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Language of document : ECLI:EU:T:2001:133

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 10 de mayo de 2001 (1)

«Recurso de anulación - Importación de televisores procedentes de Turquía - Acuerdo de asociación CEE-Turquía - Artículo 3, apartado 1, del Protocolo Adicional - Exacción reguladora compensatoria - Artículo 13, apartado 1,

del Reglamento (CEE) n. 1430/79 - Condonación injustificada de derechos

de importación - Derechos de defensa»

En los asuntos acumulados T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 y T-147/99,

Kaufring AG, con domicilio social en Düsseldorf (Alemania), representada por los Sres. D. Ehle y V. Schiller, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-186/97,

Crown Europe GmbH, con domicilio social en Gelsenkirchen (Alemania), representada por los Sres. D. Ehle y V. Schiller, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-187/97,

Profex Electronic Verwaltungsgesellschaft mbH, con domicilio social en Tiefenbach (Alemania), representada inicialmente por el Sr. G. Sobotta y posteriormente por el Sr. E.O. Rau, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-190/97,

Horten AG, con domicilio social en Düsseldorf, representada por los Sres. D. Ehle y V. Schiller, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-191/97,

Dr. Seufert GmbH, con domicilio social en Karlsruhe (Alemania), representada por los Sres. D. Ehle y V. Schiller, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-192/97,

Grundig AG, con domicilio social en Fürth (Alemania), representada por los Sres. D. Ehle y V. Schiller, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-210/97,

Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH, con domicilio social en Frankfurt am Main (Alemania), representada por los Sres. D. Ehle y V. Schiller, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-211/97,

Lema SA, con domicilio social en Gennevilliers (Francia), representada por M^e F. Goguel, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-216/97,

Masco SA, antes Seiga SA (High Tech Industries), con domicilio social en Thiais (Francia), representada por M^e F. Goguel, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en los asuntos T-217/97 y T-218/97,

DFDS Transport BV, con domicilio social en Venlo (Países Bajos), representada por el Sr. C. Grisart, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-279/97,

Wilson Holland BV, con domicilio social en Hoogvliet Rotterdam (Países Bajos), representada por el Sr. C. Grisart, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-280/97,

Elta GmbH, con domicilio social en Dreieich-Sprendlingen (Alemania), representada por los Sres. G. Breit y A. Breit, abogados,

parte demandante en el asunto T-293/97,

Miller NV, con domicilio social en Willebroek (Bélgica), representada por M^es Y. Van Gerven e I. Bernaerts, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante en el asunto T-147/99,

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado, en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-279/97, T-280/97 y T-293/97, por las Sras. M. Ewing y R.V. Magrill, asistidas por el Sr. D. Wyatt, QC, en calidad de agentes, y, en los asuntos T-216/97 a T-218/97, por el Sr. D. Cooper, asistido por el Sr. Wyatt, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte coadyuvante en los asuntos T-186/97, T-187/97,

T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97

a T-218/97, T-279/97, T-280/97 y T-293/97,

por

República Federal de Alemania, representada inicialmente por los Sres. E. Röder y C.D. Quassowski, y posteriormente por los Sres. W.D. Plessing y Quassowski, en calidad de agentes,

parte coadyuvante en los asuntos T-186/97, T-187/97,

T-190/97 a T-192/97 y T-210/97,

y por la

República Francesa, representada inicialmente por la Sra. K. Rispal-Bellanger y los Sres. G. Mignot y F. Pascal y, posteriormente, por los Sres. Rispal-Bellanger y C. Vasak, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte coadyuvante en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a

T-192/97, T-210/97, T-211/97 y T-216/97 a T-218/97,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada, en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97 y T-293/97, por el Sr. R.B. Wainwright, asistido inicialmente por la Sra. K. Schreyer y posteriormente por el Sr. G. zur Hausen, en calidad de agentes, en los asuntos T-216/97 a T-218/97, inicialmente, por el Sr. M. Nolin y posteriormente por el Sr. M. Tricot, en calidad de agentes, asistido por el Sr. A. Barav, abogado y Barrister, en los asuntos T-279/97 y T-280/97, por el Sr. Wainwright, asistido por el Sr. Tricot, en calidad de agente, y, en el asunto T-147/99, por el Sr. Tricot, en calidad de agente, asistido por el Sr. J. Stuyck, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandada,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),

integrado por los Sres. K. Lenaerts, Presidente, J. Azizi y M. Jaeger, Jueces;

Secretario: Sr. P. de Bandt, letrado;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de julio de 2000;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco normativo

I. Legislación aplicable a la exacción reguladora compensatoria

A. Acuerdo de Asociación CEE-Turquía

1.

Los presentes asuntos se enmarcan en el contexto del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía (en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»), firmado en Ankara por la República de Turquía, por un lado, y los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otro (en lo sucesivo, «Partes Contratantes»). El Acuerdo de Asociación fue aprobado por la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18). Entró en vigor el 1 de diciembre de 1964.

2.

El Acuerdo de Asociación tiene por objeto, a tenor de su artículo 2, que figura en el título I relativo a los principios, promover el fortalecimiento continuo y equilibrado de las relaciones comerciales y económicas entre las Partes.

3.

La Asociación comprende una fase preparatoria que permitirá a la República de Turquía, a tenor del artículo 3, reforzar su economía, con la ayuda de la Comunidad, una fase transitoria, dedicada, según el artículo 4, al establecimiento progresivo de una unión aduanera y al acercamiento de las políticas económicas, y una fase definitiva que, a tenor del artículo 5, se basará en la unión aduanera e implicará el fortalecimiento de la coordinación de las políticas económicas. Según el artículo 28, el Acuerdo de Asociación debe permitir, en un futuro, examinar la posibilidad de la adhesión de la República de Turquía a la Comunidad.

4.

A tenor del artículo 7, las Partes Contratantes tomarán todas las medidas generales o particulares adecuadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del Acuerdo y se abstendrán de adoptar cualquier medida que pueda poner en peligro la realización de los fines del Acuerdo.

5.

Los artículos 22 y 23, que figuran en el título III, dedicado a las disposiciones generales y finales, prevén la creación de un Consejo de Asociación formado por los miembros de los Gobiernos de los Estados miembros, del Consejo y de la Comisión, por una parte, y por los miembros del Gobierno turco, por otra; dicho Consejo de Asociación, pronunciándose por unanimidad, dispone de un poder de decisión para la consecución de los objetivos fijados por el Acuerdo de Asociación. El artículo 25 confiere competencia al citado Consejo para dirimir cualquier controversia que le haya sometido cada Parte Contratante relativa a la aplicación o a la interpretación del Acuerdo de Asociación o para someterla al Tribunal de Justicia.

6.

Finalmente, el Acuerdo relativo a las medidas que deben tomarse y a los procedimientos que deben seguirse para la aplicación del Acuerdo de Asociación(DO 1964, 217, p. 3703; EE 11/01, p. 36), establece, en su artículo 1, las disposiciones conforme a las cuales se establecerá la postura común de los representantes de la Comunidad y de los Estados miembros en el seno del Consejo de Asociación

B. Artículo 3, apartado 1, del Protocolo Adicional

7.

Con objeto de establecer las condiciones, modalidades y ritmos de la realización de la fase transitoria contemplada en el Acuerdo de Asociación, las Partes Contratantes firmaron en Bruselas, el 23 de noviembre de 1970, un Protocolo Adicional. Dicho Protocolo fue aprobado por el Reglamento (CEE) n. 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972 (DO L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213).

