Language of document : ECLI:EU:C:2013:197

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PAOLO MENGOZZI

presentadas el 21 de marzo de 2013 (1)

Asunto C‑86/12

Adzo Domenyo Alokpa,

Jarel Moudoulou,

Eja Moudoulou

contra

Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

[Petición de decisión prejudicial
planteada por la Cour administrative (Luxemburgo)]

«Ciudadanía de la Unión – Artículos 20 TFUE y 21 TFUE – Directiva 2004/38/CE – Derecho de residencia – Menores de edad nacionales de un Estado miembro a cargo de un ascendiente nacional de un Estado tercero – Negativa de un Estado miembro a autorizar la residencia, a conceder un permiso de residencia y un permiso de trabajo – Consecuencias para el disfrute efectivo de los derechos asociados a la condición de ciudadano de la Unión»





I.      Introducción

1.        La presente petición de decisión prejudicial, planteada por la Cour administrative (Luxemburgo), versa sobre la interpretación del artículo 20 TFUE, a la luz, en su caso, de los derechos fundamentales, aunque su objeto principal se refiere al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Directiva 2004/38/CE. (2)

2.        La cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia se suscitó en el marco de un litigio entre la Sra. Alokpa, nacional de Togo, y sus dos hijos, nacidos en Luxemburgo y con nacionalidad francesa, por un lado, y el Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration luxemburgués, por otro, en relación con una decisión de éste por la que, por una parte, se denegó a la Sra. Alokpa el derecho de residencia en Luxemburgo y, por otra, se le ordenó abandonar el territorio luxemburgués.

3.        Más concretamente, después de que su solicitud de protección internacional hubiera sido denegada por las autoridades y los órganos jurisdiccionales de Luxemburgo, la Sra. Alokpa solicitó la concesión del estatuto de tolerancia, que en un primer momento fue también denegado. Sin embargo, a raíz del nacimiento prematuro de sus gemelos en Luxemburgo (Luxemburgo) el 17 de agosto de 2008, la Sra. Alokpa obtuvo dicho estatuto hasta el 31 de diciembre de 2008. Algunos días después de su nacimiento, los gemelos fueron reconocidos por el Sr. Moudoulou, nacional francés, y obtuvieron pasaporte y documento de identidad franceses en los días 15 de mayo y el 4 de junio de 2009 respectivamente.

4.        Con objeto de regularizar su situación la demandante en el procedimiento principal presentó el 6 de mayo de 2010 ante las autoridades luxemburguesas una solicitud de permiso de residencia en su condición de miembro de la familia de ciudadanos de la Unión Europea. Después de que la Sra. Alokpa aportase información complementaria sobre los motivos que le impedían establecerse con sus hijos en territorio francés, en donde reside el padre de los menores, dichas autoridades desestimaron esa solicitud mediante decisión de 14 de octubre de 2010, destacando que ni la Sra. Alokpa ni sus hijos cumplían los requisitos establecidos en la ley luxemburguesa por la que se traspone la Directiva 2004/38. Además, la decisión señaló que el seguimiento médico de los menores podía realizarse perfectamente en Francia.

5.        Después de que el Tribunal administratif (Tribunal de lo contencioso‑administrativo) declarase infundado el recurso de anulación de las mencionadas decisiones interpuesto por la Sra. Alokpa, en su propio nombre y en el de sus hijos, mediante sentencia de 21 de septiembre de 2011, las demandantes en el litigio principal interpusieron recurso de apelación contra esta resolución ante la Cour administrative (Tribunal de lo contencioso‑administrativo).

6.        El órgano jurisdiccional remitente señala, en primer lugar, que la Sra. Alokpa y sus hijos han llevado una vida familiar en común en un hogar de acogida luxemburgués, y se hallan, por tanto, a cargo del Estado, sin que hayan mantenido ningún contacto con el padre. Indica, no obstante, que la Sra. Alokpa dispone de una oferta de empleo por tiempo indefinido en Luxemburgo, que sólo se frustraría si careciera de un permiso de residencia y de un permiso de trabajo.

