Language of document : ECLI:EU:T:2000:186

AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 11 de julio de 2000 (1)

«Recurso de anulación - Inadmisibilidad manifiesta»

En el asunto T-35/00,

Anthony Goldstein, con domicilio en Harrow, Middlesex (Reino Unido), representado por el Sr. R. St John Murphy, Solicitor, 3, Kings Bench Walk, Inner Temple, Londres (Reino Unido),

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. R. Lyal, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. C. Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,

parte demandada,

que tiene por objeto la anulación de la decisión supuestamente adoptada por la Comisión mediante escrito de 21 de enero de 2000, dirigido al Abogado del demandante,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por la Sra.: V. Tiili, Presidente, los Sres. R.M. Moura Ramos y P. Mengozzi, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente

Auto

1.
    El demandante es un nacional británico residente en el Reino Unido. Es médico especialista en reumatología. Mediante escrito de 1 de noviembre de 1994 el Abogado del demandante recordó a la Comisión que, en relación con un litigio entre el demandante y la autoridad competente en materia de formación y capacitación de los médicos especialistas del Reino Unido, el General Medical Council, ante la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, esta última había ordenado a la Comisión que le remitiera determinados datos.

2.
    En respuesta a la solicitud que le dirigió el órgano jurisdiccional nacional, mediante escrito de 7 de diciembre de 1994 la Comisión facilitó la información a este último. No obstante, mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de octubre de 1999 el demandante solicitó la reparación del perjuicio que consideraba que le había causado la Comisión al no remitir debidamente al órgano jurisdiccional nacional los datos que éste le solicitó. El Tribunal de Primera Instancia desestimó dicha petición de indemnización por carecer manifiestamente de todo fundamento en Derecho (auto del Tribunal de Primera Instancia de 16 de marzo de 2000, Goldstein/Comisión, T-262/99, no publicado en la Recopilación).

3.
    Mediante escritos de 12 y 29 de mayo de 1998, el Abogado del demandante señaló nuevamente a la Comisión la obligación de ésta de facilitar al órgano jurisdiccional nacional los datos que éste le había solicitado en 1994. La Comisión respondió mediante escrito de 30 de julio de 1998, indicando que ya había respondido a lasolicitud del órgano jurisdiccional nacional y que éste no le había reprochado haber dado una respuesta insuficiente.

4.
    Mediante escrito de 3 de diciembre de 1999, reiterando su escrito de 1 de noviembre de 1994, el Abogado del demandante llamó nuevamente la atención de la Comisión sobre la obligación de ésta de facilitar los datos al órgano jurisdiccional nacional.

5.
    Mediante escrito de 21 de enero de 2000 la Comisión respondió en los siguientes términos:

«Me refiero a su escrito [...] de 3 de diciembre de 1999, dirigido al Secretario General de la Comisión, en relación con el oficio del órgano jurisdiccional nacional inglés en virtud del artículo 10 CE, que me ha sido transmitida para que le dé una respuesta.

Deseo llamar su atención sobre el hecho de que el escrito que le dirigió a Vd. anteriormente el Sr. Trojan, el 30 de julio de 1998, [...] ya versa sobre este extremo.

En el caso de que Vd. considere que la Comisión tiene más información relativa a los procedimientos que se siguen ante el órgano jurisdiccional nacional, la postura adecuada del Dr. Goldstein sería pedir a la High Court que solicitara la información [...]

Espero que la presente aclare la situación.

[...]»

6.
    Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de febrero de 2000, el demandante solicitó la anulación de la decisión supuestamente contenida en dicho escrito de 21 de enero de 2000. Asimismo solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declarara ilegales determinadas normas de procedimiento de la Comisión.

7.
    La demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que declare la inadmisibilidad del recurso o, alternativamente, lo declare infundado, y condene en costas al demandante.

8.
    Según reiterada jurisprudencia, constituyen actos o decisiones susceptibles de recurso de anulación en el sentido del artículo 230 CE las medidas que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de modo caracterizado su situación jurídica (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 1997, ATM/Comisión, T-178/94, Rec. p. II-2529, apartado 53; auto del Tribunal de Primera Instancia de 16 de marzo de 1998, Goldstein/Comisión, T-235/95, Rec. p. II-523, apartado 37). Por consiguiente,no procede admitir un recurso de anulación interpuesto contra una decisión puramente confirmatoria de otra decisión no impugnada dentro de plazo (auto del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 1990, Infortec/Comisión, C-12/90, Rec. p. I-4265, apartado 10; sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 1996, Zunis Holding y otros/Comisión, C-480/93 P, Rec. p. I-1, apartado 14). Una decisión es puramente confirmatoria si no contiene ningún elemento nuevo con respecto a un acto anterior y si no ha ido precedida de un nuevo examen (auto de 16 de marzo de 1998, Goldstein/Comisión, antes citado, apartado 42).

9.
    Debe señalarse que el escrito de 21 de enero de 2000 que la Comisión dirigió al Abogado del demandante se limita, por una parte, a confirmar, sin un nuevo examen, la postura adoptada por la Institución en un escrito de 30 de julio de 1998 en lo tocante a los datos que deben suministrarse al órgano jurisdiccional nacional interesado y, por otra, a informar al demandante sobre la forma como éste debería proceder en lo sucesivo si deseaba que la Comisión transmitiera alguna información adicional a un órgano jurisdiccional nacional. Por lo tanto, según parece, no debe considerarse que el escrito de 21 de enero de 2000 sea un acto que produce efectos jurídicos obligatorios que modifican de forma caracterizada la situación jurídica del demandante. En efecto, la primera parte del escrito es meramente confirmatoria y la segunda contiene únicamente indicaciones de alcance puramente informativo, lo que el propio demandante reconoció en el apartado 21 de su demanda.

