Language of document : ECLI:EU:C:2014:2073

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. NILS WAHL

presentadas el 10 de julio de 2014 (1)

Asunto C‑171/13

Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

contra

M.S. Demirci

D. Cetin

A.I. Önder

R. Keskin

M. Tüle

A. Taskin

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Países Bajos)]

«Asociación CEE-Turquía — Decisión nº 3/80 del Consejo de Asociación — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Prestación adicional concedida en virtud de la legislación nacional — Requisito de residencia — Artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 3/80 — Exportabilidad de las prestaciones — Perceptores con varias nacionalidades — Nacionalidad de un Estado miembro de la Unión — Artículo 59 del Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación CEE-Turquía — Cláusula de trato no preferente»





1.        Mediante la presente petición de decisión prejudicial se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la interpretación del artículo 6 de la Decisión nº 3/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía (en lo sucesivo, «Decisión nº 3/80»). (2) Esta disposición prohíbe establecer requisitos de residencia para el pago de algunas prestaciones en metálico a trabajadores turcos.

2.        En particular, este asunto versa sobre la aplicación de dicha disposición a antiguos trabajadores de nacionalidad turca que han obtenido la nacionalidad del Estado miembro de acogida pero que han mantenido asimismo la nacionalidad turca. Se plantean las cuestiones siguientes: ¿La adquisición de la nacionalidad del Estado miembro de acogida tiene por efecto privar a esos trabajadores de los derechos que de otro modo tendrían en virtud del artículo 6? ¿Tienen aún derecho esos trabajadores a una prestación complementaria en metálico de carácter no contributivo (adicional a una prestación por incapacidad) concedida con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro de acogida (3) aunque hayan regresado a Turquía y la citada legislación nacional imponga el requisito de la residencia? En caso negativo, ¿en qué momento puede retirarse la prestación complementaria?

I.      Marco normativo

A.      Asociación CEE-Turquía

3.        El 12 de septiembre de 1963 se celebró un acuerdo que creó una asociación entre la Comunidad Económica Europea y la República de Turquía (en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»). (4) El artículo 9 de dicho Acuerdo establece una prohibición general de discriminación por razón de la nacionalidad entre las partes del Acuerdo.

4.        El 23 de noviembre de 1970 se firmó un Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación (en lo sucesivo, «Protocolo Adicional»), (5) que en su artículo 39, apartado 4, garantiza que «las pensiones y rentas de vejez, de fallecimiento y de invalidez» podrán exportarse a Turquía. En virtud del artículo 39, apartado 5, dicha disposición no afectará a los acuerdos bilaterales entre Turquía y un Estado miembro que prevean un régimen más favorable.

5.        El artículo 59 del Protocolo Adicional prohíbe el trato preferente y establece que «en los ámbitos cubiertos por el presente Protocolo, Turquía no podrá beneficiarse de un trato más favorable que el que los Estados miembros se conceden entre sí [...]».

6.        El 19 de septiembre de 1980, el Consejo de Asociación adoptó la Decisión nº 3/80. Dicha Decisión tiene por objeto coordinar los sistemas de seguridad social de los Estados miembros para que los trabajadores turcos y los miembros de sus familias y sus supervivientes puedan percibir prestaciones en el ámbito de la seguridad social.

7.        En virtud del artículo 2 de la Decisión nº 3/80, las disposiciones de dicha Decisión son aplicables, entre otros, «a los trabajadores que estén o hayan estado sometidos a la legislación de uno o varios Estados miembros y que sean nacionales de Turquía».

8.        El artículo 3, apartado 1, de la Decisión nº 3/80 garantiza la igualdad de trato en relación con «las obligaciones y […] beneficio[s] de la legislación de todo Estado miembro».

9.        El artículo 4 de la Decisión nº 3/80 define el ámbito de aplicación material de este instrumento. De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b), dicha Decisión es aplicable a «las prestaciones de invalidez, comprendidas las que están destinadas a mantener o mejorar la capacidad de ganancia».

10.      El artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 3/80 establece:

«A menos que la presente Decisión disponga otra cosa, las prestaciones en metálico de invalidez, de vejez o de supervivencia, las rentas de accidente de trabajo o de enfermedad profesional adquiridas en virtud de la legislación de uno o de varios Estados miembros, no podrán ser objeto de ninguna reducción, modificación, suspensión, supresión o confiscación por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de Turquía o de un Estado miembro distinto de aquél en que se encuentra la institución deudora.

[…]»

B.      Reglamento (CEE) nº 1408/71 (6)

11.      El Reglamento nº 1408/71 coordina los sistemas de seguridad social de los Estados miembros para garantizar que los trabajadores que se desplacen dentro de la Unión siempre estén cubiertos por la legislación sobre seguridad social.

12.      El artículo 4 establece el ámbito de aplicación material del Reglamento. En virtud del apartado 1 de dicho artículo, el Reglamento nº 1408/71 se aplica a «las prestaciones de invalidez, comprendidas las destinadas a mantener o a mejorar la capacidad de ganancia».

13.      Concretamente, el artículo 4, apartado 2 bis, hace referencia a las «prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo», es decir, a la categoría en la que está comprendida la prestación controvertida en el litigio de que conoce el órgano jurisdiccional remitente.

14.      Mientras que el artículo 10, apartado 1, prohíbe a los Estados miembros imponer cláusulas de residencia, el artículo 10 bis, apartado 1, excluye determinadas prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo de dicha prohibición. El artículo 10 bis, apartado 1, tiene el siguiente tenor:

«Lo dispuesto en el artículo 10 y en el título III no es aplicable a las prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo mencionadas en el apartado 2 bis del artículo 4. Las personas a las que se aplica el presente Reglamento se beneficiarán de dichas prestaciones exclusivamente en el territorio del Estado miembro en el que residan y con arreglo a la legislación de dicho Estado, siempre que esas prestaciones se mencionen en el anexo II bis. Las prestaciones serán abonadas por la institución del lugar de residencia y a su cargo.»

