Language of document : ECLI:EU:C:2020:1052

Edición provisional

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. GERARD HOGAN

presentadas el 17 de diciembre de 2020 (1)

Asunto C130/19

Tribunal de Cuentas Europeo

contra

Karel Pinxten

«Artículo 286 TFUE, apartado 6 — Incumplimiento de las obligaciones que dimanan del cargo de un antiguo miembro del Tribunal de Cuentas Europeo — Privación del derecho a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo»






I.      Introducción

1.        ¿Qué normas éticas y jurídicas rigen el comportamiento de los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo (Tribunal de Cuentas) y qué sanciones se han de aplicar en caso de infracción de dichas normas? Estas son las cuestiones fundamentales que suscita el presente recurso, presentado por el Tribunal de Cuentas ante el Tribunal de Justicia.

2.        En efecto, con su recurso, el Tribunal de Cuentas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Sr. Pinxten ha incumplido las obligaciones que dimanan de su cargo de miembro del Tribunal de Cuentas. Dicho Tribunal sostiene que, con su comportamiento, el Sr. Pinxten ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los artículos 285 TFUE y 286 TFUE. En consecuencia, solicita al Tribunal de Justicia que le imponga la sanción oportuna con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6.

3.        Este es el primer asunto en el que está implicado un (antiguo) miembro del Tribunal de Cuentas incoado en virtud del artículo 286 TFUE, apartado 6. Conforme a esta disposición, «los miembros del Tribunal de Cuentas sólo podrán ser relevados de sus funciones o privados de su derecho a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo si el Tribunal de Justicia, a instancia del Tribunal de Cuentas, declarare que dejan de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones que dimanan de su cargo». Con carácter general cabe señalar que, hasta ahora, el Tribunal de Justicia solo ha dictado una sentencia sobre la base de una disposición similar del Tratado aplicable a los Comisarios, a saber, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455).

4.        Así pues, el presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia una nueva oportunidad para, por un lado, aclarar ciertos aspectos procesales específicos de este tipo concreto de procedimiento y, por otro lado, indicar las normas de comportamiento que se exigen a las personas que ostentan altos cargos en las instituciones de la Unión Europea. En un momento en el que la legitimidad de la Unión Europea, sus instituciones y las personas que trabajan en ellas está siendo, cuando menos, cuestionada, la decisión que adopte el Tribunal de Justicia a este respecto será considerada, sin duda, de gran relevancia.

II.    Marco jurídico

A.      Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

5.        El Tribunal de Cuentas es una de las siete instituciones de la Unión Europea. Como tal, se le dedican tres artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a saber, los artículos 285, 286 y 287.

6.        En primer lugar, el artículo 285 TFUE, párrafo segundo, dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas «ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión». En segundo lugar, el artículo 286 TFUE, apartado 3, establece que, «en el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Tribunal de Cuentas no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo [y] se abstendrán de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones». El artículo 286 TFUE, apartado 4, añade que «los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. En el momento de asumir sus funciones, se comprometerán solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y aún después de finalizar éste, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios».

B.      Reglamento n.º 2290/77, por el que se establece el régimen pecuniario de los miembros del Tribunal de Cuentas

7.        El artículo 7 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 2290/77 del Consejo, de 18 de octubre de 1977, por el que se establece el régimen pecuniario de los miembros del Tribunal de Cuentas, (2) en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) del Consejo n.º 1293/2004, de 30 de abril de 2004, (3) disponía lo siguiente:

«El miembro del Tribunal de Cuentas que, en el ejercicio de sus funciones, se vea obligado a desplazarse fuera de la sede provisional de trabajo de su institución, tendrá derecho:

a)      al reembolso de sus gastos de viaje;

b)      al reembolso de sus gastos de hotel (habitación, servicio e impuestos, con exclusión de cualquier otro gasto);

c)      a una dieta por jornada entera de desplazamiento, igual al 105 % del importe de la dieta por misión prevista en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.»

C.      Reglamento n.º 883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

8.        El artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo, (4) dispone:

«1.      En los ámbitos a los que se refiere el artículo 1, la Oficina efectuará investigaciones administrativas dentro de las instituciones, órganos y organismos (en lo sucesivo denominadas “las investigaciones internas”).

Estas investigaciones internas se efectuarán de conformidad con las condiciones establecidas en el presente Reglamento y en las decisiones adoptadas por cada institución, órgano u organismo.

2.      Siempre que se cumpla lo dispuesto en el apartado 1:

a)      la Oficina tendrá acceso, de manera inmediata y sin mediar preaviso, a cualquier información pertinente, incluida la contenida en bases de datos, que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos, así como a los locales de estos. La Oficina podrá controlar la contabilidad de las instituciones, órganos y organismos. La Oficina podrá hacer copias y obtener extractos de cualquier documento y del contenido de cualquier soporte de información que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos y, en caso necesario, asumir la custodia de esos documentos o informaciones, para evitar todo riesgo de desaparición;

[…]»

D.      Directrices de Ética del Tribunal de Cuentas

9.        Mediante su Decisión n.º 66-2011, de 26 de octubre de 2011, por la que se establecen las Directrices de Ética del Tribunal de Cuentas Europeo, dicho Tribunal decidió que las Directrices de Ética anexas a esa Decisión le eran aplicables.

10.      Las referidas Directrices de Ética disponen, en particular:

«[…]

2.2.      Gestionaremos los recursos del Tribunal de manera legal y regular y acorde con los principios de la buena gestión. El Tribunal debe constituir un modelo de gestión financiera: sus recursos deben administrarse en total conformidad con el Reglamento Financiero y demás normas aplicables, y sus objetivos deben cumplirse según los principios de economía, eficiencia y eficacia.

[…]

3.2.      Desempeñaremos nuestros cometidos sin dejarnos guiar por influencias externas, ya sean nacionales, políticas o de otro tipo.

3.3.      Evitaremos cualquier conflicto de intereses, ya sea real o aparente, que puede producirse, por ejemplo, por la afiliación a organizaciones políticas o el ejercicio de cargos de esta índole, por la pertenencia a consejos de administración o por intereses económicos en las entidades auditadas. Prestaremos especial atención a estas situaciones y al modo en que pueden percibirse por terceros.

[…]»

III. Hechos del litigio principal

11.      El Sr. Pinxten fue miembro del Tribunal de Cuentas desde el 1 de marzo de 2006 hasta el 30 de abril de 2018, cuando finalizó su mandato. Estaba asignado a la Sala III de dicha institución, encargada de auditar los gastos de la Unión Europea en el ámbito de las relaciones exteriores, la ampliación y la ayuda humanitaria. Desde el 4 de abril de 2011 y hasta el 30 de abril de 2018, el Sr. Pinxten ocupó el cargo de decano de la Sala III.

12.      Durante su mandato, el Sr. Pinxten disfrutó de un vehículo oficial y una tarjeta de combustible que permitía facturar al Tribunal de Cuentas el combustible consumido por dicho vehículo. Asimismo, se le proporcionaron otras dos tarjetas de combustible con las que podía adquirir este producto exento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y de impuestos especiales.

13.      Entre 2006 y 2014, el Tribunal de Cuentas puso un chófer al servicio del Sr. Pinxten. A partir de abril de 2014, el Sr. Pinxten pudo solicitar los servicios de uno de los chóferes de la reserva de chóferes, que se hallaba bajo la responsabilidad del director financiero del Tribunal de Cuentas. Hasta el 6 de octubre de 2016, el Sr. Pinxten debía firmar una orden de misión para el chófer responsable de conducir su vehículo, de manera que dicho chófer pudiera obtener el reembolso de los gastos del viaje y cobrar las dietas. Posteriormente, esta facultad fue ejercida por el Secretario General del Tribunal de Cuentas.

14.      Durante su mandato, el Sr. Pinxten obtuvo el reembolso de los gastos de recepción y representación y de algunos de los gastos en que incurrió durante misiones autorizadas, a petición suya, por el Presidente del Tribunal de Cuentas. Se le abonaron asimismo las dietas correspondientes a dichas misiones.

IV.    Investigaciones y procedimientos

A.      Medidas preliminares adoptadas por el Tribunal de Cuentas

15.      En 2016, el Tribunal de Cuentas recibió cierta información en la que se afirmaba que se habían producido varias irregularidades graves en relación con distintas misiones del Sr. Pinxten.

16.      El 18 de julio de 2016, el Secretario General del Tribunal de Cuentas informó verbalmente al Sr. Pinxten de la acusación formulada en su contra. Asimismo, los servicios del Tribunal de Cuentas analizaron las misiones desarrolladas por el Sr. Pinxten y sus conductores, con el fin de detectar posibles irregularidades. Tras una serie de conversaciones entre estos servicios y el Sr. Pinxten, en una nota de 30 de septiembre de 2016 este negó toda obligación de devolver los gastos relativos a sus misiones o las de sus conductores. A continuación, prosiguieron las conversaciones entre la administración del Tribunal de Cuentas y el Sr. Pinxten.

17.      Además, el 26 de julio de 2016, el Tribunal de Cuentas fue informado de que, tras un incidente entre su vehículo oficial y su propio vehículo privado acaecido en 2011, el Sr. Pinxten pudo haber defraudado al seguro.

18.      El 1 de septiembre de 2016, el Presidente del Tribunal de Cuentas informó verbalmente de estas alegaciones al Sr. Pinxten. En una nota de ese mismo día, el Sr. Pinxten declaró que el accidente en cuestión fue el resultado de una colisión entre su vehículo oficial, conducido por su chófer, y su vehículo privado, conducido por su hijo.

B.      La investigación llevada a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude

19.      El 14 de octubre de 2016, el Secretario General del Tribunal de Cuentas, siguiendo instrucciones del Presidente de dicha institución, remitió un expediente a la OLAF relativo a las actividades del Sr. Pinxten que supuestamente habían dado lugar a gastos indebidos a cargo del presupuesto de la Unión.

20.      Tras una reunión inicial mantenida el 31 de enero de 2017, el 31 de marzo de ese mismo año el director general de la OLAF notificó formalmente al Presidente del Tribunal de Cuentas la apertura de una investigación en la que el Sr. Pinxten estaba implicado a propósito de posibles irregularidades que afectaban a los intereses financieros de la Unión en relación con el uso que este había hecho de los fondos del Tribunal de Cuentas y con las misiones que había llevado a cabo o autorizado contraviniendo lo dispuesto en la normativa aplicable.

21.      El 22 de septiembre de 2017, la OLAF informó al Sr. Pinxten del inicio de esta investigación y de su condición de «persona implicada» en ella.

22.      El 20 de noviembre de 2017, la OLAF llevó a cabo una inspección en el despacho del Sr. Pinxten y se incautó de diversos documentos. Tras un primer análisis de estos elementos, el 15 de diciembre de 2017 la OLAF informó al Sr. Pinxten de que había ampliado el ámbito de la investigación para abarcar, en particular, posibles abusos de los derechos y privilegios asociados a su cargo como miembro del Tribunal de Cuentas, posibles conflictos de intereses, y otras infracciones de los artículos 285 TFUE y 286 TFUE y del Código de Conducta aplicable a los miembros del Tribunal (en lo sucesivo, «Código de Conducta de los miembros del Tribunal de Cuentas»).

23.      Los investigadores de la OLAF escucharon las declaraciones orales del Sr. Pinxten el 22 de diciembre de 2017. El 15 de mayo de 2018, el Sr. Pinxten remitió a la OLAF observaciones escritas en respuesta a la comunicación por dicha Oficina, el 6 de abril anterior, de un resumen de los hechos elaborado al término de la referida investigación.

24.      El 2 de julio de 2018, el Tribunal de Cuentas recibió el informe final elaborado por la OLAF una vez finalizada su investigación. En él se concluía que el Sr. Pinxten había hecho un uso indebido de los recursos del Tribunal de Cuentas en actividades no relacionadas con sus funciones, había hecho un uso indebido de las tarjetas de combustible y había cometido una irregularidad con la póliza de seguro de su vehículo oficial. El informe concluía asimismo que el Sr. Pinxten había incurrido en ausencias injustificadas, no había declarado determinadas actividades externas y había transmitido información confidencial sin autorización. Afirmaba además que se había comprobado la existencia de conflictos de intereses.

25.      En particular, en el informe se da cuenta de 332 misiones aprobadas o validadas por el Sr. Pinxten sin relación con el desempeño de sus funciones, así como del uso de fondos del Tribunal de Cuentas para gastos de representación vinculados a acontecimientos privados ajenos a los intereses de la institución.

26.      Ante los hechos apreciados en el informe, la OLAF recomendó al Tribunal de Cuentas iniciar un procedimiento disciplinario contra el Sr. Pinxten. Asimismo, le recomendó que adoptase las medidas oportunas para obtener el reembolso de 472 869,09 euros, correspondientes a los gastos indebidamente soportados por el Tribunal de Cuentas, y que contemplase la posibilidad de recuperar la cuantía de 97 954,52 euros, correspondiente al salario percibido por el Sr. Pinxten durante sus períodos de ausencia no justificada.

27.      Por otro lado, al considerar que algunos de los hechos revelados por la investigación podían ser constitutivos de delito, la OLAF remitió su información y recomendaciones a las autoridades judiciales de Luxemburgo.

C.      Procedimiento penal en Luxemburgo

28.      A la luz de la información facilitada por la OLAF, el Fiscal del Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo, Luxemburgo) solicitó al Tribunal de Cuentas, mediante escrito de 1 de octubre de 2018, que levantase la inmunidad de jurisdicción del Sr. Pinxten. El 15 de noviembre de 2018, dicha institución aceptó esta solicitud.

D.      Procedimiento interno del Tribunal de Cuentas

29.      El 12 de julio de 2018, el Tribunal de Cuentas encomendó a su Presidente la tarea de redactar un informe preliminar sobre las presuntas irregularidades mencionadas en el informe de la OLAF en relación con el Sr. Pinxten.

30.      El 5 de octubre de 2018, el Presidente del Tribunal de Cuentas remitió un informe preliminar a los miembros de dicha institución. En él recomendaba al Tribunal de Cuentas que solicitase al Tribunal de Justicia que «examinase los hechos constatados y determinase si el Sr. Pinxten [había] incumplido las obligaciones que [dimanaban] de su cargo». Dicho informe y el informe de la OLAF fueron transmitidos al Sr. Pinxten el mismo día.

31.      El 19 de noviembre de 2018, el Sr. Pinxten remitió observaciones escritas al Tribunal de Cuentas. El 26 de noviembre de 2018 prestó declaración ante los miembros de dicha institución en sesión a puerta cerrada.

32.      El 29 de noviembre de 2018, en sesión a puerta cerrada, el Tribunal de Cuentas decidió, sobre la base del informe de la OLAF, del informe preliminar de su Presidente, de la decisión por la cual se levantó la inmunidad de jurisdicción del Sr. Pinxten y de las observaciones orales y escritas de este, remitir el asunto relativo al Sr. Pinxten al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6.

E.      Procedimiento ante el Tribunal General

33.      El 24 de junio de 2019, el Sr. Pinxten interpuso recurso de anulación ante el Tribunal General contra una decisión del Secretario General del Tribunal de Cuentas de 11 de abril de 2019 en la que se calificaba de pago indebido la suma de 153 407,58 euros y se ordenaba su recuperación. (5)

34.      Dicho procedimiento guarda similitudes con el presente recurso, en cuanto a que la suma controvertida tiene que ver con los hechos mencionados en la primera imputación aquí formulada. El Tribunal General ha suspendido aquel procedimiento mientras está pendiente la resolución del Tribunal de Justicia en el presente asunto.

V.      Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

35.      El Tribunal de Cuentas presentó su recurso el 15 de febrero de 2019. A los escritos de interposición de recurso y de contestación se añadieron un escrito de réplica y uno de dúplica, respectivamente. Ambas partes fueron oídas en la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia el 29 de septiembre de 2020.

36.      El Tribunal de Cuentas solicita al Tribunal de Justicia que:

–        desestime la solicitud del Sr. Pinxten de que se suspenda el procedimiento ante el Tribunal de Justicia hasta que se resuelva el proceso penal en Luxemburgo;

–        declare que el Sr. Pinxten ha dejado de cumplir las obligaciones que dimanan de su cargo con arreglo a los artículos 285 TFUE y 286 TFUE y a sus disposiciones de desarrollo;

–        imponga la correspondiente sanción con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6, cuya cuantía deja a la discreción del Tribunal de Justicia;

–        declare inadmisible la pretensión indemnizatoria del Sr. Pinxten;

–        condene en costas al Sr. Pinxten.

37.      El Sr. Pinxten solicita al Tribunal de Justicia que:

–        suspenda el procedimiento hasta que se resuelva el proceso penal;

–        ordene al Tribunal de Cuentas que aporte el informe de la auditoría interna, relativa al período comprendido entre los años 2012 y 2018, de los gastos de misión de los miembros del Tribunal de Cuentas y del uso de los vehículos oficiales por parte de esos miembros; que detalle las medidas adoptadas a raíz de dicho informe y aporte toda nota relativa a la presión ejercida sobre el auditor interno;

–        desestime el recurso del Tribunal de Cuentas;

–        condene al Tribunal de Cuentas a abonarle la cuantía de 50 000 euros como compensación por el perjuicio moral sufrido;

–        condene al Tribunal de Cuentas cargar con la totalidad de las costas.

VI.    Alegaciones de las partes

38.      Con carácter preliminar, procede señalar que las partes han presentado voluminosas observaciones escritas y que, en gran parte, remiten sus argumentos a más de 25 000 páginas de anexos. Sería inútil tratar de resumir todos estos argumentos de manera concisa. Por este motivo, propongo limitarme aquí a enumerar las imputaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en apoyo de su recurso, así como los argumentos procesales esgrimidos por el Sr. Pinxten. En cuanto al resto, en este momento basta con señalar que el Sr. Pinxten alega que todas las imputaciones son infundadas y que la mayor parte de los hechos no han sido demostrados.

A.      Imputaciones formuladas en apoyo del recurso del Tribunal de Cuentas

39.      El Tribunal de Cuentas formula cinco imputaciones en apoyo de su recurso.

Primera imputación, relativa al uso indebido de los recursos del Tribunal de Cuentas para financiar actividades no relacionadas o incompatibles con las funciones de un miembro de dicho Tribunal

40.      Con su primera imputación, el Tribunal de Cuentas alega que el Sr. Pinxten utilizó indebidamente los recursos del Tribunal de Cuentas para financiar actividades no relacionadas o incompatibles con sus funciones como miembro, tales como actividades recreativas (concretamente, un viaje al complejo hotelero de montaña en Crans Montana, Suiza, del 21 al 26 de agosto de 2013, para participar en la sesión de verano del Crans Montana Forum), de ocio (como diversos viajes de caza, incluidas tres cacerías en Chambord, Francia), de turismo (en particular, una estancia en Cuba entre el 30 de marzo y el 14 de abril de 2015) y la asistencia a recepciones o bodas de amigos.

