Language of document : ECLI:EU:C:2014:108

Asunto C‑82/12

Transportes Jordi Besora, S.L.,

contra

Generalitat de Catalunya

(Petición de decisión prejudicial
planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña)

«Impuestos indirectos — Impuestos especiales — Directiva 92/12/CEE — Artículo 3, apartado 2 — Hidrocarburos — Impuesto sobre las ventas minoristas — Concepto de “finalidad específica” — Transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas — Financiación — Afectación predeterminada — Gastos en medidas sanitarias y medioambientales»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 27 de febrero de 2014

1.        Disposiciones fiscales — Armonización de las legislaciones — Impuestos especiales — Directiva 92/12/CEE — Hidrocarburos — Norma nacional que establece un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos — Impuesto que financia las competencias de los entes territoriales en materia de salud y de medioambiente — Impuesto que no tiene por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente — Inexistencia de finalidad específica — Improcedencia

(Directiva 92/12/CEE del Consejo, art. 3, ap. 2)

2.        Cuestiones prejudiciales — Interpretación — Efectos en el tiempo de las sentencias interpretativas — Efecto retroactivo — Limitación por el Tribunal de Justicia — Requisitos — Importancia para el Estado miembro interesado de las consecuencias económicas de la sentencia — Criterio no decisivo

(Art. 267 TFUE)

1.        El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12, relativa al régimen general, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos especiales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional que establece un impuesto sobre la venta minorista de hidrocarburos, ya que no puede considerarse que tal impuesto persiga una finalidad específica en el sentido de dicha disposición, toda vez que el mencionado impuesto, destinado a financiar el ejercicio, por parte de los entes territoriales interesados, de sus competencias en materia de sanidad y de medioambiente, no tiene por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente.

En efecto, una finalidad específica, en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12, es un objetivo distinto del exclusivamente presupuestario. Además, ya se ha declarado que el aumento de la autonomía de un ente territorial mediante el reconocimiento de una potestad tributaria constituye un objetivo puramente presupuestario, que no puede, por sí solo, constituir una finalidad específica en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12.

Sin embargo, ya que todo impuesto tiene necesariamente una finalidad presupuestaria, el mero hecho de que ese impuesto tenga finalidad presupuestaria no basta, por sí mismo, a menos que se prive de todo contenido al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12, para excluir que pueda considerarse que dicho impuesto tiene también una finalidad específica, en el sentido de esta disposición. A este respecto, la afectación predeterminada de los rendimientos de ese impuesto a la financiación por parte de autoridades regionales de competencias que les ha transferido el Estado en materia de sanidad y medioambiente podría constituir un elemento que debe tenerse en cuenta para identificar la existencia de una finalidad específica. No obstante, tal afectación, que resulta de una mera modalidad de organización presupuestaria interna de un Estado miembro, no puede, como tal, constituir un requisito suficiente a este respecto, ya que cualquier Estado miembro puede ordenar la afectación del rendimiento de un impuesto a la financiación de determinados gastos, sea cual sea la finalidad perseguida.

Para considerar que persigue una finalidad específica, en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 92/12, es preciso que un impuesto tenga por objeto, por sí mismo, garantizar la protección de la salud y del medioambiente. Tal sería el caso, en particular, si los rendimientos de dicho impuesto debieran utilizarse obligatoriamente para reducir los costes sociales y medioambientales vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos que grava dicho impuesto, de tal modo que existiera un vínculo directo entre el uso de los rendimientos y la finalidad del impuesto en cuestión.

(véanse los apartados 23, 25, 27 a 30 y 36 y el fallo)

2.        Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 40 a 42, 48 y 49)