15.      Mediante modificación introducida por el Reglamento (CE) nº 647/2005, (7) la TW fue añadida a la lista de prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo establecida en el anexo II bis del Reglamento. Esta modificación entró en vigor el 5 de mayo de 2005.

C.      Derecho neerlandés

16.      La TW regula la concesión de prestaciones complementarias en los Países Bajos. Dichas prestaciones se conceden para garantizar un nivel mínimo de subsistencia para todos. Según la TW, el Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Órgano de Aplicación de Planes de Previsión para Empleados; en lo sucesivo, «Uwv») es el organismo que, previa solicitud de una persona, determina si ésta tiene derecho a percibir la prestación complementaria.

17.      La Wet beperking export uitkeringen, de 27 de mayo de 1999 (Ley sobre limitación de la exportabilidad de las prestaciones; en lo sucesivo, «Wet BEU»), introdujo una nueva disposición en la TW que supeditaba el derecho a la prestación complementaria a la condición de residencia en los Países Bajos. Así pues, desde el 1 de enero de 2000, todos los perceptores de una prestación complementaria deben residir en los Países Bajos.

18.      En virtud del régimen transitorio previsto en el artículo XI de la Wet BEU, el pago de las prestaciones complementarias en virtud de la TW a los perceptores que ya habían recibido una prestación complementaria antes de la entrada en vigor del nuevo régimen y que en ese momento residieran fuera de los Países Bajos debían reducirse en un tercio cada año a partir del 1 de enero de 2000, hasta ser suprimido. Ese mismo procedimiento se aplicó a partir del año 2007 en relación con los ciudadanos de la Unión y del EEE una vez que la TW fue incorporada al anexo IIa del Reglamento nº 1408/71.

II.    Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales

19.      El Sr. Demirci y otros cinco antiguos trabajadores migrantes (en lo sucesivo, «recurridos») son nacionales turcos que residieron y trabajaron en los Países Bajos durante un cierto período. Tras incurrir en una situación de incapacidad laboral, ya no pudieron trabajar y, por consiguiente se les concedió una prestación por incapacidad (8) y una prestación complementaria de carácter no contributivo con arreglo a la TW. El objeto de la prestación complementaria de que se trataba era procurar a los interesados unos ingresos que se acercasen lo más posible al salario mínimo. Antes de 2000, todos ellos regresaron a Turquía, pese a que entretanto en algún momento habían adquirido la nacionalidad neerlandesa, además de la turca, por lo que tenían derecho a residir en los Países Bajos.

20.      Cuando la Uwv suprimió paulatinamente la prestación complementaria conforme a la Wet BEU, los recurridos interpusieron un recurso contra las decisiones adoptadas al respecto. Tras varios pronunciamientos de órganos jurisdiccionales, el Uwv siguió abonando la prestación complementaria durante varios años pero finalmente la suprimió en 2004 o 2007, en función de las circunstancias.

21.      Al albergar dudas sobre la legalidad de suprimir la prestación complementaria, el Centrale Raad van Beroep (Tribunal Superior de la seguridad social) (Países Bajos) decidió suspender el procedimiento y plantear las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 3/80, en relación con el artículo 59 del Protocolo Adicional, en el sentido de que se opone a una normativa legal de un Estado miembro, como la contenida en el artículo 4a de la [TW], que suprime la prestación complementaria concedida en virtud de la legislación nacional si los beneficiarios de dicha prestación dejan de residir en el territorio de ese Estado, aun cuando tales beneficiarios hayan obtenido la nacionalidad del Estado miembro de acogida conservando la nacionalidad turca?

2)      En el caso de que, en la respuesta a la primera cuestión, el Tribunal de Justicia llegue a la conclusión de que los interesados pueden invocar el artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 3/80, pero que tal invocación está limitada por el efecto del artículo 59 del Protocolo Adicional: ¿debe interpretarse el artículo 59 del Protocolo Adicional en el sentido de que se opone a que sigan concediéndose prestaciones complementarias a nacionales turcos como los interesados a partir del momento en que los ciudadanos de la Unión, en virtud del Derecho de la Unión, dejen de tener derecho a la percepción de éstas, aun cuando los ciudadanos de la Unión hayan percibido dicha prestación durante un período más largo en virtud del Derecho nacional?»

22.      Han presentado observaciones escritas en el presente procedimiento el Uwv, los señores Demirci y Keskin, el Gobierno neerlandés y la Comisión. En la vista celebrada el 14 de mayo de 2014, esas mismas partes y el Sr. Cetin presentaron observaciones orales.

III. Análisis

A.      Observaciones preliminares

23.      La maraña de problemas que subyace a los asuntos de que conoce el órgano jurisdiccional remitente (en lo sucesivo, «presente asunto») se asemeja mucho a la complicada situación que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Akdas y otros. (9) Básicamente, tanto el asunto Akdas como el presente asunto versan sobre la exportabilidad desde los Países Bajos de una prestación en metálico de carácter no contributivo (una prestación complementaria especial) en virtud de la TW cuando los ciudadanos de la Unión ya no pueden exportar esa prestación a otros Estados miembros.

24.      Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre ambos asuntos. En el asunto Akdas, los antiguos trabajadores turcos de que se trataba eran de nacionalidad turca. En el presente asunto, los recurridos tienen, además de la nacionalidad turca, la del Estado miembro de acogida. Como demuestra este asunto, las nacionalidades múltiples dan lugar a dificultades interpretativas sin precedentes en relación con el artículo 6 de la Decisión nº 3/80.

25.      Antes de entrar a examinar esas dificultades con mayor grado de detalle ha de recordarse que el Reglamento nº 1408/71 estableció un régimen específico para las «prestaciones especiales de carácter no contributivo» a partir de 1992. Si bien dichas prestaciones están comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, con arreglo a su artículo 10 bis [actualmente artículo 70 del Reglamento (CE) nº 883/2004], (10) los Estados miembros pueden reservar esas prestaciones a los residentes. Esta regla se aplica únicamente a las prestaciones enumeradas en el anexo II bis del Reglamento nº 1408/71 (actualmente anexo X del Reglamento nº 883/2004). La TW figura en dicho anexo.