41.      Asimismo, se imputa al Sr. Pinxten haber solicitado el reembolso y el pago de actividades relativas a sus intereses personales, concretamente en relación con la compra de un viñedo. El Tribunal de Cuentas alega que el Sr. Pinxten también llevó a cabo misiones para actividades incompatibles con sus funciones, como las actividades de carácter político relacionadas con su participación en el partido Open VLD. Por último, se afirma que el Sr. Pinxten, por un lado, emprendió «misiones sin dietas» para actividades no relacionadas con sus funciones —a fin de asegurarse de que no se le cobrase el kilometraje por el uso del vehículo oficial utilizado en sus misiones— y, por otro lado, utilizó su vehículo oficial y recurrió a los servicios de los chóferes del Tribunal de Cuentas para actividades no relacionadas o incompatibles con sus funciones, incluso en casos en los que no estaba en una misión.

42.      Se alega que, al actuar de este modo, el Sr. Pinxten incumplió sus obligaciones en cuanto a desinterés, independencia, imparcialidad, implicación, honestidad, responsabilidad, ejemplaridad y transparencia. A juicio del Tribunal de Cuentas, este comportamiento constituye una infracción de los artículos 285 TFUE y 286 TFUE, así como de otras normas de Derecho derivado. (6)

Segunda imputación, relativa al uso indebido e ilícito de los privilegios fiscales

43.      Con la segunda imputación, el Tribunal de Cuentas alega que el Sr. Pinxten hizo un uso indebido e ilícito de los privilegios fiscales. En este segundo motivo, el Tribunal de Cuentas aduce que, al hacer un uso indebido e ilícito de las tarjetas de combustible puestas a su disposición, el Sr. Pinxten incumplió sus obligaciones de honestidad, conducta ejemplar y desinterés. Con ello, a juicio del referido Tribunal, infringió los artículos 285 TFUE y 286 TFUE y diversas disposiciones del Derecho derivado. (7)

Tercera imputación, relativa a los falsos partes al seguro

44.      Con su tercera imputación, se acusa al Sr. Pinxten de haber dado partes falsos al seguro en relación con supuestos siniestros en que estaba implicado el vehículo oficial puesto a su disposición y por los cuales supuestamente percibió dos indemnizaciones indebidas. Uno se refería a un supuesto accidente entre su vehículo privado, conducido por su hijo, y el vehículo oficial, conducido por su chófer. El otro estaba relacionado con un incidente en el que su chófer pasó el vehículo por encima de una maleta que contenía vino y diversas prendas de vestir. Sin embargo, del testimonio prestado por el chófer durante la investigación se deduce que este no estuvo implicado en el primer siniestro, y que el segundo no tuvo las consecuencias que se declararon a la compañía de seguros.

45.      De ser cierta, en particular, esta alegación, sería difícilmente discutible que el Sr. Pinxten incumplió sus obligaciones de honestidad, conducta ejemplar y desinterés, infringiendo con ello los artículos 285 TFUE y 286 TFUE y diversas disposiciones de Derecho derivado. (8)

Cuarta imputación, relativa al cargo no declarado e ilícito de administrador de una sociedad mercantil y al desempeño de una intensa actividad política

46.      Con su cuarta imputación, el Tribunal de Cuentas reprocha al Sr. Pinxten haber actuado como administrador de una sociedad mercantil y haber mantenido una intensa actividad política en un partido político mientras estaba al servicio del Tribunal de Cuentas. Una vez más, se alega que con ello el Sr. Pinxten incumplió sus obligaciones de desinterés, independencia, imparcialidad, implicación, honestidad, responsabilidad, conducta ejemplar y transparencia. De este modo, supuestamente infringió los artículos 285 TFUE y 286 TFUE y diversas disposiciones del Derecho derivado. (9)

Quinta imputación, relativa al conflicto de intereses generado con respecto a una oferta de alquiler de un apartamento privado al máximo responsable de una entidad auditada

47.      Con su quinta imputación, el Tribunal de Cuentas alega que el Sr. Pinxten generó un conflicto de intereses al ofrecer un servicio al máximo responsable de una entidad auditada. En concreto, se le acusa de haber ofrecido en arriendo un apartamento privado a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, cuando dicha entidad pasó a formar parte de las competencias de la Sala III, de la que él era decano. Esto afectaba a su independencia e imparcialidad o, al menos, pudo suscitar tal impresión.

48.      El Tribunal de Cuentas afirma que, en consecuencia, el Sr. Pinxten creó una situación de conflicto de intereses e incumplió sus obligaciones de desinterés, independencia, imparcialidad, honestidad y conducta ejemplar. En tales circunstancias, el Tribunal de Cuentas aprecia en su conducta una infracción de los artículos 285 TFUE y 286 TFUE, así como de diversas disposiciones del Derecho derivado. (10)

B.      Sr. Pinxten

49.      Tal y como se ha expuesto en los puntos anteriores, el Sr. Pinxten afirma que todas las imputaciones son infundadas y que los hechos han quedado, en gran medida, sin demostrar. Asimismo, formula diversas alegaciones en relación con aspectos procesales del presente recurso y con sus derechos de defensa.

Sobre la relación entre el presente procedimiento y el proceso penal pendiente en Luxemburgo

50.      Con carácter preliminar, el Sr. Pinxten alega que en el presente asunto es aplicable el principio según el cual los procedimientos disciplinarios deben esperar al resultado del proceso penal. Así pues, considera que el Tribunal de Justicia no debe dictar su sentencia hasta que haya concluido el proceso penal.

El principio de la tutela judicial efectiva

51.      En primer lugar, el Sr. Pinxten alega que, en el contexto del recurso interpuesto con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6, no goza del derecho de acceso a un tribunal («droit au juge») ni del derecho de acceso a una doble instancia, lo que vulnera, respectivamente, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y el artículo 2 del Protocolo n.º 7 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Estrasburgo el 22 de noviembre de 1984 (en lo sucesivo, «CEDH»).

52.      En su opinión, en virtud del artículo 286 TFUE, apartado 6, el Tribunal de Justicia actúa como autoridad disciplinaria, no como «órgano jurisdiccional». En consecuencia, entiende que se le está privando de toda forma de protección judicial. Por lo tanto, a su entender, el procedimiento al que se refiere el artículo 286 TFUE no puede servir de base para el recurso interpuesto por el Tribunal de Cuentas.

La irregularidad de los actos adoptados por el Tribunal de Cuentas para someter el asunto al Tribunal de Justicia

53.      En segundo lugar, el Sr. Pinxten invoca dos argumentos procesales relativos a la decisión adoptada por el Tribunal de Cuentas para someter el asunto al Tribunal de Justicia.

54.      Por un lado, considera que el número de miembros del Tribunal de Cuentas que votaron a favor de recurrir al Tribunal de Justicia no era suficiente. Afirma que, si bien el artículo 4, apartado 4, del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas exige una mayoría de cuatro quintas partes de sus miembros (es decir, 23), solo 22 de ellos votaron a favor de la decisión.

55.      Por otro lado, alega que, aunque los artículos 8 y 49, apartado 3, de las Disposiciones de Aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas requieren que la audiencia al miembro contra el cual se haya formulado una queja se celebre sin la presencia de intérpretes ni agentes del Tribunal de Cuentas, la audiencia del Sr. Pinxten se llevó a cabo estando presentes el Secretario General y el jefe de los servicios jurídicos de la institución.

Infracción del principio del plazo razonable

56.      En tercer lugar, el Sr. Pinxten considera que el Tribunal de Cuentas ha vulnerado su derecho a que su causa sea oída en un plazo razonable, al cuestionar la legalidad de las solicitudes presentadas por él desde 2006, siendo así que el Tribunal de Cuentas disponía desde el principio de su mandato de toda la información pertinente para determinar si esas solicitudes eran legítimas y podía, en todo caso, haber solicitado aclaraciones si lo hubiese estimado necesario.

57.      Basándose en las normas financieras aplicables al presupuesto de la Unión, el Sr. Pinxten solicita que se declaren prescritas las acciones del Tribunal de Cuentas relativas a hechos probados que precediesen en más de tres años, o en un máximo de cinco años, al 5 de octubre de 2018, fecha del informe preliminar de dicho Tribunal.

Ilicitud de la investigación de la OLAF y de su informe

58.      Respecto a la investigación de la OLAF, el Sr. Pinxten invoca tres irregularidades de las que, a su parecer, adolece el informe en que se basa el recurso del Tribunal de Cuentas.

59.      En primer lugar, el Sr. Pinxten alega, en esencia, que la OLAF amplió indebidamente el ámbito de su investigación partiendo del análisis de los datos obtenidos durante la inspección realizada en su despacho. En segundo lugar, aduce que la OLAF violó su derecho a la intimidad al incautarse de documentos privados, algunos de los cuales contenían correspondencia con su abogado. En tercer lugar, afirma que la OLAF vulneró sus derechos de defensa en un cuádruple sentido. Primero, por la extrema brevedad del resumen de los hechos, por el carácter incomprensible de los cuadros adjuntos a dicho resumen, y por no haber proporcionado todos los documentos en que se basaban. Segundo, por no haber permitido al Sr. Pinxten presentar observaciones sobre los hechos y sobre otros aspectos pertinentes para el informe. Tercero, por no haber debatido sus argumentos, limitándose a reproducirlos al final del informe. Cuarto, por no haber recibido su anterior asistente una copia de la transcripción de su audiencia.

VII. Análisis

60.      El recurso interpuesto por el Tribunal de Cuentas plantea una serie de cuestiones de procedimiento y de fondo. Sin embargo, considero que la respuesta a varias de ellas depende de la naturaleza intrínseca de este procedimiento y del alcance de la misión del Tribunal de Cuentas y las funciones de sus miembros. Por lo tanto, propongo dividir mi análisis en cuatro partes. En primer lugar, trataré de determinar la naturaleza de la acción prevista en el artículo 286 TFUE, apartado 6, y de las funciones de los miembros del Tribunal de Cuentas a la luz del papel de esta institución. A continuación, me ocuparé de los aspectos procesales. Por último, examinaré el fondo del asunto y las posibles sanciones aplicables.

A.      El papel del Tribunal de Cuentas

1.      Naturaleza del procedimiento previsto en el artículo  286 TFUE, apartado 6

61.      Con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 5, aparte de los casos de renovación periódica y fallecimiento, el mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas concluirá individualmente por dimisión voluntaria o cese declarado por el Tribunal de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 TFUE, apartado 6.

62.      Conforme a esta última disposición, los miembros del Tribunal de Cuentas solo podrán ser relevados de sus funciones o privados de su derecho a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo si el Tribunal de Justicia, a instancia del Tribunal de Cuentas, declarare que dejan de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones que dimanan de su cargo. El Tratado establece una norma similar para los miembros de la Comisión en el artículo 245 TFUE, párrafo segundo. En lo que atañe al procedimiento establecido en dicha disposición, el Tribunal de Justicia ha declarado que se trata de un «procedimiento autónomo» que no debe ser comparado con los procedimientos disciplinarios relativos a un funcionario o un agente de la Unión. (11) En concreto, en el único asunto comparable, Comisión/Cresson, (12) el Abogado General Geelhoed consideró que, «dado que existe una relación directa entre el comportamiento de un comisario y la imagen pública del funcionamiento de la institución en la que ejerce su mandato, el procedimiento previsto en el [artículo 245 TFUE, párrafo segundo,] tiene carácter constitucional». (13) Comparto esta opinión, pues es evidente que estas disposiciones contribuyen a garantizar el carácter democrático de la Unión Europea como ordenamiento jurídico fundamentado, según subraya el artículo 2 TUE, en el Estado de Derecho.

63.      Por un lado, el cometido del Tribunal de Cuentas, que recibió el estatuto de institución en el Tratado de Maastricht, se expresa inicialmente en términos muy generales en el artículo 285 TFUE. Este dispone que la función del Tribunal de Cuentas es la de la fiscalización o control de cuentas de la Unión. El artículo 287 TFUE, que detalla dicha función y precisa la manera en que el Tribunal de Cuentas debe llevarla a cabo, establece, concretamente, en su apartado 1, que el Tribunal de Cuentas examinará las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de cualquier órgano u organismo creado por la Unión y que presentará al Parlamento y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, que podrá completarse con observaciones específicas sobre cada uno de los ámbitos principales de la actividad de la Unión.

64.      En consecuencia, la misión del Tribunal de Cuentas es contribuir a mejorar la gestión financiera de la Unión, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas y asumir el papel de guardián independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión. (14) Dicho de otra manera, utilizando las palabras del Presidente del Tribunal de Justicia con ocasión del juramento solemne prestado por los primeros miembros del Tribunal de Cuentas en octubre de 1977, el Tribunal de Cuentas es la «conciencia financiera» de la Unión Europea. (15)

65.      Por otro lado, procede recordar que los Tratados han instituido un sistema de reparto de competencias entre las distintas instituciones de la Unión, que atribuye a cada una un ámbito de actuación propio dentro de la estructura institucional de la Unión y en el marco de la ejecución de las funciones a ella asignadas. (16) A este respecto, la creación del Tribunal de Cuentas se presentó como garantía del equilibrio y la imparcialidad de la arquitectura institucional. (17)

66.      Además, la necesidad de una auditoría externa de las finanzas públicas está ampliamente aceptada y considerada como uno de los pilares de la democracia. (18) Es conveniente que los ciudadanos y contribuyentes de la Unión tengan certeza sobre la forma en que se recaudan y se gastan los ingresos públicos. Como institución de control no representativa, el Tribunal de Cuentas desempeña un papel fundamental en la gobernanza democrática, a pesar de que, al igual que los tribunales de la Unión, este tipo de institución no esté directamente sometida al escrutinio político de la votación popular. (19) Por lo tanto, la clave de la legitimidad del Tribunal de Cuentas reside en su independencia y en la importancia de su actuación velando por el buen gobierno y fomentando la confianza social en la forma en que los tributos y otros ingresos de la Unión se utilizan de forma adecuada y eficiente. (20)

67.      Sin embargo, siguiendo la teoría desarrollada por Montesquieu allá por 1748, es evidente que todos los cargos públicos tienden a abusar de su poder y lo van a hacer mientras no se les impongan límites. Por este motivo, «para que no se abuse del poder, es necesario que la naturaleza misma de las cosas le ponga límites». (21) En consecuencia, los principios de la separación de poderes se han ido progresivamente precisando, de modo que todas las instituciones (ya sean electivas o, con igual importancia, no electivas) están sujetas a control y supervisión. Actualmente está aceptado que, en una democracia, cada poder necesita un contrapoder que lo controle, a fin de moderarlo. (22)

68.      Así pues, el procedimiento establecido en el artículo 286 TFUE, apartado 6, contribuye a garantizar el carácter democrático de la Unión Europea como ordenamiento jurídico fundamentado, según subraya el artículo 2 TUE, en el Estado de Derecho. En esencia, determina los motivos de destitución por el Tribunal de Justicia de un miembro (o, en el presente asunto, de un antiguo miembro) de una institución de la Unión cuando su conducta no satisface las normas democráticas oportunas. Las constituciones nacionales y leyes fundamentales de muchos Estados miembros contienen disposiciones similares respecto a los cargos constitucionales. (23) Por lo tanto, este procedimiento es, como tal, de carácter constitucional.

69.      Por último, el hecho de que el procedimiento previsto en el artículo 286 TFUE, apartado 6, sea el único en que el Estatuto del Tribunal de Justicia exige que conozca del asunto el Pleno del Tribunal de Justicia (junto al artículo 228 TFUE, apartado 2, referido a los casos en que está implicado el Defensor del Pueblo Europeo, y los artículos 245 TFUE y 247 TFUE, referidos a los casos en que están implicados miembros de la Comisión) demuestra, en caso de que fuera necesario, la importancia y el carácter extraordinario de este procedimiento. (24) Esta exigencia basta para dejar patente que no se trata de un procedimiento de carácter disciplinario, pues la propia naturaleza de la «justicia disciplinaria» consiste precisamente en que, por lo general, constituye una forma de sanción privada de base contractual, más que la justicia pública ejercida por los titulares de órganos jurisdiccionales. (25) Por el contrario, en los procedimientos disciplinarios, la institución que impone la sanción no es un tribunal en el sentido del artículo 47 de la Carta, sino una autoridad administrativa. (26)

2.      Las funciones de los miembros del Tribunal de Cuentas

70.      Tal como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), si bien es cierto que se requiere que la infracción de que se trate revista cierto grado de gravedad para que entren en juego las disposiciones análogas del artículo 245 TFUE, «los miembros de la Comisión deben […] velar por que su conducta sea irreprochable». (27) Esta exigencia también pesa sobre los miembros del Tribunal de Cuentas.

71.      En efecto, tal como expuso el Abogado General Geelhoed en dicho asunto, «es esencial para el buen funcionamiento de las instituciones [de la Unión] que no solo se considere a las personas que desempeñan cargos de dirección competentes desde el punto de vista profesional, sino que su conducta sea irreprochable. Las cualidades personales de dichas personas tienen su reflejo directamente en la confianza que deposita el gran público en las instituciones [de la Unión], su credibilidad y, por lo tanto, su eficacia». (28)

72.      Los artículos 285 TFUE y 286 TFUE, donde se enumeran algunas de las obligaciones que implica el compromiso solemne asumido por los miembros del Tribunal de Cuentas al inicio de su mandato, se han de interpretar con este objetivo en mente.

73.      La primera de ellas es la de mantener una plena independencia y actuar en el interés general de la Unión. Los miembros del Tribunal de Cuentas no deben solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo. Además, se han de abstener de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones, tanto durante como después de su mandato. En definitiva, deben cumplir con las obligaciones que dimanan de su cargo. Según concreta el artículo 286 TFUE, apartado 4, esto incluye, «en especial, los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios». (29)

74.      Obsérvese que estas obligaciones están redactadas en los mismos términos que los interpretados por el Tribunal de Justicia en cuanto a las obligaciones de los miembros de la Comisión en la sentencia Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455). En consecuencia, dado que el artículo 286 TFUE, apartado 4, tampoco contiene ninguna restricción al concepto de «obligaciones derivadas [del cargo de miembro del Tribunal de Cuentas]», este concepto debe interpretarse en un sentido tan amplio como ha sido interpretado para los miembros de la Comisión. (30)

75.      Por lo tanto, es importante que los miembros del Tribunal de Cuentas, «considerando las serias responsabilidades que se les confían, […] observen los más altos valores de conducta. Por ello, debe entenderse que dicho concepto incluye, además de las obligaciones de honestidad y discreción expresamente mencionadas en el [artículo 286 TFUE, apartado 4], todos los deberes derivados del cargo de miembro [del Tribunal de Cuentas]. […] Por consiguiente, los miembros [del Tribunal de Cuentas] están obligados a hacer prevalecer en todo momento el interés general de la [Unión] no sólo sobre los intereses nacionales, sino también sobre los intereses personales». (31)

76.      En concreto, esto significa que los miembros del Tribunal de Cuentas deben cumplir con sus obligaciones de independencia, honestidad y discreción con arreglo a los artículos 285 TFUE y 286 TFUE, pero también deben observar la máxima imparcialidad (32) y desinterés. En cuanto a los miembros del Tribunal de Cuentas, que, como ya he señalado, es la «conciencia financiera» de la Unión, esto necesariamente implica plena responsabilidad en el uso de los fondos públicos y, por tanto, un cierto grado de transparencia en la forma en que los gastan.