7.        En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente observa que la situación de los menores presenta características comunes con el caso que dio lugar a la sentencia Ruiz Zambrano, (3) indicando sin embargo que los hijos de la Sra. Alokpa no residen en el territorio del Estado miembro del que son nacionales.

8.        En este contexto, la Cour administrative decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«¿Deben interpretarse el artículo 20 TFUE, en su caso, en relación con los artículos 20, 21, 24, 33 y 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales [de la Unión Europea; en lo sucesivo, «Carta»], o alguno o algunos de ellos, interpretados independiente o conjuntamente, en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro, por un lado, deniegue a un nacional de un Estado tercero, que asume en solitario el cuidado de sus hijos de corta edad, ciudadanos de la Unión, la residencia en el Estado miembro de residencia de éstos en donde viven con él desde su nacimiento, sin que tengan la nacionalidad de ese Estado miembro, y, por otro, deniegue a dicho nacional de un Estado tercero un permiso de residencia o un permiso de trabajo?

¿Debe considerarse que tales decisiones pueden privar a dichos menores, en su país de residencia en el que han vivido desde su nacimiento, del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión también en el caso de que su otro ascendiente en línea directa, con el que nunca han llevado una vida familiar común, resida en otro Estado de la Unión, del que es nacional?»

9.        La Sra. Alokpa y los Gobiernos luxemburgués, belga, checo, alemán, griego, lituano, neerlandés y polaco, así como la Comisión Europea presentaron observaciones escritas. Estas partes fueron también oídas en la vista, que se celebró el 17 de enero de 2013, a excepción de los Gobiernos belga, checo, griego, lituano y polaco, que no estuvieron representados.

II.    Análisis jurídico

A.      Observaciones preliminares

10.      El órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente, por una parte, si un nacional de un tercer país, que asume en solitario el cuidado de sus hijos de corta edad, que son ciudadanos de la Unión nacidos en un Estado miembro distinto del Estado del que tienen la nacionalidad y que nunca han ejercido su derecho de libre circulación, puede inferir de este último un derecho derivado de residencia en el sentido del artículo 20 TFUE, y si, por otra parte, una decisión denegatoria de dicha residencia y que le obliga a abandonar el territorio luxemburgués puede privar a dichos menores del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión.

11.      Para responder adecuadamente a la primera parte de la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, considero que es preciso comenzar por refutar su afirmación, compartida por los Gobiernos belga y alemán en sus observaciones escritas, de que, al igual que la situación que dio lugar a la sentencia Ruiz Zambrano, antes citada, en el caso de autos se trata de una situación «puramente interna».

12.      En efecto, de la referida sentencia Ruiz Zambrano y de las sentencias McCarthy y Dereci y otros (4) se desprende que el artículo 20 TFUE, mencionado en la cuestión prejudicial, ha de tomarse en consideración cuando no existe un elemento transfronterizo efectivo, en la situación de ciudadanos de la Unión que residen en el Estado miembro del que poseen la nacionalidad y que no han ejercido nunca su derecho a la libre circulación.

13.      Pues bien, en el litigio principal, los hijos de la Sra. Alokpa, ambos ciudadanos de la Unión, residen en un Estado miembro del que no son nacionales.

14.      Por tanto, este supuesto puede asimilarse al que dio lugar a la sentencia Zhu y Chen, (5) en la que el Tribunal de Justicia consideró que la situación de un menor de corta edad, ciudadano de la Unión, que residía en un Estado miembro distinto del Estado de su nacionalidad y que no había ejercitado su derecho a la libre circulación, estaba comprendida, sin embargo, en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de libre circulación de personas, (6) en particular, las de la Directiva 90/364/CEE, (7) que fue sustituida y derogada por la Directiva 2004/38.