26.      En esas circunstancias, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Akdas que, a pesar de que los ciudadanos de la Unión que se desplazan de un Estado miembro a otro no están autorizados para exportar las prestaciones complementarias concedidas en virtud de la TW, dicha restricción no se aplica a los trabajadores turcos. Lo que es más importante, la circunstancia de que los nacionales turcos puedan exportar la prestación complementaria en cuestión no se consideró contraria al artículo 59 del Protocolo Adicional, que prohíbe que a los nacionales turcos se les dispense un trato más favorable que a los ciudadanos de la Unión. (11)

27.      A la luz de la sentencia Akdas, la cuestión que se suscita ahora es qué consecuencias tiene la naturalización de los recurridos a efectos de la resolución del presente asunto. Como ponen de manifiesto las discrepancias entre las partes que han presentado observaciones, la respuesta a dicha pregunta no es, en absoluto, evidente. Sin embargo, como intentaré exponer a continuación, creo que la situación de los recurridos es intrínsecamente distinta de la de los trabajadores turcos del asunto Akdas. A fin de cuentas, en su condición de nacionales neerlandeses, son ciudadanos de un Estado miembro de la Unión.

B.      Consecuencias de tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión

28.      Para los trabajadores migrantes, como los nacionales turcos, que trabajan en un Estado miembro de la Unión, no cabe duda de que la adquisición de la nacionalidad del Estado miembro de acogida es un paso importante para lograr la integración total. (12) Por los motivos que expondré a continuación, considero que la Decisión nº 3/80 deja de ser aplicable en el momento en que un trabajador turco adquiere la nacionalidad del Estado miembro de acogida. Dicho trabajador es un ciudadano de la Unión de pleno derecho. Por lo tanto, ya no puede escoger las normas aplicables en función de lo que convenga más a sus intereses en una determinada situación.

29.      En mi opinión, tan pronto como los nacionales turcos que viajan a un Estado miembro al amparo del régimen de Asociación CEE-Turquía son naturalizados en el Estado miembro de acogida, sus derechos en materia de seguridad social ya no se derivan de la Decisión nº 3/80. Como ciudadanos de la Unión (de pleno derecho) sus derechos le son atribuidos por la legislación del Estado miembro de que se trate y, en su caso, por la legislación de la Unión. En caso contrario, se aplicarían dos normativas sobre prestaciones de invalidez con carácter simultáneo.

30.      Por ejemplo, la Decisión nº 1/80 (13) —un instrumento promulgado para revitalizar y desarrollar el comercio y las relaciones económicas entre la República de Turquía y la Unión— (14) tiene por objeto mejorar el trato social dispensado a los trabajadores y a los miembros de sus familias en virtud del régimen de Asociación CEE-Turquía. (15) En este sentido, los nacionales turcos únicamente quedan incluidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo de Asociación y se benefician de la posición jurídica que les otorga la Decisión nº 1/80 en su condición de trabajadores o de miembros de la familia de un trabajador. (16) No sucede lo mismo en virtud de la legislación de la Unión con los trabajadores (es más, con cualquier categoría de personas) que poseen la nacionalidad de un Estado miembro que han ejercido su derecho a la libre circulación. Estas personas tienen atribuidas derechos en virtud de la legislación de la Unión por el mero hecho de ser ciudadanos de un Estado miembro de la Unión. (17)

31.      Ejemplo de ello es el asunto Kahveci e Inan, (18) otro precedente que invocan los recurridos. Ese asunto versaba sobre la interpretación correcta del artículo 7 (19) de la Decisión nº 1/80. Se trataba de determinar si los miembros de la familia de trabajadores turcos que, al igual que los recurridos, poseían la nacionalidad neerlandesa y la turca, podían seguir invocando dicha disposición después de que los trabajadores hubieran adquirido la nacionalidad del Estado miembro de acogida.

32.      Estoy completamente de acuerdo con el análisis de la Abogado General Sharpston en dicho asunto. En lo que respecta a los trabajadores afectados, las autoridades de un Estado miembro, en las relaciones que mantengan con un trabajador que tiene doble nacionalidad, están facultadas para considerar que únicamente posee la nacionalidad de dicho Estado miembro. (20) Sin embargo, no pueden hacer caso omiso de la nacionalidad turca de dicha persona en las relaciones que ellas mantengan con los miembros de su familia que no sean ciudadanos de la Unión. Esto es así porque, desde el punto de vista de la relación de las autoridades con los miembros de la familia de que se trate, la persona con doble nacionalidad es un nacional turco que forma parte del mercado legal de trabajo en los Países Bajos. Aunque tenga atribuidos derechos en virtud de su condición de nacional del Estado miembro de que se trate, sigue siendo pese a todo un «trabajador turco» en el sentido de la Decisión nº 1/80. Es decir, que siempre y cuando dichos trabajadores hayan entrado legalmente en el Estado miembro de que se trate, los miembros de su familia pueden invocar los derechos del artículo 7, incluso en el caso de que la persona que originó tales derechos ya no pueda hacerlo por sí misma, dado que las autoridades del correspondiente Estado miembro están facultadas para hacer caso omiso, en sus relaciones con ella, de una parte de su estatuto de nacionalidad. (21)

33.      En este contexto, una cuestión que procede subrayar es que conceder a una determinada categoría de ciudadanos de la Unión (es decir, los ciudadanos que poseen a la vez la nacionalidad turca y la de un Estado miembro) un trato preferente en virtud de la nacionalidad de un Estado que no pertenece a la Unión supondría, en la práctica, distinguir entre dos categorías de ciudadanos de la Unión. Así pues, permitir la exportabilidad (dentro de la Unión) para algunos ciudadanos de la Unión y no para otros iría claramente en contra del principio general de no discriminación.