8.

Dado que la fase definitiva prevista en el Acuerdo de Asociación no entró en vigor hasta el 31 de diciembre de 1995 (Decisión n. 1/95 del Consejo de Asociación CE-Turquía, de 22 de diciembre de 1995, relativa al establecimiento de la fase final de la unión aduanera; DO 1996, L 35, p. 1), lo dispuesto en el Protocolo Adicional era aplicable en el momento de realizarse las importaciones a que se refieren las Decisiones de la Comisión cuya anulación se solicita en los presentes recursos.

9.

Entre estas disposiciones figura, más en concreto, el artículo 3, apartado 1, del referido Protocolo. En virtud de este artículo, las disposiciones del Protocolo Adicional relativas a la supresión de los derechos de aduana y de las restricciones cuantitativas (en lo sucesivo, «régimen preferencial»), se aplicarán «asimismo a las mercancías obtenidas en la Comunidad o en Turquía, en cuya fabricación se hayan empleado productos procedentes de terceros países que no se encontrasen en libre práctica en la Comunidad ni en Turquía».

10.

No obstante, se estipula que la concesión a las citadas mercancías del beneficio del régimen preferencial estará subordinada a la percepción, en el Estado de exportación, de una exacción reguladora compensatoria cuyo tipo es igual a un porcentaje de los derechos del Arancel Aduanero Común previstos para los productos de terceros países utilizados en su fabricación (en lo sucesivo, «exacción reguladora compensatoria»).

11.

Se prevé asimismo también que el Consejo de Asociación fijará el porcentaje de la exacción reguladora compensatoria así como sus modalidades de percepción. Finalmente, el Consejo de Asociación determinará los métodos de cooperación administrativa para la aplicación del artículo 3, apartado 1, del Protocolo Adicional (artículo 4 del Protocolo Adicional).

12.

En aplicación de estas últimas disposiciones, el Consejo de Asociación adoptó determinadas decisiones relativas a la exacción reguladora compensatoria.

13.

Mediante Decisión n. 2/72, de 29 de diciembre de 1972 (no publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas), el Consejo de Asociación fijó en cien el porcentaje de los derechos del Arancel Aduanero Común que debían tenerse en cuenta para calcular la exacción reguladora compensatoria para las mercancías fabricadas en Turquía.

14.

Mediante Decisión n. 3/72, de 29 de diciembre de 1972 (no publicada en el Diario Oficial), el Consejo de Asociación determinó las modalidades de percepción de la exacción reguladora compensatoria. Según esta Decisión, la exacción reguladora se calculará en función de la especie y del valor en aduana de los productos de países terceros a la Asociación que se hayan utilizado en la fabricación de las mercancías en el territorio de las Partes Contratantes (en lo sucesivo, «piezas originarias de terceros países») (artículo 1). En caso de exención o de suspensión parcial o total de los derechos de aduana sobre las citadas piezas originarias de terceros países, la exacción reguladora compensatoria deberá pagarse en el importe de los derechos no percibidos (artículo 3). La Comunidad y la República de Turquía se informarán mutuamente e informarán al Consejo de Asociación acerca de las medidas que adopten para garantizar la aplicación uniforme de la Decisión (artículo 4).

15.

Finalmente, el Consejo de Asociación adoptó la Decisión n. 5/72, de 29 de diciembre de 1972, relativa a los métodos de cooperación administrativa para la aplicación de los artículos 2 y 3 del Protocolo Adicional al Acuerdo de Ankara (DO 1973, L 59, p. 74), según la cual, para la obtención del régimen preferencial, se precisa la presentación de un título justificativo, expedido a solicitud del exportador por las autoridades aduaneras de la República de Turquía o de un Estado miembro. Para las mercancías transportadas directamente de la Comunidad a Turquía, se trata del certificado de circulación de mercancías A.TR.1 (en lo sucesivo, «certificado A.TR.1»), que figura en el anexo de la Decisión (artículo 2). Este modelo fue sustituido por el formulario anejo a la Decisión n. 1/78 del Consejo de Asociación, de 18 de julio de 1978, por la que se modifica la Decisión n. 5/72 (DO L 253, p. 2).

16.

En el anverso del citado formulario figuran explicaciones acerca de las «mercancías que pueden dar lugar al visado de un [certificado A.TR.1]». Conforme al punto I, letra c), de tales explicaciones, así ocurre con las «mercancías producidas en el Estado de exportación y en cuya fabricación se hayan utilizado productos que no hayan estado sujetos a derechos de aduana y a exacciones de efecto equivalente que les sean aplicables o que se hayan beneficiado de una devolución total o parcial de tales derechos o exacciones, sin perjuicio de que se perciba, si procede, la exacción reguladora prevista para ellos».

17.

El artículo 11 de la Decisión n. 5/72, antes citada, dispone que los Estados miembros y la República de Turquía se prestarán mutuamente asistencia, por mediación de sus respectivas administraciones aduaneras, para el control de la autenticidad y de la regularidad de los certificados, «con vistas a garantizar unaaplicación correcta de lo dispuesto en la presente Decisión». El artículo 12 de la Decisión n. 5/72 establece después: «[La República de] Turquía, los Estados miembros y la Comunidad adoptarán, cada uno dentro de sus respectivas competencias, las medidas que exija la ejecución de lo dispuesto en la Decisión».

C. Adaptación del Derecho interno por las autoridades turcas a la normativa aplicable a la exacción reguladora compensatoria

1. Período anterior a la aprobación del Decreto de enero de 1994

18.

Hasta el 15 de enero de 1994, el Gobierno turco no había dictado una normativa de alcance general en la que se previera la percepción, conforme al artículo 3, apartado 1, del Protocolo Adicional, de una exacción reguladora compensatoria para las mercancías en cuya fabricación se hubieran empleado piezas originarias de terceros países que no hubieran sido despachadas a libre práctica en Turquía. En cambio, el Gobierno turco había establecido un programa de ayuda a la exportación y aprobó, en junio de 1992, dos Decretos relativos, uno de ellos, a la percepción de un derecho compensador y, el otro, a la suspensión de determinados derechos de importación.

a) Programa de ayuda a la exportación

19.

Con el fin de fomentar las exportaciones de productos turcos a la Comunidad y a terceros países, las autoridades turcas establecieron un programa de ayuda a la exportación («export incentive scheme»; en lo sucesivo, «programa de estímulo a la exportación»). Este programa preveía la exención de los derechos de aduana de importación para las piezas originarias de terceros países con la condición de que tales piezas se utilizaran después para fabricar productos que se exportaran luego a la Comunidad o a terceros países. Las sociedades turcas que desearan acogerse a la citada exención debían disponer de un certificado de ayuda a la exportación expedido por las autoridades turcas. Cada año se publicaba en el Diario Oficial turco la relación de las sociedades beneficiarias del programa de estímulo a la exportación. Tan sólo se admitía la exención de los derechos de aduana de importación cuando los productos que incorporaran dichas piezas se exportaran antes de haber expirado un determinado plazo después de haberse importado estos últimos a Turquía. En el momento de la importación, los derechos normalmente devengados se calculaban y depositaban en entidades bancarias; a continuación, después de fabricarse y exportarse, la empresa debía justificar sus exportaciones para poder recuperar las cantidades depositadas.

b) Decretos aprobados por el Gobierno turco en junio de 1992

20.

