Language of document : ECLI:EU:C:2008:524

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 25 de septiembre de 2008 (*)

«Acuerdo de Asociación CEE-Turquía – Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación – Artículo 7, párrafo primero, segundo guión – Derecho de residencia del hijo mayor de edad de un trabajador turco – Inexistencia de ejercicio de una actividad por cuenta ajena – Condiciones de la pérdida de los derechos adquiridos»

En el asunto C‑453/07,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Verwaltungsgericht Gießen (Alemania), mediante resolución de 24 de septiembre de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de octubre de 2007, en el procedimiento entre

Hakan Er

y

Wetteraukreis,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. U. Lõhmus, J.N. Cunha Rodrigues y A. Ó Caoimh y la Sra. P. Lindh (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. P. Mengozzi;

Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre del Sr. Er, por el Sr. C. Momberger, Rechtsanwalt;

–        en nombre del Wetteraukreis, por el Sr. E. Meiß, en calidad de agente;

–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. M. Lumma y J. Möller, en calidad de agentes;

–        en nombre del la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. V. Kreuschitz y G. Rozet, en calidad de agentes;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación (en lo sucesivo, «Decisión nº 1/80»). El Consejo de Asociación fue instituido mediante el Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado en Ankara el 12 de septiembre de 1963 por la República de Turquía, por una parte, y los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad en virtud de la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964, 217, p. 3685; EE 11/01, p. 18).

2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Er, nacional turco, y el Wetteraukreis (distrito de Wetterau), relativo a un procedimiento de expulsión del territorio alemán.

 Marco jurídico

3        El artículo 6, apartado 1, de la Decisión nº 1/80 tiene el siguiente tenor:

«1.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 en relación con el libre acceso al empleo de los miembros de su familia, un trabajador turco que forme parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro:

–        tendrá derecho, en dicho Estado miembro, después de un año de empleo legal, a la renovación de su permiso de trabajo con el mismo empresario si dispone de un empleo;

–        tendrá derecho, en dicho Estado miembro, después de tres años de empleo legal y sin perjuicio de la preferencia que debe concederse a los trabajadores de los Estados miembros de la Comunidad, a aceptar otra oferta, realizada en condiciones normales y registrada en los servicios de empleo de dicho Estado miembro, para desempeñar la misma profesión en otra empresa de su elección;

–        podrá acceder libremente en dicho Estado miembro, después de cuatro años de empleo legal, a cualquier actividad por cuenta ajena de su elección.»

4        El artículo 7 de la Decisión nº 1/80 dispone:

«Los miembros de la familia de un trabajador turco que forme parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro que hayan sido autorizados a reunirse con él:

–        tendrán derecho, sin perjuicio de la preferencia que debe concederse a los trabajadores de los Estados miembros de la Comunidad, a aceptar cualquier oferta de empleo, siempre que lleven residiendo legalmente en el Estado miembro al menos tres años;

–        podrán acceder libremente a cualquier actividad por cuenta ajena de su elección, siempre que lleven residiendo legalmente en el Estado miembro al menos cinco años.

Los hijos de los trabajadores turcos que hayan adquirido una formación profesional en el país de acogida, independientemente de la duración de su residencia en dicho Estado miembro, podrán aceptar en él cualquier oferta de empleo, siempre que uno de sus progenitores haya ocupado legalmente un puesto de trabajo en el Estado miembro de que se trate durante al menos tres años.»

5        Con arreglo al artículo 14, apartado 1, de la misma Decisión:

«Las disposiciones de la presente sección se aplicarán sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas.»

 Litigio principal y cuestión prejudicial

6        De la resolución de remisión se desprende que el Sr. Er nació en Turquía en abril de 1984. Dos años después, en 1986, se reunió en Berlín con su padre, que formaba parte del mercado de trabajo legal de la República Federal de Alemania, y residió con él en territorio alemán durante al menos cinco años. Posteriormente, el padre regresó a Turquía sin su familia.

7        En 1998, el Sr. Er solicitó su primer permiso de residencia, que le fue concedido por una duración de un año y medio. Este documento contenía la anotación «madre con permiso de residencia indefinido» y «padre registrado en Berlín».

8        El Sr. Er finalizó su formación escolar en 2000, a la edad de 16 años, sin haber obtenido el correspondiente título. Su permiso de residencia fue renovado hasta el 21 de marzo de 2002.