34.      En otras palabras, una vez que trabajadores turcos como los recurridos han adquirido la nacionalidad del Estado miembro de acogida, simplemente dejan de ser «trabajadores turcos» en el sentido de la Decisión nº 3/80 (o, de forma más general, con arreglo a la legislación de la Asociación). A partir de ese momento, ya no tienen atribuido el derecho a percibir prestaciones de la seguridad social en virtud de la legislación de la Asociación sino de la legislación nacional y, en su caso, de la legislación de la Unión aplicable.

35.      Por consiguiente, considero que la Decisión nº 3/80 no es aplicable a las circunstancias de los casos de que conoce el órgano jurisdiccional remitente, cuando los trabajadores interesados han obtenido la nacionalidad del Estado miembro de acogida conservando al mismo tiempo la nacionalidad turca.

36.      Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente y las partes que han presentado observaciones han adoptado mayoritariamente otro enfoque para resolver las cuestiones de interpretación que subyacen al presente asunto, en particular, la perspectiva del artículo 6 de la Decisión nº 3/80 (y la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Akdas). En aras de la exhaustividad, a continuación demostraré, aun a riesgo de complicar las cosas innecesariamente, que incluso de conformidad con el artículo 6 de la Decisión nº 3/80, en relación con el artículo 59 del Protocolo Adicional, este asunto es distinto del asunto Akdas.

C.      Razonamiento sobre la base de la sentencia Akdas

1.      Sentencia Akdas y artículo 6 de la Decisión nº 3/80

37.      En la sentencia Akdas el Tribunal de Justicia confirmó que el artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 3/80 tiene efecto directo en relación con las personas que están comprendidas en el ámbito de aplicación personal de la Decisión. (22) El artículo 2 de la Decisión nº 3/80 incluye, entre otras cosas, a los trabajadores que hayan estado sometidos a la legislación de uno o varios Estados miembros y que sean nacionales de Turquía. Suponiendo que la Decisión nº 3/80 fuera aplicable, los recurridos (al igual que los interesados en el asunto Akdas) cumplirían ese requisito: son nacionales turcos que han estado sometidos a la legislación de un Estado miembro, en particular, a la de los Países Bajos. Por consiguiente, en principio esos antiguos trabajadores turcos podrían invocar el artículo 6 de la Decisión nº 3/80 para asegurarse de que la prestación complementaria controvertida en el presente asunto sigue abonándose en Turquía.

38.      Después de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Akdas, también está claro que una prestación complementaria en metálico de carácter no contributivo como la controvertida en el presente asunto está comprendida en el ámbito de aplicación material del artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 3/80. (23) Más concretamente, en lo que atañe a la exportabilidad de la prestación en cuestión, el Tribunal de Justicia declaró que los antiguos trabajadores turcos que regresan a Turquía siguen teniendo derecho a percibir, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 3/80, una prestación social análoga a dicha prestación complementaria (aunque los ciudadanos de la Unión no disfruten de un derecho similar). (24) El Tribunal de Justicia llegó a esa conclusión por los siguientes motivos.

39.      En primer lugar, el artículo 39, apartado 4, del Protocolo Adicional prevé expresamente la exportación de determinadas prestaciones de seguridad social, incluidas las pensiones de jubilación y rentas de invalidez adquiridas por trabajadores turcos con arreglo a la normativa de uno o varios Estados miembros. En segundo lugar, como ya se ha señalado, el artículo 2 de la Decisión nº 3/80 incluye a los trabajadores turcos que «hayan estado sometidos» a la legislación de uno o varios Estados miembros, sin especificar nada más. Los trabajadores turcos están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Decisión nº 3/80 por el mero hecho de haber estado sometidos a la legislación de al menos un Estado miembro. (25)

40.      En tercer lugar, y quizá lo que es más importante, aplicar en el contexto de la Decisión nº 3/80 el sistema actualmente vigente en virtud del Reglamento nº 1408/71 sobre prestaciones especiales de carácter no contributivo supondría modificar dicha decisión. Sin embargo, esta es una prerrogativa que está reservada al Consejo de Asociación.

41.      Lo que resulta de particular interés en el presente asunto es, sin embargo, el estatuto de los nacionales turcos una vez que han dejado de trabajar en el Estado miembro de acogida. Basándose en la jurisprudencia desarrollada en el asunto Bozkurt, (26) el Tribunal de Justicia señaló que un nacional turco, que haya pertenecido al mercado legal de trabajo de un Estado miembro, en el sentido del artículo 6 (27) de la Decisión nº 1/80, no tiene automáticamente derecho a permanecer en el territorio de ese Estado después de haber sido víctima de un accidente de trabajo. Esto es así, en particular, cuando dicho accidente le haya producido una incapacidad laboral permanente y, por consiguiente, lo haya excluido del mercado de trabajo. (28)

42.      Como ya no podía considerarse que las personas de que se trataba en el asunto Akdas formaran parte del mercado legal de trabajo propiamente dicho, no tenían derecho, en virtud de la Decisión nº 1/80, a permanecer en el territorio del Estado miembro de acogida. (29) Por consiguiente, a los efectos del artículo 59 del Protocolo Adicional, no cabe comparar la situación de esas personas con la de ciudadanos de la Unión. Esto se debía, en esencia, a que los ciudadanos de la Unión, al ser nacionales de un Estado miembro de la Unión, tienen derecho a desplazarse y residir (con sujeción a ciertas condiciones) en el territorio de los demás Estados miembros. Así pues, los ciudadanos de la Unión conservan también el derecho a residir en el Estado miembro que les concedió la prestación controvertida. En otras palabras, pueden optar por abandonar el territorio de dicho Estado y, por esa razón, perder la prestación. No obstante, por otra parte, también conservan el derecho a volver al Estado miembro de que se trata.