B.      Respeto de las normas de procedimiento y de diversos derechos invocados por el Sr. Pinxten

1.      Sobre la relación entre el presente procedimiento y el proceso penal pendiente en Luxemburgo

77.      Con carácter preliminar, el Sr. Pinxten considera que en el presente asunto es aplicable el principio según el cual los procedimientos disciplinarios deben esperar al resultado de un proceso penal.

78.      No obstante, por mi parte entiendo que en este argumento reside una calificación errónea de la naturaleza del procedimiento previsto en el artículo 286 TFUE, apartado 6, que, como ya he indicado, es de naturaleza constitucional. Admitir que el Tribunal de Justicia no debería dictar su sentencia hasta la conclusión del proceso penal significaría socavar el objetivo específico que persigue el artículo 286 TFUE, apartado 6, como parte esencial de la separación de poderes establecida en el Tratado. Tal como explicó el Abogado General Geelhoed en el asunto Comisión/Cresson, el procedimiento penal nacional y el artículo 286 TFUE, apartado 6, responden a finalidades distintas en los ordenamientos jurídicos nacional y de la Unión: «al paso que la finalidad del primero es la aplicación de normas de conducta que se consideran esenciales para el tejido social a escala nacional, el mencionado en segundo lugar está concebido para garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones [de la Unión] con el fin de alcanzar los objetivos de los Tratados», (33) y, yo añadiría, el respeto del funcionamiento democrático de la Unión.

79.      Además, si bien la conducta que motiva la apertura de ambos procedimientos puede ser idéntica, las normas y obligaciones a la luz de las cuales se ha de demostrar la realidad de los hechos para condenar a la persona implicada no son las mismas. En consecuencia, el Tribunal de Justicia no está vinculado por la calificación jurídica de los hechos realizada en el marco del proceso penal y, en ejercicio de su plena facultad de apreciación, le corresponde examinar si los hechos imputados en el marco de un procedimiento basado en el artículo 286 TFUE, apartado 6, constituyen un incumplimiento de las obligaciones que dimanan del cargo de miembro del Tribunal de Cuentas. (34) Por lo tanto, comoquiera que finalice el proceso penal nacional, el resultado del procedimiento seguido con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6, es independiente de las sentencias que recaigan en otros procedimientos. (35) A la inversa, también sucede que el resultado del presente procedimiento no ha de condicionar ningún proceso penal que se esté siguiendo en Luxemburgo.

80.      Por consiguiente, a la luz de las consideraciones que preceden, llego a la conclusión de que no es necesario esperar al resultado del proceso penal nacional actualmente pendiente ante los tribunales nacionales de Luxemburgo.

2.      El principio de tutela judicial efectiva

81.      El Sr. Pinxten argumenta que, en el contexto de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6, no se le reconoce el derecho de acceso a un tribunal ni el derecho de acceso a una doble instancia, lo que vulnera, respectivamente, el artículo 47 de la Carta y el artículo 2 del Protocolo n.º 7 del CEDH.

82.      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, aun suponiendo que esta disposición sea aplicable en el caso de un procedimiento basado en el artículo 245 TFUE, «basta recordar que según el artículo 2, apartado 2, de dicho Protocolo, este derecho podrá ser objeto de excepciones, en cuanto aquí atañe, cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto órgano jurisdiccional». (36) Ante las similitudes que existen entre ambos procedimientos, lo mismo cabe afirmar respecto del procedimiento establecido en el artículo 286 TFUE, apartado 6.

83.      En respuesta a esta consideración, el Sr. Pinxten aduce que en virtud del artículo 286 TFUE, apartado 6, el Tribunal de Justicia actúa como autoridad disciplinaria, no como «órgano jurisdiccional». En consecuencia, entiende que se le está privando de toda forma de protección judicial efectiva. Por lo tanto, considera que el procedimiento al que se refiere dicha disposición no puede servir de base para el recurso interpuesto por el Tribunal de Cuentas.

84.      Este argumento implica, en esencia, impugnar la validez de una disposición del Tratado, siendo así que el Tribunal de Justicia carece de competencia para examinar la validez del Derecho primario. (37) En cualquier caso, como ya he señalado, la naturaleza del procedimiento de que se trata no es disciplinaria, sino constitucional.

85.      Además, procede observar que todo el procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia sobre la base del artículo 286 TFUE, apartado 6, satisface las disposiciones aplicables a los recursos directos previstos en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. También es llamativo que deba conocer del procedimiento el Pleno del Tribunal de Justicia, de conformidad con el artículo 16 del Estatuto del Tribunal de Justicia. En consecuencia, el justiciable se beneficia de un juicio celebrado ante una formación de jueces independientes al completo, que además forman parte de la institución de la Unión a la que le corresponde la interpretación y aplicación de los Tratados. Es obvio que, a este respecto, tal como indicó el Abogado General Geelhoed en el asunto Comisión/Cresson, el Tribunal de Justicia actúa como «el juez [de la Unión] imparcial». (38)

3.      La irregularidad de los actos adoptados por el Tribunal de Cuentas para someter el asunto al Tribunal de Justicia

86.      El Sr. Pinxten invoca dos argumentos procesales relativos a la decisión adoptada por el Tribunal de Cuentas para someter el asunto al Tribunal de Justicia.

87.      En primer lugar, alega que el número de miembros del Tribunal de Cuentas que votaron a favor de remitir el asunto al Tribunal de Justicia fue insuficiente según lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas. En segundo lugar, aduce que su audiencia tuvo lugar en presencia del Secretario General y del jefe de los servicios jurídicos de dicha institución, en contra de lo dispuesto por el artículo 49, apartado 3, de las Disposiciones de Aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas. (39) A continuación, me dispongo a tratar uno por uno estos argumentos.

a)      Sobre el artículo 4, apartado 4, del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas

88.      El artículo 25, apartado 3, del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas establece que las decisiones de este se aprobarán por la mayoría de los miembros presentes en la sesión del Tribunal de Cuentas. Como excepción a esta norma, el artículo 4, apartado 4, del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas dispone que la decisión del Tribunal de Cuentas de presentar el caso ante el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 286 TFUE, apartado 6, «se adoptará, mediante votación secreta, por mayoría de cuatro quintas partes de los miembros del Tribunal [de Cuentas]».

89.      En la fecha de la votación de que aquí se trata, el Tribunal de Cuentas contaba con veintiocho miembros. De ellos, dos se inhibieron: uno, por su amistad con el Sr. Pinxten, y la otra, por ser la miembro belga que le había sucedido. Otros cuatro miembros del Tribunal de Cuentas excusaron su presencia.

90.      Resulta ilustrativa la comparación del tenor de la excepción del artículo 4, apartado 4, del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas con el principio establecido en el artículo 25, apartado 3, de dicho Reglamento. El primero establece que la proporción requerida es de cuatro quintos de los miembros, mientras que el artículo 25, apartado 3, habla de una mayoría de los miembros presentes en la sesión. Por lo tanto, dado el diferente tenor de ambas disposiciones, queda patente que la mayoría de cuatro quintos debe calcularse en función del número de miembros del Tribunal de Cuentas, y no simplemente en referencia a los miembros presentes en el momento de la votación.

91.      Dado que el Tribunal de Cuentas disponía de 28 miembros con derecho a voto en el momento de la decisión de que se trata, en teoría la mayoría requerida era de 23 miembros. No obstante, si se omiten los miembros que se habían inhibido, la cifra se reduce a 26 miembros, de modo que la mayoría de votos requerida era de 21.

92.      Es cierto que el Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas no contiene ninguna disposición que se ocupe de la cuestión concreta de la inhibición. Pero no es menos cierto que, tal como observó el Abogado General Wahl en relación con el Tribunal de Justicia, no porque el Reglamento de Procedimiento no contenga ninguna norma específica respecto a la inhibición de sus miembros no se ha de invocar el principio. (40) En efecto, la inhibición forma parte, ni más ni menos, de la exigencia de imparcialidad que debe satisfacer todo «juez» en el sentido del artículo 47 de la Carta. (41)

93.      Sin embargo, esta exigencia de imparcialidad también es aplicable, por supuesto, a las instituciones de la Unión en virtud del derecho a una buena administración consagrado en el artículo 41 de la Carta. (42) De ello se deduce que la posibilidad de inhibirse ha de existir necesariamente en las decisiones que adopte el Tribunal de Cuentas, especialmente en el ámbito de los procedimientos administrativos iniciados contra personas y que puedan derivar en decisiones adversas para ellas.

94.      En tales circunstancias, dado que la inhibición tiene por objeto evitar los conflictos de intereses, también es evidente que la persona que se inhibe, o que es recusada, no debe intervenir en modo alguno en el procedimiento. En cierto modo, esa persona deja de ser, al menos temporalmente, miembro de la institución de que se trata, en relación con un determinado asunto. Así pues, los efectos de la inhibición no pueden ser equivalentes a una abstención. De lo contrario, la persona que hubiera decidido inhibirse quedaría incluida en el quórum. Sin embargo, su inclusión no tendría incidencia en la decisión adoptada, lo que podría generar una impresión de parcialidad.

95.      En consecuencia, habida cuenta de las consideraciones que preceden, soy del parecer de que los dos miembros del Tribunal de Cuentas que se inhibieron no deben contar a efectos del artículo 4, apartado 4, del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, parece que sí se alcanzó la mayoría de cuatro quintos que requiere dicha disposición.

b)      Sobre el artículo 49, apartado 3, de las Disposiciones de Aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas

96.      El artículo 8 de las Disposiciones de Aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas establece que las reuniones celebradas en el marco del procedimiento previsto en el artículo 4 del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas serán «sesiones restringidas» en el sentido del artículo 49, apartado 3, de dichas Disposiciones de Aplicación. En concreto, esto significa que la audiencia a un miembro contra el cual se haya presentado una queja debe llevarse a cabo sin la presencia de intérpretes ni agentes del Tribunal de Cuentas.

97.      No obstante, es preciso señalar que el artículo 39, apartado 1, de las Disposiciones de Aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas encomienda al Secretario General la redacción y conservación de las actas de las reuniones de dicha institución. El artículo 50, apartado 1, de las mismas Disposiciones confirma que los proyectos de actas del Tribunal de Cuentas son elaborados por el Secretario General o por cualquier otra persona designada a tal efecto. Sin embargo, aunque el apartado 5 del mismo artículo indica que las actas de las sesiones restringidas serán objeto de una difusión limitada, nada se dice en cuanto a la persona que debe redactar las actas en tales circunstancias. El artículo 23 del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas dispone que se redactará un acta de cada sesión del Tribunal de Cuentas, sin excepción alguna.

98.      En consecuencia, dado que es evidente que la audiencia a un miembro del Tribunal de Cuentas concedida en virtud del artículo 4 del Reglamento Interno de dicho Tribunal debe ser transcrita, se ha de presumir que ni el artículo 8 ni el artículo 49, apartado 3, ni tampoco, a este respecto, el artículo 50 de las Disposiciones de Aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas se apartan de la regla establecida en el artículo 39 de estas Disposiciones. Por lo tanto, el artículo 49, apartado 3, de las Disposiciones de Aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas se debe interpretar en el sentido de que no se refiere al Secretario General ni a la persona designada en virtud del artículo 50, apartado 1, de las mencionadas Disposiciones.

99.      A este respecto, cabe señalar que una decisión del Tribunal de Cuentas de 12 de febrero de 2015 (43) designaba al jefe de los servicios jurídicos, con arreglo al artículo 50, apartado 1, de las Disposiciones de Aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas, para asistir al Secretario General en el seguimiento de las sesiones, mencionando expresamente las actas. De ello se deduce que, por las mencionadas razones, su presencia en la audiencia del Sr. Pinxten, junto con la del Secretario General, era conforme con la normativa aplicable del Tribunal de Cuentas.

100. Sea como fuere, quisiera añadir, a título incidental, que la presencia del jefe de los servicios jurídicos, en principio, es una garantía de respeto de las normas, en beneficio del miembro afectado. En consecuencia, en este contexto, el artículo 49, apartado 3, de las Disposiciones de Aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas debe interpretarse en el sentido de que tampoco se refiere al jefe de los servicios jurídicos.

4.      Infracción de  la exigencia de un plazo razonable

101. En tercer lugar, el Sr. Pinxten considera que el Tribunal de Cuentas ha vulnerado su derecho a que su causa sea oída en un plazo razonable, al cuestionar la legalidad de las solicitudes presentadas por él desde 2006, siendo así que el Tribunal de Cuentas disponía desde el principio de su mandato de toda la información pertinente para determinar si esas solicitudes eran legítimas y podía, en todo caso, haber solicitado aclaraciones si lo hubiese estimado necesario.

102. Basándose en las normas financieras aplicables al presupuesto de la Unión, el Sr. Pinxten alega que deberían considerarse prescritas las acciones del Tribunal de Cuentas relativas a hechos probados que precediesen en más de tres años, o en un máximo de cinco años, al 5 de octubre de 2018, fecha del informe preliminar del Tribunal de Cuentas.

103. Antes que nada, procede recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, «cuando la duración de un procedimiento no está fijada por un precepto de Derecho de la Unión, el carácter “razonable” del plazo adoptado por la institución para aprobar el acto de que se trate debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la trascendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto[, de las distintas fases del procedimiento seguidas por la institución de la Unión] y del comportamiento de las partes en liza». (44) En consecuencia, de esta exigencia de apreciación concreta se deriva que el carácter razonable de un plazo no puede examinarse en relación con un límite máximo preciso, determinado de forma abstracta, sino que debe examinarse en cada asunto en función de las circunstancias del caso. (45)

104. Así las cosas, el plazo de cinco años al que alude el Sr. Pinxten solo se aplica, tal como expresamente ha declarado el Tribunal de Justicia, al ámbito específico del cobro de deudas por parte de la Unión y, en concreto, al Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo. (46) Además, procede recordar que el propio Tribunal de Justicia ha aclarado que, incluso en esos casos, el plazo de prescripción de cinco años constituye solamente una presunción iuris tantum. (47)

105. En el presente asunto es preciso observar, antes que nada, respecto a la vía procesal seguida, que el procedimiento interno que dio lugar al presente recurso se inició en los días 18 de julio y 1 de septiembre de 2016, cuando el Sr. Pinxten fue informado de diversas alegaciones formuladas en su contra en relación con la comisión de posibles irregularidades graves. El expediente fue remitido a la OLAF el 14 de octubre de 2016, quien comenzó su investigación el 15 de noviembre siguiente. Posteriormente, el Tribunal de Cuentas recibió el informe final de la OLAF el 2 de julio de 2018. El día 12 de ese mismo mes, el Tribunal de Cuentas decidió encomendar a su Presidente la redacción de un informe preliminar de conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas, partiendo de la información facilitada por la OLAF en su informe final. Ese informe preliminar fue comunicado a los miembros del Tribunal de Cuentas y al Sr. Pinxten, junto con el informe de la OLAF, el 5 de octubre de 2018. El Sr. Pinxten presentó observaciones escritas el 19 de noviembre de 2018, y su audiencia tuvo lugar el día 26 de ese mismo mes. Partiendo de estos elementos, tres días después el Tribunal de Cuentas decidió remitir el asunto al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 286 TFUE, apartado 6. Así pues, en cualquier caso, el tiempo transcurrido desde que salieron a la luz las alegaciones formuladas en contra del Sr. Pinxten hasta que se decidió remitir el asunto al Tribunal de Justicia es escasamente superior a dos años.

106. Habida cuenta de los numerosos actos procesales emprendidos durante este período —los primeros trámites internos relativos al Sr. Pinxten tras la formulación de las alegaciones en su contra; la remisión a la OLAF y la subsiguiente investigación llevada a cabo por esta, la redacción del resumen de los hechos y del informe final por la OLAF y la elaboración del informe preliminar por el Tribunal de Cuentas, a lo que hay que añadir el tiempo concedido al Sr. Pinxten para su defensa (observaciones escritas, tanto a la OLAF como al Tribunal de Cuentas, y audiencias ante la OLAF y ante el Tribunal de Cuentas)—, creo que no se puede decir que la forma en que el Tribunal de Cuentas ha tratado este asunto, y el tiempo dedicado a hacerlo, constituyan una infracción del principio del plazo razonable.

107. En segundo lugar, en relación con los hechos, es cierto que algunos de ellos se remontan a 2006, año en que el Sr. Pinxten comenzó su primer mandato en el Tribunal de Cuentas. No obstante, cabe señalar que buena parte de las imputaciones se refieren a hechos acaecidos después de octubre de 2013, (48) es decir, en un período aceptado por el propio Sr. Pinxten, o a hechos que, aunque comenzasen antes, se repitieron después de esta «fecha crítica». (49) Además, la exigencia del plazo razonable, actualmente consagrada en los artículos 41 y 47 de la Carta, no se puede equiparar a un régimen de prescripción en materia penal, definida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») como el derecho reconocido de un infractor a no ser perseguido o encausado cuando ha transcurrido un cierto período de tiempo desde que cometió la infracción. (50) La primera es el derecho a que el asunto sea «tramitado dentro de un plazo razonable», es decir, como más explícitamente formula el artículo 47 de la Carta, el derecho de toda persona a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable por un juez. Dicho con otras palabras, en materia disciplinaria o penal, la exigencia del plazo razonable se refiere al período en el que el autor de un hecho ilícito debe ser juzgado, no desde la fecha de los hechos, sino desde que dicha persona fue «acusada». (51)

108. En cualquier caso, si la exigencia del plazo razonable, en el ámbito concreto del procedimiento del artículo 286 TFUE, apartado 6, se hubiese de entender en el sentido de que comprende un régimen de prescripción, sería necesario tener en cuenta la gravedad de las infracciones que pudieran juzgarse con arreglo a dicha disposición. En efecto, es un hecho contrastado que, en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros donde rige un plazo de prescripción en materia penal, la amplitud de este plazo es directamente proporcional a la gravedad de la infracción. (52) A este respecto, un período de diez años entre los primeros hechos denunciados y el primer acto adoptado por la institución en relación con ellos (o incluso doce años en el presente asunto, si se tiene en cuenta el informe preliminar del Presidente del Tribunal de Cuentas, como propone el Sr. Pinxten) no parece excesivo.