Mediante escrito de 28 de julio de 1992, la Delegación Permanente de la República de Turquía ante las Comunidades Europeas informó al Consejo de Asociación de que el Gobierno turco había aprobado dos Decretos el 16 de junio de 1992.

21.

Se trata, en primer lugar, del Decreto 92/3177, de 16 de junio de 1992, publicado en el Diario Oficial turco n. 21277, de 7 de julio de 1992, y que entró en vigor el mismo día. Este Decreto dispone que los exportadores que deseen exportar televisores en color mediante certificados A.TR.1 deberán conseguir un dictamen pericial de su Cámara de Comercio que acredite que el valor de las piezas originarias de terceros países es inferior o igual al 56 % del valor fob (franco a bordo) total de los televisores. Las autoridades aduaneras deberán percibir una exacción reguladora compensatoria si el dictamen pericial pone de manifiesto que el valor de las piezas originarias de terceros países es superior a dicho porcentaje. La exacción reguladora compensatoria así percibida va destinada al Fondo de ayuda y de estabilización de los precios (Support and Price Stabilization Fund). La ejecución del citado Decreto está encomendada al Ministro del cual depende la Subsecretaría del Tesoro y Comercio Exterior (Undersecretariat for Treasury and External Commerce).

22.

El Gobierno turco aprobó el mismo día el Decreto 92/3127, publicado en el Diario Oficial turco n. 21277, de 7 de julio de 1992, que entró en vigor en la citada fecha. Dicho Decreto prevé la suspensión de los derechos de importación sobre los tubos catódicos para televisores en color importados a Turquía, sea cual fuere su origen (CEE o terceros países) y su destino (incorporados a los televisores destinados al mercado interior o exportados a la CEE o a un tercer país).

2. Decreto aprobado por el Gobierno turco en enero de 1994

23.

El 12 de enero de 1994, el Gobierno turco aprobó el Decreto 94/5168, publicado en el Diario Oficial turco n. 21832, de 28 de enero de 1994. El artículo 1 del citado Decreto prevé la percepción de una exacción reguladora compensatoria sobre las piezas procedentes de terceros países incorporadas a los televisores en color destinados a la Comunidad. El tipo de la exacción corresponde al tipo previsto por el Arancel Aduanero Común para este tipo de producto. Las cantidades percibidas por este concepto se ingresan en el Fondo para la promoción de las inversiones y de los servicios que procuran divisas extranjeras (Fund for the Promotion of Investments and Foreign Exchange Earning Services). El artículo 2 del Decreto 94/5168 deroga el Decreto 92/3127, antes citado. El Decreto 94/5168 dio lugar a la publicación de una comunicación en el Diario Oficial turco n. 21845, de 10 de febrero de 1994.

24.

Además, el 16 de agosto de 1994 el Gobierno turco aprobó el Decreto 94/5782, publicado en el Diario Oficial turco de 26 de agosto de 1994, que amplía la percepción de la exacción reguladora compensatoria a todos los productos que contengan piezas originarias de terceros países que no hayan sido despachadas a libre práctica en Turquía.

II. Normativa reguladora de la condonación y de la no recaudación de los derechos de aduana

A. Disposiciones básicas relativas a la condonación y a la no recaudación a posteriori de los derechos de aduana

1. Normas aplicables a las importaciones controvertidas

25.

Según se desprende del segundo considerando de las Decisiones impugnadas, éstas se refieren a importaciones a la Comunidad de televisores en color procedentes de Turquía, llevadas a cabo durante los años 1991 a 1993 y a comienzos del año 1994 (en lo sucesivo, «período controvertido»). Por consiguiente, la práctica totalidad de las citadas importaciones se rige, por un lado, por el Reglamento (CEE) n. 1430/79 del Consejo, de 2 de julio de 1979, relativo a la devolución o a la condonación de los derechos de importación o de exportación (DO L 175, p. 1; EE 02/06, p. 36), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) n. 3069/86 del Consejo, de 7 de octubre de 1986 (DO L 286, p. 1), y, por otro, por el Reglamento (CEE) n. 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos (DO L 197, p. 1; EE 02/06, p. 54).

26.

Por lo que atañe a las importaciones efectuadas después de la entrada en vigor, el 1 de enero de 1994, del Reglamento (CEE) n. 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Común (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código Aduanero»), procede señalar que las disposiciones aplicables de los Reglamentos n^os 1430/79 y 1697/79 han sido sustituidas por las disposiciones casi idénticas del Código Aduanero. En razón de esta identidad, también debe aplicarse a las segundas la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia relativa a las primeras (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 16 de julio de 1998, Kia Motors y Broekman Motorships/Comisión, T-195/97, Rec. p. II-2907, apartado 33, y del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1999, Söhl & Söhlke, C-48/98, Rec. p. I-7877, apartado 53). Por lo tanto, no es necesario distinguir las importaciones sujetas al Código Aduanero. Por consiguiente, tan sólo se citarán las disposiciones aplicables de este último en cuanto sea necesario.

2. Diferencia entre la condonación y la no recaudación

27.

La diferencia esencial entre la condonación y la no recaudación de los derechos de aduana estriba en el hecho de que, en el caso de la condonación, los derechos de aduana ya han sido calculados por las autoridades aduaneras, mientras que no sucede así cuando se trata de la no recaudación. Por «contracción» debe entenderse la anotación por las autoridades aduaneras del importe de los derechos de importación o de exportación resultante de una deuda aduanera, en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquéllos (artículo 217 del Código Aduanero).

3. Requisitos para la condonación de los derechos de aduana

28.

Hasta el 1 de enero de 1994, los requisitos para la condonación de los derechos de aduana se hallaban previstos en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n. 1430/79, en su versión modificada. Este artículo dispone: «Se podrá proceder [...] a la condonación de los derechos de importación en situaciones especiales [...] que resulten de circunstancias que no impliquen ni maniobra ni negligencia manifiesta por parte del interesado.»

29.

El artículo 4, punto 2, letra c), del Reglamento (CEE) n. 3799/86 de la Comisión, de 12 de diciembre de 1986, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los artículos 4 bis, 6 bis, 11 bis y 13 del Reglamento n. 1430/79 (DO L 352, p. 19), considera que «la presentación, incluso de buena fe, para la concesión de un tratamiento arancelario preferencial a favor de mercancías declaradas para libre práctica, de documentos cuya falsedad se haya comprobado posteriormente, falsificados o no, válidos para la concesión de este tratamiento arancelario preferencial no constituye por sí misma una situación especial en el sentido del artículo 13 del Reglamento n. 1430/79».

30.

Con la entrada en vigor del Código Aduanero, el Reglamento n. 1430/79 fue derogado (artículo 251 del Código Aduanero). El artículo 13, apartado 1, de este Reglamento ha sido transcrito en el artículo 239, apartado 1, del Código Aduanero, el cual establece, en términos prácticamente idénticos: «Se podrá proceder [...] a la condonación de los derechos de importación o de los derechos de exportación en situaciones [...] que resulten de circunstancias que no impliquen ni maniobra ni manifiesta negligencia por parte del interesado [...]»

31.

El Reglamento n. 3799/86 fue derogado por el artículo 913 del Reglamento (CEE) n. 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Código Aduanero (DO L 253, p. 1).

32.

El artículo 4, punto 2, letra c), del Reglamento n. 3799/86 fue sustituido por el artículo 904 del Reglamento n. 2454/93, el cual prevé: «No se procederá [...] a la condonación de los derechos de importación cuando, según el caso, el único motivo en defensa de la solicitud [...] de condonación lo constituya: [...] c) la presentación, incluso de buena fe, para la concesión de un tratamiento arancelario preferencial a favor de mercancías declaradas a libre práctica, de documentos cuya falsedad se haya comprobado posteriormente, falsificados o no válidos para la concesión de este tratamiento arancelario preferencial.»

