Language of document : ECLI:EU:F:2011:189

AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Tercera)

de 6 de diciembre de 2011

Asunto F‑85/11

Lis Wendelboe

contra

Comisión Europea

«Función pública — Funcionarios — Incidentes procesales — Excepción de inadmisibilidad — Denegación de promoción — Transferencia interinstitucional en el curso del ejercicio de promoción durante el cual el funcionario habría sido promovido en su institución de origen — Reclamación — Extemporaneidad — Inadmisibilidad»

Objeto:      Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante el que la Sra. Wendelboe solicita la anulación de la decisión de la Comisión de no promoverla al grado AST 5 a partir del 1 de marzo de 2009 en el ejercicio de promoción 2009.

Resultado:      Se declara la inadmisibilidad del recurso. La demandante cargará con la totalidad de las costas.

Sumario

1.      Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Decisión de retirar el nombre del interesado de la lista de funcionarios promovibles — Inclusión

(Estatuto de los Funcionarios, art. 90, ap. 2)

2.      Funcionarios — Recursos — Reclamación administrativa previa — Plazos — Caducidad de la acción — Reapertura — Requisito — Hecho nuevo — Sentencia de un órgano jurisdiccional de la Unión — Exclusión

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

1.      Una decisión por la que se retira el nombre del interesado de la lista de funcionarios promovibles como consecuencia de su transferencia a otra institución constituye un acto lesivo dado que produce efectos jurídicos vinculantes que pueden afectar directamente y de forma inmediata a sus intereses, modificando de manera caracterizada su situación jurídica. En efecto, al retirar el nombre de un funcionario de la lista de funcionarios promovibles, la institución tomó una decisión que impide la adopción de cualquier decisión de promoción ulterior, en virtud del ejercicio en cuestión, ya que un funcionario no puede ser promovido si no está previamente incluido en la lista de funcionarios promovibles.

(véase el apartado 21)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: 28 de septiembre de 2011, AZ/Comisión (F‑26/10), apartados 83 y 84

2.      Los plazos previstos en los artículos 90 y 91 del Estatuto, establecidos para garantizar la claridad y la seguridad de las relaciones jurídicas, son de orden público y no pueden quedar al arbitrio ni de las partes ni del juez.

Una sentencia de anulación de un órgano jurisdiccional de la Unión no puede constituir un hecho nuevo que permita la reapertura de los plazos de reclamación o de recurso, salvo en lo que respecta, por un lado, a las partes en el procedimiento y, por otro, a otras personas directamente afectadas por el acto anulado.

La constatación, en una sentencia de un órgano jurisdiccional de la Unión, de que una resolución administrativa de alcance general vulnera el Estatuto no puede constituir, para aquellos funcionarios que no hicieron uso en tiempo útil de las posibilidades de recurrir que les brinda el Estatuto, un hecho nuevo que justifique la presentación de una solicitud para que se reconsideren las resoluciones individuales adoptadas por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos que les afectan.

(véanse los apartados 26 a 28)

Referencia:

Tribunal de Justicia: 13 de noviembre de 1986, Becker/Comisión (232/85), apartado 8

Tribunal de Primera Instancia: 9 de febrero de 2000, Gómez de la Cruz Talegón/Comisión (T‑165/97), apartado 51; 17 de mayo de 2006, Lavagnoli/Comisión (T‑95/04), apartado 41

Tribunal de la Función Pública: 13 de diciembre de 2007, Soares/Comisión (F‑130/05), apartado 52; 11 de junio de 2009, Ketselidou/Comisión (F‑81/08), apartados 46 y 47, y la jurisprudencia citada; 28 de junio de 2011, Mora Carrasco y otros/Parlamento (F‑128/10)