5.      Ilicitud de la investigación de la OLAF y de su informe

109. Con respecto a la investigación de la OLAF, el Sr. Pinxten invoca tres irregularidades de las que, a su juicio, adolece el informe remitido por la OLAF al Tribunal de Cuentas.

a)      Alcance de la investigación

110. En primer lugar, el Sr. Pinxten alega, en esencia, que la OLAF amplió el ámbito de su investigación de forma irregular, partiendo del análisis de los datos obtenidos durante la inspección realizada en su despacho.

111. Es cierto que el primer escrito de la OLAF en que se informaba al Sr. Pinxten de la apertura de una investigación en su contra solo hacía referencia a «posibles irregularidades que [en las que supuestamente estaba] involucrado como miembro del Tribunal de Cuentas en relación con el uso [que había hecho] de los fondos del Tribunal de Cuentas y [con] misiones que había llevado a cabo y/o autorizado contraviniendo los dispuesto en normativa aplicable, y que afectaban a los intereses financieros de la Unión Europea». (53) Solo en una segunda fase (es decir, en el escrito remitido por la OLAF el 15 de diciembre de 2017 al abogado del Sr. Pinxten) informó la OLAF a dicho abogado de que el Director General de la OLAF había decidido, tras un análisis preliminar de la información obtenida en la inspección, ampliar la investigación a posibles conflictos de intereses y a otras infracciones de los artículos 285 TFUE y 286 TFUE y de disposiciones del Código de Conducta de los miembros del Tribunal de Cuentas. (54)

112. Según el Sr. Pinxten, una inspección no puede tener por objeto o por efecto descubrir posibles infracciones que no hubieran podido conocerse antes de la inspección, pues el objeto y alcance de esta se definen en el mandato impartido a los investigadores. (55)

113. No obstante, a mi parecer esta concepción de la forma en que la OLAF puede llevar a cabo sus investigaciones es excesivamente restrictiva.

114. Es preciso recordar, antes de nada, que la responsabilidad de la OLAF, tal como se afirma expresamente en el considerando 6 del Reglamento n.º 883/2013, «se extiende, más allá de la protección de los intereses financieros, al conjunto de las actividades ligadas a la protección de intereses de la Unión frente a comportamientos irregulares que puedan dar lugar a diligencias administrativas o penales». Así pues, el artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento dispone que, para cumplir con este cometido, la OLAF deberá tener «acceso, de manera inmediata y sin mediar preaviso, a cualquier información pertinente, incluida la contenida en bases de datos, que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos, así como a los locales de estos […]. La Oficina podrá hacer copias y obtener extractos de cualquier documento y del contenido de cualquier soporte de información que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos y, en caso necesario, asumir la custodia de esos documentos o informaciones, para evitar todo riesgo de desaparición». Por último, se ha de tener en cuenta que a los miembros de las instituciones de la Unión les incumbe la obligación específica de cooperar con la OLAF, con arreglo al artículo 7, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.º 883/2013, conforme al cual las instituciones «velarán por que sus […] miembros […] presten la asistencia necesaria para que el personal de la [OLAF] cumpla su misión de manera efectiva». Esta obligación también afecta a los miembros del Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 3, párrafo segundo, de la Decisión n.º 99-2004 del Tribunal de Cuentas, por la que se establecen normas relativas a las modalidades de la colaboración de los miembros del Tribunal de Cuentas con las investigaciones internas en materia de lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades, con arreglo al cual, «en el marco de la investigación, los miembros del Tribunal de Cuentas cooperarán plenamente con la [OLAF]». (56)

115. Habida cuenta del alcance del cometido de la OLAF, las competencias que tiene asignadas para llevarlo a cabo y la obligación específica de colaboración que se impone a los miembros del Tribunal de Cuentas, considero que una inspección de la OLAF puede tener el efecto de descubrir posibles infracciones que no estuviesen comprendidas en el objeto inicial de la investigación. Si se prohibiese a la OLAF actuar así, se la obligaría a cerrar los ojos ante posibles irregularidades graves, lo que es totalmente contrario a su función, sus competencias y el deber de cooperación que se impone a los miembros de la OLAF, siendo así que la efectividad de sus investigaciones redunda en el interés público, el cual se deriva del interés público más general de proteger los intereses financieros de la Unión. (57)

116. Cualquier otra conclusión pondría en entredicho la independencia de la OLAF y se traduciría en una limitación de la facultad de su Director General para iniciar investigaciones, en particular cuando se trata de ampliar el objeto de una investigación. En efecto, tal como declaró el Tribunal General en relación con la posibilidad de ampliar el objeto de una investigación interna por la OLAF al de una investigación externa, «así sucedería si, en caso de albergar sospechas fundadas en relación con hechos que han salido a la luz durante la investigación interna […], no se permitiese al Director General de la OLAF […] ampliar el objeto de aquella». (58)

117. En consecuencia, de las anteriores consideraciones se deduce que, al haber llevado a cabo la OLAF su inspección de conformidad con la normativa aplicable, haber informado al Sr. Pinxten de la ampliación de la investigación y haberle ofrecido la oportunidad de presentar observaciones sobre los hechos que finalmente se le imputaron, (59) las irregularidades descubiertas a raíz de la ampliación de la investigación de la OLAF también pueden ser tenidas en cuenta en el presente procedimiento.

b)      El derecho a la intimidad del Sr. Pinxten

118. En segundo lugar, el Sr. Pinxten alega que la OLAF vulneró su derecho a la intimidad al incautarse de documentos privados y copiar posibles comunicaciones relacionadas con su abogado.

119. A tenor del artículo 7 de la Carta, toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones. Sin embargo, este derecho no es de carácter absoluto. Con arreglo al artículo 52, apartado 1, de la Carta, puede verse sometido a limitaciones, siempre y cuando estas respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Unión y, habida cuenta del objetivo perseguido, no constituyan una injerencia desproporcionada. (60)

120. A este respecto, cabe señalar que el derecho de la OLAF a copiar los documentos relevantes está previsto en la ley, concretamente en el artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 883/2013. Este derecho es necesario para proteger los intereses financieros de la Unión, que sin duda constituyen un «objetivo de interés general reconocido por la Unión» a efectos del artículo 52, apartado 1, de la Carta. (61) En efecto, tal como ha recalcado el Tribunal de Justicia en relación con los Estados miembros, la obligación de combatir las actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión mediante medidas disuasorias y efectivas, es una obligación impuesta, en particular, por el Derecho primario de la Unión, a saber, el artículo 325 TFUE, apartado 1. (62)

121. El hecho de que determinados documentos hayan sido calificados de «privados» por la persona investigada resulta irrelevante en este contexto. Antes de nada, se puede observar que el artículo 13.5 de las Directrices sobre los procedimientos de investigación dirigidas al personal de la OLAF declara expresamente que, «durante la inspección de los locales, los miembros de la unidad de investigación podrán acceder a cualquier información en posesión de la institución, órgano u organismo afectado, incluyendo, entre otras, las copias de datos electrónicos y las copias de documentos privados (incluidos los historiales médicos) cuando puedan revestir importancia para la investigación». (63) Esta interpretación de las competencias de la OLAF se me antoja coherente con el Reglamento n.º 883/2013, ya que este faculta a la OLAF para hacer copias de cualquier documento y del contenido de cualquier soporte de información que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, en la medida en que se refieran a información relevante.

122. También se ha de reconocer que, en el ámbito de una investigación con la que se pretende determinar si el Sr. Pinxten abusó de su cargo, no puede considerarse que los derechos de que este goza en virtud del derecho la intimidad en cuanto a los materiales generados con motivo de su trabajo (salvo la correspondencia y correos electrónicos de carácter estrictamente personal) revistan una especial fuerza. Cualquier otra conclusión sería incoherente con la obligación de las instituciones de la Unión de combatir el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión mediante medidas disuasorias.

123. Por otro lado, las competencias de la OLAF están concebidas de manera que se garantice su uso proporcionado. Con arreglo al artículo 13.4 de las Directrices sobre los procedimientos de investigación dirigidas al personal de la OLAF, de ser necesario, la inspección podrá realizarse en ausencia del miembro de la institución de la Unión afectada. Sin embargo, «en tales casos, otro miembro del personal o un miembro de seguridad de la institución […] afectad[a tendrá] que estar presente».

124. En el presente asunto, no se niega que la inspección tuvo lugar en presencia del responsable de seguridad del Tribunal de Cuentas y del responsable de seguridad de la información y de protección de datos de dicho Tribunal (en lo sucesivo, «RPD»). En cuanto a las comunicaciones privadas del Sr. Pinxten, en el «Informe de operación forense digital 22/nov/2017» (64) se declara expresamente que «los investigadores de la OLAF efectuaron un análisis preliminar de todos estos datos cumpliendo con los requisitos en materia de protección de datos, tal como exigió [el RPD]. Los correos electrónicos de carácter privado y los que claramente no tenían que ver con el objeto de la investigación fueron suprimidos de todas las bandejas de entrada exportadas […]. [El RPD] se hizo cargo del análisis preliminar y de la supresión […] [El RPD] también proporcionó los documentos electrónicos que habían sido objeto del análisis preliminar y que habían sido seleccionados y copiados desde las unidades U\: y S\:».

125. En particular, en los que concierne a la cuestión de la correspondencia supuestamente relacionada con abogado del Sr. Pinxten, es evidente que la confidencialidad de las comunicaciones escritas entre un abogado y su cliente deben gozar de la protección del Derecho de la Unión, pero siempre y cuando dichas comunicaciones se produzcan en el marco y en interés de los derechos de defensa del cliente y se trate de abogados independientes. (65) Sin embargo, en el presente asunto baste señalar que, tal como ha observado el Tribunal de Cuentas, el Sr. Pinxten no ha aportado ninguna prueba de que la OLAF se basase en documento alguno amparado por la confidencialidad de las comunicaciones entre un abogado y su cliente. Tampoco ha identificado ningún documento de estas características en el informe final de la OLAF o en sus anexos. Por el contrario, del anexo 6 al «Informe de operación forense digital 22/nov/2017» se desprende que «respecto al filtrado del correo electrónico […], se suprimieron todos los elementos de Outlook anteriores a 2010». Este documento también deja claro que se suprimieron otros materiales, como referencias al asesor jurídico del Sr. Pinxten y correspondencia con él. (66)

126. Así pues, a la vista de todas las circunstancias se ha de concluir que, en el curso de su investigación, la OLAF no vulneró el derecho a la intimidad del Sr. Pinxten.

c)      Los derechos de defensa del Sr. Pinxten

127. En su tercer motivo, el Sr. Pinxten alega que la OLAF vulneró sus derechos de defensa. En primer lugar, afirma que el resumen de los hechos comunicada fue extremadamente breve, que los cuadros adjuntos a dicho resumen eran incomprensibles y que no se proporcionaron todos los documentos en que se basaban. En segundo lugar, el Sr. Pinxten alega que no fue oído sobre todos los hechos ni sobre las declaraciones testificales que condujeron al informe. En tercer lugar, aduce que sus argumentos no se debatieron sino que simplemente se reprodujeron al final del informe. En cuarto lugar, sostiene que su antigua asistente no recibió una copia de la transcripción de su audiencia.

128. Es cierto que, tal como se establece en el artículo 41 de la Carta, el derecho a una buena administración comprende, por un lado, el derecho de toda persona a ser oída antes de que se adopte en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente y, por otro, el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna.

129. Tal como señaló el Tribunal de Justicia en su sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), «el respeto del derecho de defensa en cualquier procedimiento seguido contra una persona, que pueda terminar en un acto que le sea lesivo, constituye un principio fundamental de Derecho [de la Unión] y debe garantizarse aun a falta de normativa alguna sobre el procedimiento en cuestión. Es jurisprudencia constante que el respeto del derecho de defensa exige que a la persona contra la que la Comisión ha iniciado un procedimiento administrativo se le haya dado la ocasión, durante dicho procedimiento, de manifestar debidamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias alegadas, así como sobre los documentos utilizados por la [institución, órgano u organismo] en apoyo de su alegación sobre la existencia de una infracción del Derecho [de la Unión]». (67) En el ámbito de las investigaciones de la OLAF, cabe añadir que el artículo 9, apartado 4, del Reglamento n.º 883/2013 también dispone que, «en cuanto haya terminado la investigación y antes de redactar conclusiones en las que figure por su nombre una persona interesada, se le dará la posibilidad de presentar observaciones sobre los hechos que la afecten».

130. En el presente asunto, debe comprobarse en primer lugar si el Sr. Pinxten fue informado a tiempo de los cargos que se le imputaban y si tuvo la posibilidad de ser oído. (68)

131. Por mi parte, no puedo admitir el argumento del Sr. Pinxten en el sentido de que no se respetaron sus derechos de defensa. En efecto, del expediente se deduce que, mediante escrito de 7 de diciembre de 2017, se invitó al Sr. Pinxten a una entrevista que debía tener lugar el 22 de diciembre de 2017 en relación con las posibles irregularidades de las que había sido informado el 22 de septiembre anterior. (69) También consta que el Sr. Pinxten fue informado de la ampliación del objeto de la investigación y de la entrevista mediante un escrito dirigido a su abogado el 15 de diciembre de 2017. (70) Es cierto que el abogado del Sr. Pinxten respondió a este escrito afirmando que, en la entrevista de 22 de diciembre de 2017, su cliente estaría disponible para la OLAF únicamente en relación con los hechos mencionados en la notificación como persona interesada. (71) Sin embargo, del acta de la entrevista con el Sr. Pinxten se deduce que gran parte de los hechos que salieron a la luz durante la investigación de la OLAF y que se incluyeron en su informe final fueron discutidos o, cuando menos, mencionados en la entrevista, con total libertad y sin coacción alguna. (72) Además, los asuntos que no fueron directamente aludidos durante esta entrevista se incluyeron, no obstante, en el resumen de los hechos posteriormente comunicado (como la estancia en Crans Montana, la pertenencia a la junta directiva de un partido político o los partes al seguro supuestamente falsos). A este respecto, pese a que el Sr. Pinxten alega que el resumen de los hechos comunicado era extremadamente breve y que los cuadros adjuntos a este no eran comprensibles, no cabe duda de que dicho resumen resulta suficientemente exhaustivo en lo que concierne a la presentación tanto de la normativa aplicable como de las irregularidades denunciadas. La claridad y la exhaustividad de dicho resumen difícilmente puede ser rebatida por el Sr. Pinxten, cuando este ha redactado nada menos que 36 páginas de observaciones (para lo cual se le concedió una prórroga de diez días laborables, en atención a la magnitud del asunto), que abarcan todos los hechos mencionados en el resumen. (73)

132. Por otro lado, es preciso señalar también que el informe final de la OLAF solamente contiene las recomendaciones del Director General. Con arreglo al artículo 11, apartado 4, del Reglamento n.º 883/2013, la institución destinataria debe adoptar las medidas, en particular disciplinarias y judiciales, que procedan en función de los resultados de la investigación interna. Pero ello no obsta a que la decisión que puede afectar desfavorablemente a la persona interesada es la decisión que pueda adoptar la institución a la que se dirige el informe final de la OLAF.

133. En atención a las consideraciones que preceden, entiendo que, al valorar el respeto del derecho de defensa, no se puede pasar por alto que (después de haber sido oído por primera vez por la OLAF y habiéndosele permitido presentar observaciones sobre el resumen de los hechos) el Sr. Pinxten recibió una copia del informe final de la OLAF y sus anexos con vistas al procedimiento administrativo ante el Tribunal de Cuentas que precedió a la interposición del recurso contra el Sr. Pinxten en virtud del artículo 286 TFUE, apartado 6.

134. A este respecto, procede señalar que al Sr. Pinxten no solo se le dio la oportunidad de presentar observaciones escritas sobre el informe final de la OLAF y sobre el informe preliminar redactado por el Presidente del Tribunal de Cuentas (lo que efectivamente hizo), (74) sino que además fue oído sobre los hechos expuestos en dichos documentos. (75)

135. En consecuencia, me veo en la obligación de afirmar que en la tramitación del procedimiento administrativo no aprecio violación alguna de los derechos de defensa del Sr. Pinxten.

6.      Conclusión sobre las normas de procedimiento y los diversos derechos invocados por el Sr. Pinxten

136. De cuanto antecede se deduce que todos los motivos formulados por el Sr. Pinxten en su defensa relacionados con aspectos procesales y con el respeto de una serie de derechos y, en especial, del derecho de defensa, deben ser desestimados.

137. En aras de la exhaustividad, quisiera añadir que, aunque el Tribunal de Cuentas se basa fundamentalmente en el informe final de la OLAF para demostrar que sus imputaciones son fundadas, su pretensión sigue siendo comprensible con independencia de dicho informe y sus anexos. Además, el recurso también expresa una valoración personal de los hechos por el Tribunal de Cuentas, que en algunos aspectos se aparta de las conclusiones de la OLAF.

C.      Sobre la existencia de un incumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 286 TFUE

1.      Sobre los requisitos de aplicación del artículo  286 TFUE, apartado 6

138. Antes de examinar si el Sr. Pinxten ha incumplido una o varias de las obligaciones que le incumbían como miembro del Tribunal de Cuentas, puede ser conveniente reiterar tres observaciones ya realizadas en las presentes conclusiones.

139. En primer lugar, del tenor del artículo 286 TFUE se deduce que los miembros del Tribunal de Cuentas están obligados a hacer prevalecer en todo momento el interés general de la Unión no solo sobre los intereses nacionales, sino también sobre los intereses personales. (76) En segundo lugar, los miembros del Tribunal de Cuentas deben cumplir con sus obligaciones de independencia, honestidad y discreción con arreglo a los artículos 285 TFUE y 286 TFUE, pero también deben observar la máxima imparcialidad y desinterés. Esto implica necesariamente plena responsabilidad en la forma en que gastan los fondos públicos. (77) En tercer lugar, el Tratado guarda silencio en cuanto al tipo y la frecuencia de las infracciones que pueden dar lugar a la aplicación del artículo 286 TFUE, apartado 6. La única condición es que el miembro del Tribunal de Cuentas haya dejado de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones que dimanan de su cargo.

140. Dado que las disposiciones del Tratado son similares para los miembros de la Comisión y para los del Tribunal de Cuentas, es obvio que a estos también se les exige un comportamiento irreprochable. No obstante, el incumplimiento de las obligaciones ha de revestir una cierta gravedad para que esté justificada la aplicación del artículo 286 TFUE, apartado 6. (78) Este requisito de gravedad se explica fácilmente por la severidad de la sanción que puede llegar a imponer el Tribunal de Justicia al cargo público (o, como en este caso, antiguo cargo público) si se confirman las acusaciones. Por otro lado, del tenor general del artículo 286 TFUE, apartado 6, junto con la función que esta disposición desempeña en la arquitectura institucional de la Unión, se deduce que el incumplimiento puede derivarse tanto de un solo acto grave como de la reiteración de actos que, individualmente, revistan menos gravedad, pero cuya repetición refleje un desprecio por las normas.