9        En 2002, el Sr. Er solicitó un segundo permiso de residencia que le fue concedido hasta abril de 2003, momento a partir del cual su madre ya no se haría cargo de él. Posteriormente, el Sr. Er presentó una solicitud de renovación de su permiso de residencia, que le fue concedida por un período de un año, a pesar de los cambios que se habían producido en su situación, a saber, que ya no estaba a cargo de su madre y que había percibido un subsidio de subsistencia durante cuatro meses. No obstante, el Servicio de Inmigración del distrito de Wetterau (en lo sucesivo, «Servicio de Inmigración») exigió al Sr. Er que hiciera esfuerzos demostrables para encontrar un empleo.

10      El Sr. Er participó en un curso dirigido a mejorar sus oportunidades de formación e integración profesional, pero lo abandonó debido a su aptitud insuficiente. Percibió la prestación social durante un mes y se registró como desempleado.

11      En septiembre de 2004, el Sr. Er presentó una nueva solicitud de renovación de su permiso de residencia.

12      Durante el examen de dicha solicitud, el Servicio de Inmigración se entrevistó varias veces con el Sr. Er. Éste indicó que se estaba esforzando por encontrar un trabajo, que estaba ya en vías de conseguir uno si presentaba un certificado policial de buena conducta, y que volvería a ponerse en contacto con el Servicio de Inmigración. Sin embargo, estas declaraciones no se tradujeron en hechos y el Sr. Er no consiguió ningún empleo, percibiendo el subsidio de desempleo durante 18 meses.

13      Mediante resolución de 17 de agosto de 2005, el Servicio de Inmigración denegó la solicitud de renovación del permiso de residencia presentada por el Sr. Er en septiembre de 2004 y le ordenó que abandonase el país en un plazo determinado, so pena de expulsión a Turquía.

14      Según dicha resolución, para poder acogerse al derecho de residencia concedido en el marco del artículo 7, párrafo primero, de la Decisión nº 1/80 es necesario que, en el momento de presentar su solicitud, el interesado se encuentre a disposición del mercado de trabajo y que tenga posibilidades reales de colocación en un plazo previsible. El Servicio de Inmigración estimó que, en principio, nada cabía objetar a que se limitara a seis meses la duración de la residencia para la búsqueda de trabajo.

15      El 9 de septiembre de 2005 el Sr. Er presentó una reclamación contra la antedicha resolución sobre la cual aún no se ha resuelto. Asimismo, solicitó medidas cautelares al órgano jurisdiccional remitente, el cual por medio de un auto de 4 de diciembre de 2006, reconoció efecto suspensivo a su reclamación.

16      En el procedimiento sobre medidas cautelares, el Sr. Er alegó que se estaba esforzando por encontrar un empleo. Presentó una carta del Centro de Formación de Fráncfort de 20 de diciembre de 2005 en la que se le invitaba a seguir un programa de ayuda al empleo durante un mes. El Sr. Er inició dicho programa, pero lo abandonó debido a que no resultaba adecuado a su perfil. El informe de evaluación de las capacidades del Sr. Er concluía que tenía un bajo nivel de aptitud, poca constancia y era impuntual. Se consideró que procedía una inserción inmediata en un empleo y que no tenía sentido continuar con la labor de adquisición de cualificaciones suplementarias. En cambio, se consideró que el Sr. Er estaba capacitado para trabajos sencillos y repetitivos.

17      Por lo tanto, se le facilitó un contacto con una agencia de empleo de los aeropuertos, la cual organizaba un período de prácticas de formación. Como consecuencia del desarrollo positivo de su período de prácticas, estaba previsto que, a partir de principios de febrero de 2006, el Sr. Er ocupase un puesto de cargador de equipajes en el aeropuerto de Fráncfort.

18      El órgano jurisdiccional remitente señala que, sin embargo, el expediente de solicitud de empleo no pudo enviarse al empresario previsto, ya que el Sr. Er no había aportado su certificado de buena conducta.

19      EL Sr. Er no mencionó que hubiese participado en ningún otro programa de ayuda al empleo ni en ninguna actividad remunerada, a excepción de un trabajo de un día de duración.

20      El órgano jurisdiccional remitente hace también referencia a una anotación de la Oficina Federal de Empleo de 18 de agosto de 2006 acerca de una entrevista con el Sr. Er. Según dicha anotación, este último no ha realizado ningún esfuerzo por integrarse en el mundo laboral y, además, ha contraído deudas y su madre desearía que abandonase el domicilio familiar.