4. Requisitos para la no recaudación a posteriori de los derechos de aduana

33.

Hasta la entrada en vigor del Código Aduanero, los requisitos para la no recaudación a posteriori de los derechos de aduana se hallaban previstos en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n. 1697/79. Este artículo dispone: «Lasautoridades competentes podrán abstenerse de efectuar la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hubieran sido percibidos como consecuencia de un error de las mismas autoridades competentes que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, hubiera actuado de buena fe y hubiera observado todas las disposiciones establecidas por la regulación en vigor en relación con su declaración en aduana [...]»

34.

Al quedar derogado el Reglamento n. 1697/79 como consecuencia de la entrada en vigor del Código Aduanero, el texto del artículo 5, apartado 2, del Reglamento n. 1697/79 ha sido transcrito en el artículo 220, apartado 2, del citado Código, el cual dispone, en términos prácticamente idénticos: «Con la salvedad de los casos mencionados en los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 217, no se procederá a la contracción a posteriori, cuando [...] b) el importe legalmente adeudado de derechos no se haya contraído como consecuencia de un error de las propias autoridades aduaneras que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, haya actuado de buena fe y haya observado todas las disposiciones establecidas por la normativa vigente en relación con la declaración en aduana [...]»

B. Normas de procedimiento relativas a la condonación y a la no recaudación a posteriori de los derechos de aduana

1. Normas de procedimiento aplicables a las importaciones controvertidas

35.

En la medida en que, según reiterada jurisprudencia [sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 1981, Salumi y otros, asuntos acumulados 212/80 a 217/80, Rec. p. 2735, apartados 9 a 14, y, concretamente, en materia de condonación y de no recaudación, de 6 de julio de 1993, CT Control (Rotterdam) y JCT Benelux/Comisión, asuntos acumulados C-121/91 y C-122/91, Rec. p. I-3873, apartado 22], las normas de procedimiento deben aplicarse a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor, son las normas de procedimiento contenidas en el Código Aduanero y en el Reglamento n. 2454/93 las que se aplican a las solicitudes de condonación formuladas después de entrar en vigor las citadas disposiciones. Se trata más en concreto de los artículos 236 a 239 del Código Aduanero y de los artículos 878 a 909 del Reglamento n. 2454/93.

36.

No obstante, debe señalarse que, hasta la entrada en vigor del Código Aduanero, el procedimiento aplicable a la condonación y a la devolución de los derechos de aduanas se hallaba regulado, de forma casi idéntica, en los artículos 16 y 17 del Reglamento n. 1430/79, así como en el Reglamento (CEE) n. 1574/80 de la Comisión, de 20 de junio de 1980, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los artículos 16 y 17 del Reglamento n. 1430/79 (DO L 161, p. 3; EE 02/07, p. 3). Por lo que atañe al procedimiento aplicable a la no recaudación, las normas de procedimiento se hallaban contenidas en el Reglamento n. 2380/89 dela Comisión, de 2 de agosto de 1989, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n. 1697/79 (DO L 225, p. 30).

2. Procedimiento aplicable a la condonación de los derechos de aduana

37.

Toda condonación de los derechos de aduana debe ser objeto de una solicitud específica por parte del interesado (en lo sucesivo, «solicitud de condonación») (artículo 878, apartado 1, del Reglamento n. 2454/93). Esta solicitud deberá presentarse a la autoridad aduanera de decisión (artículo 879, apartado 1, del Reglamento n. 2454/93). Con el fin de facilitar su tramitación, la solicitud deberá presentarse en el formulario previsto en el artículo 111 del Código Aduanero. Cuando se halle en posesión de todos los elementos necesarios, la autoridad aduanera de decisión resolverá por escrito acerca de la solicitud de condonación (artículo 886, apartado 1, del Reglamento n. 2454/93).

38.

No obstante, si la autoridad aduanera no se halla en condiciones de decidir, sobre la base de los artículos 899 y siguientes del Reglamento n. 2454/93, que definen determinadas situaciones en las que puede o no concederse la condonación, y «la solicitud está fundamentada en motivos que justifiquen que se trata de una situación especial resultante de circunstancias que no supongan negligencia manifiesta ni intento de fraude por parte del interesado», el Estado miembro de que se trate transmitirá el caso a la Comisión (artículo 905, apartado 1, del Reglamento n. 2454/93). El expediente dirigido a la Comisión deberá incluir todos los elementos necesarios para el examen completo del caso presentado (artículo 905, apartado 2). Dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción del expediente, la Comisión enviará una copia a los Estados miembros (artículo 906, apartado 1). A continuación, previa consulta a un grupo de expertos compuesto por representantes de todos los Estados miembros, reunidos en el marco del Comité del Código Aduanero con objeto de examinar el caso de que se trata, la Comisión decidirá si la situación especial examinada justifica o no la concesión... de la condonación (artículo 907, párrafo primero). Dicha Decisión deberá tener lugar en un plazo de seis meses a partir de la fecha de recepción por la Comisión del expediente transmitido por el Estado miembro (artículo 907, párrafo segundo) y deberá notificarse en el plazo más breve posible al Estado miembro de que se trate (artículo 908, apartado 1). Finalmente, basándose en la Decisión de la Comisión, la autoridad de decisión se pronunciará sobre la solicitud que se le haya presentado (artículo 908, apartado 2).

39.

Debe observarse que las normas de procedimiento expuestas en los apartados precedentes han quedado ligeramente modificadas como consecuencia de la entrada en vigor, el 6 de agosto de 1998, del Reglamento (CE) n. 1667/98 de la Comisión, de 29 de julio de 1998, por el que se modifica el Reglamento n. 2454/93 (DO L 212, p. 18). Las nuevas normas se aplicaron en el asunto T-147/99, Miller/Comisión.

40.

En particular, el Reglamento n. 1667/98 introdujo un nuevo artículo 906 bis, el cual dispone: «En cualquier momento del procedimiento previsto en los artículos 906 y 907, cuando la Comisión tenga intención de tomar una decisión desfavorable para el solicitante de la devolución o de la condonación, le comunicará por escrito sus objeciones, y todos los documentos en los cuales se fundan dichas objeciones. El solicitante de la devolución o de la condonación expresará su punto de vista por escrito en el plazo de un mes a contar de la fecha de envío de dichas objeciones. Si transcurrido dicho plazo no hubiera dado a conocer su punto de vista, se considerará que renuncia a la posibilidad de manifestar su posición.» El plazo de seis meses previsto en el artículo 907 del Reglamento n. 2454/93 ha sido sustituido por otro de nueve meses.

3. Procedimiento para la no recaudación a posteriori de los derechos de aduana

41.

Contrariamente a la condonación, la no recaudación de los derechos de aduana no es necesariamente consecuencia de una solicitud del interesado. Se trata de una decisión que pueden tomar las propias autoridades aduaneras cuando se cumplan los requisitos previstos taxativamente para cada uno de los casos enumerados en el artículo 869 del Reglamento n. 2454/93.

42.