141. De todas estas consideraciones se desprende que, en el ámbito del artículo 286 TFUE, apartado 6, es suficiente, pero también necesario, que se acredite una infracción de una cierta gravedad para que un recurso interpuso sobre la base de esta disposición se considere fundado. Esta grave infracción puede ser el resultado de un solo acto grave o de la repetición de actos menos graves que, individualmente, no se considerarían suficientemente graves. Por otro lado, la gravedad del acto o su repetición, o incluso la acumulación de varios actos, puede tener incidencia en el grado de privación del derecho a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo. (79)

2.      Examen de las imputaciones en el caso del Sr. Pinxten

142. En apoyo de su recurso el Tribunal de Cuentas formula cinco imputaciones, de las cuales ya solo la primera se basa en al menos 332 hechos. Sin embargo, como ya he expuesto, no todas las infracciones invocadas en apoyo de dichas imputaciones son esenciales para apreciar el incumplimiento a que se refiere el artículo 286 TFUE, apartado 6. Por lo tanto, voy a limitar mi análisis, en relación con cada imputación, a los hechos que, a mi parecer, más probablemente pueden evidenciar un incumplimiento indiscutible de las obligaciones que incumben a un miembro del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de que los demás también sean ciertos.

a)      Sobre la primera  imputación:  uso indebido de los recursos del Tribunal de Cuentas para financiar actividades no relacionadas o incompatibles con las funciones de un miembro de dicho Tribunal

143. Con arreglo al artículo 7 del Reglamento n.º 2290/77, un miembro del Tribunal de Cuentas que, «en el ejercicio de sus funciones, se vea obligado a desplazarse fuera de la [sede del Tribunal de Cuentas], tendrá derecho al reembolso de sus gastos de viaje [y] de sus gastos de hotel [y a] una dieta». Para obtener estos reembolsos y dietas, de los mismos términos de dicha disposición se deduce que la actividad que justifique el gasto debe estar relacionada con el ejercicio de las funciones de un miembro del Tribunal de Cuentas.

144. A este respecto, tras un examen de las pruebas esencialmente irrefutadas, resulta difícil no llegar a la conclusión de que el Sr. Pinxten abusó del sistema presentando indebidamente determinadas actividades para poderse beneficiar del reembolso previsto en el Reglamento n.º 2290/77. Lamento tener que decir que ofrecen numerosas pruebas en este sentido las estancias en Crans Montana (Suiza) y en Cuba y su participación en ciertas actividades de caza en Chambord (Francia) y Ciergnon (Bélgica).

1)      La estancia en Crans Montana

145. En una nota fechada el 11 de julio de 2013 y dirigida al Presidente del Tribunal de Cuentas, el Sr. Pinxten explicaba que «como Decano de la Sala III del Tribunal, [había] sido invitado por el Crans Montana Forum a asistir a su Sesión de Verano del 22 al 25 de agosto de 2013». (80) Según dicha nota, «personajes clave de gobiernos, diplomacia, organizaciones internacionales, partidos políticos y parlamentos de todo el mundo se reúnen en Crans Montana para debatir asuntos de actualidad política internacional». En consecuencia, dado que «[había] sido invitado como miembro del [Tribunal de Cuentas], quisiera solicitar el pago del alojamiento y una contribución financiera ([3 570,00 euros]) por parte del Tribunal».

146. Aunque el Tribunal de Cuentas aceptó su misión y abonó la suma solicitada, del expediente se deduce que tres datos aportados por el Sr. Pinxten en su nota (que había sido invitado, el objeto del acontecimiento y el coste) no eran estrictamente ciertos.

147. En primer lugar, da la impresión de que el Sr. Pinxten no fue invitado a este acontecimiento, ni como Decano de la Sala III del Tribunal de Cuentas ni como miembro de la institución. Por el contrario, aunque su asistente había enviado un correo electrónico el 29 de mayo de 2013 a «info@cmf.ch» informando de que el Sr. Pinxten estaría interesado en asistir, ese mismo día recibió una respuesta en que se decía que «La Sesión de Verano de Crans Montana Forum es un acontecimiento restringido en que se dan cita un número muy limitado de personas (cuarenta) en este exclusivo “resort” de montaña». Solo tras la intervención y recomendación de un antiguo ministro belga, recibió el Sr. Pinxten, en torno a dos semanas después, un segundo correo electrónico de los organizadores en que le comunicaban que era bienvenido al evento, pero sin hacer referencia alguna a su cargo o función. (81)

148. En segundo lugar, el primer correo electrónico del departamento ejecutivo de Crans Montana, de 29 de mayo de 2013, daba a entender que no existía un programa específico para lo que se designaba como «Sesión Especial de Verano». Así lo confirman el formulario de presentación del acontecimiento anual y el programa posteriormente facilitado. En este documento se señalaba que «la Sesión de Verano se limita a un máximo de 60 amigos del Forum [que] acuden y comparten un entorno muy privilegiado de relajación y amistad en este excepcional “resort”». (82) El programa completo de la estancia también revelaba que no comprendía sesiones de trabajo ni tan siquiera tiempo dedicado al debate formal. Todas las mañanas y las tardes estaban ocupadas por caminatas, excursiones y compras. De hecho, en un tono realmente sugerente, el programa afirmaba que se trataba de «un fin de semana en la montaña: no es preciso vestir con elegancia ni una especial etiqueta». Los asistentes eran invitados a «sentirse como en unas vacaciones y a venir como deseen». (83)

149. En tercer lugar, aunque el Sr. Pinxten solicitó el pago del alojamiento y la contribución financiera de 3 570,00 euros, del formulario de registro y de la factura se desprende que la contribución financiera que el Forum pidió al Sr. Pinxten era de solo 2 950,00 euros. (84) La diferencia (620 euros) correspondía al coste añadido de dos noches adicionales, la anterior y la posterior al evento, en las que el Sr. Pinxten y su esposa pernoctaron en el referido “resort”, siendo así que la primera actividad estaba programada para el 22 de agosto de 2013 a las 19.00 h y no había nada previsto para el día 25 de agosto después del desayuno de las 9.30 h. Por lo tanto, aun teniendo en cuenta el desplazamiento en coche desde Luxemburgo, estas dos noches no eran necesarias para participar en el evento. (85)

150. Dado el carácter poco exigente del programa, resulta dudoso que para el Tribunal de Cuentas se derivase algún beneficio de la participación del Sr. Pinxten en el acontecimiento. Antes bien, parece haber constituido simplemente una ocasión para el esparcimiento y diversión en un lujoso hotel y en un agradable entorno. En tales circunstancias, la actividad debería haberse considerado en realidad como un viaje privado.

151. Al decir esto no paso por alto el hecho de que quizá podría haberse prestado mayor atención al contenido del programa y podrían haberse formulado algunas preguntas más sobre la verdadera naturaleza del evento del Forum antes de aprobar la participación del Sr. Pinxten. Pero tampoco creo que sea justo criticar por ello al Tribunal de Cuentas. Este está en su derecho de confiar en que sus miembros se comporten dignamente y, en particular, en que, si un miembro asiste a un acto que en realidad no constituye sino una ocasión para el descanso y la relajación, él mismo lo costeará con sus propios medios y no a expensas, en último término, del contribuyente europeo.

2)      La estancia en Cuba

152. Del 30 de marzo al 14 de abril de 2015, el Sr. Pinxten y su esposa viajaron a Cuba. El Sr. Pinxten presentó este viaje como una misión oficial para el Tribunal de Cuentas y, como tal, percibió el reembolso de los gastos de la misión y dietas por un total de 10 042,71 euros.

153. En una nota dirigida al Presidente del Tribunal de Cuentas el 24 de marzo de 2015, expuso la misión en Cuba en los siguientes términos: «permitirá conocer más de cerca las relaciones entre la UE y Cuba, ante la posibilidad de una rápida evolución de la situación en el país. Con esto se puede conseguir la inclusión de Cuba en uno de los próximos programas de trabajo de la Sala III, que es la responsable de auditar la acción exterior de la Unión. La misión se centra en establecer contactos con representantes de la sociedad civil (ONG, docentes, periodistas…) y visitas de campo a proyectos EU-PNUD. A pesar de toda la preparación de la misión desde Luxemburgo y Bruselas, debido a la estructura “autoritaria” del Estado, la mayor parte de los contactos y visitas de campo deberán concertarse una vez en La Habana». (86)

154. Pese a esta presentación, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia por el Tribunal de Cuentas queda patente que el viaje se concibió desde el primer momento como un viaje privado. En efecto, en el primer correo electrónico enviado por la asistente del Sr. Pinxten al Embajador de la Unión en Cuba se le explicó que el Sr. Pinxten y su esposa planeaban un viaje privado al país, debido a que aún no lo conocían. (87) Mediante este correo electrónico, el Sr. Pinxten solicitaba asesoramiento respecto a hoteles, ciudades e islas que visitar y otra información de utilidad. Al día siguiente se envió un segundo correo electrónico en el que se enumeraban las ciudades en las que el Sr. Pinxten había pensado y que finalmente fueron las que este visitó junto con su esposa. (88)

155. Es cierto que, unos diez días antes de la salida, el Sr. Pinxten expresó su deseo de reunirse con periodistas y con representantes de ONG y de beneficiarios de la financiación de la Unión y/o de partes contratantes, así como de visitar determinados proyectos. (89) Así pues, el equipo del Sr. Pinxten identificó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como el colaborador más importante y le remitió un correo electrónico para estudiar la posibilidad de visitar los proyectos que estaba desarrollando en las fechas en que el Sr. Pinxten y su esposa se encontrarían en la región correspondiente. (90)

156. No obstante, las respuestas a esta solicitud fueron unánimes e inequívocas. El Embajador de la UE en Cuba respondió que «esto puede plantear numerosas dificultades en Cuba […]. Por lo general, en Cuba es difícil combinar el turismo con las actividades oficiales». (91) El Representante Permanente del PNUD en Cuba confirmó que el «PNUD Cuba comparte plenamente [dicha] valoración». (92) Además, el Embajador de Bélgica en Cuba escribió que estaba totalmente de acuerdo con la valoración que había hecho el Embajador de la Unión, y añadió que era «altamente improbable una reunión oficial, [y que] lo mismo sucede con las reuniones informales, [ya que,] en general, los funcionarios cubanos no aceptan invitaciones a este tipo de encuentros, [y] esto es así, sin duda, en el caso de reuniones con funcionarios extranjeros con cargos de alto rango en sus países u organizaciones». (93)

157. Aunque su asistente le transmitió los dos primeros correos electrónicos el 18 de marzo de 2015, (94) para que tuviese conocimiento de que las autoridades cubanas veían mal la combinación de cualquier asunto de trabajo con un viaje concebido principalmente con fines turísticos, el Sr. Pinxten escribió expresamente en su memorando al Presidente del Tribunal de Cuentas, el 24 de marzo de 2015, que «la misión se centra en establecer contactos con representantes de la sociedad civil (ONG, docentes, periodistas…) y visitas de campo a proyectos EU-PNUD». Añadió que «la mayor parte de los contactos y visitas de campo deberán concertarse una vez en La Habana».

158. Cuesta creer que el Sr. Pinxten pudiera pensar que tales reuniones y visitas fueran posibles después de que reiteradamente se le advirtiese de que cualquier visita de campo o reunión con autoridades locales requería un visado de trabajo, y él, sin embargo, había decidido viajar a Cuba con un visado de turismo. (95) En cualquier caso, del programa del Sr. Pinxten se desprende que las únicas reuniones que mantuvo en Cuba se redujeron a un encuentro informal con el Embajador de la Unión el 31 de marzo de 2015, es decir, al día siguiente a su llegada al país, y una reunión no planificada, de un par de horas de duración, con un miembro de la delegación de la UE en Cuba un día más tarde. (96)

159. Por lo demás, el Sr. Pinxten y su esposa únicamente fueron invitados por el Embajador de la Unión el 2 de abril de 2015 a un almuerzo informal de bienvenida en su residencia, en presencia del Embajador belga y su esposa, el Representante Permanente del PNUD y un representante de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El carácter informal de este almuerzo quedó confirmado durante la investigación de la OLAF por el propio Embajador de la Unión (97) y por el miembro de la Delegación de la UE en Cuba con el que se encontró el Sr. Pinxten el día anterior. (98) Este ya había indicado la naturaleza meramente informal de este almuerzo en un breve resumen sobre la visita del Sr. Pinxten, escrito in tempore non suspecto. (99) En dicho resumen también se confirma que la reunión del 1 de abril de 2015 fue una «conversación distendida y cordial, […] de interés y enfoque más político que técnico». Por último, cabe observar también que, aunque el resto del viaje por el país no es objeto de controversia, no tuvo lugar en él ninguna otra visita o reunión de carácter oficial ni semioficial.

160. En estas circunstancias, resulta evidente que el viaje fue, esencialmente, de carácter privado. En cualquier caso, no cabe duda de que las dos reuniones y el almuerzo organizados durante tres días en La Habana no justifican un viaje de catorce días por todo el país. Sin embargo, en lugar de reconocer que no se lograron los objetivos presentados en su nota dirigida al Tribunal de Cuentas el 24 de marzo de 2015, el Sr. Pinxten declaró, en su informe de la misión, que había «logrado reunir[se] con numerosas personas de gran interés y bien informadas». (100) A lo sumo, podría decirse, tal como confirmó el representante del Tribunal de Cuentas en la vista oral, que dos de esos días podrían considerarse dedicados a asuntos oficiales.

3)      Cacerías en Chambord (Francia) y Ciergnon (Bélgica)

161. Del expediente del Tribunal de Cuentas y de la investigación de la OLAF se deduce claramente que el Sr. Pinxten era un asiduo cazador. De las aproximadamente cuarenta cacerías mencionadas en el informe final de la OLAF, participó en varias de ellas como si fuesen parte de una misión oficial y, de este modo, percibió el reembolso de los gastos y dietas. Es lo que sucede, al menos, con tres cacerías que tuvieron lugar en Chambord (Francia) y dos en Ciergnon (Bélgica).

162. Respecto a las cacerías de Chambord de 25 de enero de 2013, 13 de febrero de 2015 y 12 de febrero de 2016, el Sr. Pinxten justificó estas misiones alegando que había sido invitado como miembro del Tribunal de Cuentas, junto con otras personalidades europeas y francesas, en lo que él llamaba «Jornadas Europeas». Sin embargo, a pesar de una declaración en este sentido del Director General del Dominio Nacional de Chambord (a petición del Sr. Pinxten con motivo de la investigación de la OLAF), (101) la única referencia a una «batida europea» («une battue européenne») se hizo en un correo electrónico del Director de Caza y Silvicultura de Chambord en que invitaba al Sr. Pinxten a la cacería de 13 de febrero de 2015. Este correo electrónico, de fecha 7 de diciembre de 2014, estaba dirigido a la atención del Ministro Pinxten (y no se dirigía al interesado en su condición de miembro del Tribunal de Cuentas). (102)

163. Además, da la impresión de que el Sr. Pinxten fue invitado a estas cacerías a raíz de una iniciativa personal y mediante la intervención de un amigo. (103) Ante todo, no hay mención alguna a una «Jornada Europea» o «Cacería Europea» en ningún otro de los correos electrónicos intercambiados en relación con Chambord ni en las tres invitaciones oficiales recibidas. Por el contrario, las invitaciones o tarjetas de respuesta solo mencionan una «cacería de regulación del jabalí» (104) o una «batida de ciervo y jabalí» (105) o incluso simplemente una «cacería de regulación». (106)

164. Por otro lado, si bien es cierto que las misiones oficiales también pueden combinarse con actividades sociales o reuniones informales, es preciso señalar que, de los programas de las cacerías en Chambord en los que el Sr. Pinxten participó en 2013, 2015 y 2016, todos los días estaban ocupados por actividades de caza, desde la mañana hasta la cena. (107) En tales circunstancias, es difícil apreciar relación alguna entre estos eventos y la función del Sr. Pinxten en el Tribunal de Cuentas.

165. En cuanto a las cacerías de Ciergnon, resulta más complicado aún advertir el eventual vínculo con el trabajo o las responsabilidades del Sr. Pinxten en el Tribunal de Cuentas. En efecto, en contra de lo que se adujo durante la vista de 29 de septiembre de 2020, las invitaciones fueron enviadas a su domicilio privado en Bélgica por el Jefe de Protocolo de la Casa Real de Bélgica. En ellas no se hacía referencia alguna al Tribunal de Cuentas ni a «Jornadas Europeas». (108) Además, según el cuadro adjunto al informe de la OLAF, se pagaron al Sr. Pinxten dietas y/o gastos de hotel por estas cacerías en 2014 y 2015. (109)

b)      Sobre la segunda  imputación: uso indebido e ilícito de los privilegios fiscales

166. Con su segunda imputación, el Tribunal de Cuentas alega que el Sr. Pinxten ha infringido el artículo 12 de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE, (110) y ciertas disposiciones del Reglamento de Luxemburgo de 7 de febrero de 2013 sobre las dietas y exenciones concedidas a las misiones diplomáticas. En concreto, se afirma que el Sr. Pinxten utilizó supuestamente de manera indebida e ilegal las tarjetas de combustible puestas a su disposición, al permitir a determinadas personas beneficiarse ilícitamente de la exención del IVA y de los impuestos de combustible que se concede a los diplomáticos en Luxemburgo.

167. Al igual que otros miembros del Tribunal de Cuentas, el Sr. Pinxten disponía de dos tarjetas de combustible para un máximo de dos vehículos privados matriculados en Luxemburgo. Este utilizó una para su vehículo personal, conducido por su esposa, y la otra para su segundo coche personal, conducido por su hijo. En el correo electrónico de 18 de marzo de 2009, aportado por el propio Sr. Pinxten para fundamentar su defensa, se afirma expresamente que el uso de las tarjetas de combustible implicaba beneficiarse de una reducción en el precio y de una exención del IVA. (111) Además, en una nota dirigida al Presidente y los miembros del Tribunal de Cuentas y al Secretario General el 3 de noviembre de 2010 también quedaba claro que las tarjetas estaban dotadas de un código confidencial, en parte asociado al Tribunal de Cuentas y en parte al propio usuario, que permitía identificar al autor de cada operación. Allí se señalaba que «cada tarjeta [es] específica para un vehículo, por lo que debe permanecer en él». (112)

168. A los presentes efectos, no es necesario insistir en el hecho de que uno de los hijos del Sr. Pinxten ya no dependía de sus padres (por lo que ya no estaba autorizado para utilizar una de las tarjetas de combustible). En efecto, con independencia de este hecho, es evidente que el uso de estas tarjetas no se hizo conforme a las normas antes citadas.