15.      El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38 dispone asimismo que dicha Directiva se aplicará en particular a cualquier ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, que es la situación de los hijos de la Sra. Alokpa.

16.      Por consiguiente, procede examinar, en primer término, si, a la luz de las circunstancias del litigio principal, los menores de corta edad, ciudadanos de la Unión, que residen en un Estado miembro del que no tienen la nacionalidad cumplen los requisitos establecidos en la Directiva 2004/38, en particular en los exigidos por su artículo 7, apartado 1, letra b). En segundo término, habrá que comprobar si su madre, en su condición de ascendiente en línea directa, nacional de un Estado tercero, puede invocar un derecho de residencia derivado. (8)

17.      Por tanto, para dar una respuesta adecuada al órgano jurisdiccional remitente, procede, como permite la jurisprudencia, reformular la primera parte de la cuestión prejudicial en el sentido de que se refiere a la interpretación de la Directiva 2004/38, que también se menciona en la petición de decisión prejudicial, y sobre la que se basaron esencialmente las observaciones de los Gobiernos luxemburgués, checo, griego, lituano, neerlandés y polaco así como de la Comisión. (9)

B.      Sobre la primera parte de la cuestión prejudicial relativa al cumplimiento de los requisitos de la Directiva 2004/38

18.      Para responder a la cuestión reformulada, es preciso recordar que el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38 prevé que todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses si dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida.

19.      Como el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Zhu y Chen, antes citada, a propósito de la disposición de la Directiva 90/364, idéntica en esencia al artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38, basta con que los nacionales de los Estados miembros «dispongan» de los recursos necesarios, sin que esta disposición implique la más mínima exigencia en cuanto a su procedencia. (10)

20.      Por consiguiente, para cumplir el requisito de los «recursos suficientes» establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38, no es necesario que el ciudadano de la Unión disponga por sí mismo de tales recursos, pudiendo disfrutar de un derecho de residencia aunque los recursos de que se trata procedan de un miembro de su familia, ascendiente en línea directa que se ocupe del cuidado de dicho ciudadano.

21.      Sin embargo, de la resolución de remisión se desprende que, a diferencia de la situación controvertida en el litigio principal que dio lugar a la sentencia Zhu y Chen, (11) los hijos de la Sra. Alokpa no disponen de ningún medio de subsistencia, por lo que están totalmente a cargo, junto con su madre, del Gran Ducado de Luxemburgo, en cuyo territorio residen los tres demandantes en el litigio principal en un hogar de acogida.

22.      Tal como afirmaron varias de las partes interesadas ante el Tribunal de Justicia, no parece que los hijos de la Sra. Alokpa cumplan, por tanto, los requisitos de disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38.

23.      No obstante, de la resolución de remisión también se deduce que la Sra. Alokpa nunca tuvo intención de resultar una carga para el Estado luxemburgués y que había recibido una oferta de empleo para un trabajo por tiempo indefinido en Luxemburgo, supeditada únicamente a la condición de que obtuviese un permiso de residencia y un permiso de trabajo en Luxemburgo. A este respecto, procede recordar que la Sra. Alokpa aportó una copia de dicha oferta de empleo durante el procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente.

24.      Procede verificar, en este punto, la pertinencia de esa oferta de empleo y por tanto la posibilidad de tenerla en cuenta, a efectos del cumplimiento del requisito de «recursos suficientes» exigido por el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38, recursos que no son actuales sino futuros o potenciales.

25.      Esta cuestión ha sido debatida ampliamente por las partes interesadas en la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia.

26.      En esa ocasión, los Gobiernos luxemburgués y neerlandés adoptaron una interpretación restrictiva del requisito establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38, estimando que una mera oferta de empleo no constituye más que una posibilidad hipotética de obtener los recursos requeridos, lo cual no está comprendido en el tenor de esta disposición. Según dichos Gobiernos, los medios de subsistencia deben haberse adquirido ya en el momento de presentar la solicitud de residencia, ya que cualquier interpretación en sentido contrario tendría como consecuencia privar de sentido y efecto útil a la exigencia prevista en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva.

