SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 17 de junio de 1999 (1)
«Ayudas de Estado - Artículo 92 del Tratado CE (actualmente, tras su
modificación, artículo 87 CE) - Ayuda nueva - Notificación previa»
En el asunto C-295/97,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al
artículo 234 CE (antiguo artículo 177), por el Tribunale di Genova (Italia),
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA
e
International Factors Italia SpA (Ifitalia),
Dornier Luftfahrt GmbH,
Ministero della Difesa,
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 92 del Tratado CE
(actualmente, tras su modificación, artículo 87 CE),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por los Sres.: J.-P. Puissochet, Presidente de Sala; P. Jann, C. Gulmann,
D.A.O. Edward y M. Wathelet (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- En nombre de Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA,
por el Sr. Tomaso Galletto, Abogado de Génova;
- en nombre de Dornier Luftfahrt GmbH, por los Sres. Antonio Fusillo y
Alessandro Fusillo, Abogados de Roma, y el Sr. Gianfranco Nasuti,
Abogado de Génova;
- en nombre del Gobierno italiano, por el Profesor Umberto Leanza, Jefe del
servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, en
calidad de Agente, asistido por el Sr. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres.
Gérard Rozet, Consejero Jurídico, y Paolo Stancanelli, miembro del Servicio
Jurídico, en calidad de Agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales de Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo
Piaggio SpA, representada por los Sres. Tomaso Galletto e Ivano Cavanna,
Abogados de Génova; de Dornier Luftfahrt GmbH, representada por Antonio y
Alessandro Fusillo; del Gobierno italiano, representado por el Sr. Oscar Fiumara,
y de la Comisión, representada por el Sr. Paolo Stancanelli, expuestas en la vista
de 27 de enero de 1999;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el
4 de marzo de 1999;
dicta la siguiente
Sentencia
- 1.
- Mediante resolución de 29 de julio de 1997, recibida en el Tribunal de Justicia el
11 de agosto siguiente, el Tribunale di Genova planteó, con arreglo al artículo
234 CE (antiguo artículo 177), dos cuestiones con carácter prejudicial sobre la
interpretación del artículo 92 del Tratado CE (actualmente, tras su modificación,
artículo 87 CE).
- 2.
- Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Industrie
Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA (en lo sucesivo, «Piaggio») y la
sociedad alemana Dornier Luftfahrt GmbH (en lo sucesivo, «Dornier»), sobre la
devolución de una cantidad de 30.028.894.382 LIT pagada por Piaggio a Dornier.
- 3.
- Piaggio compró a Dornier tres aeronaves destinadas a las Fuerzas Armadas
italianas. En contraprestación, a partir del mes de diciembre de 1992, Piaggio
realizó diversos pagos en favor de Dornier y, mediante delegaciones de pago, le
cedió créditos contra el Ministerio de Defensa y contra la sociedad International
Factors Italia SpA.
- 4.
- Mediante Orden de 28 de noviembre de 1994, dictada conjuntamente por los
Ministros de Industria y del Tesoro (GURI n. 281, de 1 de diciembre de 1994),
Piaggio fue sometida a administración extraordinaria con arreglo a la Ley n. 95/79,
de 3 de abril de 1979 (GURI n. 94, de 4 de abril de 1979; en lo sucesivo, «Ley
n. 95/79»). Dicha decisión se tomó tras la resolución del Tribunal de Genova, de
29 de octubre de 1994, que declaraba el estado de insolvencia de Piaggio, así como
la posibilidad de acogerse al procedimiento de administración extraordinaria.
- 5.
- El 14 de febrero de 1996, Piaggio presentó una demanda ante el Tribunale di
Genova en la que solicitaba, por un lado, que se declarasen nulos, y sin efecto
alguno, con relación a la masa de los acreedores, todos los pagos, cesiones de
créditos y delegaciones de pago efectuadas a favor de Dornier durante los dos años
anteriores a la fecha en que fue puesta bajo administración extraordinaria, y, por
otro lado, que se condenase a Dornier a restituir las cantidades correspondientes
más los intereses. Piaggio sostiene, a este respecto, que Dornier, que ya conocía el
estado de suspensión de pagos, había recibido de ella, por la venta de las tres
aeronaves, una serie de pagos preferentes por un total de 30.028.894.382 LIT,
violando el principio de igualdad de trato de todos los acreedores.