169. En efecto, los dos vehículos asociados a las tarjetas de combustible adicionales eran de motor diésel. Sin embargo, el análisis del uso de las tarjetas pone de manifiesto varias anomalías. Para empezar, de las facturas de los proveedores de combustible se desprende que una de ellas se utilizó frecuentemente para comprar gasolina (al menos once veces en un período de diecisiete meses). (113) Además, estas facturas revelan que una de las tarjetas se utilizó para comprar diésel, mientras que la otra se usó el mismo día para comprar gasolina para lo que, en principio, debía ser el mismo vehículo. (114) Hay días, incluso, en que la tarjeta se utilizó en la misma estación de servicio, una vez para comprar gasolina y otra para diésel, en intervalos de solo dos o cuatro minutos, (115) lo cual obviamente es imposible. En tales circunstancias, por tanto, no es válida la excusa de un vehículo de sustitución. Por el contrario, las facturas demuestran un abuso manifiesto en la utilización de las tarjetas de combustible adicionales, en contra de lo dispuesto en las normas claramente expuestas en diversos documentos remitidos al Sr. Pinxten. De hecho, el uso simultáneo de dos carburantes diferentes (uno de ellos, incompatible con el vehículo al que estaba asociada la tarjeta) demuestra que el Sr. Pinxten cedió a terceros no autorizados las tarjetas de combustible y las ventajas fiscales que implicaban.

c)      Sobre la tercera  imputación: falsos partes al seguro

170. Con la tercera imputación, se acusa al Sr. Pinxten de haber dado partes falsos al seguro en relación con dos siniestros en los que estaba implicado el vehículo oficial puesto a su disposición y por los cuales supuestamente percibió dos indemnizaciones indebidas. El primero de ellos se refiere a un incidente ocurrido el 14 de enero de 2010, en el que el chófer del Sr. Pinxten pasó el vehículo por encima de una maleta que contenía vino y diversas prendas de vestir. El segundo se refiere a un accidente ocurrido el 17 de enero de 2011 entre su vehículo privado, conducido por su hijo, y el vehículo oficial, conducido por su chófer. Sin embargo, del testimonio del chófer, prestado durante la investigación de la OLAF, se desprende que el primer incidente no tuvo las consecuencias declaradas, y que el chófer no estuvo implicado en el segundo accidente.

171. En cuanto al primer incidente, según parece, el Sr. Pinxten recibió una indemnización por varias prendas de vestir, incluidos dos trajes, sobre la base de un parte de accidente firmado por su conductor (116) y de una declaración formal firmada por el propio Sr. Pinxten. (117) No obstante, a la vista del testimonio ofrecido por el chófer del Sr. Pinxten durante la investigación de la OLAF, las circunstancias en las que esto sucedió no están muy claras. Además, conforme a ese mismo testimonio, la maleta en que se rompió una botella de vino era demasiado pequeña para contener dos trajes, como declaró el Sr. Pinxten a la compañía de seguros. (118) No obstante, parece que dicha compañía pagó la indemnización sin poner reparos.

172. En cuanto al segundo siniestro, no está claro el papel que desempeñó el Sr. Pinxten. Inicialmente fue él mismo quien dio el parte del siniestro. La compañía de seguros se negó a pagar, debido a que el accidente se había producido entre dos miembros de la misma familia. Así lo confirma no solo un correo electrónico remitido por un empleado de dicha compañía al director general de la empresa de alquiler que se hace cargo de los vehículos del Tribunal de Cuentas el 28 de enero de 2011, es decir, menos de dos semanas después del siniestro, (119) sino también un escrito dirigido por el propio Sr. Pinxten al director de la compañía de seguros el 11 de enero de 2012. (120) El él afirmaba expresamente que los hechos sucedieron como los había narrado anteriormente, y que consideraba injusta la decisión de la compañía en la medida en que la única razón para denegar la intervención era que dos personas de la misma familia no pueden aparecer como implicadas en un parte de accidente. No son convincentes las explicaciones dadas por el Sr. Pinxten al Secretario General del Tribunal de Cuentas en un memorando de 1 de septiembre de 2016, según el cual «dicha carta puede dar una impresión diferente a alguien que no hubiese leído la descripción de los hechos y que no supiera que el Sr. S. G. era [su] chófer oficial, [pero] en ningún momento trat[ó] de hacer creer que [él] mismo había conducido [su] vehículo oficial». (121) Por un lado, este documento se redactó en un momento en que el Tribunal de Cuentas ya había formulado sus primeras alegaciones. Por otro, cuesta creer que el Sr. Pinxten utilizase un pronombre personal como «yo» y «nosotros» (en referencia a él mismo y a su hijo) cuando la persona implicada era un tercero.

173. No obstante, procede señalar que el formulario del parte de accidente presentado a la compañía de seguros estaba firmado por el hijo del Sr. Pinxten y el chófer de este. Ciertamente, a la vista del expediente no se puede descartar que el parte fuese firmado finalmente por el chófer del Sr. Pinxten por iniciativa del responsable de los chóferes del Tribunal de Cuentas (122) o del propio Sr. Pinxten, como reacción a la negativa de la aseguradora a intervenir. (123) A este respecto, es preciso señalar que no hay pruebas irrefutables de la implicación del Sr. Pinxten y de su conocimiento efectivo del supuesto fraude que dio lugar al reembolso.

174. En consecuencia, considero que la tercera imputación no ha sido acreditada.

d)      Sobre la cuarta imputación: el cargo no declarado e ilícito de administrador de una sociedad mercantil y la intensa actividad política

175. Con respecto a la cuarta imputación, se acusa al Sr. Pinxten esencialmente de dos infracciones. Primero, se le reprocha haber actuado como administrador de una sociedad mercantil desde 2016, cuando compró un inmueble en Borgoña consistente en una casa y un viñedo. Segundo, se le acusa de haber mantenido una intensa actividad política dentro un partido político mientras ostentaba un cargo en el Tribunal de Cuentas.

176. En cuanto a la actividad en la sociedad mercantil, el Sr. Pinxten alega que no se trataba de una actividad comercial ni profesional. Afirma haber sido accionista, junto con su mujer y sus hijos, de una «société civile immobilière». La actividad como administrador no era de carácter profesional. La sociedad se limitaba a percibir una renta por el alquiler de la finca.

177. Aparte de este aspecto financiero, de los autos se desprende que el Sr. Pinxten no declaró esta situación a su debido tiempo y que, a fortiori, esta no fue autorizada. Este hecho solo trascendió cuando el Sr. Pinxten informó al Tribunal de Cuentas, en septiembre de 2018, después de que su mandato hubiera finalizado en abril de ese mismo año, de que dos meses antes había sido nombrado «gérant» (director administrativo) del viñedo situado en Chambolle Musigny (Francia), después de haber cambiado su forma jurídica por la de «Groupement foncier agricole». (124) Sin embargo, el artículo 6 de las Disposiciones de Aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas obliga a los miembros de esta institución a declarar todas sus actividades externas, y el artículo 2, apartado 2, del Código de Conducta de los miembros del Tribunal de Cuentas dispone que «en la declaración se hará constar cualquier bien inmobiliario poseído bien directamente, bien indirectamente a través de una sociedad inmobiliaria», con la única excepción de las viviendas destinadas al uso exclusivo del propietario o su familia. En consecuencia, el Sr. Pinxten incumplió esta obligación durante su mandato.

178. Respecto a las actividades políticas, las normas del Tribunal de Cuentas son especialmente claras. En primer lugar, el artículo 4, apartado 1, del Código de Conducta de los miembros del Tribunal de Cuentas dispone que los miembros de dicho Tribunal se dedicarán plenamente al cumplimiento de su mandato y «no podrán ejercer ninguna función política». En segundo lugar, el punto 3.2 de las Directrices de Ética del Tribunal de Cuentas establece que sus miembros desempeñarán sus cometidos sin dejarse guiar por influencias externas, ya sean nacionales, políticas o de otro tipo. En tercer lugar, para despejar cualquier sombra de duda, el punto 3.3 de dichas Directrices de Ética señala que los miembros del Tribunal de Cuentas «evitar[án] cualquier conflicto de intereses, ya sea real o aparente, que puede producirse, por ejemplo, por la afiliación a organizaciones políticas o el ejercicio de cargos de esta índole […]». (125)

179. No cabe ninguna duda de que el Sr. Pinxten conocía estas normas. En efecto, desde mayo de 2006 el Sr. Pinxten ya había solicitado conservar su cargo de alcalde de la localidad de Overpelt (Bélgica). Sin embargo, su petición fue denegada en virtud del artículo 286 TFUE y del mencionado Código de Conducta de los miembros del Tribunal de Cuentas, a pesar de que el Sr. Pinxten en realidad había delegado todas sus funciones de alcalde y solo pretendía conservar el título asociado a este cargo político. (126)

180. No obstante, las pruebas demuestran que (por increíble que parezca) entre 2006 y 2017 el Sr. Pinxten siguió siendo miembro de la junta directiva de un partido político en Bélgica. En su defensa, el Sr. Pinxten aduce que, desde noviembre de 2008, solo perteneció a la junta ampliada, es decir, sin derecho de voto. Este argumento apenas tiene trascendencia, y el solo hecho de que haya sido formulado dice mucho acerca de la idea general del Sr. Pinxten sobre las obligaciones de plena objetividad y abstención de toda actividad política que se esperan de un miembro del Tribunal de Cuentas.

181. Apenas es necesario añadir que la ausencia de derechos de voto no impide a una persona expresar su opinión sobre los temas tratados, influyendo así en el resultado de toda votación o, a la inversa, viéndose influido por el debate. En cualquier caso, el mero hecho de que el Sr. Pinxten continuase siendo miembro activo de un partido político nacional ya es cuestionable.

182. No cabe duda de que el Sr. Pinxten tenía la firme intención de continuar como miembro influyente de su partido y, por tanto, de mantenerse activo en el plano político. Por ejemplo, dio un consejo personal a la Presidenta de su partido sobre la estrategia mediática que más le convenía a este en un asunto económico. (127) Asimismo, insistió en reunirse con la Presidenta del partido cuando no pudo asistir a la junta directiva, ya que deseaba debatir un asunto de interés para ella y para el partido. (128) Por otro lado, también hay pruebas de que el Sr. Pinxten intervenía regularmente en la vida política. Por ejemplo, de las 57 reuniones celebradas entre febrero de 2009 y abril de 2010, asistió a 30, a veces incluso a dos en una misma semana. Más aún que su asistencia a las reuniones, las actas de estas revelan que los asuntos debatidos podían afectar claramente al trabajo del Sr. Pinxten o a su independencia como miembro del Tribunal de Cuentas. Se trata de asuntos como las campañas electorales regionales y europeas y la decisión que adoptarían los accionistas respecto a una fusión entre dos grandes bancos belgas; (129) las consecuencias de las elecciones nacionales en el futuro del sistema institucional de Bélgica, (130) o incluso el plan plurianual que se había de presentar a la Comisión; (131) las observaciones de la Comisión sobre el presupuesto belga; (132) la posibilidad de que el primer Presidente del Consejo Europeo fuese belga, y la sucesión del Primer Ministro; (133) el nombramiento del nuevo Primer Ministro, (134) o la preferencia del partido para la presidencia belga de la Unión, (135) fueron objeto de debate en presencia del Sr. Pinxten cuando este era miembro del Tribunal de Cuentas y su partido formaba parte del Gobierno de Bélgica.

183. Sin embargo, el propio Tratado es especialmente claro a este respecto: la independencia de los miembros del Tribunal de Cuentas debe estar fuera de toda duda (artículo 286 TFUE, apartado 1), y en el cumplimiento de sus funciones, estos no pueden aceptar instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo (artículo 286 TFUE, apartado 3). De ello se sigue que este tipo de actividad política ejercida activamente en un partido político es totalmente incompatible con la pertenencia al Tribunal de Cuentas. Para cualquier miembro de dicho Tribunal, todo esto debería darse por descontado, y no puedo dejar de observar que el comportamiento del Sr. Pinxten a este respecto es absolutamente inexcusable.

e)      Sobre la quinta imputación: el conflicto de intereses generado como consecuencia de la oferta de alquiler de un apartamento privado al máximo responsable de una entidad auditada

184. Con la quinta imputación, el Tribunal de Cuentas alega que el Sr. Pinxten creó un conflicto de intereses al ofrecer en arriendo un apartamento privado a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (la Sra. Mogherini), cuando dicha entidad pasó a formar parte de las competencias de la Sala del Tribunal de Cuentas de la que él era decano.

185. De los autos se desprende que efectivamente el Sr. Pinxten envió una oferta a la Sra. Mogherini el 20 de noviembre de 2014 sin hacer referencia alguna a su puesto en el Tribunal de Cuentas, salvo la mención de su dirección electrónica bajo su firma. (136) Sin duda, esta iniciativa fue muy desacertada, habida cuenta del cargo que el Sr. Pinxten ocupaba, y dio ocasión a un manifiesto conflicto de intereses.

3.      Incumplimiento de las obligaciones mencionadas en los artículos 285 TFUE y  286 TFUE

186. Tras analizar las alegaciones de las partes y los documentos aportados por estas, llego a la conclusión de que la mayor parte de los hechos fundamentales en que se concreta la conducta que se reprocha al Sr. Pinxten en las imputaciones primera, segunda y cuarta han quedado acreditados. Constituyen una elusión de la normativa aplicable; concretamente, cuando menos, del artículo 7 del Reglamento n.º 2290/77, el artículo 12 de la Directiva 2008/118, el Reglamento de Luxemburgo de 7 de febrero de 2013 sobre las dietas y exenciones concedidas a las misiones diplomáticas, el artículo 4, apartado 1, del Código de Conducta de los miembros del Tribunal de Cuentas y los puntos 2.2, 3.2 y 3.3 de las Directrices de Ética del Tribunal de Cuentas. El comportamiento alegado en la quinta imputación, es decir, la oferta de un apartamento privado para su arrendamiento, fue también claramente desacertado y, en este sentido, inapropiado.

187. Si bien algunos de los hechos acreditados constituyen, de por sí, infracciones de cierta gravedad, en cualquier caso no cabe duda de que, en su conjunto, evidencian un total desprecio por las normas vigentes. Estas diversas conductas son sintomáticas de una actitud básica reveladora de que, durante su mandato como miembro del Tribunal de Cuentas, el Sr. Pinxten quiso utilizar este cargo para conseguir mayores beneficios a expensas del presupuesto de la Unión. (137)

188. En los autos se demuestra que el Sr. Pinxten no solo tuvo grandes dificultades para entender las exigencias de su cargo, sino que tampoco llegó a discernir qué gastos estaban cubiertos por los fondos públicos y cuáles debía asumir él personalmente. Por lo tanto, los autos revelan, por un lado, un reiterado (si no permanente) y grave abuso de las ventajas y privilegios asociados a su cargo en el Tribunal de Cuentas, en particular, dirigidos a no tener que pagar sus gastos privados o a financiar actividades de ocio sin relación alguna con sus funciones en el Tribunal de Cuentas y, por otro, una incapacidad para dejar su anterior carrera política y la influencia que solía ejercer en la política belga.

189. Este comportamiento, obviamente, constituye una grave infracción de los principios fundamentales que rigen los deberes de todo miembro del Tribunal de Cuentas y que se plasman en el compromiso solemne que el Sr. Pinxten juró respetar al inicio de su mandato: los deberes de honestidad, discreción e independencia.

190. Algunos de los acontecimientos en que se basan las presentes imputaciones, como las estancias en Crans Montana o Cuba, las cacerías en Chambord y Ciergnon o el aparentemente relajado uso que hizo de las tarjetas de combustible resultan tanto más inaceptables habida cuenta del papel que desempeña el Tribunal de Cuentas, que ha de ser la «conciencia financiera» de la Unión Europea. En efecto, cabe preguntarse el crédito que merece una auditoría del Tribunal de Cuentas si su propio autor no respeta las normas al utilizar los fondos públicos. Los hechos imputados revisten aún mayor gravedad por el hecho de que fue precisamente el Sr. Pinxten quien buscó que se produjeran las invitaciones invocadas para justificar sus gastos, siendo así que la obligación de los miembros del Tribunal de Cuentas es hacer prevalecer en todo momento el interés general de la Unión sobre los intereses personales. (138)

191. El Sr. Pinxten pretende excusarse alegando que las normas no eran claras o que, en cualquier caso, él cumplió con la normativa interna del Tribunal de Cuentas aplicable en el momento de los hechos, que siempre obtuvo la aprobación del Presidente del Tribunal de Cuentas y que otros miembros de dicho Tribunal hacían lo mismo. Aunque fuera cierto —y, en puridad, nada de esto ha sido acreditado, a excepción de las autorizaciones del Presidente— nada de ello justifica su comportamiento.

192. En primer lugar, en cuanto a la claridad de las normas aplicables, ya he demostrado que las principales disposiciones infringidas por el Sr. Pinxten —las relativas a las misiones oficiales, al uso de las tarjetas de combustible o a la prohibición de actividades políticas— no solo eran diáfanas, sino que él también las conocía perfectamente. Por lo tanto, también me parece evidente que los principios de honestidad, discreción e independencia, que se hallan también en la base de las infracciones cometidas por el Sr. Pinxten, no requieren desarrollo en normas secundarias para que se pueda entender su contenido esencial. De igual manera, estoy de acuerdo con la opinión expresada por el Abogado General Geelhoed en el asunto Comisión/Cresson, donde afirmó que «no parece posible, ni tampoco útil, intentar establecer de un modo exhaustivo normas para la adecuada conducta que debe observar quien ostenta un cargo público. Siempre habrá algún supuesto en el que no se pueda determinar qué norma ha sido incumplida y del que, sin embargo, se pueda inferir que la pertinente conducta es contraria al interés general». (139) A este respecto, cabe señalar que las categorías de posibles conductas infractoras a efectos del artículo 286 TFUE nunca son categorías cerradas.

193. En segundo lugar, por lo que atañe al hecho de que las solicitudes formuladas por el Sr. Pinxten fuesen aprobadas por el Presidente del Tribunal de Cuentas, cabe recordar que, tal como aclaró también el Tribunal de Justicia en la sentencia Comisión/Cresson, el Sr. Pinxten no puede inhibirse de su responsabilidad escudándose en la autorización de otras personas. (140) Además, procede señalar que las autorizaciones recibidas se basaron en información que era frecuentemente incompleta o incluso incorrecta. A este respecto, no se puede reprochar al Presidente del Tribunal de Cuentas no haber solicitado información adicional en caso de duda. En efecto, la relación entre el Presidente y los miembros del Tribunal de Cuentas no es de carácter jerárquico, sino una relación entre iguales, basada en la buena fe y la confianza. En consecuencia, la cuestión no es, en absoluto, si el Presidente del Tribunal de Cuentas debió sospechar que el Sr. Pinxten estuviera mintiendo, sino si el Sr. Pinxten actuó honestamente.