2.      Sentencia Akdas y artículo 59 del Protocolo Adicional

43.      Como queda patente de las consideraciones formuladas por el Tribunal de Justicia en la sentencia Akdas, el artículo 59 del Protocolo Adicional opera como un «mecanismo de último recurso» para garantizar que la interpretación de las disposiciones del régimen de Asociación CEE-Turquía no dispense indebidamente un trato menos favorable a los ciudadanos de la Unión que a los nacionales turcos. No obstante, el artículo 59 no constituye una cláusula de no discriminación general que pueda ser invocada por los ciudadanos de la Unión en cualquier situación en la que los nacionales turcos tengan reconocidos derechos en virtud del régimen de Asociación CEE-Turquía que los ciudadanos de la Unión no disfrutan. (30)

44.      Este aspecto está claramente reflejado en la sentencia Derin. (31) En dicho asunto, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 59 del Protocolo Adicional no impedía que el artículo 7 de la Decisión nº 1/80 se interpretara en el sentido de que un miembro de la familia de un trabajador turco que no haya convivido con él después de alcanzar la edad adulta debe conservar el derecho a residir en el Estado miembro de acogida. Y ello, a pesar de que los ciudadanos de la Unión no disfruten de un derecho análogo con arreglo a la normativa de la Unión aplicable.

45.      En efecto, dicha interpretación estaba justificada porque la situación legal de los nacionales turcos (en virtud del artículo 7 de la Decisión nº 1/80) no podía compararse con la de los ciudadanos de la Unión [conforme al sistema establecido por el Reglamento (CEE) nº 1612/68]. (32) Los derechos que se derivan de la normativa de la Asociación son más reducidos que los que se derivan del Derecho de la Unión para los ciudadanos de la Unión en muchos sentidos. (33) Por consiguiente, no se consideró que el artículo 59 del Protocolo Adicional impidiera que se conceda un derecho a un nacional turco que los ciudadanos de la Unión no disfrutan en ese contexto. De dicha sentencia se desprende que lo pertinente es el estatuto legal general de los ciudadanos turcos y de la Unión. Es decir, el artículo 59 únicamente exige que la situación de los ciudadanos de la Unión no sea, en conjunto, menos favorable que la de los nacionales turcos en relación con una determinada categoría de derechos. (34)

46.      En efecto, igual que las cuestiones suscitadas en el asunto Derin, el régimen legal establecido para coordinar los sistemas de seguridad social creado por la Decisión nº 3/80 y que fue objeto del asunto Akdas no se corresponde exactamente con el Reglamento nº 1408/71 (actualmente Reglamento nº 883/2004). Aunque la Decisión prevé que puedan exportarse algunas prestaciones, cabe asumir razonablemente que ofrece una protección menos extensa que la que se deriva de la ciudadanía de la Unión en su conjunto. (35)

47.      Por el contrario, desde el punto de vista de los nacionales turcos, cuando se considere que éstos se encuentran en una situación comparable a la de los ciudadanos de la Unión, la aplicación del artículo 59 del Protocolo Adicional puede tener como consecuencia que los derechos que los nacionales turcos habrían tenido atribuidos en virtud del régimen de Asociación CEE-Turquía no se apliquen. (36)

48.      ¿Es la situación de los recurridos suficientemente distinta de la de los trabajadores turcos del asunto Akdas? Como ya he señalado anteriormente, creo que sí. Sin embargo, aun a riesgo de ser reiterativo, expondré brevemente las diferencias existentes con el asunto Akdas.

3.      Sentencia Akdas y el presente asunto

49.      En el asunto Akdas, los antiguos trabajadores turcos afectados habían quedado incapacitados para trabajar en los Países Bajos. Por consiguiente, ya no pertenecían al mercado legal de trabajo del Estado miembro de acogida de forma que pudieran tener derecho a seguir residiendo allí. En mi opinión es evidente que, como pone de manifiesto el órgano jurisdiccional remitente, la situación de esos nacionales turcos no puede compararse a la de los ciudadanos de la Unión, dado que éstos últimos pueden desplazarse y residir en el territorio de los Estados miembros: a diferencia de los trabajadores turcos, los ciudadanos de la Unión disfrutan de la libertad no sólo para abandonar un Estado miembro sino también para regresar a él. Aún más importante resulta que los nacionales de un determinado Estado miembro también pueden optar por no abandonar dicho Estado en ningún caso.

50.      En el presente asunto, los recurridos tienen derecho a residir en los Países Bajos precisamente porque han adquirido la nacionalidad de ese Estado. No se han visto obligados a abandonar el Estado miembro de su otra nacionalidad y siempre pueden volver si lo desean. Si lo hacen, también percibirán la prestación complementaria. Por tanto, conforme a este segundo argumento, estoy de acuerdo, en particular, con la Comisión y con el Gobierno neerlandés, en que los recurridos se encuentran en una situación sustancialmente distinta de la de los interesados en el asunto Akdas. En cuanto al derecho de residencia de los recurridos, están de hecho en igualdad de condiciones con cualquier otro ciudadano de la Unión. De hecho, son ciudadanos de la Unión.

51.      Esta circunstancia, por sí sola, justifica la conclusión de que, en el caso de los recurridos, el artículo 59 del Protocolo Adicional se opone a que el artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 3/80 se interprete en el sentido de que les permite exportar la prestación complementaria de que se trata fuera de las fronteras del Estado miembro en el que está situada la institución deudora. Sin embargo, dado que los recurridos invocan la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Kahveci e Inan en sus observaciones, volveré brevemente sobre su contenido. Básicamente, los recurridos deducen de dicha sentencia que el hecho de tener varias nacionalidades no puede entrañar, por sí solo, la pérdida de los derechos que de otro modo tendrían reconocidos en virtud del régimen de Asociación CEE-Turquía.