27.      En el ámbito de los principios, esta tesis no me convence.

28.      En efecto, considero, al igual que el Gobierno alemán y la Comisión, que el requisito de los «recursos suficientes» puede cumplirse por la perspectiva concreta de recursos futuros procedentes de una oferta de empleo a la que un ciudadano de la Unión o un miembro de su familia haya respondido con éxito en otro Estado miembro. La interpretación contraria llevaría a privar de efecto útil la libre circulación de ciudadanos de la Unión, siendo así que el objetivo de la Directiva 2004/38 es precisamente reforzar el derecho a la libre circulación.

29.      Además, en lo que respecta a la cuantía de los recursos suficientes, el artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2004/38 obliga a los Estados miembros a tener en cuenta la situación personal del interesado. En consecuencia, al tomar en consideración la situación concreta de una persona, no cabe prescindir de la circunstancia de que ha recibido una oferta de empleo del que podrá percibir ingresos que le permitirán dar cumplimiento al requisito establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38. Toda interpretación contraria daría lugar a un trato no equitativo de las situaciones individuales de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias, que privaría de sentido al artículo 8, apartado 4, de dicha Directiva.

30.      Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente debería, en principio, examinar la oferta de empleo por tiempo indefinido recibida por la Sra. Alokpa con el fin de comprobar si sus hijos, ciudadanos de la Unión, disponen de «recursos suficientes» en el sentido de la Directiva 2004/38.

31.      Sin embargo, este examen podría chocar con las normas procesales nacionales en la medida en que, como ya he señalado, esta oferta se aportó únicamente durante el procedimiento en el marco del recurso de anulación interpuesto por la Sra. Alokpa y sus hijos ante los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo luxemburgueses. Por consiguiente, para efectuar dicho examen, el órgano jurisdiccional remitente debería estar facultado para verificar la legalidad de las decisiones impugnadas ante él a la luz de hechos posteriores a su adopción. (12)

32.      Además, como indicó acertadamente el Gobierno alemán en la vista, la Directiva 2004/38 no contiene ninguna disposición particular que permita excluir la aplicación de las normas procesales nacionales.

33.      En consecuencia, incumbe al órgano jurisdiccional remitente apreciar si dichas normas le conceden la posibilidad de tener en cuenta la oferta de empleo aportada durante el procedimiento por la Sra. Alokpa, habida cuenta de los principios consolidados de equivalencia y efectividad. (13)

34.      De no ser así y si, en consecuencia, no se cumplieran los requisitos del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38, cabría interrogarse, sin embargo, sobre la posibilidad de que las disposiciones de la Carta, a las que el órgano jurisdiccional remitente hace referencia, pueden llevar a flexibilizar o incluso prescindir de dichos requisitos, en particular con objeto de asegurar que se tenga en cuenta el interés superior del menor (artículo 24 de la Carta) y el respeto de la vida familiar (artículos 7 y 33 de la Carta).

35.      Esta hipótesis parece difícilmente concebible puesto que supondría hacer abstracción de los límites establecidos en el artículo 21 TFUE al derecho de los ciudadanos de la Unión de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (14) y, por lo tanto, llevaría, a mi juicio, a modificar las competencias y misiones definidas en los Tratados, vulnerando el artículo 51, apartado 2, de la Carta.

36.      En estas circunstancias, no procede preguntarse sobre un eventual derecho de residencia derivado de la Sra. Alokpa en Luxemburgo, puesto que sus hijos, ciudadanos de la Unión, no se atienen a los requisitos establecidos en la Directiva 2004/38.

37.      En el caso de que el órgano jurisdiccional remitente pudiera tener en cuenta la oferta de empleo recibida por la Sra. Alokpa y, por tanto, los recursos futuros o potenciales de sus hijos, y que, no obstante, albergase dudas sobre la suficiencia de dichos recursos, deberían tomarse en consideración las disposiciones de la Carta para evaluar la situación personal de los hijos, en particular a la luz de los vínculos que pudieran haber desarrollado con el Gran Ducado de Luxemburgo desde su nacimiento en el territorio de este Estado miembro.

