Language of document : ECLI:EU:T:1997:131

AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 17 de septiembre de 1997 (1)

«Recurso de anulación - Derogación con efectos retroactivos del acto impugnado - Sobreseimiento»

En el asunto T-26/97,

Antillean Rice Mills NV, sociedad de las Antillas neerlandesas, con domicilio social en Bonaire (Antillas neerlandesas), representada por los Sres. W. Knibbeler, Abogado de Amsterdam, y K.J. Defares, Abogado de Rotterdam, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me M. Loesch, 11, rue Goethe,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. T. van Rijn, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto una petición de anulación del Reglamento (CE) n. 21/97 de la Comisión, de 8 de enero de 1997, por el que se adoptan medidas de salvaguardia respecto a la importación de arroz originario de los países y territorios de Ultramar (DO L 5, p. 24),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente; la Sra. P. Lindh y el Sr. J.D. Cooke, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente

Auto

1.
    El 8 de enero de 1997, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) n. 21/97 por el que se adoptan medidas de salvaguardia respecto a la importación de arroz originario de países y territorios de Ultramar (en lo sucesivo, «Reglamento n. 21/97»). Dicho Reglamento era aplicable, con arreglo al párrafo segundo de su artículo 7, del 1 de enero al 30 de abril de 1997.

2.
    Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de febrero de 1997, la demandante interpuso un recurso de anulación contra el citado Reglamento. Dicho recurso se registró con el número T-26/97.

3.
    Mediante escrito separado, presentado el mismo día en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, la demandante formuló una demanda de medidas provisionales con arreglo a los artículos 185 y 186 del Tratado CE. Dicha demanda se registró con el número T-26/97 R y fue archivada, haciéndolo constar en el Registro del Tribunal de Primera Instancia, mediante auto del Presidente del Tribunal de 20 de marzo de 1997, que reservó en dicha ocasión su decisión sobre las costas.

4.
    En apoyo de su recurso de anulación, la demandante invocó cuatro motivos. El primer motivo se basa en una infracción del apartado 1 del artículo 133 del Tratado y del apartado 1 del artículo 101 de la Decisión 91/482/CEE del Consejo,de 25 de julio de 1991, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Económica Europea (DO L 263, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión PTU»). El segundo motivo se basa en una infracción del apartado 1 del artículo 109 de la Decisión PTU. El tercer motivo se basa en una infracción del apartado 2 del artículo 109 de la Decisión PTU. El cuarto y último motivo se basa en una violación del principio de adecuada preparación de los actos y del artículo 190 del Tratado.

5.
    El 17 de febrero de 1997, el Consejo adoptó, con arreglo al apartado 7 del artículo 1 del Anexo IV de la Decisión PTU, el Reglamento (CE) n. 304/97, por el que se adoptan medidas de salvaguardia respecto a la importación de arroz originario de países y territorios de Ultramar (DO L 51, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento n. 304/97»).

6.
    A tenor del apartado 1 de su artículo 7, dicho Reglamento deroga el Reglamento n. 21/97 de la Comisión. Dicho Reglamento era aplicable, en virtud del párrafo segundo de su artículo 8, con efectos retroactivos, del 1 de enero al 30 de abril de 1997, excepto por lo que respecta al segundo guión de la letra a) del apartado 1 del artículo 1, que era aplicable únicamente a partir de la entrada en vigor del Reglamento, el 21 de febrero de 1997, día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

7.
    Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de febrero de 1997, la demandante interpuso un recurso de anulación contra el citado Reglamento. Dicho recurso se registró con el número T-41/97.

8.
    La demandante invoca, en apoyo de su recurso, cuatro motivos que son idénticos a los invocados en el asunto T-26/97.

9.
    Mediante escrito de 10 de marzo de 1997, presentado en al Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de marzo de 1997, la Comisión solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declarase que el recurso en el asunto T-26/97 carecía de objeto, a raíz de la adopción del Reglamento n. 304/97, señalando que dicho Reglamento era aplicable con carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 1997 y que derogaba el Reglamento n. 21/97.

