AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Tercera)

de 13 de septiembre de 2012

Asunto F‑34/11

Saskia Jane Markland

contra

Oficina Europea de Policía (Europol)

«Función pública — Personal de Europol — Contrato de agente temporal — Aplicación del ROA — Clasificación en grado — Recurso manifiestamente infundado»

Objeto: Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante el que la Sra. Markland solicita la anulación de la decisión de 19 de diciembre de 2010, por la cual la Oficina Europea de Policía (Europol) confirmó su decisión de clasificarla en el grupo de funciones de asistentes (AST) con el grado AST 5.

Resultado: Se desestima el recurso por manifiestamente infundado. La demandante cargará con sus propias costas y con las costas soportadas por Europol.

Sumario

1.      Funcionarios — Agentes de Europol — Contratación — Clasificación en grado — Obligación de adoptar una descripción de las funciones y atribuciones correspondientes a cada tipo de tareas de los agentes temporales — Incumplimiento — Consecuencias en relación con una decisión de clasificación de un agente temporal — Inexistencia

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 1 bis, ap. 2, y 5, ap. 4; anexo I; Régimen aplicable a los otros agentes, art. 10; Decisión 2009/371/JAI del Consejo, art. 39, ap. 2)

2.      Funcionarios — Selección — Clasificación en grado — Directriz interna de una institución — Concepto — Plan plurianual remitido a la autoridad presupuestaria de la Unión con fines informativos y no está dirigido al personal — Exclusión

3.      Funcionarios — Organización de los servicios — Determinación del nivel del puesto que ha de proveerse — Obligación de fijar el grado preciso en el anuncio de vacante — Inexistencia

(Estatuto de los Funcionarios)

1.      La obligación que el artículo 5, apartado 4, del Estatuto impone a cada institución de la Unión de aprobar, previo dictamen del Comité del Estatuto, una descripción de las funciones y atribuciones correspondientes a cada tipo de puesto de trabajo cuya lista figura en el anexo I del Estatuto también recae sobre Europol. En efecto, este órgano es, en virtud del artículo 39, apartado 2, de la Decisión 2009/371, por la que se crea Europol, una agencia en el sentido del artículo 1 bis, apartado 2, del Estatuto, y esta última disposición precisa que toda referencia a las instituciones contenida en el Estatuto será también aplicable a las agencias.

El hecho de que Europol no apruebe la descripción de las funciones y atribuciones a la que se refiere el artículo 5, apartado 4, del Estatuto no vicia de ilegalidad la decisión por la que se determina la clasificación de un agente temporal, ya que tal descripción sólo tiene por objeto, en cuanto acto meramente interno, facilitar esa clasificación.

(véanse los apartados 35, 36, 39 y 40)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 9 de julio de 2007, De Smedt/Comisión (T‑415/06 P), apartados 42 y 43

Tribunal de la Función Pública: 28 de junio de 2011, AS/Comisión (F‑55/10), apartado 59, objeto de un recurso de casación pendiente ante el Tribunal General, asunto T‑476/11 P

2.      La autoridad facultada para proceder a los nombramientos puede adoptar una directriz interna que la guíe en el ejercicio de sus facultades discrecionales en materia de clasificación en grado. No obstante, no cabe calificar como directriz interna un plan plurianual remitido a la autoridad presupuestaria de la Unión con fines informativos y que no está dirigido al personal.

(véase el apartado 46)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 9 de julio de 1997, Monaco/Parlamento (T‑92/96), apartado 46

3.      Dado que el Estatuto no establece una correspondencia exacta entre una función determinada y un grado determinado, la administración también puede hacer uso de sus amplias facultades de apreciación para fijar, en un anuncio de vacante de puesto o de selección, el nivel de un puesto de trabajo con respecto a un elevado número de grados.

(véase el apartado 50)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 18 de junio de 2009, Comisión/Traore (T‑572/08 P), apartados 61 a 63