38.      Si el órgano jurisdiccional remitente hubiera de considerar que los hijos de la Sra. Alokpa cumplen los requisitos del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38, se plantearía entonces la cuestión del derecho derivado del que disfrutaría su madre.

39.      En lo que respecta a los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión, el artículo 2, apartado 2, letra d), de la Directiva 2004/38, sólo menciona a «los ascendientes directos a cargo […]» del ciudadano de la Unión, e indudablemente la Sra. Alokpa no lo es.

40.      En la sentencia Zhu y Chen, antes citada, dictada varios meses después de la adopción de la Directiva 2004/38 en una situación muy similar a la controvertida en el litigio principal, el Tribunal de Justicia consideró que la madre de una ciudadana de la Unión de corta edad no podía invocar la condición de ascendiente «a cargo» en el sentido de la Directiva 90/364, con el fin de disfrutar de un derecho de residencia en el Estado miembro de acogida. (15)

41.      En cambio, el Tribunal de Justicia se apartó del rigor de este requisito, que ya estaba presente en el texto de la Directiva 90/364 (16) sobre la que tuvo que pronunciarse, declarando que «cuando […] el artículo 18 CE [actualmente artículo 21 TFUE] y la Directiva 90/364 confieren un derecho de residencia por tiempo indefinido en el Estado miembro de acogida a un menor de edad nacional de otro Estado miembro, estas mismas disposiciones permiten que el progenitor que se encarga del cuidado efectivo de dicho nacional resida con él en el Estado miembro de acogida». (17)

42.      Por tanto, en virtud de la referida sentencia Zhu y Chen, la Sra. Alokpa podría beneficiarse de un derecho de residencia derivado en Luxemburgo, basado tanto en el artículo 21 TFUE como en las disposiciones de la Directiva 2004/38.

43.      Sin embargo, en la sentencia Iida, antes citada, el Tribunal de Justicia interpretó que el derecho derivado de un nacional de un Estado tercero, ascendiente en línea directa y no dependiente de un ciudadano de la Unión de corta edad, mencionado en la sentencia Zhu y Chen, antes citada, no está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/38, sino que se basa únicamente en el artículo 21 TFUE. (18)

44.      En mi opinión, este enfoque hace más coherente el marco jurídico aplicable a los nacionales de Estados terceros, ascendientes en línea directa y no dependientes de ciudadanos de la Unión de corta edad, que están amparados por las disposiciones de la Directiva 2004/38. En efecto, si se considera que tales ascendientes en línea directa no cumplen el requisito de estar «a cargo» del ciudadano de la Unión, lo que significa que no están incluidos en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 2004/38, no se entiende por qué motivo el derecho de residencia derivado del que pueden disfrutar en el Estado miembro de acogida debería basarse en las disposiciones de dicha Directiva.

45.      Así pues, es más lógico, como consideró el Tribunal de Justicia en la sentencia Iida, antes citada, fundamentar ese derecho de residencia derivado directa y exclusivamente en el Derecho primario de la Unión, a saber, en el artículo 21 TFUE.

46.      Por consiguiente, cabe concluir que, en el caso de que el órgano jurisdiccional remitente considere que los hijos de la Sra. Alokpa, al poder ampararse en los nuevos datos aportados al procedimiento, cumplen los requisitos del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38, su madre podría disfrutar, sobre la base del artículo 21 TFUE, de un derecho de residencia derivado en Luxemburgo, en su condición de ascendiente en línea directa que se ocupa del cuidado efectivo de sus hijos, ciudadanos de la Unión.