- 6.
- Piaggio basó su demanda en el artículo 67 de la Ley sobre la Quiebra, aplicable en
el presente caso con arreglo a las remisiones que figuran en los artículos 1 de la
Ley n. 95/79 y 203 de la Ley sobre la Quiebra, que prevé la revocación, a favor de
la masa de los acreedores de la empresa insolvente, de los pagos efectuados
durante los dos años anteriores a la declaración de insolvencia y al inicio del
procedimiento de administración extraordinaria.
- 7.
- Dornier destacó en su defensa, en especial, la incompatibilidad de la Ley n. 95/79
con el artículo 92 del Tratado.
- 8.
- La Ley n. 95/79 estableció el procedimiento de administración extraordinaria de
las grandes empresas en dificultades.
- 9.
- Conforme a lo previsto en el párrafo primero del artículo 1 de dicha Ley, este
procedimiento puede aplicarse a las empresas que, desde hace al menos un año,
empleen, como mínimo, a trescientos trabajadores y tengan, para con entidades de
crédito, organismos de previsión y de Seguridad Social o empresas en las que el
Estado posea una participación mayoritaria, deudas por importe igual o superior
a 80.444 millones de LIT y superior al quíntuplo del capital desembolsado de la
sociedad.
- 10.
- El procedimiento es también aplicable, a tenor del artículo 1 bis de la misma Ley,
cuando la insolvencia resulta de la obligación de devolver cantidades que asciendan,
como mínimo, a 50.000 millones de LIT, que representen al menos el 51 % del
capital desembolsado, al Estado, a organismos públicos o a empresas en las que el
Estado posea una participación mayoritaria, en concepto de restitución de ayudas
ilegales o incompatibles con el mercado común o en el marco de financiaciones
concedidas para innovaciones tecnológicas y actividades de investigación.
- 11.
- Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2 de la Ley n. 95/79,
para que el procedimiento de administración extraordinaria se aplique a una
empresa, ésta debe haber sido declarada insolvente por los Tribunales, bien sea de
conformidad con la Ley sobre la Quiebra o bien como consecuencia de la falta de
pago de los salarios durante al menos los últimos tres meses. El Ministro de
Industria, tras consultar al Ministro de Hacienda, puede entonces dictar una Orden
por la que se someta a la empresa a administración extraordinaria y autorizarla,
teniendo en cuenta el interés de los acreedores, a continuar su actividad durante
un período de dos años como máximo, prorrogable por otro período máximo
adicional de dos años, previo dictamen conforme del Comité Interministerial para
la Coordinación de la Política Industrial (en lo sucesivo, «CIPI»).
- 12.
- Las empresas en administración extraordinaria se rigen por las normas generales
de la Ley sobre la Quiebra, salvo excepciones expresamente previstas por la Ley
n. 95/79 o por Leyes posteriores. Así, tanto en el caso de la administración
extraordinaria como en el del procedimiento ordinario de liquidación, el propietario
de la empresa insolvente no puede disponer de sus activos, que, en principio,
deben destinarse a pagar a los acreedores; se interrumpe el devengo de intereses
sobre las deudas existentes; los pagos de las deudas efectuados durante un período
anterior a la declaración de insolvencia son revocables; no puede interponerse ni
continuarse con carácter individual ninguna acción de ejecución sobre los bienes
de la empresa afectada. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en el
procedimiento del régimen ordinario en materia de quiebra, en el caso de la
administración extraordinaria, la suspensión de toda acción de ejecución se
extiende, conforme al artículo 4 de la Ley n. 544/81, a las deudas de naturaleza
fiscal, así como a las sanciones, intereses y recargos en caso de retraso en el pago
del impuesto sobre sociedades.