52.      No creo que el fallo del Tribunal de Justicia en el asunto Kahveci e Inan pueda extrapolarse directamente al presente asunto ni que la sentencia Kahveci e Inan sirva de referencia para él. Como ya he explicado, el asunto Kahveci e Inan versaba sobre la interpretación correcta del artículo 7 de la Decisión nº 1/80 en relación con los derechos de los miembros de las familias de trabajadores turcos. En ese contexto, el Tribunal de Justicia declaró que el objetivo general del artículo 7 es fomentar la integración de los trabajadores turcos y de los miembros de sus familias en el Estado miembro de acogida. (37)

53.      El objetivo que persigue el artículo 7 de la Decisión nº 1/80 es doble. Por un lado, está concebido para permitir a los miembros de la familia estar con un trabajador migrante. Pretende consolidar a través de la figura de la reagrupación familiar el empleo y la situación de residencia del trabajador turco que ya está legalmente integrado en el Estado miembro de acogida. (38) Por otro lado, y lo que en mi opinión es más importante, dicha disposición tiene como objetivo acelerar la integración de la familia del trabajador migrante turco en el Estado miembro de acogida. La consecución de dicho objetivo se logra concediendo al miembro de la familia afectado la posibilidad de acceder al mercado de trabajo. Por lo tanto, esa disposición busca reforzar gradualmente la situación del miembro de la familia en el Estado miembro de acogida para que, en última instancia, se independice de dicho trabajador migrante. (39)

54.      Por el contrario, el artículo 6 de la Decisión nº 3/80 no tiene por objetivo fomentar la reagrupación familiar en el Estado miembro de acogida. Garantiza (entre otras cosas) que los antiguos trabajadores turcos que hayan regresado a Turquía o se hayan desplazado a otro Estado miembro distinto de aquel en el que está situada la institución deudora sigan teniendo derecho a determinadas prestaciones (a pesar de eventuales cláusulas de residencia establecidas por el Estado miembro de acogida), como las que son objeto del litigio que pende ante el órgano jurisdiccional remitente. Persigue facilitar el regreso de los antiguos trabajadores turcos a Turquía u otros lugares, si es que así lo desean.

55.      En este sentido, puede decirse que la prohibición de las cláusulas de residencia contenida en el artículo 6 de la Decisión nº 3/80 tiene un objetivo «compensatorio». Dicha prohibición garantiza que los antiguos trabajadores turcos que hayan sido víctimas de un accidente laboral o que hayan sufrido enfermedades laborales perciban una compensación adecuada por las desgracias sufridas en el Estado miembro de acogida. Es razonable, dado que ese Estado se ha beneficiado del insumo de dichos trabajadores.

56.      A primera vista, a la luz de dicho objetivo, el enfoque que propongo no parece razonable. En efecto, la conclusión lógica de mi planteamiento es que los antiguos trabajadores turcos que han adquirido la nacionalidad del Estado miembro de acogida deben perder los derechos de los que de otro modo disfrutarían en virtud del artículo 6 de la Decisión nº 3/80. Esto es así si esa disposición se lee a la luz del artículo 59 del Protocolo Adicional.

57.      Sin embargo, dicha objeción pasa por alto una cuestión importante. Recordemos una vez más que la normativa de la Asociación ofrece a los trabajadores turcos, al menos con carácter general, una protección inferior a la que la legislación de la Unión ofrece a los ciudadanos de la Unión. Aunque la pérdida del derecho a exportar determinadas prestaciones puede parecer desafortunada, la naturalización en el Estado miembro confiere otros derechos que no están a disposición de los trabajadores que sólo tienen la nacionalidad turca. Desde ese punto de vista, los derechos de seguridad social que disfruta un antiguo trabajador turco nacionalizado en la situación de los recurridos son plenamente comparables a los de los (otros) ciudadanos de la Unión (y, en este caso, a los de los demás nacionales neerlandeses). No sucede así en el caso de antiguos trabajadores turcos que no han obtenido la nacionalidad del Estado miembro de acogida (como en el asunto Akdas).

58.      Además, como han señalado algunas de las partes que han presentado observaciones, la posibilidad de exportar la prestación complementaria a Turquía puede recuperarse renunciando a la nacionalidad neerlandesa. Sin duda, esa solución puede ser problemática si se analiza a la luz del objetivo de garantizar la integración de los trabajadores turcos en el Estado miembro de acogida. Podría disuadir a esos trabajadores de adquirir la nacionalidad del Estado miembro de acogida. Sin embargo, no creo que el riesgo de perder una prestación complementaria como la que es objeto del presente procedimiento pueda tener, en la práctica, el efecto disuasorio alegado. Esto es así porque, como ya he señalado, la nacionalidad del Estado miembro de acogida confiere otros derechos (incluido el de la libre circulación) que se derivan de ser nacional de un Estado miembro de la Unión.

59.      Por consiguiente, incluso acogiendo la interpretación adoptada por el órgano jurisdiccional remitente, el resultado sería el mismo. Así pues, en mi opinión, el artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 3/80, en relación con el artículo 59 del Protocolo Adicional, no puede interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición legal de un Estado miembro que suprime una prestación complementaria concedida en virtud de la legislación nacional cuando las personas que perciben dicha prestación ya no residen en el territorio de dicho Estado y han adquirido, además de la nacionalidad turca, la nacionalidad del Estado miembro de acogida.

60.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la cuestión que se suscita es a partir de qué fecha puede suprimirse el pago de la prestación complementaria. Esa cuestión se abordará a continuación.

D.      Momento apropiado para suprimir el pago de la prestación complementaria

61.      Al igual que la primera cuestión prejudicial, la segunda está enmarcada en el artículo 59 del Protocolo Adicional. Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si dicha disposición impide que se siga pagando la prestación complementaria a los recurridos habida cuenta de que los ciudadanos de la Unión que se encuentran en las mismas circunstancias (que han regresado a su país de origen) no pueden invocar el derecho a dicha prestación en virtud de la legislación de la Unión.