Sin embargo, cuando las autoridades de decisión estimen que «se reúnen las condiciones mencionadas en la letra b) del apartado 2 del Código [Aduanero], o bien duden acerca de la posible aplicación de estas disposiciones al caso correspondiente, remitirán el caso a la Comisión»; el expediente remitido a la Comisión deberá incluir todos los elementos necesarios para un examen completo del caso (artículo 871, párrafo primero, del Reglamento n. 2454/93). Dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción del expediente, la Comisión remitirá una copia del mismo a los Estados miembros (artículo 872, párrafo primero). A continuación, tras consultar a un grupo de expertos compuesto por representantes de todos los Estados miembros reunidos en el seno del Comité del Código Aduanero para examinar este caso, la Comisión decidirá si la situación examinada permite o no contraer a posteriori los derechos en cuestión (artículo 873, párrafo primero).

43.

Esta Decisión deberá tomarse en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la Comisión reciba el expediente transmitido por el Estado miembro (artículo 873, párrafo segundo) y deberá notificarse en el plazo más breve al Estado miembro correspondiente (artículo 874, párrafo primero).

44.

Debe observarse que las normas de procedimiento aplicables a la no recaudación, expuestas en los apartados precedentes, de la misma forma que las aplicables a la condonación de los derechos de aduana, han quedado modificadas como consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento n. 1667/98. Las nuevas normas han sido aplicadas en el asunto T-147/99, Miller/Comisión.

45.

De esta forma, el Reglamento n. 1667/98 introdujo un nuevo artículo 872 bis el cual dispone: «En cualquier momento del procedimiento previsto en los artículos 872 y 873 [del Reglamento n. 2454/93], cuando la Comisión tenga intención de adoptar una decisión desfavorable para la persona interesada por el caso sometido, le comunicará por escrito sus objeciones, y todos los documentos en los cuales se basan dichas objeciones. La persona interesada por el caso sometido a la Comisión expresará su punto de vista por escrito en el plazo de un mes a contar de la fecha de envío de dichas objeciones. Si, transcurrido dicho plazo, no hubiera dado a conocer su punto de vista, se considerará que renuncia a la posibilidad de expresar su posición.» El plazo de seis meses previsto en el artículo 873 del Reglamento n. 2454/93 se sustituye por un plazo de nueve meses.

Hechos que originaron el litigio

I. Marco general

46.

Los presentes asuntos versan sobre la importación a la Comunidad de televisores en color montados en Turquía durante el período controvertido. Dichos televisores eran fabricados por distintas sociedades turcas, en particular Vestel, Meta, Profilo, Bekoteknik y Cihan. Éstas utilizaban para su fabricación piezas de origen turco, pero también piezas originarias de la Comunidad, así como piezas originarias de terceros países (generalmente procedentes de Corea, del Japón, de Hong Kong y de Singapur).

47.

Durante el período controvertido, los televisores en color fabricados en Turquía fueron importados a la Comunidad al amparo de certificados A.TR.1, de forma que se beneficiaron de la exención de los derechos de aduana prevista por el Acuerdo de Asociación y el Protocolo Adicional.

48.

A raíz de determinadas denuncias y de comunicaciones de irregularidades, la Comisión envió una misión de inspección a Turquía, del 18 de octubre al 9 de noviembre de 1993, de la cual formaban parte dos representantes de sus servicios y cinco representantes de los servicios aduaneros belga, francés, neerlandés, alemán y del Reino Unido. Esta misión de inspección dio lugar a la redacción de un informe (en lo sucesivo, «informe de inspección»). Con ocasión de esta inspección, se comprobó que las autoridades turcas autenticaban los certificados A.TR.1 sin que se hubiera percibido derecho compensador alguno.

49.

La Comisión consignó en el informe de inspección que los certificados presentados eran inválidos puesto que se referían de hecho a televisores en color fabricados en Turquía cuyas piezas originarias de terceros países no habían sido despachadas a libre práctica ni gravadas con la exacción reguladora compensatoria, por lo cual los citados televisores no podían beneficiarse del régimen de la libre circulación al ser importados a la Comunidad.

50.

Por lo tanto, la Comisión requirió a los Estados miembros interesados, mediante escritos de 2 de marzo y 21 de abril de 1994, para que reclamaran a las sociedades que hubieran importado televisores procedentes de Turquía durante el período controvertido, el pago de los derechos de aduana previstos en el Arancel Aduanero Común (a saber, el 14 % del valor total de los televisores en el momento de ser importados a la Comunidad), si bien teniendo en cuenta el plazo de prescripción aplicable. No obstante, la Comisión autorizó a los Estados miembros que lo desearan a suspender o a aplazar la recaudación de los derechos hasta que apreciara definitivamente los resultados de la misión de inspección.

51.

Finalmente, la Comisión confirmó a los Estados miembros, mediante escrito de 25 de noviembre de 1994, que debían recaudar sin demora los derechos de aduana correspondientes a las importaciones de televisores en color realizadas con arreglo a los certificados A.TR.1 expedidos con anterioridad al 15 de enero de 1994, teniendo en cuenta el plazo de prescripción de tres años.

II. Marco particular

A. Marco particular de los asuntos alemanes (T-186/97, T-187/97, T-190/97, T-191/97, T-192/97, T-210/97, T-211/97 y T-293/97)

1. Órdenes de recaudación dictadas por las autoridades alemanas

52.

Las sociedades Kaufring AG (en lo sucesivo, «Kaufring») (T-186/97), Crown Europe GmbH (en lo sucesivo, «Crown») (T-187/97), Profex Electronic Verwaltungsgesellschaft mbH (en lo sucesivo, «Profex») (T-190/97), Horten AG (en lo sucesivo, «Horten») (T-191/97), Dr. Seufert GmbH (en lo sucesivo, «Dr. Seufert») (T-192/97), Grundig AG (en lo sucesivo, «Grundig») (T-210/97), Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH (en lo sucesivo, «Hertie») (T-211/97) y Elta GmbH (en lo sucesivo, «Elta») (T-293/97) (en lo sucesivo, «demandantes alemanas»), importaron, durante el período controvertido, diversas partidas de televisores en color procedentes de Turquía. Todas las importaciones iban acompañadas de un certificado A.TR.1 y, por lo tanto, se beneficiaron del régimen preferencial. Todos los certificados A.TR.1 fueron visados por las autoridades aduaneras turcas.

53.

De conformidad con la orden conminatoria de la Comisión (véanse los apartados 50 y 51 supra), las autoridades aduaneras alemanas giraron a las demandantes alemanas sendas liquidaciones tributarias complementarias (Steueränderungsbescheide). De esta forma, las citadas autoridades reclamaron el pago de derechos de aduana por importe total de 545.727,35 marcos alemanes (DEM) a Kaufring, de 238.352,97 DEM a Crown, de 2.269.866,84 DEM a Profex, de 123.809,12 DEM a Horten, de 126.828,26 DEM a Dr. Seufert, de 6.596.210,31 DEM a Grundig, de 593.110,16 DEM a Hertie y de 113.875,49 DEM a Elta.

2. Solicitudes de condonación y/o de no recaudación formuladas por las demandantes alemanas a las autoridades alemanas

54.

Las demandantes alemanas recurrieron contra las citadas liquidaciones. Solicitaron a las oficinas de aduanas en cuestión que les concedieran la condonación de los derechos de aduana. Dr. Seufert, Crown y Grundig solicitaron también que no se recaudaran los citados derechos.

3. Solicitudes de condonación formuladas por las autoridades alemanas a la Comisión

55.