- 13.
- Además, con arreglo al artículo 2 bis de la Ley n. 95/79, el Estado puede garantizar
total o parcialmente las deudas que las empresas sometidas a administración
extraordinaria contraigan para la financiación de la gestión corriente y para la
reactivación y la finalización de las instalaciones, edificios y equipos industriales,
conforme a los requisitos y modalidades establecidos mediante Orden del Ministro
de Hacienda, previo dictamen conforme del CIPI.
- 14.
- En el marco del proceso de saneamiento, está autorizada la venta de todos los
establecimientos de la empresa insolvente, conforme a las modalidades previstas
por la Ley n. 95/79. A tenor del artículo 5 bis de esta última, la transmisión de
propiedad total o parcial de la empresa devenga una tasa de registro fijada a tanto
alzado en un millón de LIT.
- 15.
- Por otra parte, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 3 de
la Ley n. 19/87, de 6 de febrero de 1987 (GURI n. 32, de 9 de febrero de 1987),
las empresas en régimen de administración extraordinaria quedan exentas del pago
de las multas y sanciones pecuniarias impuestas en caso de falta de pago de las
cotizaciones sociales obligatorias.
- 16.
- A tenor de lo establecido en el segundo guión del artículo 2 de la Ley n. 95/79,
cuando se autoriza a una empresa sometida a administración extraordinaria a
continuar su actividad, el administrador nombrado al efecto debe preparar un plan
de gestión adecuado, cuya compatibilidad con las grandes líneas de la política
industrial nacional es examinada por el CIPI antes de ser aprobado por el Ministro
de Industria. Las decisiones relativas a cuestiones tales como la reestructuración,
la venta de los activos, la liquidación o el final del período de administración
extraordinaria han de ser aprobadas por el mismo Ministro.
- 17.
- Los acreedores de la empresa en régimen de administración extraordinaria no
pueden ver satisfechos sus créditos, total o parcialmente, mediante liquidación de
los activos de la empresa o gracias a sus nuevos beneficios hasta que finalice el
período de vigencia de dicho régimen. Además, de conformidad con lo establecido
en los artículos 111 y 212 de la Ley sobre la Quiebra, los gastos ocasionados por
la administración extraordinaria y la continuación de la explotación de la empresa,
incluidas las deudas contraídas, se pagan detrayendo la cantidad necesaria del
producto de la realización de la masa de la quiebra, dando prioridad a los créditos
existentes en el momento de iniciarse el procedimiento de administración
extraordinaria.
- 18.
- El procedimiento de administración extraordinaria finaliza tras el convenio de
acreedores, el reparto íntegro del activo, la extinción total de los créditos o la
insuficiencia de activo, o también una vez que la empresa haya recuperado la
capacidad de hacer frente a sus obligaciones y, por lo tanto, el equilibrio financiero.
- 19.
- Procede precisar, además, que, mediante el escrito E 13/92 (DO 1994, C 395, p. 4),
dirigido al Gobierno italiano con arreglo al apartado 1 del artículo 88 CE (antiguo
artículo 93, apartado 1, del Tratado CE), la Comisión indicó que la Ley n. 95/79
le parecía estar comprendida, desde diversos puntos de vista, dentro del ámbito de
aplicación de los artículos 92 y siguientes del Tratado, y solicitó que le fueran
notificados previamente todos los casos de aplicación de dicha Ley, para
examinarlos en el marco de la normativa aplicable a las ayudas a las empresas en
dificultades.
- 20.
- Puesto que las autoridades italianas respondieron que sólo estaban dispuestas a
efectuar una notificación previa en los casos de concesión de la garantía del Estado
prevista en el artículo 2 bis de la Ley n. 95/79, la Comisión decidió iniciar el
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 CE. De los autos no se
desprende que dicho procedimiento haya conducido, hasta la fecha, a una decisión
final de la Comisión.
- 21.