62.      Como ponen de manifiesto tanto las observaciones escritas como las formuladas oralmente, existe una confusión considerable sobre el criterio de comparación correcto que debe aplicarse en este contexto. En este sentido, uno de los hechos en los que se ha insistido especialmente es que los ciudadanos de la Unión —que en el momento en el que se introdujo el criterio de residencia residían en otros Estados miembros— seguían conservando dicha prestación durante un periodo transitorio en virtud de la legislación nacional. (40)

63.      Sea como fuere, conviene aclarar que de lo que se trata en este caso es, en realidad, de ciudadanos neerlandeses que se han desplazado desde los Países Bajos a un tercer país y que desean exportar (o, de hecho, han exportado) la prestación complementaria de dicho Estado miembro más allá de las fronteras de la Unión. Por lo tanto, estoy convencido que el criterio de comparación adecuado no es el ciudadano de la Unión (por ejemplo, un alemán) que regresa a su país de origen tras haber trabajado en los Países Bajos. Por el contrario, los recurridos deben compararse con cualquier otro nacional neerlandés que desee exportar la prestación complementaria a un tercer país (ya sea Turquía o cualquier otro).

64.      En estas circunstancias, en mi opinión determinar el momento adecuado en el cual suprimir el pago es una mera cuestión de Derecho interno y la clave para resolverla no se encuentra en la interpretación del artículo 59 del Protocolo Adicional. (41) En otras palabras, dado que se trata de nacionales neerlandeses que exportan la prestación complementaria a un tercer país, no parece que exista conexión alguna con el Derecho de la Unión. Los recurridos no han ejercitado su derecho a la libre circulación dentro de la Unión. (42)

65.      Por lo tanto, no creo que en las circunstancias del presente asunto el artículo 59 del Protocolo Adicional ofrezca un criterio adecuado para determinar el momento en el cual procede suprimir el pago de la prestación complementaria de que se trata. Estamos ante una cuestión de Derecho interno que debe determinar el órgano jurisdiccional nacional.

IV.    Conclusión

66.      A la luz de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Centrale Raad van Beroep de la siguiente manera:

«1)      La Decisión nº 3/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa a la aplicación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores turcos y a los miembros de sus familias, no es aplicable en las circunstancias de los asuntos de que conoce el órgano jurisdiccional remitente, en las que las personas interesadas han obtenido la nacionalidad del Estado miembro de acogida conservando al mismo tiempo la nacionalidad turca.

2)      En esas circunstancias, determinar el momento en que debe suprimirse el pago de la prestación complementaria es una cuestión de Derecho interno que, por lo tanto, debe decidir órgano jurisdiccional nacional.»


1 –      Lengua original: inglés.


2 –      Decisión de 19 de septiembre de 1980, sobre la aplicación de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros de las Comunidades Europeas a los trabajadores turcos y a los miembros de sus familias (DO 1983, C 110, p. 60).


3 –      Toeslagenwet, de 6 de noviembre de 1986 (Ley de prestaciones complementarias; en lo sucesivo, «TW»).


4 –      Este acuerdo fue concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad por el Consejo de la Comunidad Europea mediante la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963, relativa a la celebración del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18)


5 –      El Protocolo Adicional se firmó en Bruselas el 23 de noviembre de 1970 y fue concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) nº 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972 (DO 1977, L 361, p. 60; EE 11/01, p. 213).


6 –      Reglamento del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 5/01 p. 98), en su versión modificada.


7 –      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, por el que se modifican el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 (DO L 117, p. 1).


8–      Se concedió sobre la base de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Ley sobre prestaciones por incapacidad).


9 –      C‑485/07, EU:C:2011:346 (en lo sucesivo, «Akdas»).


10 –      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166, p. 1).


11 –      Akdas (EU:C:2011:346), apartado 88 y jurisprudencia citada.


12 –      Véanse las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas en el asunto Kahveci e Inan (C‑7/10 y C‑9/10, EU:C:2011:673), puntos 61 a 63, sobre el concepto de integración en el Estado miembro de acogida y las dificultades que surgen en ese proceso.


13 –      Decisión del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación.


14 –      Dicho objetivo figura en el primer considerando de dicha Decisión.


15 –      En ese sentido, véase el tercer considerando de dicha Decisión.


16 –      Conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto Ziebell (C‑371/08, EU:C:2011:244), punto 49.


17 –      Véase, por analogía, la sentencia Micheletti y otros (C‑369/90, EU:C:1992:295). En ese asunto, el Tribunal de Justicia declaró que las autoridades españolas estaban obligadas a considerar a una persona con doble nacionalidad, argentina e italiana, ciudadano de la Unión. En mi opinión, de esa sentencia se deduce que en sus relaciones con sus propios nacionales que poseen varias nacionalidades (como sucede en el presente asunto), las autoridades competentes del Estado miembro de que se trata deben considerar que esas personas tienen la nacionalidad de ese Estado.


18 –      C‑7/10 y C‑9/10, EU:C:2012:180.


19 –      El artículo 7 regula los derechos de los miembros de la familia de trabajadores turcos que residan legalmente en el Estado miembro de acogida. Establece, entre otras cosas, que dichos miembros de la familia tendrán derecho a aceptar cualquier oferta de empleo, siempre que lleven residiendo legalmente en el Estado miembro al menos tres años y que podrán acceder libremente a cualquier actividad laboral por cuenta ajena de su elección, siempre que lleven residiendo legalmente en el Estado miembro de acogida al menos cinco años.


20 –      En efecto, es bien sabido que los Estados miembros conservan la facultad de establecer las condiciones para adquirir y perder su nacionalidad. Esa misma regla se aplica en lo que respecta al ejercicio por parte de los Estados miembros de sus facultades en el ámbito de la nacionalidad con carácter general. Sin embargo, ese principio está sujeto a la condición de que tales facultades se ejerzan de conformidad, no sólo con el Derecho de la Unión, sino también con el Derecho internacional.