Después de estudiar las solicitudes formuladas por las demandantes alemanas, el Bundesministerium der Finanzen (Ministerio de Hacienda alemán), al que habían remitido los expedientes las oficinas de aduanas, consideró que concurrían los requisitos previstos en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n. 1430/79 y en el artículo 239 del Código Aduanero para la condonación de los derechos de aduana.

56.

Por lo tanto, el Bundesministerium der Finanzen, con arreglo al artículo 905 del Reglamento n. 2454/93, remitió los expedientes a la Comisión, a la que manifestó su opinión en cuanto al cumplimiento de los requisitos previstos para la condonación de los derechos de aduana.

57.

Debe destacarse que, antes de la citada remisión, el Bundesministerium der Finanzen había rogado a cada una de las demandantes alemanas, por una parte, que comentaran el proyecto de solicitud que pensaba formular a la Comisión y, por otra, que presentaran una declaración escrita que confirmara que la solicitud tenía en cuenta todas las circunstancias del presente caso, así como todas sus alegaciones y que el expediente estaba completo.

58.

Kaufring, Horten, Hertie, Profex y Elta aceptaron presentar dicha declaración escrita. En cambio, Grundig, Dr. Seufert y Crown informaron al Bundesministerium der Finanzen de que se negaban a presentarla. Las citadas sociedades manifestaron su deseo de que sus solicitudes de condonación junto con sus anexos se unieran a los expedientes remitidos por el Bundesministerium der Finanzen, lo que este último aceptó. El Bundesministerium der Finanzen aceptó asimismo, por lo que atañe a dichas partes, incluir el párrafo siguiente en sus escritos de remisión dirigidos a la Comisión: «La interesada solicita que la Comisión fundamente su decisión en la detallada solicitud de condonación aneja a la presente junto con sus anexos. La interesada pide asimismo que la Comisión la oiga directamente antes de adoptar una decisión con el fin de hacer valer sus derechos de defensa frente a la Comisión; la interesada estima que la Comisión tiene la obligación de informarle acerca de los hechos y documentos esenciales sobre cuya base la Comisión pretende adoptar su decisión sobre la condonación de los derechos de aduana.»

59.

Antes de adoptar una decisión definitiva sobre cada una de las solicitudes de condonación, la Comisión consultó al grupo de expertos previsto en el artículo 907, párrafo primero, del Reglamento n. 2454/93. Éste examinó los casos presentados en su reunión de 10 de enero de 1997. Todos los representantes de los Estados miembros que asistieron a la citada reunión con excepción de los de la República de Austria y de la República Portuguesa se pronunciaron a favor de la condonación.

60.

A continuación, mediante las Decisiones REM 14/96, REM 15/96, REM 16/96, REM 17/96, REM 18/96, REM 19/96 y REM 20/96, de fecha 19 de febrero de 1997, referentes, respectivamente, a Horten, Kaufring, Elta, Grundig, Hertie, Crown y Profex, y REM 21/96, de fecha 25 de marzo de 1997, relativa al Dr. Seufert, la Comisión declaró que no se hallaba justificada la concesión de las condonaciones solicitadas. Las citadas Decisiones individuales les fueron notificadas a las demandantes alemanas por sus autoridades nacionales.

B. Marco particular de los asuntos franceses (T-216/97 a T-218/97)

1. Órdenes de recaudación dictadas por las autoridades francesas

61.

Las sociedades Lema SA (en lo sucesivo, «Lema») (T-216/97) y Masco SA (en lo sucesivo, «Masco») (T-217/97 y T-218/97) (en lo sucesivo, «demandantes francesas») importaron con intervalos regulares partidas de televisores en color procedentes de Turquía. Todas las importaciones iban acompañadas de un certificado A.TR.1, y, por lo tanto, se beneficiaron del régimen preferencial. Todos los certificados A.TR.1 fueron visados, en el momento de la exportación, por las autoridades aduaneras turcas y, después, al ser importados a Francia, por las autoridades aduaneras francesas.

62.

Conforme a la orden conminatoria de la Comisión (véanse los apartados 50 y 51 supra), las autoridades aduaneras francesas, en el presente caso la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (en lo sucesivo, «DNRED»), comprobaron que Lema y Masco habían incurrido en una infracción al importar televisores al amparo de certificados A.TR.1. Por este motivo, reclamaron el pago de derechos de aduana por un importe total de 12.201.564 francos franceses (FRF) a Lema y 32.966.173 FRF (asunto T-217/97), así como 4.192.502 FRF (asunto T-218/97) a Masco.

2. Examen por las autoridades francesas de las solicitudes de condonación y de no recaudación formuladas por las demandantes francesas

63.

Lema y Masco recurrieron contra tales reclamaciones a posteriori de los derechos de aduana. Dichas sociedades solicitaron a DNRED que no recaudara los derechos o que les concediera la condonación de tales derechos. Las citadas solicitudes individuales se fundaban, por una parte, por lo que atañe a la no recaudación, enlos artículos 5, apartado 2, del Reglamento n. 1697/79 y 220, apartado 2, letra b), del Código Aduanero y, por otra, en lo que se refiere a la condonación, en los artículos 13, apartado 1, del Reglamento n. 1430/79 y 239 del Código Aduanero.

3. Solicitudes de no recaudación y de condonación formuladas a la Comisión por las autoridades francesas

64.

Después de estudiar las distintas solicitudes formuladas por las demandantes francesas, el Ministerio francés de Economía y Hacienda (en lo sucesivo, «Ministerio») consideró que concurrían los requisitos previstos en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n. 1697/79. Dicho Ministerio presentó a cada una de las demandantes francesas un proyecto de la solicitud de examen que deseaba dirigir al respecto a la Comisión. En sus respuestas, Lema y Masco manifestaron su deseo de que se uniera al expediente una copia de las solicitudes completas que habían formulado a DNRED. Dichas sociedades recordaron que habían presentado asimismo una solicitud de condonación basándose en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n. 1430/79 y señalaron que mantenían ésta con carácter subsidiario.

65.

A continuación, el Ministerio envió los expedientes a la Comisión, adjuntando los expedientes transmitidos por las demandantes francesas a DNRED.

66.

El Ministerio puso de manifiesto que concurrían los requisitos previstos para la no recaudación de los derechos.

67.

Dicho Ministerio solicitó también a la Comisión que examinara las solicitudes subsidiarias de condonación de derechos.

68.

Antes de adoptar una decisión definitiva, la Comisión consultó al grupo de expertos previsto en los artículos 873 y 907 del Reglamento n. 2454/93. Éste examinó los casos presentados en su reunión de 10 de enero de 1997. Todos los representantes de los Estados miembros presentes en tal reunión, con excepción de los de la República de Austria y de la República Portuguesa se pronunciaron a favor de la no recaudación y de la condonación.

69.

A continuación, mediante las Decisiones REC 7/96 y REC 9/96, referentes a Masco, y REC 8/96, relativa a Lema, de fecha 24 de abril de 1997, la Comisión declaró que debían recaudarse los derechos de importación y que no estaba justificada la condonación de los derechos.

70.

Las citadas Decisiones fueron comunicadas a la Representación Permanente de la República Francesa ante la Unión Europea por el Secretario General de la Comisión.

C. Marco particular de los asuntos neerlandeses (T-279/97 y T-280/97)

1. Órdenes de recaudación dictadas por las autoridades neerlandesas

71.