47.      A la luz de estas consideraciones, propongo responder a la primera parte de la cuestión prejudicial en el sentido de que los menores de corta edad, ciudadanos de la Unión, que están a cargo de un ascendiente en línea directa, no dependiente, que se ocupa de su cuidado efectivo, pueden invocar las disposiciones de la Directiva 2004/38 con objeto de que dicho ascendiente, nacional de un Estado tercero, pueda disfrutar de un derecho de residencia derivado en el territorio de un Estado miembro del que dichos menores no son nacionales. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar si concurren los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, tomando en consideración la situación personal de los ciudadanos de la Unión interesados, incluyendo, en su caso, los recursos futuros o potenciales procedentes de una oferta de empleo recibida por el ascendiente en línea directa, como la controvertida en el litigio principal, habida cuenta de los límites establecidos en las normas procesales nacionales y de las exigencias derivadas de los principios de equivalencia y de efectividad.

C.      Sobre la segunda parte de la cuestión prejudicial relativa a la pérdida del disfrute del contenido esencial de los derechos vinculados a la ciudadanía de la Unión

48.      En la segunda parte de su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende esencialmente que se dilucide si la jurisprudencia derivada de la sentencia Ruiz Zambrano, antes citada, puede aplicarse en el caso de que la Sra. Alokpa y sus hijos, nacionales franceses, deban abandonar el territorio luxemburgués, siendo así que el padre de estos últimos, con el que nunca han llevado una vida familiar en común, reside en Francia, país del que es también nacional.

49.      Como ya se ha indicado, la situación de los hijos de la Sra. Alokpa está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, en particular, de las disposiciones de la Directiva 2004/38.

50.      Por consiguiente, el artículo 20 TFUE, tal como lo interpretó el Tribunal de Justicia en la sentencia Ruiz Zambrano, antes citada, no es aplicable a una situación como la del litigio principal, tanto más cuanto que, a partir del momento en que los dos ciudadanos de la Unión menores de edad se desplazan a otro Estado miembro, incluso a aquel del que son nacionales, hay que considerar que ejercitan también su libertad de circulación, por lo que su situación está comprendida, con mayor motivo, en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/38.

51.      Aunque el artículo 20 TFUE no sea aplicable, ello no priva en absoluto de pertinencia a la segunda parte de la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, ya que una de las decisiones que dio lugar al litigio principal obliga a la Sra. Alokpa y, de hecho, a sus hijos, a abandonar el territorio luxemburgués y crea un riesgo, cuando menos potencial, de expulsión de ciudadanos de la Unión del territorio de ésta.

52.      En consecuencia, procede verificar si la ejecución de dicha decisión tendría el efecto, en el sentido de las sentencias Ruiz Zambrano y Dereci y otros, antes citadas, de obligar de hecho a ciudadanos de la Unión a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto (19) privándoles del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por su estatuto. (20)

53.      A este respecto, la alegación de los demandantes en el litigio principal, reiterada en la vista, según la cual la Sra. Alokpa se veía imposibilitada de desplazarse y residir en Francia con sus hijos, por lo que estaba obligada a volver a Togo, lo que probablemente indujo al órgano jurisdiccional remitente a mencionar en su cuestión la situación del padre de los menores en cuestión, me deja perplejo.

54.      En efecto, hay que tener presente que, como nacionales franceses, los hijos de la Sra. Alokpa disfrutan del derecho incondicional de entrar y residir en el territorio francés, en particular sobre la base del artículo 21 TFUE y de un principio de Derecho internacional, reafirmado en el artículo 3 del Protocolo nº 4 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950. (21)

55.      Por tanto, la decisión de las autoridades luxemburguesas por la que se conmina a la Sra. Alokpa y, de hecho, a sus hijos, a abandonar el territorio del Gran Ducado de Luxemburgo no puede obligarles a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto. Por tanto, como madre y persona que tiene a su cargo exclusivo el cuidado efectivo de los menores desde su nacimiento, la Sra. Alokpa puede beneficiarse por sí misma de un derecho derivado de residencia en el territorio francés.