- En estas circunstancias, considerando que existían dudas sobre la compatibilidad
del artículo 92 del Tratado con la Ley n. 95/79, el órgano jurisdiccional remitente
decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes
cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Puede un Juez nacional solicitar al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas que se pronuncie directamente sobre la
compatibilidad de una norma de la legislación de un Estado miembro con
los preceptos del artículo 92 del Tratado (ayudas concedidas por los
Estados)?
2) En caso de respuesta afirmativa, ¿puede considerarse que mediante la Ley
n. 95, de 3 de abril de 1979, sobre la administración extraordinaria de las
grandes empresas en crisis -y, en particular, mediante las disposiciones de
dicha Ley enunciadas en la fundamentación de la presente resolución-, el
Estado italiano ha concedido a determinadas empresas contempladas en
dicha normativa (es decir, las grandes empresas) ayudas contrarias al
artículo 92 del Tratado?»
Sobre la admisibilidad de la remisión prejudicial
- 22.
- Piaggio sostiene que debe declararse la inadmisibilidad de la remisión prejudicial
porque, por un lado, la resolución de remisión no describe de forma suficiente y
clara el marco normativo en el que se inserta la interpretación solicitada, y, por
otro lado, las cuestiones planteadas no son pertinentes para la solución del litigio
en el procedimiento principal, puesto que su acción revocatoria está basada en
disposiciones del régimen ordinario en materia de quiebra que prevén la
revocabilidad de los pagos realizados durante los dos años anteriores a la
declaración de insolvencia.
- 23.
- A este respecto, si bien es cierto que la resolución de remisión sólo expresa de
modo sucinto el marco jurídico que sirve de base a la petición de decisión
prejudicial, dicha circunstancia no puede, no obstante, en el presente caso, causar
su inadmisibilidad. En efecto, dicha exposición es suficiente porque permite
comprender claramente las cuestiones planteadas.
- 24.
- Por otra parte, procede recordar que corresponde exclusivamente al órgano
jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad
de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las
particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para
poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al
Tribunal de Justicia (véase, en especial, la sentencia de 1 de diciembre de 1998,
Ecotrade, C-200/97, aún no publicada en la Recopilación, apartado 25).
- 25.
- A fin de cuentas, basta comprobar que, en el presente asunto, la cuestión de si un
régimen como el establecido en la Ley n. 95/79 debe calificarse como ayuda nueva
o ayuda existente, cuestión que el Tribunal de Justicia examinará de oficio, más
adelante, en el marco de la estrecha cooperación que se debe establecer con las
jurisdicciones nacionales, no carece de incidencia en la solución del litigio del
procedimiento principal, habida cuenta de las consecuencias que el órgano
jurisdiccional remitente puede estar obligado a extraer, con relación a los artículos
92 del Tratado (actualmente, tras su modificación, artículo 87 CE) y 88 CE
(antiguo artículo 93), de la falta de notificación previa a la Comisión del régimen
de ayuda eventualmente controvertido.
- 26.
- Además, nada permite afirmar, desde un principio, que si Paggio hubiera sido
sometida íntegramente al procedimiento del régimen ordinario en materia de
quiebra, la situación de Dornier hubiera sido en todo idéntica, en especial, en
cuanto a las posibilidades de recuperar sus créditos por lo menos parcialmente, a
pesar del hecho de que la revocabilidad de los pagos realizados durante el período
sospechoso anterior a la declaración de insolvencia está también prevista en el
marco del procedimiento del régimen ordinario en materia de quiebra. La
apreciación de este extremo corresponde al órgano jurisdiccional nacional.
- 27.
- En consecuencia, procede responder a las cuestiones prejudiciales.
Sobre la primera cuestión prejudicial
- 28.
- Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si puede
solicitar al Tribunal de Justicia que se pronuncie directamente sobre la
compatibilidad de una medida nacional con el artículo 92 del Tratado.
- 29.
- En primer lugar, procede recordar que, de conformidad con una jurisprudencia
reiterada, en el marco de un procedimiento promovido con arreglo al artículo
234 CE, el Tribunal de Justicia no es competente para interpretar el Derecho
nacional o pronunciarse sobre la compatibilidad de una disposición nacional con
el Derecho comunitario (véase, en especial, la sentencia de 21 de enero de 1993,
Deutsche Shell, C-188/91, Rec. p. I-363, apartado 27).