Las sociedades DFDS Transport BV (en lo sucesivo, «DFDS») (T-279/97) y Wilson Holland BV (en lo sucesivo, «Wilson») (T-280/97) (en lo sucesivo, «demandantes neerlandesas»), importaron varias partidas de televisores en color procedentes de Turquía. Todas las importaciones iban acompañadas de un certificado A.TR.1 y, por lo tanto, se beneficiaron del régimen preferencial. Todos los certificados A.TR.1 fueron visados en Turquía por la oficina de aduanas de Estambul y, después, en los Países Bajos, por la oficina de Rotterdam.

72.

Conforme a la orden conminatoria de la Comisión (véanse los apartados 50 y 51 supra), las autoridades aduaneras neeerlandesas dirigieron varias órdenes de recaudación (uitnodiging tot betaling) a DFDS y Wilson. De esta forma, dichas autoridades reclamaron el pago de derechos de aduana por un importe total de 212.657 florines neerlandeses (NLG) a DFDS, y de 30.712,50 NLG a Wilson.

2. Solicitudes de condonación formuladas por las demandantes neerlandesas a las autoridades neerlandesas

73.

Las demandantes neerlandesas recurrieron contra las citadas órdenes de recaudación. Solicitaron a las oficinas de aduanas correspondientes que les concedieran la condonación de los derechos de aduana.

3. Solicitudes de condonación formuladas por las autoridades neerlandesas a la Comisión

74.

Después de estudiar la solicitud presentada por las demandantes neerlandesas, el Belastingdienst (Administración tributaria neerlandesa), a la que habían remitido los expedientes las oficinas de aduana, consideró que concurrían los requisitos previstos en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n. 1430/79 y en el artículo 239 del Código Aduanero para la condonación de los derechos de aduana.

75.

Por lo tanto, el Belastingdienst, conforme al artículo 905 del Reglamento n. 2454/93, remitió los expedientes a la Comisión, a la que manifestó su opinión en cuanto al cumplimiento de los requisitos previstos para la condonación de los derechos de aduana.

76.

Debe destacarse que, antes de la citada remisión, las demandantes neerlandesas habían indicado a sus autoridades nacionales, a petición de éstas, que tenían conocimiento del expediente que las afectaba y que dicho expediente estaba completo.

77.

Antes de adoptar una decisión definitiva, la Comisión consultó al grupo de expertos previsto en el artículo 907, párrafo primero, del Reglamento n. 2454/93. Éste examinó los casos presentados en su reunión de 7 de marzo de 1997. Todos losrepresentantes de los Estados miembros presentes en la citada reunión, con excepción de los de la República de Austria y de la República Portuguesa, se pronunciaron a favor de la condonación.

78.

Finalmente, mediante las Decisiones REM 26/96 y REM 27/96, de fecha 5 de junio de 1997, referentes a DFDS y Wilson, respectivamente, la Comisión declaró que no estaba justificada la concesión de las condonaciones solicitadas. Dichas decisiones fueron notificadas a las autoridades nacionales, quienes las notificaron a su vez a las demandantes neerlandesas.

D. Marco particular del asunto belga (T-147/99)

1. Orden de recaudación dirigida por las autoridades belgas

79.

Durante el período controvertido, la sociedad Miller NV (en lo sucesivo, «Miller») (T-147/99) importó varias partidas de televisores en color procedentes de Turquía. Todas las importaciones iban acompañadas de un certificado A.TR.1 y, por lo tanto, se beneficiaron del régimen preferencial. Todos los certificados A.TR.1 fueron visados en Turquía por la oficina de aduanas de Estambul y después, en Bélgica, por la de Amberes.

80.

Conforme a la orden conminatoria de la Comisión (véanse los apartados 50 y 51 supra), las autoridades aduaneras belgas dirigieron una orden de recaudación (uitnodiging tot betaling) a Miller. De esta forma, dichas autoridades aduaneras le reclamaron el pago de derechos de aduana por un importe total de 11.381.735 francos belgas (BEF).

2. Solicitud de no recaudación formulada por Miller a las autoridades belgas

81.

Miller interpuso un recurso contra la citada orden de recaudación. Dicha entidad solicitó a la oficina de aduanas de que se trata que no recaudara los derechos de aduana. Tal solicitud se fundaba en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n. 1697/79 y en el artículo 220, apartado 2, letra b), del Código Aduanero.

3. Solicitud de no recaudación y de condonación formulada por las autoridades belgas a la Comisión

82.

Después de estudiar la solicitud formulada por la demandante, el Ministerio de Hacienda, departamento de aduanas e impuestos especiales, al cual había remitido el expediente la oficina de aduanas, consideró que concurrían los requisitos previstos para la no condonación en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n. 1697/79 y en el artículo 220, apartado 2, letra b), del Código Aduanero. Con carácter subsidiario, el Ministerio de Hacienda consideró que concurrían asimismo los requisitos previstos para la condonación en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n. 1430/79 y en el artículo 239 del Código Aduanero.

83.

Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda, conforme a los artículos 871 y 905 del Reglamento n. 2454/93, remitió el expediente a la Comisión, a la que manifestó su opinión en cuanto al cumplimiento de los requisitos previstos para la no recaudación y la condonación.

84.

Procede subrayar que, antes del citado envío, las autoridades belgas habían pedido a Miller que presentara sus posibles observaciones acerca del proyecto de solicitud de no recaudación y de condonación que deseaban enviar a la Comisión y que confirmara que el expediente estaba completo. Miller respondió, mediante escrito de 24 de abril de 1998, que el expediente estaba completo. Al citado escrito se adjuntaba una declaración de su abogado en la que se describían los distintos documentos que le habían sido enviados por el Ministerio de Hacienda como anexo al proyecto de escrito a la Comisión, en la que se resumían sus alegaciones esenciales y se recordaba su deseo de poder consultar el expediente de la Institución.

85.

La Comisión examinó el expediente conforme a los artículos 871 y 905 del Reglamento n. 2454/93.

86.

Mediante escrito de 24 de noviembre de 1998, la Comisión envió a Miller un resumen del expediente, conforme a los artículos 872 bis y 906 bis del Reglamento n. 2454/93. La Comisión le informó asimismo acerca de su intención de requerir a las autoridades aduaneras belgas para que recaudaran a posteriori los derechos de aduana de que se trata y denegaran la condonación de los derechos. En efecto, en dicho escrito, la Comisión exponía sus dudas en cuanto al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento n. 1697/79. Además, la Comisión consideró que las circunstancias del presente caso no constituían una «situación que resulta de circunstancias especiales» en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n. 1430/79. Sin embargo, la Comisión invitó a Miller a que presentara sus posibles observaciones en un plazo de un mes contado a partir de la recepción del escrito.

87.

Como respuesta a este envío, la demandante solicitó a la Comisión, mediante escrito de 2 de diciembre de 1998, poder consultar todos los documentos del expediente de esta última con el fin de poder formular sus observaciones con pleno conocimiento de causa, refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia (sentencia de 19 de febrero de 1998, Eyckeler & Malt/Comisión, T-42/96, Rec. p. II-401, apartados 78 a 88).

88.

Mediante escrito de 22 de diciembre de 1998, la Comisión desestimó esta solicitud por cuanto Miller ya había podido tener conocimiento de su expediente, que contenía tan sólo los datos comunicados por las autoridades belgas. La Comisión reconoció que el informe de inspección no formaba parte del expediente, si bien expuso que, en la medida en que el citado informe no hacía sino confirmar laveracidad de los hechos y, por lo tanto, la invalidez de los certificados controvertidos, no consideraba conveniente comunicárselo a Miller.

89.