10.
    Mediante escrito de 17 de marzo de 1997, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de marzo de 1997, la demandante se opuso a la petición de la Comisión alegando que no estaba acreditado que la disposición del Reglamento n. 304/97, que deroga con efectos retroactivos el Reglamento n. 21/97, hubiese sido adoptada de conformidad con las normas del Anexo IV de la Decisión PTU.

11.
    El Tribunal de Primera Instancia considera que el escrito de la Comisión de 10 de marzo de 1997 promueve un incidente procesal que procede resolver sincelebración de fase oral, con arreglo al apartado 3 del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento.

12.
    Dado que la alegación de la demandante debe entenderse en el sentido de que el recurso en el asunto T-26/97 no ha quedado sin objeto, en la medida en que no es seguro que el Reglamento n. 21/97 haya sido derogado por el Reglamento n. 304/97, ya que no está demostrado que este último haya sido adoptado conforme al procedimiento previsto en el Anexo IV de la Decisión PTU, debe señalarse que el Reglamento n. 304/97 se refiere expresamente al apartado 7 del artículo 1 del Anexo IV de la Decisión PTU, que el cuarto considerando de dicho Reglamento precisa que el Gobierno del Reino Unido sometió al Consejo la decisión de la Comisión de adoptar el Reglamento n. 21/97, con arreglo al apartado 5 del artículo 1 del Anexo IV de la Decisión PTU, y que el quinto considerando de dicho Reglamento recuerda que el Consejo podrá adoptar, con arreglo al apartado 7 del mismo artículo, una decisión diferente de la Comisión en el plazo indicado.

13.
    La demandante no puede pretender, por tanto, que esté demostrado que el Reglamento n. 304/97 ha sido adoptado conforme al procedimiento previsto en el Anexo IV de la Decisión PTU. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia constata que no invocó dicho motivo en su recurso en el asunto T-41/97.

14.
    Dado que la alegación de la demandante debe entenderse en el sentido de que el recurso en el asunto T-26/97 no ha quedado sin objeto, en la medida en que la legalidad de la derogación con efectos retroactivos del Reglamento n. 21/97 no se presume entretanto el recurso de anulación contra el Reglamento n. 304/97 esté pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia, el Reglamento n. 21/97 puede, en su caso, volver a ser aplicable tras la anulación eventual del Reglamento n. 304/97, por lo que procede señalar que la Comisión, al presentar una petición de sobreseimiento y al alegar que el Reglamento n. 21/97 ha sido derogado con carácter retroactivo y sustituido por el Reglamento n. 304/97, ha reconocido implícitamente pero con certeza que dicho Reglamento ha desaparecido del ordenamiento jurídico comunitario. De ello se deduce que, en caso de anulación por el Tribunal de Primera Instancia del Reglamento n. 304/97, la Comisión ya no podrá ampararse en la aplicabilidad del Reglamento n. 21/97 e invocarlo contra la demandante.

15.
    En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que la derogación del Reglamento n. 21/97 de la Comisión por el Reglamento n. 304/97 del Consejo ha proporcionado a la demandante el resultado que pretendía obtener mediante el presente recurso, a saber, la desaparición del Reglamento n. 21/97 del ordenamiento jurídico comunitario.

16.
    De ello se deduce que ha quedado sin objeto el presente recurso, por lo que procede sobreseer el asunto.

Costas

17.
    El apartado 6 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento dispone que, en caso de sobreseimiento, el Tribunal de Primera Instancia resolverá discrecionalmente sobre las costas. Consta que el Reglamento n. 21/97 ha sido derogado, con posterioridad a la interposición del presente recurso, mediante una decisión adoptada por el Consejo conforme al procedimiento establecido en el Anexo IV de la Decisión PTU. Dicha derogación no se explica ni por un error de la Comisión ni por el reconocimiento de la fundamentación de los motivos invocados por la demandante en su recurso, sino que es simplemente el resultado del ejercicio de una facultad decisoria conferida al Consejo. En estas circunstancias, procede decidir que cada parte cargará con sus propias costas, incluidas las correspondientes a la demanda de medidas provisionales.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

resuelve:

1)    Sobreseer el asunto.

2)    Cada parte cargará con sus propias costas, incluidas las correspondientes a la demanda de medidas provisionales.

Dictado en Luxemburgo, a 17 de septiembre de 1997.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lengua de procedimiento: neerlandés.