Language of document : ECLI:EU:T:2011:720

Asunto T‑421/07

Deutsche Post AG

contra

Comisión Europea

«Ayudas de Estado — Medidas adoptadas por las autoridades alemanas en favor de Deutsche Post AG — Decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2 — Inexistencia de decisión definitiva anterior — Inadmisibilidad»

Sumario de la sentencia

Recurso de anulación — Actos recurribles — Actos que producen efectos jurídicos — Decisión de la Comisión de incoar un procedimiento de investigación formal de una medida estatal en fase de ejecución provisionalmente calificada de ayuda nueva — Acto recurrible — Decisión de la Comisión de incoar un procedimiento de investigación formal que se refiere a las mismas medidas que son objeto de una decisión de incoación anterior — Inadmisibilidad en caso de que no se haya dado por concluido el primer procedimiento

[Arts. 87 CE, ap. 1, 88 CE, aps. 2 y 3, y 203 CE; Reglamento (CEE) nº 659/1999 del Consejo, art. 7]

Sólo constituyen actos o decisiones susceptibles de ser objeto de un recurso de anulación, con arreglo al artículo 230 CE, las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de forma caracterizada su situación jurídica. Así sucede en el caso de una decisión de incoación del procedimiento de investigación formal de una ayuda de Estado, cuando la Comisión califica una medida que está aplicándose de ayuda nueva. Esta conclusión es válida no solamente en el caso de que la medida sea considerada una ayuda existente por las autoridades del Estado miembro correspondiente sino también en el caso de que estimen que no está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1.

En efecto, una decisión de incoación del procedimiento de investigación formal en relación con una medida que está aplicándose y que la Comisión califica como ayuda nueva, modifica necesariamente el alcance jurídico de la medida considerada y la situación jurídica de las empresas que son beneficiarias de la misma, especialmente en lo que respecta a la continuación de su ejecución. Tal decisión también podría invocarse ante un juez nacional que debería deducir todas las consecuencias derivadas de la infracción del artículo 88 CE, apartado 3, última frase. Finalmente, la decisión mencionada puede llevar a las empresas beneficiarias de la medida a rechazar en cualquier caso nuevos pagos o nuevas ventajas, o a hacer provisión de las cantidades necesarias para eventuales devoluciones posteriores. Los operadores comerciales también tendrían en cuenta, en sus relaciones con los citados beneficiarios, el debilitamiento de la situación jurídica y financiera de éstos.

En cambio, esa decisión no puede producir efectos jurídicos autónomos y, por lo tanto, no puede constituir una decisión recurrible en anulación, dado que se refiere a las mismas medidas que son objeto de una decisión de incoación anterior, en la medida en que no se haya dado por concluido el procedimiento de investigación formal de tales medidas, y que, en el marco de dicho procedimiento, la Comisión ya haya mencionado que las medidas controvertidas podían estar comprendidas en el ámbito de aplicación de la prohibición del artículo 87 CE, apartado 1.

En efecto, en ese caso los efectos jurídicos autónomos vinculados a un procedimiento de investigación formal ya se produjeron a raíz de la primera decisión de incoación.

(véanse los apartados 49 a 51, 61 y 63)