Recurso de casación interpuesto el 18 de enero de 2008 por Ch. Michail contra la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 22 de noviembre de 2007 en el asunto F-67/05, Michail/Comisión

(Asunto T-49/08 P)

Lengua de procedimiento: griego

Partes

Recurrente: Christos Michail (representante: Ch. Meidanis, abogado)

Otra parte en el procedimiento: Comisión de las Comunidades Europeas

Pretensiones de la parte recurrente

Que se anule la sentencia del Tribunal de la Función Pública dictada en el asunto F-67/05, en la medida en que no concedió una indemnización por el daño moral sufrido por el recurrente como consecuencia de las acciones y omisiones de la Administración.

Que se conceda al recurrente la indemnización por el daño moral, que asciende a la cantidad de ciento veinte mil euros.

Que decida sobre las costas conforme a Derecho.

Motivos y principales alegaciones

El recurrente sostiene que la sentencia recurrida en casación se pronunció incorrectamente sobre su recurso, mediante el que solicitaba la anulación de su informe de evolución de carrera para el año 2003 y de la decisión de la AFPN por la que se denegaron las reclamaciones administrativas que había presentado con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios.

En particular, el recurrente alega que el Tribunal de la Función Pública (en lo sucesivo, "TFP") denegó erróneamente la indemnización por el daño moral sufrido como consecuencia de su traslado a la Dirección General de Agricultura (DG AGRI) tras la supresión de la Dirección General de Control Financiero de la que dependía. Según el recurrente, el TFP aplicó incorrectamente el Derecho comunitario debido a la mala valoración de las pruebas y a una motivación contradictoria.

El recurrente sostiene además que el TFP incurrió en un error al no pronunciarse sobre una cuestión específica o, con carácter subsidiario, que su decisión adolece de motivación insuficiente y, en consecuencia, vulnera derechos procesales fundamentales del recurrente y constituye una infracción del Derecho comunitario.

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