194. A este respecto, cabe recordar que, de conformidad con el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3, «la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados». Sin embargo, la Unión no es un concepto teórico. Es una realidad que se materializa en las personas que la componen, incluidos los miembros de las instituciones al más alto nivel. En cualquier caso, si bien es cierto que las normas internas del Tribunal de Cuentas relativas a la información que se ha de proporcionar en apoyo de una solicitud de autorización para llevar a cabo una misión quizá no fuesen demasiado exigentes en el momento de producirse los hechos y hubieran de considerarse cumplidas en el presente asunto, no es menos cierto que la conducta a que se refieren dichas solicitudes fue claramente contraria a los principios fundamentales que subyacen al juramento prestado por el Sr. Pinxten.

195. En tercer lugar, por lo que respecta a la conducta de los demás miembros del Tribunal de Cuentas, aunque se demostrase que algunos de ellos actuaron de forma similar (y, repito, no se ha aportado prueba de que fuera así), es preciso recalcar que, con arreglo al principio de legalidad, nadie puede invocar en su beneficio una ilegalidad cometida a favor de otro. (141)

196. En consecuencia, me veo obligado a concluir que la conducta del Sr. Pinxten se halló muy lejos de satisfacer las obligaciones éticas y jurídicas que pesan sobre los miembros del Tribunal de Cuentas. Al actuar de este modo, incurrió en un incumplimiento grave de sus obligaciones éticas que reviste un cierto grado de gravedad.

D.      Sanción

197. Tal como observó el Tribunal de Justicia en su sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), en relación con los miembros de la Comisión en el marco del artículo 245 TFUE, párrafo segundo, la infracción de las obligaciones que dimanan del cargo de miembro del Tribunal de Cuentas conlleva, en principio, la imposición de una sanción con arreglo a lo dispuesto en el artículo 286 TFUE, apartado 6. (142) Aunque el Tribunal de Cuentas se remite al criterio del Tribunal de Justicia para determinar la naturaleza y la magnitud de dicha sanción, estima que cualquier sanción debe imponerse teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

1.      Jurisprudencia aplicable y principios

198. El principio de proporcionalidad de las sanciones también está garantizado constitucionalmente en el artículo 49, apartado 3, de la Carta. Dicha disposición establece que la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción cometida. (143) Aunque el presente procedimiento no entraña, en absoluto, decisión alguna acerca de la posible responsabilidad penal del Sr. Pinxten, es indudable que el principio de proporcionalidad es un principio general del Derecho de la Unión que se aplica a la imposición de sanciones, cualquiera que sea el campo del Derecho de la Unión de que se trate. (144)

199. Además, la exigencia de proporcionalidad de las sanciones también está presente en la jurisprudencia del TEDH. En particular, el artículo 1 del primer Protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) establece que «toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes».

200. Para determinar si se ha vulnerado este derecho, la jurisprudencia del TEDH muestra que este atiende a la proporcionalidad de las sanciones de carácter pecuniario, incluidas la reducción o retirada de una pensión de jubilación. Esta apreciación implica analizar si se ha alcanzado un equilibro equitativo entre las exigencias del interés general de la comunidad y las exigencias de la protección de los derechos fundamentales de los particulares. (145) De acuerdo con esta jurisprudencia, no se habrá alcanzado el necesario equilibrio si el interesado ha de soportar una carga individual y excesiva. (146)

201. En el caso concreto de la reducción o retirada de una pensión de jubilación, también procede observar que el TEDH ha declarado que no es necesariamente desproporcionado imponer la reducción o incluso la retirada total de la pensión en un caso oportuno. (147) Por otro lado, si se ha alcanzado o no el equilibrio justo dependerá en gran medida de las circunstancias y factores particulares del caso concreto, que pueden inclinar la balanza en uno u otro lado. (148)

202. Conforme al artículo 52, apartado 3, de la Carta, en la medida en que esta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. En consecuencia, dado que el artículo 17, apartado 1, de la Carta dispone también que «toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos», las exigencias del TEDH recién expuestas deben ser tenidas en cuenta al interpretar el umbral mínimo de protección a efectos del artículo 17 de la Carta. (149)

203. Para valorar si una sanción es conforme con el principio de proporcionalidad, la jurisprudencia indica que se ha de tener en cuenta, entre otros aspectos, la conducta del interesado, (150) la naturaleza y gravedad de la infracción sancionada (151) y la duración de la infracción cometida, (152) pero también el perjuicio causado al Tribunal de Cuentas como institución. (153) Por último, también puede ser un factor relevante a la hora de valorar la proporcionalidad de la sanción el hecho de que la retirada de la pensión de jubilación no ha de privar al interesado de medios de subsistencia o, más en general, no ha de acarrear consecuencias drásticas en su situación financiera global. (154)

204. Aplicando estos principios al Tribunal de Cuentas, se puede decir que se espera de las personas que ostentan cargos como el Sr. Pinxten que observen los más altos niveles de honradez e integridad personal. Esto ha de quedar claro. Por su propia naturaleza, los seres humanos son criaturas débiles y falibles, e incluso los más escrupulosos y honorables son propensos al error y a la falta de juicio. Por consiguiente, todo análisis de la proporcionalidad debe hacer una cierta concesión a la condición humana y, si se exigiera la perfección para acceder a un alto cargo, nadie podría ser considerado realmente apto.

205. No obstante, a este respecto, la aplicación del artículo 286 TFUE, apartado 6, conlleva ya un elemento intrínseco de proporcionalidad, pues, como ya he señalado, solo las infracciones graves de los miembros justifican el recurso a dicha norma. No obstante, como también he expuesto, el juicio de proporcionalidad también debe tomar en consideración el perjuicio que la conducta del miembro ha causado o va a causar a la institución afectada. A quienes asumen un alto cargo les incumbe una especial obligación de observar una conducta que no socave los objetivos mismos de la institución a la que sirven. El Tribunal de Cuentas está concebido fundamentalmente para garantizar que los ingresos públicos de la Unión se gasten de forma lícita y eficiente, y no es acorde con estos objetivos que un miembro de dicho Tribunal se comporte de manera manifiestamente contraria a ellos, minando la confianza de la sociedad en la capacidad, e incluso en la disposición del Tribunal de Cuentas para cumplir su cometido.

206. Aparte de estos principios es preciso recalcar que, por lo que atañe a la sanción de que aquí se trata, el único precedente es el que proporciona el propio asunto Comisión/Cresson. Allí, la antigua Comisaria fue hallada culpable de haber incurrido en favoritismo al nombrar para un puesto de responsabilidad a un amigo que no contaba con la correspondiente cualificación. Si bien en sus conclusiones el Abogado General Geelhoed consideró que la conducta era lo suficientemente grave como para privar totalmente a la Sra. Cresson de su derecho a pensión, apreció también que concurrían circunstancias atenuantes que justificaban disminuir dicha reducción al 50 %. (155) Por su parte, el Tribunal de Justicia no fue tan lejos y se limitó a afirmar que la propia declaración del incumplimiento constituía en sí misma una sanción apropiada. Así pues, no ordenó reducción alguna en la pensión de la Sra. Cresson.

207. Habida cuenta de este precedente y de los principios que rigen la apreciación de las sanciones de conformidad con el principio de proporcionalidad, ¿qué sanción procede imponer en el presente asunto?

2.      Aplicación de la jurisprudencia y los principios a los hechos del presente asunto

208. En primer lugar, procede señalar que la sentencia Comisión/Cresson fue, en sí misma, pionera. Sin embargo, tanto las conclusiones del Abogado General como la sentencia del Tribunal de Justicia han establecido las exigencias de las que se presume que han de ser conscientes los titulares de cargos como el Sr. Pinxten. A este respecto, debo admitir que la infracción de que aquí se trata no solo se deriva de una pluralidad de actos individuales y graves, sino también de actos cuya repetición refleja lamentablemente un manifiesto desprecio por dichas exigencias.

209. En otras palabras, la conducta acreditada en el presente asunto demuestra una persistente y contumaz resistencia a observar normas ordinarias de actuación, lo que constituye una grave infracción de los principios fundamentales que subyacen al compromiso asumido por los miembros de todas las instituciones de la Unión: honestidad, discreción e independencia, tal como se establece, para el Tribunal de Cuentas, en los artículos 285 TFUE y 286 TFUE.

210. Por otro lado, mientras que el asunto Comisión/Cresson versaba sobre un único acto de craso favoritismo, la conducta del Sr. Pinxten demuestra que, de forma reiterada y durante un período de tiempo que se extendió varios años, este estuvo dispuesto a aprovecharse de su cargo para enriquecerse personalmente o para satisfacer sus intereses personales. En este sentido, es inexcusable la persistente participación del Sr. Pinxten en la vida política belga, y no es menos reprobable su comportamiento en relación con las reclamaciones de diversos gastos, como la totalidad del viaje a Cuba, la visita a Crans Montana y diversas cacerías. El Sr. Pinxten abusó claramente del régimen de tarjetas de combustible para sus fines privados, y la explicación más benévola para la oferta de alquiler de su propiedad a la Sra. Mogherini en circunstancias de manifiesto conflicto de interés por su parte es que demostró una deplorable falta de juicio.

211. Además, si bien algunos de estos actos tuvieron incidencia en el presupuesto de la Unión, todos ellos afectaron también a la credibilidad y la imagen pública de la Unión y, en particular, del Tribunal de Cuentas. Esto resulta especialmente lamentable en el caso de una institución como el Tribunal de Cuentas, cuya legitimidad reside en su independencia y cuya importante función consiste en fomentar el buen gobierno y la confianza en la forma en que se emplean los ingresos públicos de la Unión. Si no se puede confiar en que un miembro del Tribunal de Cuentas observe escrupulosamente altos estándares en el ámbito financiero, esto socava todo el sistema de supervisión financiera dentro de la Unión y causa un grave daño a la propia institución a la que pertenece.

212. Por último, poco cabe decir en descargo del Sr. Pinxten, aparte del hecho de que sirvió a la institución durante doce años y, no tengo reparos en admitirlo, realizó un buen trabajo durante este tiempo. Pero, en primer lugar, como ya he expuesto, las principales normas infringidas no ofrecían dudas y eran perfectamente conocidas y entendidas para cualquier persona que ocupase un cargo como el del Sr. Pinxten. En segundo lugar, aunque el Sr. Pinxten obtuvo autorizaciones para determinadas misiones y gastos, estas se basaron en información que con frecuencia fue incompleta o incluso incorrecta. En tercer lugar, aunque se demostrarse, quod non, que otros miembros del Tribunal de Cuentas se han comportado de manera similar al Sr. Pinxten, ello no resta gravedad a su conducta. En cuarto lugar, quisiera añadir que, aunque la privación de su derecho a pensión puede tener consecuencias económicas ciertas para el Sr. Pinxten (¿no es esta la propia finalidad del artículo 286 TFUE, apartado 6?), se ha de tener en cuenta que tal privación solo afecta a una parte de la actividad profesional del Sr. Pinxten que, pese a sus dos mandatos, es sumamente breve en relación con toda su carrera. En consecuencia, no considero que la privación de su derecho a pensión como miembro del Tribunal de Cuentas, incluso la privación total, pueda dejar al Sr. Pinxten sin medios de subsistencia.

213. Por todos estos motivos, la conducta del Sr. Pinxten merece una firme censura. Por ello, considero que las infracciones antes descritas y demostradas son lo suficientemente graves como para justificar la privación del derecho a una parte sustancial de su pensión y a otros beneficios conexos. Aunque, como he dicho, admito que el Sr. Pinxten realizó un buen trabajo durante sus mandatos —algo que, de por sí, ha de tener incidencia en el examen de la proporcionalidad—, es un hecho insoslayable que el perjuicio institucional es de gran magnitud.

214. Todo ello invita a pensar en la necesidad de imponer una severa sanción al Sr. Pinxten por su comportamiento. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que, en ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 286 TFUE, apartado 6, prive al Sr. Pinxten de dos tercios de sus derechos de pensión.

VIII. Pretensiones del Sr. Pinxten y costas

215. En primer lugar, el Sr. Pinxten solicita que se aporte el informe de la auditoría interna, correspondiente al período comprendido entre los años 2012 y 2018, relativo a los gastos de misiones de los miembros del Tribunal de Cuentas y a la utilización de los vehículos oficiales por dichos miembros. A mi parecer, esta petición debe ser rechazada, pues carece de toda relevancia para juzgar el comportamiento personal del Sr. Pinxten.

216. En segundo lugar, respecto a su reclamación de daños y perjuicios, entiendo que se trata de una pretensión inadmisible en el contexto del procedimiento establecido en el artículo 286 TFUE, apartado 6. En cualquier caso, si el Tribunal de Justicia compartiese mi análisis, sería una pretensión infundada.

217. En cuanto a las costas, a tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que el Tribunal de Cuentas ha solicitado que se condene en costas al Sr. Pinxten y que los motivos formulados por este han sido desestimados, procede condenarlo en costas.

IX.    Conclusión

218. En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que:

–        Declare la admisibilidad del recurso interpuesto por el Tribunal de Cuentas Europeo;

–        Declare que el Sr. Pinxten ha incumplido las obligaciones que dimanan del cargo de miembro del Tribunal de Cuentas Europeo en el sentido de los artículos 285 TFUE y 286 TFUE;

–        Prive al Sr. Pinxten de dos tercios de sus derechos de pensión y beneficios conexos, desde la fecha en que recaiga la sentencia en el presente procedimiento;

–        Declare inadmisible y, en cualquier caso, infundada la pretensión indemnizatoria del Sr. Pinxten;

–        Condene en costas al Sr. Pinxten.


1      Lengua original: inglés.


2      DO 1977, L 268, p. 1; EE 01/02, p.70.


3      DO 2004, L 243, p. 26.


4      DO 2013, L 248, p. 1.


5      Asunto T‑386/19.


6      Artículos 2 y 7 del Reglamento n.º 2290/77; artículos 33 y 74 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014, (UE) n.º 283/2014, y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1); artículo 5 de la Decisión n.º 38-2016 del Tribunal de Cuentas, por la que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas; artículos 1, 2, 4 y 7 del Código de Conducta de los miembros del Tribunal de Cuentas; puntos 1.2., 2.2., 3.2., 3.3. y 3.7. de las Directrices de Ética del Tribunal de Cuentas; artículos 20, 21 y 25 del Código de Ética de la INTOSAI; artículo 2 de la Decisión n.º 7‑2004 del Tribunal de Cuentas, sobre los gastos de representación y recepción de sus miembros; artículos 4 a 6 de la Decisión n.º 33-2004 del Tribunal de Cuentas, sobre la gestión y uso del parque móvil del Tribunal de Cuentas.


7      Artículo 33 del Reglamento 2018/1046; artículo 5 de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas; artículo 7 del Código de Conducta de los miembros del Tribunal de Cuentas; puntos 1.2. y 2.2. de las Directrices de Ética del Tribunal de Cuentas; artículo 5 de la Decisión n.º 7‑2004.


8      Artículo 3 del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas (DO 2010, L 103, p. 1); artículo 7 del Código de Conducta de los miembros del Tribunal de Cuentas; puntos 1.2. y 2.2. de las Directrices de Ética del Tribunal de Cuentas.


9      Artículo 3 del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas; artículos 5 y 6 de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas; artículos 1 a 4 y 7 del Código de Conducta de los miembros del Tribunal de Cuentas; puntos 1.2., 2.2., 3.3. y 3.7. de las Directrices de Ética del Tribunal de Cuentas.


10      Artículo 61 del Reglamento n.º 2018/1046; artículo 3 del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas; artículo 5 de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas; artículos 1 a 2 y 7 del Código de Conducta de los miembros del Tribunal de Cuentas; puntos 1.2., 2.2., 3.1., 3.3., 3.4. y 3.7. de las Directrices de Ética; artículo 25 del Código de Ética de la INTOSAI.


11      Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), apartado 118.


12      Sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455).


13      Conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas en el asunto Comisión/Cresson, (C‑432/04, EU:C:2006:140), punto 93 en la versión original (inglés), pero punto 94 en las demás versiones lingüísticas. El subrayado es mío.


14      Véase https://www.eca.europa.eu/en/Pages/MissionAndRole.aspx.


15      Véase Tribunal de Cuentas (1995), Auditing the Finances of the European Union, Luxemburgo, boletín del Tribunal de Cuentas, esp. pp. 7 y 13.


16      Véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de noviembre de 2011, Comisión/Alemania (C‑539/09, EU:C:2011:733), apartado 56, y de 28 de julio de 2016, Consejo/Comisión (C‑660/13, EU:C:2016:616), apartado 31.


17      Véase, en este sentido, Vardabasso, V., «La cendrillon de l’histoire: la cour des comptes européenne et la démocratisation des institutions européennes», Journal of European Integration History, vol. 17(2), 2011, pp. 285 a 302, esp. p. 286.


18      Véase, en este sentido, Vardabasso, V., op. cit., esp. p. 300.


19      Véase, en este sentido, Laffan, B., «Auditing and accountability in the European Union», Journal of European Public Policy, vol. 10, Taylor y Francis, 2003, pp. 762 a 777, esp. p. 762.


20      Véase, en este sentido, Laffan B., op. cit., esp. pp. 762 y 763.


21      Montesquieu, El espíritu de las leyes, libro XI, capítulo 4 (traducción de Nicolás Estévanez, disponible en https://www.academia.edu/27850255/Montesquieu_El_Espiritu_De_Las_Leyes). En su versión original francesa: «Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir» (De l’Esprit des lois, Garnier Frères, París, 1961, pp. 162 y 163).


22      Véase, en este sentido, Hourquebie, F., «De la séparation des pouvoirs aux contre-pouvoirs: “l’esprit” de la théorie de Montesquieu», en Vrabie, G. (ed.), L’évolution des concepts de la doctrine classique de droit constitutionnel, Institutul European, 2008, Iasi (Rumanía), pp. 59 a 67, esp. p. 60.


23      Véase, por ejemplo, el artículo 61 de la Ley Fundamental alemana (que prevé la destitución del Presidente Federal por parte del Tribunal Constitucional «en caso de infracción dolosa de la presente Ley fundamental o de cualquier otra Ley federal»), y el artículo 12.3.1 de la Constitución de Irlanda (destitución del Presidente de Irlanda por incapacidad permanente «que haya sido determinada a convicción del Tribunal Supremo constituido por no menos de cinco magistrados»).