21      Tras la conclusión del procedimiento de medidas cautelares, el Sr. Er interpuso el 22 de enero de 2007 la demanda que ha dado origen al litigio principal. Con ella pretende que se declare la obligación del Servicio de Inmigración de renovar su permiso de residencia, ya que es beneficiario del derecho conferido por el artículo 7, párrafo primero, de la Decisión nº 1/80, con independencia de si él mismo ejerce una actividad laboral en territorio alemán o si la está buscando.

22      La resolución de remisión señala que el Sr. Er no percibe actualmente ninguna prestación social, pero que, vista su nula disposición a conseguir un puesto de trabajo, a la larga sólo podrá asegurarse su sustento por medio de las prestaciones sociales.

23      En estas circunstancias, el Verwaltungsgericht Gießen decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«Un nacional turco que obtuvo, en su condición de miembro de la familia, autorización para reunirse con su padre –el cual, como trabajador turco, pertenecía al mercado de trabajo legal de la República Federal de Alemania– y que en virtud de un período anterior de cinco años de convivencia legal con éste adquirió la posición jurídica que le reconoce el artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión nº 1/80 ¿pierde dicha posición jurídica debido a que, tras haber puesto fin a su escolaridad, no ha ejercido ninguna actividad laboral durante más de siete años, salvo un supuesto empleo de un día de duración, y además interrumpió su participación en todas las medidas estatales de ayuda a la búsqueda de un empleo, sin realizar esfuerzos serios para obtener un empleo, viviendo alternativamente de prestaciones sociales públicas, o de la ayuda de su madre residente en Alemania y de recursos de origen desconocido?»

 Sobre la cuestión prejudicial

24      Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si un nacional turco que goza en un Estado miembro del derecho a acceder libremente a cualquier actividad por cuenta ajena de su elección en virtud del artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión nº 1/80 pierde su derecho de residencia en dicho Estado miembro y, en consecuencia, el referido derecho de libre acceso, en caso de que, habiendo alcanzado la edad de 23 años, no haya ejercido ninguna actividad por cuenta ajena desde que finalizó su formación escolar a la edad de 16 años y haya participado en programas estatales de ayuda al empleo sin haber, no obstante, llegado a concluir ninguno de ellos.

25      A fin de responder a esta cuestión, es preciso recordar que el artículo 7, párrafo primero, de la Decisión nº 1/80 tiene efecto directo en los Estados miembros, de forma que los nacionales turcos que cumplan los requisitos establecidos en él pueden invocar directamente los derechos que dicha disposición les confiere. En particular, tienen derecho, en virtud del segundo guión de la referida disposición, a acceder libremente a cualquier actividad por cuenta ajena que elijan en el Estado miembro de acogida después de haber residido allí legalmente desde al menos cinco años (véanse las sentencias de 17 de abril de 1997, Kadiman, C‑351/95, Rec. p. I‑2133, apartados 27 y 28, y de 18 de julio de 2007, Derin, C‑325/05, Rec. p. I‑6495, apartado 47).

26      Los derechos que la antedicha disposición confiere al hijo de un trabajador turco en materia de empleo en el Estado miembro de que se trata, implican necesariamente el reconocimiento del correlativo derecho de residencia en favor de su titular, so pena de privar de eficacia al derecho de éste a acceder al mercado de trabajo y a ejercer efectivamente una actividad por cuenta ajena (véanse, en particular, las sentencias de 11 de noviembre de 2004, Cetinkaya, C‑467/02, Rec. p. I‑10895, apartado 31, y Derin, antes citada, apartado 47).

27      El Tribunal de Justicia ha declarado que el derecho incondicional del interesado a acceder a cualquier actividad que elija libremente carecería de sentido si las autoridades nacionales competentes tuvieran la posibilidad de condicionar o de restringir de alguna manera la aplicación de los derechos concretos que la Decisión nº 1/80 reconoce directamente al emigrante turco (véase la sentencia de 16 de marzo de 2000, Ergat, C‑329/97, Rec. p. I‑1487, apartado 41).

28      De ello se desprende que los Estados miembros ya no disponen de la facultad de adoptar medidas en relación con la estancia susceptibles de obstaculizar el ejercicio de los derechos expresamente reconocidos por la Decisión nº 1/80 al interesado que reúne sus requisitos y que, por ello, se encuentra ya legalmente integrado en el Estado miembro de acogida (véase la sentencia Ergat, antes citada, apartado 42).

29      En particular, es importante no privar a esa persona de su derecho de residencia, precisamente en el momento en el que, gracias al libre acceso a un empleo de su elección, tiene la posibilidad de integrarse de forma duradera en el Estado miembro de acogida (véase, en este sentido, la sentencia Ergat, antes citada, apartado 43).