56.      En estas circunstancias, no es concebible que las autoridades francesas puedan oponerse a que la Sra. Alokpa acompañe a sus hijos al Estado miembro del que son nacionales y resida allí con ellos, tanto más cuanto que es la única persona con la que han llevado una vida familiar desde su nacimiento. (22) Cualquier solución distinta privaría de efecto útil a los derechos vinculados al disfrute pleno e íntegro del estatuto fundamental de ciudadano de la Unión.

57.      Por otra parte, una decisión de expulsión del territorio luxemburgués, teniendo en cuenta la proximidad geográfica de los dos Estados miembros afectados, no impediría necesariamente a la Sra. Alokpa aceptar la oferta de empleo que ha recibido de un empresario luxemburgués, puesto que podría, por ejemplo, ejercer su actividad por cuenta ajena como trabajadora fronteriza, al igual que otros miles de residentes en Francia.

58.      De ello se deduce que no puede considerarse que una decisión de las autoridades administrativas luxemburguesas que conmina a la Sra. Alokpa y, de hecho, a sus hijos, a abandonar el territorio luxemburgués, les obligue a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto, privándoles del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por su estatuto de ciudadanos de la Unión, puesto que es incuestionable que gozan del derecho incondicional de desplazarse y residir en el territorio del Estado miembro del que son nacionales, derecho que requiere, para mantener su efecto útil, que se reconozca un derecho de residencia derivado en Francia a la Sra. Alokpa en su condición de persona que tiene a su cargo exclusivo el cuidado efectivo de los menores y con la que han llevado una vida familiar en común desde su nacimiento.

III. Conclusión

59.      A la vista de las consideraciones que preceden, propongo que se responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour administrative del modo siguiente:

«Los menores de corta edad, ciudadanos de la Unión Europea, que están a cargo de un ascendiente en línea directa, no dependiente, que se ocupa de su cuidado efectivo, pueden invocar las disposiciones de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, con objeto de que dicho ascendiente, nacional de un Estado tercero, pueda disfrutar de un derecho de residencia derivado en el territorio de un Estado miembro del que dichos menores no son nacionales. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar si concurren los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, tomando en consideración la situación personal de los ciudadanos de la Unión interesados, incluyendo, en su caso, los recursos futuros o potenciales procedentes de una oferta de empleo recibida por el ascendiente en línea directa, como la controvertida en el litigio principal, habida cuenta de los límites establecidos en las normas procesales nacionales y de las exigencias derivadas de los principios de equivalencia y de efectividad.

No puede considerarse que una decisión de un Estado miembro por la que se conmina a abandonar su territorio a un nacional de un Estado tercero, ascendiente en línea directa y que se halla a cargo del cuidado efectivo de menores de corta edad, ciudadanos de la Unión que poseen la nacionalidad de otro Estado miembro, obligue a dichos ciudadanos a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto, privándoles del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por su estatuto, puesto que dichos ciudadanos gozan del derecho incondicional de desplazarse y residir en el territorio del Estado miembro del que son nacionales, derecho que requiere, para mantener su efecto útil, que se reconozca un derecho de residencia derivado en este último Estado miembro a dicho ascendiente en línea directa, en su condición de persona que tiene a su cargo exclusivo el cuidado efectivo de los menores y con la que han llevado una vida familiar en común desde su nacimiento.»


1 – Lengua original: francés.


2 – Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77).


3 – Sentencia de 8 de marzo de 2011 (C‑34/09, Rec. p. I‑1177).


4 – Véanse, respectivamente, las sentencias Ruiz Zambrano, antes citada, apartados 36, 38 y 39, de 5 de mayo de 2011, McCarthy (C‑434/09, Rec. p. I‑3375), apartado 48, y de 15 de noviembre de 2011, Dereci y otros (C‑256/11, Rec. p. I‑11315), apartado 63.


5 – Sentencia de 19 de octubre de 2004 (C‑200/02, Rec. p. I‑9925).