21 –      Conclusiones de la Abogado General Sharpston en el asunto Kahveci e Inan (EU:C:2011:673), punto 74. El Tribunal de Justicia parece admitir ese razonamiento, al menos de forma implícita (véase el apartado 35 de la sentencia dictada en ese asunto). Según el Tribunal de Justicia, la finalidad general perseguida por la Decisión nº 1/80 —mejorar el trato social dispensado a los trabajadores turcos en el Estado miembro de acogida— «se vería contrarrestada si el hecho de obtener la nacionalidad del Estado miembro de acogida obligase a un trabajador que continúe teniendo la nacionalidad turca a renunciar a poder acogerse a las condiciones favorables a la reagrupación familiar en el antedicho Estado miembro de acogida».


22 –      Akdas (EU:C:2011:346), apartado 74.


23 –      Ibidem, apartados 89 a 91.


24 –      Ibidem. Véanse, en particular, los apartados 74 y 89 a 96.


25 –      La situación es algo distinta para los miembros de la familia de dichos trabajadores. En efecto, conforme al segundo guión del artículo 2 de la Decisión nº 3/80, dicha norma se aplica a «los miembros de la familias de dichos trabajadores que residen en el territorio de uno de los Estados miembros».


26 –      Sentencia Bozkurt (C‑434/93, EU:C:1995:168).


27 –      El artículo 6 regula las condiciones de empleo efectivo en el Estado miembro de acogida que están previstas para contribuir a la integración gradual del trabajador turco interesado en ese Estado. Conforme a dicha disposición, un trabajador turco debidamente registrado que pertenezca al mercado legal de trabajo de un Estado miembro tiene derecho a que, tras un año de trabajo legal en ese Estado, se le renueve su permiso de trabajo para el mismo empresario en caso de que el puesto de trabajo siga disponible. Transcurridos tres años de empleo legal en un determinado Estado miembro, dicho trabajador puede aceptar otras ofertas de empleo siempre que se cumplan las demás condiciones previstas. Por último, tras cuatro años de empleo legal, el interesado puede acceder libremente a cualquier empleo retribuido de su elección en el Estado miembro de que se trate.


28 –      Sentencia Bozkurt (EU:C:1995:168), apartado 42.


29 –      Akdas (EU:C:2011:346), apartado 94. En ese contexto, las personas interesadas no habían abandonado el Estado miembro de acogida por elección propia y sin un motivo legítimo. En efecto, es jurisprudencia reiterada que irse sin un motivo legítimo puede entrañar la pérdida de los derechos adquiridos en virtud del régimen de la Asociación CEE-Turquía. Véase, en este sentido, la sentencia Er (C‑453/07, EU:C:2008:524), apartado 30. Véase, también, la sentencia Genc (C‑14/09, EU:C:2010:57), apartado 42.


30 –      En efecto, como han señalado dos autores, «ambas categorías están sujetas a distintos regímenes legales con una base jurídica diferente y regulados por distintos legisladores». Véase Eisele, K., y van der Mei, A.: «Portability of Social Benefits and Reverse Discrimination of EU Citizens vis-à-vis Turkish Nationals: Comment on Akdas», 37(2012) European Law Review, pp. 204 a 212, en particular p. 211.


31 –      C‑325/05, EU:C:2007:442.


32 –      Reglamento del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77).


33 –      Véase, en particular, la sentencia Derin (EU:C:2007:442), apartados 62 a 67. Véase, asimismo, el punto 52 de las conclusiones del Abogado General Bot en el asunto Ziebell (EU:C:2011:244), sobre el estatuto de los ciudadanos de la Unión que se desplazan de un Estado miembro a otro.


34 –      Eisele, K., y van der Mei, A., op. cit., p. 208.


35 –      Es cierto que tanto la Decisión nº 3/80 como el Reglamento nº 1408/71 se concibieron para garantizar la coordinación de los sistemas de seguridad social en caso de movilidad del trabajador. Sin embargo, mientras que la Decisión se refiere a la mayoría de las prestaciones previstas en el Reglamento nº 1408/71, no incluye, al contrario de lo que ocurre en el Reglamento, los subsidios por desempleo. También es interesante señalar que la sentencia dictada en el asunto Akdas dio lugar a una propuesta de la Comisión de modificar la Decisión nº 3/80 e incluir en la nueva Decisión una norma sobre la imposibilidad de exportar prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo. Véase la propuesta de la Comisión de 30 de marzo de 2012 [COM(2012) 153 final, p. 8].


36 – Volveré sobre esta cuestión en los puntos 55 y ss. En cuanto a la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia, véanse, por ejemplo, la sentencia Soyal y Savatli (C‑228/06, EU:C:2009:101) y el auto Comisión/Países Bajos (C‑92/07, EU:C:2007:402).


37 –      Véase la sentencia Kahveci e Inan (EU:C:2012:180), apartado 33. Véanse asimismo las conclusiones de la Abogado General Sharpston en el asunto Kahveci e Inan (EU:C:2011:673).


38 –      Véase en este sentido la sentencia Kahveci e Inan (EU:C:2012:180), apartado 32 y jurisprudencia citada.


39 –      Apartado 33 y jurisprudencia citada.


40 –      Como se ha señalado anteriormente, la exportabilidad de la prestación complementaria dentro de la Unión se restringió el 5 de mayo de 2005, fecha de entrada en vigor del Reglamento nº 647/2005. Después de esa fecha, las normas transitorias nacionales (que prevén un plazo de supresión paulatina) se han aplicado en relación con otros Estados miembros de la Unión.


41 –      A este respecto, de la resolución de remisión se desprende que el pago de la prestación complementaria a los recurridos que ya la habían percibido antes de la entrada en vigor del nuevo régimen y que residían fuera del territorio de los Países Bajos debía suprimirse de forma progresiva a partir del 1 de enero de 2000.


42 –      De haber sido así, el derecho a exportar sólo podría derivarse del Derecho de la Unión hasta el 5 de mayo de 2005. A partir de entonces, resultan de aplicación distintos convenios bilaterales.