24      Véase el artículo 16, apartado 4, del Estatuto del Tribunal de Justicia.


25      Véase, en este sentido, De Bernardinis, C., «Vers un modèle européen de régime disciplinaire des fonctionnaires», en Potvin-Solis, L. (ed.), Vers un modèle européen de la fonction publique, Bruylant, Bruselas, 2011, pp. 349 a 372, esp. p. 352.


26      Véase, en este sentido, Pilorge-Vrancken, J., Le droit de la fonction publique de l’Union européenne, Bruylant, Bruselas, 2017, p. 364.


27      Sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), apartado 72.


28      Conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas en el asunto Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:140), punto 67 en la versión original (inglés), pero punto 68 en las demás versiones lingüísticas.


29      El subrayado es mío.


30      Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), apartado 70.


31      Sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), apartados 70 y 71. El subrayado es mío.


32      Véase, en este sentido, Vogiatzis, N., «The independence of the European Court of Auditors», Common Market Law Review, vol. 56, 2019, pp.  667 a 772, esp. p. 669.


33      Conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas en el asunto Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:140), punto 97 en la versión original (inglés), pero punto 98 en las demás versiones lingüísticas.


34      Véase, en este sentido, en relación con el procedimiento del artículo 245 TFUE, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), apartado 121.


35      Aunque concluyan en absolución. El Tribunal de Justicia analizó expresamente esta situación en la sentencia Nikolaou/Tribunal de Cuentas (C‑220/13 P). Véanse, en particular, las conclusiones del Abogado General Bot (C‑220/13 P, EU:C:2014:176), puntos 71 y 73, y la sentencia de 10 de julio de 2014 (C‑220/13 P, EU:C:2014:2057), apartado 40.


36      Sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), apartado 112.


37      Véase, en este sentido, en relación con el artículo 267 TFUE, la sentencia de 27 de noviembre de 2012, Pringle (C‑370/12, EU:C:2012:756), apartado 33.


38      Conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas en el asunto Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:140), punto 93 en la versión original (inglés), pero punto 94 en las demás versiones lingüísticas.


39      Procede recordar que las disposiciones aquí mencionadas son las aplicables en el momento en que se adoptaron las decisiones impugnadas, es decir, las disposiciones del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas adoptado el 11 de marzo de 2010 y las de la Decisión n.º 38-2016 del Tribunal de Cuentas, por la que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas.


40      Véanse, en este sentido, las conclusiones presentadas por el Abogado General Wahl en el asunto Unión Europea/Kendrion (C‑150/17 P, EU:C:2018:612), punto 29.


41      Véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de septiembre de 2006, Wilson (C‑506/04, EU:C:2006:587), apartado 53, y de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo) (C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982), apartado 123 y jurisprudencia citada.


42      Véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2013, Ziegler/Comisión (C‑439/11 P, EU:C:2013:513), apartados 154 y 155, y de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento (C‑566/14 P, EU:C:2016:437), apartado 70. Véase también, dentro de un procedimiento seguido contra un Estado miembro, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, España/Consejo (C‑521/15, EU:C:2017:982), apartados 88, 90 y 91.


43      DEC 16/15 FINAL (anexo B.26 del expediente del Sr. Pinxten).


44      Sentencia de 28 de febrero de 2013, Reexamen de Arango Jaramillo y otros/BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134), apartado 28. Véase también la sentencia de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento (C‑566/14, EU:C:2016:437), apartado 99.


45      Véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de febrero de 2013, Reexamen de Arango Jaramillo y otros/BEI  (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134), apartados 29 y 30, y de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento (C‑566/14 P, EU:C:2016:437), apartado 100.


46      DO 2012, L 298, p. 1.


47      Véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento (C‑566/14 P, EU:C:2016:437), apartados 104 y 105.


48      Como dos de las tres cacerías en Chambord (Francia) (primera imputación); la estancia en Cuba (primera imputación); la fundación de una sociedad privada y la función del Sr. Pinxten como su administrador (cuarta imputación), y la oferta de alquiler de un apartamento privado a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (quinta imputación).


49      Como el uso indebido e ilícito de las tarjetas de combustible puestas a su disposición (segunda imputación), o la pertenencia a la junta directiva de un partido político (primera y cuarta imputaciones).


50      Véase, en este sentido, la sentencia del TEDH de 22 de junio de 2000, Coëme y otros/Bélgica (CE:ECHR:2000:0622JUD003249296), apartado 146.


51      Véase, en este sentido, Franchimont, M., Jacobs, y A., Masset, A., Manuel de procédure pénale, Larcier, Coll. de la Faculté de droit de l’Université de Liège, 2012, Bruselas, p. 123. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «existe una “acusación en materia penal” desde el momento en que la autoridad competente notifica oficialmente a una persona que se le reprocha haber cometido una infracción penal, o desde el momento en que su situación se ve afectada sustancialmente por actos emprendidos por las autoridades a raíz de una sospecha que pesa sobre ella» (sentencia de 5 de octubre de 2017, Kalēja/Letonia, CE:ECHR:2017:1005JUD002205908, apartado 36).


52      Véase, en este sentido, respecto al Derecho belga, Beernaert, M.‑A., Bosly, H. D., y Vandermeersch, D., Droit de la procédure pénale, La Charte, Brujas, 2014, p. 189.


53      Escrito de la OLAF al Sr. Pinxten de 22 de septiembre de 2017 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.32, p. 252).


54      Escrito de la OLAF al Sr. Levi de 15 de diciembre de 2017 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.34, p. 255).


55      Apartado 108 del escrito de contestación del Sr. Pinxten.


56      El subrayado es mío.


57      Véase, en este sentido, Inghelram, J.F.H., Legal and Institutional Aspects of the European Anti-Fraud Office (OLAF), Europa Law Publishing, Amsterdam, 2011, esp. p. 137.


58      Sentencia de 6 de junio de 2019, Dalli/Comisión (T‑399/17, no publicada, EU:C:2019:384), apartado 86.


59      Escrito de la OLAF al Sr. Levi de 15 de diciembre de 2017 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.34, p. 255).


60      Véase, en ese sentido, la sentencia de 4 de abril de 2019, OZ/BEI (C‑558/17 P, EU:C:2019:289), apartado 65.


61      Véase, en este sentido, Inghelram, J.F.H., Legal and Institutional Aspects of the European Anti-Fraud Office (OLAF), Europa Law Publishing, Amsterdam, 2011, esp. p. 91.


62      Véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2015, Taricco y otros (C‑105/14, EU:C:2015:555), apartado 50.


63      El subrayado es mío.


64      Expediente del Sr. Pinxten, anexo B.25.


65      Véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de mayo de 1982, AM & S Europe/Comisión (155/79, EU:C:1982:157), apartados 21 y 27, y de 14 de septiembre de 2010, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión (C‑550/07 P, EU:C:2010:512), apartado 70.


66      Expediente del Sr. Pinxten, anexo B.25.


67      Apartado 104.


68      Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), apartado 105.


69      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.72.


70      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.34.


71      Expediente del Sr. Pinxten, anexo B.20, p. 136.


72      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.73.


73      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexos B.37.41 y B.37.88.


74      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.40.


75      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.41.


76      Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), apartados 70 y 71.


77      Véanse los puntos 70 a 76 de las presentes conclusiones.


78      Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), apartado 72.


79      Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), apartado 73.


80      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.27, p. 3859.


81      Estos hechos se basan en el correo electrónico enviado por la asistente del Sr. Pinxten el 29 de mayo de 2013 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.27, p. 3858) y en los correos electrónicos remitidos por el departamento ejecutivo de Crans Montana Forum el 29 de mayo de 2013 y el 12 de junio de 2013 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.27, pp.  3857 y 3875).


82      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.27, p. 3881.


83      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.27, pp. 3862 a 3865.


84      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.27, pp. 3860 (factura) y 3861 (formulario de inscripción).


85      En función de la ruta elegida, el viaje entre Luxemburgo (sede del Tribunal de Cuentas) y Crans Montana (Suiza) oscila entre los 600 y los 650 kilómetros, es decir, entre 6 horas y 6 horas y media.


86      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, p. 3553.


87      Correo electrónico de 28 de enero de 2015 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, p. 3509).


88      Correo electrónico de 29 de enero de 2015 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, p. 3516).


89      Correo electrónico de 18 de marzo de 2015 al PNUD (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, p. 3737) y correo electrónico de 19 de marzo de 2015 a la Delegación de la UE en Cuba (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, p. 3504).


90      Correo electrónico de 18 de marzo de 2015 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, p. 3737).


91      Correo electrónico de 18 de marzo de 2015 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, pp. 3736 y 3737).


92      Correo electrónico de 20 de marzo de 2015 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, p. 3737).


93      Correo electrónico de 18 de marzo de 2015 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, p. 3765).


94      Correo electrónico de 20 de marzo de 2015 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, p. 3736).


95      Correo electrónico del Director de la Sección de Cooperación de la Delegación de la UE en Cuba a la asistente del Sr. Pinxten (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, p. 3768) y correo electrónico del Embajador de la UE en Cuba de 18 de marzo de 2015 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, p. 3764).


96      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo B.37.26, pp. 3500 y 3501 y pp. 3522 a 3528.


97      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, p. 3751 (en neerlandés).


98      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, pp. 3752 a 3756.


99      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, p. 3761 (resumen de 21 de abril de 2015, en español), y pp. 3758 y 3759 (resumen de 5 y 6 de mayo de 2015, en inglés).


100      Nota del Sr. Pinxten al Presidente del Tribunal de Cuentas de 16 de abril de 2015 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.26, pp. 3555 y 3556).


101      Correo electrónico del Director General del Dominio Nacional de Chambord de 4 de diciembre de 2018 (expediente del Sr. Pinxten, anexo B.29).


102      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.9, p. 1635.


103      En un correo electrónico de 1 de febrero de 2012 remitido por el Sr. Pinxten a un empleado de Chambord, aquel hace clara referencia a un contacto personal por mediación del cual el Director General del Dominio Nacional de Chambord había sido tan amable de invitarle «dans le cadre d’une battue de régulation» (con motivo de una batida de regulación) en la temporada de 2011/2012. El Sr. Pinxten afirmaba expresamente que, en caso de verse impedido de participar debido a su agenda, con sumo grado aceptaría si el Director fuera tan amable de volverle a invitar a otra cacería en el Dominio Nacional de Chambord (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.9, pp. 1056 y 1686).


104      «Une battue de régulation de sangliers». Véase la invitación de 2013 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.9, p. 1647); invitación y tarjeta de respuesta de 2015 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.9, p. 1619).


105      Correo electrónico relativo a la cacería de 12 de febrero de 2016 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.9, p. 1595).


106      «Une battue de régulation». Véase la invitación de 2016 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.9, p. 1603).


107      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.9, p. 1647 (2013), p. 1621 (2015) y p. 1603 (2016).


108      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.9, pp. 1508 y 1509.


109      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.9, pp. 1886 y 1887.


110      DO 2009, L 9, p. 12.


111      Correo electrónico del «Servicio de Gestión Administrativa» de 18 de marzo de 2009 (expediente del Sr. Pinxten, anexo B.34).


112      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo B.37.30, p. 4093.


113      Respecto a la tarjeta 0027 3 *** relativa al vehículo de matrícula CD‑7572, véase el expediente del Tribunal de Cuentas, anexo 37.30, pp. 4133, 4140, 4147, 4159, 4163, 4165, 4170, 4172, 4184 y 4188.


114      Por ejemplo, el 11 de abril de 2017 la tarjeta 0027 3 *** se utilizó para diésel, y la tarjeta 0029 5 *** para gasolina, en ambos casos en relación con el vehículo de matrícula CD‑7572 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo 37.30, p. 4163); el 28 de julio de 2017, la tarjeta 0027 3 *** se utilizó para diésel, y la tarjeta 0029 5 *** para gasolina y diésel, en ambos casos en relación con el vehículo de matrícula CD‑7572 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo 37.30, p. 4172).


115      Por ejemplo, el 4 de mayo de 2017 la tarjeta 0029 5 *** se utilizó para diésel a las 17.56, y la tarjeta 0029 5 *** para gasolina a las 18.00, en ambos casos en relación con el vehículo de matrícula CD‑7572 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo 37.30, p. 4165); el 28 de julio de 2017, la tarjeta 0029 5 *** se utilizó a las 15.03 para gasolina y a las 15.05 para diésel, en ambos casos en relación con el vehículo de matrícula CD‑7572 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo 37.30, p. 4172).


116      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.31, p. 4324.


117      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.31, p. 4325.


118      Declaración testifical del chófer del Sr. Pinxten de 7 de diciembre de 2017 (preguntas 1, 2, 3 y 6) (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.31, pp. 4331 y 4332).


119      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.31, p. 4198.


120      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.31, p. 4246.


121      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.31, p. 4244.


122      Véanse, en este sentido, las respuestas del empleado de la compañía de seguros al cuestionario de la OLAF (punto 2) (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo B.37.31, pp. 4218 y 4219), y la declaración testifical del responsable de los chóferes del Tribunal de Cuentas de 7 de diciembre de 2017 (respuesta a la pregunta 13) (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.31, p. 4302).


123      Véase, en este sentido, sin plena certeza, la declaración testifical del chófer del Sr. Pinxten de 16 de octubre de 2017 (respuesta a la pregunta 2) (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.31, p. 4280).


124      Correo electrónico del Sr. Pinxten de 18 de septiembre de 2018 al Presidente del Tribunal de Cuentas (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.16, p. 149).


125      El subrayado es mío.


126      DEC-C‑25/06 de 29 de mayo de 2006 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.14).


127      Correo electrónico del Sr. Pinxten a la Presidenta de Open Vld de 23 de febrero de 2010 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.8, p. 694).


128      Correo electrónico del Sr. Pinxten de 4 de enero de 2016 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.8, p. 971).


129      Acta de la junta directiva de Open Vld de 27 de abril de 2009 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo 37.8, p. 777).


130      Acta de la junta directiva de Open Vld de 8 de junio de 2009 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo 37.8, p. 784).


131      Acta de la junta directiva de Open Vld de 14 de septiembre de 2009 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo 37.8, p. 809).


132      Acta de la junta directiva de Open Vld de 16 de noviembre de 2009 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo 37.8, p. 848).


133      Acta de la junta directiva de Open Vld de 16 de noviembre de 2009 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo 37.8, p. 847).


134      Acta de la junta directiva de Open Vld de 23 de noviembre de 2009 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo 37.8, p. 875).


135      Acta de la junta directiva de Open Vld de 22 de marzo de 2010 (expediente del Tribunal de Cuentas, anexo 37.8, p. 942).


136      Expediente del Tribunal de Cuentas, anexo A.37.37, p. 4722.


137      Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas en el asunto Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:140), punto 118 en la versión original (inglés), pero punto 119 en las demás versiones lingüísticas.


138      Véanse, en este sentido, el punto 75 de las presentes conclusiones y la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), apartado 71.


139      Conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas en el asunto Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:140), punto 77 en la versión original (inglés), pero punto 78 en las demás versiones lingüísticas.


140      Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:455), apartado 145.


141      Véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de julio de 1985, Williams/Tribunal de Cuentas (134/84, EU:C:1985:297), apartado 14; de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión (C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 y C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1993:120), apartado 197, y de 16 de junio de 2016, Evonik Degussa y AlzChem/Comisión (C‑155/14 P, EU:C:2016:446), apartado 58.


142      Apartado 149.


143      Por lo que respecta a la valoración de la naturaleza penal de los procedimientos y sanciones, se ha de recordar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (en consonancia con la del TEDH), son relevantes tres criterios. El primero es la calificación jurídica de la infracción en el Derecho interno; el segundo, la propia naturaleza de la infracción y, el tercero, la gravedad de la sanción que puede imponerse al interesado (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de marzo de 2018, Garlsson Real Estate y otros, C‑537/16, EU:C:2018:193, apartado 28 y jurisprudencia citada).


144      Aunque es fácil pensar inmediatamente en la apreciación de la cuantía de las multas en materia de competencia (véase, como ejemplo de la importancia de la proporcionalidad en ese campo, la sentencia de 26 de septiembre de 2018, Infineon Technologies/Comisión, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, apartado 207), la aplicación del principio de proporcionalidad a las sanciones se puede encontrar en muchos otros ámbitos, como el aduanero, el de protección de los intereses financieros de la Unión, el de la libre circulación de trabajadores o el de la inmigración ilegal. Véanse, sobre estos ejemplos, las conclusiones presentadas por el Abogado General Bobek en el asunto Link Logistik N&N (C‑384/17, EU:C:2018:494), punto 37 y la jurisprudencia citada en las notas.


145      Véanse, en este sentido, las sentencias del TEDH de 18 de octubre de 2005, Banfield/Reino Unido (CE:ECHR:2005:1018DEC000622304), y de 14 de junio de 2006, Philippou/Chipre (CE:ECHR:2016:0614JUD007114810), apartados 65 y 66.


146      Véase, en este sentido, la sentencia del TEDH de 14 de junio de 2006, Philippou/Chipre (CE:ECHR:2016:0614JUD007114810), apartado 61.


147      Véanse, en este sentido, las sentencias del TEDH de 18 de octubre de 2005, Banfield/Reino Unido (CE:ECHR:2005:1018DEC000622304), y de 14 de junio de 2006, Philippou/Chipre (CE:ECHR:2016:0614JUD007114810), apartado 68.


148      Véase, en este sentido, la sentencia del TEDH de 14 de junio de 2006, Philippou/Chipre (CE:ECHR:2016:0614JUD007114810), apartado 68.


149      Véase, en este sentido, la sentencia de 21 de mayo de 2019, Comisión/Hungría (Usufructo sobre un terreno agrícola) (C‑235/17, EU:C:2019:432), apartado 72.


150      Véase, en este sentido, la sentencia del TEDH de 18 de junio de 2013, S.C. Complex Herta Import Export S.R.L. Lipova/Rumanía (CE:ECHR:2013:0618JUD001711804), apartado 35.


151      Véase, en ese sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2014, Reindl (C‑443/13, EU:C:2014:2370), apartado 40.


152      Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist (C‑101/01, EU:C:2003:596), apartado 89.


153      Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas en el asunto Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:140), punto 122 en la versión original (inglés), pero punto 123 en las demás versiones lingüísticas.


154      Véanse, en este sentido, las sentencias del TEDH de 18 de junio de 2013, S.C. Complex Herta Import Export S.R.L. Lipova/Rumanía (CE:ECHR:2013:0618JUD001711804), apartado 38, y de 14 de junio de 2006, Philippou/Chipre (CE:ECHR:2016:0614JUD007114810), apartado 72. En este mismo sentido, véase también la sentencia de 30 de mayo de 2002, Onidi/Comisión (T‑197/00, EU:C:2002:135), apartado 152.


155      Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas en el asunto Comisión/Cresson (C‑432/04, EU:C:2006:140), puntos 123 a 125 en la versión original (inglés), pero puntos 124 a 126 en las demás versiones lingüísticas.