Mediante escrito de 7 de enero de 1999, la demandante protestó contra dicha negativa de la Comisión y señaló que, en el supuesto de que la decisión definitiva de esta última le fuera desfavorable, se reservaba el derecho a interponer un recurso de anulación contra dicha decisión ante el Tribunal de Primera Instancia por violación de los derechos de defensa. Por lo tanto, la demandante solicitó una vez más tener acceso a los documentos en los que la Comisión pudo haber basado su decisión definitiva así como a todos los demás documentos, incluidos los administrativos, relativos a este asunto.

90.

Además, Miller respondió al escrito de la Comisión de 24 de noviembre de 1998 mediante carta de 22 de enero de 1999. Indicó los motivos por los cuales consideraba que se cumplían efectivamente los requisitos para la aplicación del artículo 5, apartado 2, del Reglamento n. 1697/79. Además, afirmó que en su opinión, se daba en el presente caso una situación que resulta de circunstancias especiales y que no se le podía imputar negligencia ni maniobra alguna, con arreglo al artículo 13, apartado 1, del Reglamento n. 1430/79.

91.

Al tener conocimiento de las observaciones de Miller, la Comisión, antes de adoptar una decisión definitiva, consultó al grupo de expertos previsto en los artículos 873 y 907, párrafo primero, del Reglamento n. 2454/93. Éste examinó el asunto en su reunión de 25 de febrero de 1999. Todos los representantes de los Estados miembros presentes en la citada reunión, con excepción de los de la República de Austria y de la República Portuguesa, se pronunciaron a favor de la no recaudación y de la condonación.

92.

A continuación, mediante la Decisión REC 3/98, de fecha 26 de marzo de 1999, la Comisión declaró que debían recaudarse los derechos de importación y que no estaba justificada la condonación de tales derechos. Las autoridades belgas notificaron dicha Decisión a Miller mediante escrito de 21 de abril de 1999.

III. Por lo que se refiere a la motivación de las Decisiones impugnadas

93.

Las Decisiones impugnadas se fundamentan en una motivación casi idéntica. Ninguna diferencia esencial caracteriza a las Decisiones que se refieren únicamente a las solicitudes de condonación basadas en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n. 1430/79 frente a las relativas a las solicitudes de condonación presentadas junto con las solicitudes de no recaudación conforme al artículo 5, apartado 2, del Reglamento n. 1697/79.

94.

De esta forma, después de haber recordado que, con arreglo a reiterada jurisprudencia, la confianza legítima de un operador sólo es digna de protección cuando las propias autoridades competentes hayan dado lugar a esta confianza, laComisión observó, en las Decisiones impugnadas, que los exportadores turcos habían declarado en la casilla 13 de los certificados A.TR.1 que las mercancías que se enumeraban cumplían los requisitos para la obtención del referido certificado. Pues bien, no era éste el caso, ya que, según se comprobó con ocasión de la misión de inspección en Turquía, los televisores fabricados en este país contenían piezas originarias de terceros países que no habían sido despachadas a libre práctica ni tampoco gravadas con la exacción reguladora compensatoria prevista en el artículo 3, apartado 1, del Protocolo Adicional.

95.

Por lo tanto, la Comisión consideró que las autoridades competentes turcas habían sido inducidas a error por las declaraciones inexactas de los exportadores. En consecuencia, no se les podía imputar a las citadas autoridades ningún error activo. Habida cuenta de esta circunstancia, el hecho de que las autoridades turcas hubieran expedido los certificados controvertidos sobre la base de las declaraciones de los exportadores no era suficiente para permitir a los importadores albergar una confianza legítima en la validez de los referidos certificados.

96.

Además, la Comisión observó que la normativa de que se trata era conocida y relativamente simple en lo que respecta a los requisitos de expedición de un certificado A.TR.1, por lo cual los importadores no podían ignorarla. La Comisión señaló asimismo que un operador diligente habría debido albergar dudas acerca de la validez de los certificados A.TR.1.

97.

A la vista de estas observaciones, la Comisión consideró que no se cumplían los requisitos para la condonación y/o para la no recaudación de los derechos de aduana.

98.

Por lo que atañe a las condiciones para la condonación, la Comisión precisó, por otra parte, que las circunstancias del caso así como las supuestas lagunas en la aplicación del Protocolo Adicional no pueden constituir una situación especial en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n. 1430/79 en la medida en que el régimen de libre circulación podía obtenerse procediendo simplemente al despacho a libre práctica en Turquía de las piezas originarias de terceros países.

Procedimiento

99.

Mediante escritos separados presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia entre el 20 de junio de 1997 y el 18 de junio de 1999, las demandantes interpusieron los presentes recursos de anulación.

100.

Mediante autos de 25 de mayor de 1998, se admitió la intervención de la República Federal de Alemania en apoyo de las pretensiones de las demandantes en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97 y T-210/97.

101.

Mediante autos de 25 de mayo de 1998, se autorizó la intervención del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en apoyo de las pretensiones de las demandantes en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97 y T-293/97.

102.

Mediante autos de 25 de mayo de 1998, se admitió la intervención de la República Francesa en apoyo de las pretensiones de las demandantes en los asuntos T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97 y T-216/97 a T-218/97.

103.

Mediante escritos separados presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia durante los meses de mayo, junio y julio de 1998, Grundig, Dr. Seufert, Crown, Hertie, Horten y Kaufring solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que ordenara a la Comisión presentar determinados documentos relativos al fondo del litigio. Se instó a la Comisión así como a las partes coadyuvantes a presentar sus observaciones a este respecto.

104.

Mediante diligencia de ordenación del procedimiento de 29 de octubre de 1999, el Tribunal de Primera Instancia instó a la Comisión a presentar determinados documentos relativos a la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Asociación y del Protocolo Adicional a las importaciones de televisores en color procedentes de Turquía. La Comisión cumplimentó esta solicitud mediante la presentación, el 29 de noviembre de 1999, de un expediente compuesto por veinticuatro archivadores que contenían aproximadamente 7.000 páginas. La Comisión completó dicho expediente mediante el envío, el 22 de diciembre de 1999, de determinados número de documentos adicionales y, el 13 de enero de 2000, de una traducción no oficial al inglés de las declaraciones de importación y exportación turcas que figuran en el citado expediente.

105.

A raíz de una invitación en este sentido del Tribunal de Primera Instancia, todas las demandantes (con excepción de Elta) así como la Comisión y la República Francesa participaron, el 6 de diciembre de 1999, en una reunión informal con vistas a organizar la consulta del expediente presentado el 29 de noviembre de 1999 y el desarrollo de la vista.

106.

A continuación, después de oír a las partes sobre este punto, el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia acumuló los presentes asuntos a los fines de la fase oral del procedimiento y de la sentencia, mediante auto de 10 de enero de 2000.

107.

La consulta en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia por las demandantes y la República Francesa del expediente presentado el 29 de noviembre de 1999 dio comienzo el 17 de enero de 2000 y terminó el 28 de febrero de 2000. A raíz de esta consulta, dichas partes presentaron sus observaciones durante los meses de enero, febrero y marzo de 2000. La Comisión respondió a tales observaciones mediante escrito de 24 de marzo de 2000.

108.

Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) decidió iniciar la fase oral. En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, instó a las partes a responder a determinadas preguntas. Las partes cumplimentaron dichas peticiones.

109.

En la vista de 10 de julio de 2000 se oyeron los informes orales de las partes así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

Pretensiones de las partes

110.

Kaufring (T-186/97) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la Decisión REM 15/96.