado 19). En tal supuesto, un acto comunitario podría revestir a un tiempo carácter normativo y, frente a determinados operadores económicos interesados, el carácter de decisión (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 1995, Exporteurs in Levende Varkens y otros/Comisión, asuntos acumulados T-481/93 y T-484/93, Rec. p. II-2941, apartado 50). Así ocurre si la disposición considerada afecta a un persona física o jurídica debido a ciertas cualidades que les son propias o a una situación de hecho que les caracteriza en relación con cualesquiera otras personas (sentencia Codorníu/Consejo, antes citada, apartado 20; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de abril de 1995, CCE de Vittel y otros/Comisión, T-12/93, Rec. p. II-1247, apartado 36).

20.
    A la luz de esta jurisprudencia, debe comprobarse si, en el presente caso, el artículo 2 del Reglamento n. 2613/97 afecta a las demandantes debido a ciertas cualidades que les son propias o si existe una situación de hecho que las caracteriza, habida cuenta de dicha disposición, en relación con cualesquiera otras personas.

21.
    Es preciso señalar que, aunque el Reglamento pueda afectar a la situación de las demandantes, esta circunstancia no basta para caracterizarlas en relación con cualesquiera otras personas. En efecto, la disposición controvertida sólo las afecta debido a su calidad objetiva de operador económico en el sector de la remolacha azucarera, al igual que a todo operador económico que ejerce la misma actividad en la Comunidad Europea.

22.
    Cierto es que comparando el régimen aplicable actualmente a la región meridional de Italia con el aplicable a otras regiones italianas y a España (véase el apartado 2 supra), resulta que los efectos del artículo 2 del Reglamento n. 2613/97 pueden acusarse de forma más aguda en la región meridional de Italia, en la medida en que la reducción progresiva de la cuantía de las ayudas autorizadas no es tan pronunciada como en el caso de las demás regiones. No obstante, la circunstancia de que la disposición impugnada pueda tener efectos concretos diferentes para los diversos sujetos de Derecho a los que se aplica no contradice su carácter reglamentario (en este sentido, véanse el auto del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 1997, Sveriges Betodlares y Henrikson/Comisión, C-409/96 P, Rec. p. I-7531, apartado 37, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de febrero de 1995, Campo Ebro y otros/Consejo, T-472/93, Rec. p. II-421, apartado 36). Además, en relación con el régimen de autorización de ayudas establecido por el apartado 2 del artículo 46 del Reglamento n. 1785/81 y con el régimen de prohibición establecido por el artículo 2 del Reglamento n. 2613/97, las demandantes se encuentran, en cualquier caso, en la misma situación que los demás productores de remolachas italianos de la región meridional (véanse, por analogía, los autos del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 1988, Cevap y otros/Consejo, 34/88, Rec. p. 6265, apartado 15, y de 23 de noviembre de 1995, Asocarne/Consejo, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, apartado 42, y el auto del Tribunal de Primera Instancia de 25 de junio de 1998, Sofivo y otros/Consejo, asuntos acumulados T-14/97 y T-15/97, Rec. p. II-2601, apartado 37).

23.
    Se deduce del conjunto de estas consideraciones que no puede considerarse que el Reglamento n. 2613/97 afecte individualmente a las demandantes. Por consiguiente, las demandantes no reúnen los requisitos de admisión establecidos por el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado.

24.
    De todo lo anterior se desprende que procede declarar la inadmisibilidad del presente recurso, sin que sea preciso pronunciarse sobre la demanda de intervención.

Costas

25.
    A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de las demandantes, procede condenarlas a cargar solidariamente con las costas conforme a las pretensiones de la parte demandada.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala cuarta ampliada)

resuelve:

1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)    Las demandantes cargarán solidariamente con las costas.

Dictado en Luxemburgo, a 8 de diciembre de 1998.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos


1: Lengua de procedimiento: italiano.