6 – Ibidem, apartados 19, 20 y 25 a 27.


7 – Directiva del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia (DO L 180, p. 26).


8 – Según reiterada jurisprudencia, los derechos conferidos por la Directiva 2004/38 a los miembros de la familia nacionales de un país tercero de un ciudadano de la Unión beneficiario de las disposiciones de esta Directiva no son derechos propios de esos nacionales sino derechos derivados del ejercicio de la libertad de circulación por parte de un ciudadano de la Unión: véanse, en este sentido, las sentencias McCarthy, antes citada, apartado 42, y Dereci y otros, antes citada, apartado 55, y la sentencia de 8 de noviembre de 2012, Iida (C‑40/11), apartado 67.


9 – Según reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia puede facilitar al órgano jurisdiccional remitente los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que puedan serle útiles para enjuiciar el asunto de que conoce con independencia de que ese órgano jurisdiccional haya hecho o no referencia a ellos en el enunciado de sus cuestiones (véase, en particular, la sentencia de 8 de noviembre de 2007, ING. AUER, C‑251/06, Rec. p. I‑9689, apartado 38 y jurisprudencia citada). Así, en virtud de esta jurisprudencia, en el asunto McCarthy, antes citado, aunque el órgano jurisdiccional remitente había solicitado únicamente la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2004/38, el Tribunal de Justicia, después de constatar que el asunto principal no estaba comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, basó su respuesta en el artículo 21 TFUE. Además, siguiendo esta misma jurisprudencia, en la sentencia de 6 de diciembre de 2012, O y otros (C‑356/11 y C‑357/11), el Tribunal de Justicia, en su respuesta al órgano jurisdiccional nacional, tomó en consideración las disposiciones de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO L 251, p. 12), aunque dicho órgano jurisdiccional sólo se había referido en sus cuestiones al artículo 20 TFUE.


10 – Apartado 30 de la sentencia.


11 – Ibidem, apartado 28.


12 – A todos los efectos útiles, esta consideración no se refiere al procedimiento administrativo pendiente, mencionado en la vista por el abogado de los demandantes en el litigio principal y por el Gobierno luxemburgués, relativo a la solicitud del derecho a residir presentada por la Sra. Alokpa en su condición de trabajadora por cuenta ajena, interpuesto a comienzos del año 2012 ante las autoridades luxemburguesas.


13 – Estos dos principios limitan la autonomía procesal de los Estados miembros, de forma que se aplican normas procesales nacionales a situaciones sujetas al Derecho de la Unión, siempre que, sin embargo, tales normas no sean menos favorables que las aplicables a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad): véase en este sentido, en particular, la sentencia de 28 de febrero de 2012, Inter‑Environnement Wallonie y Terre wallonne (C‑41/11), apartado 45 y jurisprudencia citada.


14 – Procede recordar que el artículo 21 TFUE, apartado 1, prevé que ese derecho existe «con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación» y, por consiguiente, las previstas en la Directiva 2004/38.


15 – Apartado 44 de la sentencia.


16 – Véase el artículo 1, apartado 2, letra b), de la Directiva 90/364.


17 – Sentencia Zhu y Chen, antes citada, apartado 46 (el subrayado es mío).


18 – Sentencia Iida, antes citada, apartados 55, 69 y 72.


19 – Véase, en este sentido, la sentencia Dereci y otros, antes citada, apartado 66.


20 – Sentencias antes citadas, Ruiz Zambrano, apartados 43 y 44, y Dereci y otros, apartado 65.


21 – Véase, en este sentido, la sentencia McCarthy, antes citada, apartado 29 y jurisprudencia citada.


22 – Además, la residencia de los menores en territorio francés podría facilitar una eventual aproximación de su padre, de forma que pudieran mantener con él relaciones personales habituales, circunstancia que debería tomarse en consideración en el interés superior de los menores, conforme a lo dispuesto en la Carta; véase, en este sentido, la sentencia O y otros, antes citada, apartado 76.