30      Así, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que las limitaciones a los derechos que el artículo 7, párrafo primero, de la Decisión nº 1/80 reconoce a los miembros de la familia de trabajadores turcos que reúnan los requisitos enunciados en el referido párrafo sólo pueden ser de dos tipos, a saber, o bien la presencia del emigrante turco en el territorio del Estado miembro de acogida constituye, por su comportamiento personal, un peligro real y grave para el orden público, la seguridad o la salud públicas, en el sentido del artículo 14, apartado 1, de la citada Decisión, o bien el interesado ha abandonado el territorio de dicho Estado durante un período de tiempo significativo y sin motivos legítimos (véanse las sentencias antes citadas Ergat, apartados 45, 46 y 48; Cetinkaya, apartados 36 y 38; Derin, apartado 54; sentencias de 7 de julio de 2005, Aydinli, C‑373/03, Rec. p. I‑6181, apartado 27; de 16 de febrero de 2006, Torun, C‑502/04, Rec. p. I‑1563, apartado 21, y de 4 de octubre de 2007, Polat, C‑349/06, Rec. p. I‑8167, apartado 21).

31      Sobre esta base, el Tribunal de Justicia ha llegado a la conclusión de que el nacional turco al que se le han reconocido derechos con arreglo al artículo 7 de la Decisión nº 1/80 no puede ser privado de ellos por no haber ejercido un empleo a causa de una condena a una pena privativa de libertad, incluso de varios años de duración dictada sin que se suspendiese la ejecución, ni porque en ningún momento haya adquirido derechos en materia de empleo y de residencia en virtud del artículo 6, apartado 1, de la referida Decisión. El Tribunal de Justicia ha declarado que, a diferencia de los trabajadores turcos a los que se aplica esta última disposición, la condición de miembros de su familia prevista en el artículo 7 de la antedicha Decisión no depende del ejercicio de una actividad por cuenta ajena (véase la sentencia Derin, antes citada, apartado 56).

32      En consecuencia, el hecho de que el interesado no estuviese a disposición del mercado de trabajo durante varios años no le impide basarse en lo dispuesto en el artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión nº 1/80 para reclamar un derecho de residencia en el Estado miembro de acogida (véase la sentencia Polat, antes citada, apartado 21).

33      Estas consideraciones se aplican a fortiori a un nacional turco, como el Sr. Er, que no ha abandonado el mercado de trabajo. El hecho de que, a la edad de 23 años, no ejerza aún ninguna actividad por cuenta ajena no constituye un obstáculo a la concesión de un derecho de residencia.

34      En efecto, un nacional turco que se ha reunido con sus padres en un Estado miembro en el marco de la reagrupación familiar y ha vivido con ellos desde la edad de dos años cumple los requisitos del artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión nº 1/80. Si, al alcanzar la edad de 23 años, no ha ejercido aún ninguna actividad por cuenta ajena, no pierde por ello su derecho de residencia. Al contrario, es importante no privarle de dicho derecho, sin el cual no podría acceder a ese tipo de actividad ni ejercer el derecho que le reconoce la referida disposición para permitirle una mayor integración en el Estado miembro de acogida.

35      Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que un nacional turco autorizado a entrar cuando era niño en el territorio de un Estado miembro en el marco de la reagrupación familiar y que ha adquirido el derecho a acceder libremente a cualquier actividad por cuenta ajena de su elección con arreglo al artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión nº 1/80 no pierde el derecho de residencia en dicho Estado, que es el corolario de ese derecho de libre acceso, aunque, a la edad de 23 años, no haya ejercido actividades por cuenta ajena desde que finalizó su formación escolar a la edad de 16 años y haya participado en programas estatales de ayuda al empleo sin haber, no obstante, llegado a concluir ninguno de ellos.

 Costas

36      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

Un nacional turco autorizado a entrar cuando era niño en el territorio de un Estado miembro en el marco de la reagrupación familiar y que ha adquirido el derecho a acceder libremente a cualquier actividad por cuenta ajena de su elección con arreglo al artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión nº 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo de la Asociación, adoptada por el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, no pierde el derecho de residencia en dicho Estado, que es el corolario de ese derecho de libre acceso, aunque, a la edad de 23 años, no haya ejercido actividades por cuenta ajena desde que finalizó su formación escolar a la edad de 16 años y haya participado en programas estatales de ayuda al empleo sin haber, no obstante, llegado a concluir ninguno de ellos.

Firmas


* Lengua de procedimiento: alemán.