10.
    Atendidas las anteriores consideraciones, debe recordarse que la regla según la cual un acto meramente confirmatorio no es un acto susceptible de recurso se basa en el interés en no reabrir plazos de recurso expirados (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de septiembre de 1998, Waterleiding Maatschappij/Comisión, T-188/95, Rec. p. II-3713, apartado 108). Ahora bien, en el caso de autos, en lugar de interponer un recurso de anulación contra la postura anteriormente adoptada por la Comisión en relación con la solicitud de datos del órgano jurisdiccional nacional a que se refiere el escrito de 1 de noviembre de 1994 dirigido por el Abogado del demandante a la Comisión, este último, mediante escrito de 3 de diciembre de 1999, se remite una vez más a dicha solicitud, sin mencionar la existencia de una nueva solicitud procedente del órgano jurisdiccional nacional. Por consiguiente, el escrito de 3 de diciembre de 1999, sobre la supuesta obligación de la Comisión de informar al órgano jurisdiccional nacional, tan sólo llamaba nuevamente la atención de la Institución sobre una solicitud de datos antigua con respecto a la cual ya se había pronunciado la Comisión. Dado que el escrito de 3 de diciembre de 1999 no constituye un elemento nuevo, no puede considerarse, en consecuencia, que el de 21 de enero de 2000 resulte del examen de una nueva solicitud.

11.
    De todo cuanto precede se desprende que el escrito de 21 de enero de 2000 no constituye una decisión recurrible a efectos del artículo 230 CE. Por lo demás, como ha señalado el demandante fundadamente en los apartados 13 a 15 de su demanda, la excepción de legalidad que plantea, en virtud del artículo 241 CE, con respecto a determinadas normas de procedimiento de la Comisión, se esgrimeúnicamente en apoyo de la decisión de anulación de la decisión supuestamente contenida en el escrito de 21 de enero de 2000 y, por lo tanto, sólo podría admitirse si se admitiera la petición de anulación.

12.
    Por consiguiente, sin proseguir el procedimiento, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso en su integridad, con arreglo al artículo 111 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

Costas

13.
    A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiera solicitado. En el caso de autos, la demandada solicitó que se condenara en costas al demandante. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la parte demandante, procede condenarla en costas.

14.
    A tenor del artículo 87, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia podrá condenar a una parte, incluso a la vencedora, a reembolsar a la otra los gastos que le hubiere causado y que dicho Tribunal considere como abusivos o temerarios. Deben considerarse como tales los gastos inherentes a un procedimiento que, a su vez, es abusivo o temerario. Pues bien, debe observarse que el presente recurso tiene carácter temerario. En primer lugar, es especialmente temerario en la medida en que su objetivo consiste en que se declare la insuficiencia de la información facilitada por la Comisión a raíz de la solicitud de un órgano jurisdiccional nacional, siendo así que el comportamiento recriminado a la Institución se remonta a 1994 y el demandante sabía, o debía saber, a la luz de procedimientos anteriores que le afectan, que las definiciones de posición confirmatorias de la Comisión no podían ser impugnadas en modo alguno mediante un recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia (véase, en particular, el auto de 16 de marzo de 1998, Goldstein/Comisión, antes citado). Además, los hechos que originaron el presente recurso son, en sí mismos, reveladores de un comportamiento temerario del demandante, por cuanto éste siguió dirigiendo escritos a la Comisión que, esencialmente, tenían siempre el mismo contenido, a pesar de que, desde hacía tiempo, la Comisión había definido claramente su postura sobre la cuestión abordada en dichos escritos. Por último, acentúa el carácter temerario del presente recurso la circunstancia de que éste es la continuación de una serie de procedimientos entablados por el demandante de forma igualmente desconsiderada y cuyo objetivo consistió ya sea en una indemnización, estimada en 100.000 EUR, del perjuicio derivado de la misma y supuesta insuficiencia de cooperación de la Comisión respecto al órgano jurisdiccional nacional, o bien en la adopción de medidas provisionales en relación con el comportamiento imputado a la Comisión (auto de 16 de marzo de 2000, Goldstein/Comisión, antes citado; autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15 de diciembre de 1999,Goldstein/Comisión, T-262/99 R I, de 24 de enero de 2000, Goldstein/Comisión, T-262/99 R II, y de 10 de abril de 2000, Goldstein/Comisión, T-262/99 R III, no publicados en la Recopilación).

15.
    En estas circunstancias, procede condenar al demandante a restituir a la Comisión la totalidad de los gastos que ésta ha efectuado para la tramitación de las solicitudes del demandante (véanse los puntos 3 a 6 supra).

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

resuelve:

1)    Declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.

2)    Condenar en costas al demandante y a restituir a la Comisión la totalidad de los gastos que ésta ha efectuado para tramitar las solicitudes del demandante que originaron el presente recurso y que son el objeto de éste.

Dictado en Luxemburgo, a 11 de julio de 2000.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

V. Tiili


1: Lengua de procedimiento: inglés.