- 30.
- Por lo que se refiere, más particularmente, al control del cumplimiento por parte
de los Estados miembros de las obligaciones que les imponen los artículos 92 del
Tratado y 88 CE, deben tenerse en cuenta las funciones complementarias y
distintas desempeñadas por los órganos jurisdiccionales nacionales y la Comisión,
como ha puesto de manifiesto el Tribunal de Justicia en su sentencia de 11 de julio
de 1996, SFEI y otros (C-39/94, Rec. p. I-3547), apartados 41 y siguientes.
- 31.
- Mientras que la apreciación de la compatibilidad de las medidas de ayuda con el
mercado constituye una competencia exclusiva de la Comisión, que actúa bajo el
control del Tribunal de Justicia, los órganos jurisdiccionales nacionales velan por
la salvaguarda de los derechos de los justiciables en caso de incumplimiento de la
obligación de notificación previa de las ayudas de Estado a la Comisión prevista en
el apartado 3 del artículo 88 CE.
- 32.
- A este respecto, con el fin de determinar si una medida de carácter estatal
establecida sin tener en cuenta el procedimiento de examen preliminar previsto por
el apartado 3 del artículo 88 CE debía o no estar sujeta a él, un órgano
jurisdiccional nacional puede verse obligado a interpretar el concepto de ayuda,
contemplado en el artículo 92 del Tratado. Si, como en el presente caso, como se
deriva de la resolución de remisión, alberga dudas en cuanto a la calificación
jurídica de ayuda de Estado de la medida controvertida, puede solicitar
aclaraciones a la Comisión sobre este extremo o, con arreglo a los párrafos
segundo y tercero del artículo 234 CE, puede o debe plantear una cuestión
prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 92 del
Tratado (sentencia SFEI y otros, citada anteriormente, apartados 49 a 51).
- 33.
- En este contexto, con el objeto de facilitar una respuesta útil al órgano
jurisdiccional remitente, procede examinar la cuestión de si un régimen como el
establecido por la Ley n. 95/79, y que se aparta del ordinario en materia de
quiebra debe calificarse como ayuda de Estado, en el sentido del artículo 92 del
Tratado, y debería haber sido notificado a la Comisión antes de su ejecución
conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 CE.
Sobre la calificación jurídica de ayuda
- 34.
- Como ha declarado ya el Tribunal de Justicia, el concepto de ayuda es más general
que el de subvención, ya que comprende no sólo las prestaciones positivas, como
las propias subvenciones, sino también las intervenciones que, bajo formas diversas,
alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa
y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto del término, son de la
misma naturaleza y tienen efectos idénticos (véanse las sentencias de 15 de marzo
de 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, Rec. p. I-877, apartado 13, y
Ecotrade, citada anteriormente, apartado 34).
- 35.
- El término «ayuda», en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado,
implica necesariamente la existencia de ventajas otorgadas directa o indirectamente
mediante fondos estatales o que constituyen una carga adicional para el Estado o
para los organismos designados o instituidos al efecto (véase, en especial, la
sentencia de 7 de mayo de 1998, Viscido y otros, asuntos acumulados C-52/97 a
C-54/97, Rec. p. I-2629, apartado 13).
- 36.
- Al igual que ha mantenido el Tribunal de Justicia en relación con la letra c) del
artículo 4 del Tratado CECA, en la sentencia Ecotrade, antes citada, varias
características del régimen establecido en la Ley n. 95/79, en especial, a la vista de
las circunstancias del asunto del procedimiento principal, podrían permitir
determinar la existencia de una ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 92
del Tratado, si el alcance que se les atribuye a continuación es confirmado por el
órgano jurisdiccional remitente.
- 37.
- En primer lugar, de los autos se deduce que la Ley n. 95/79 está destinada a ser
aplicada de forma selectiva a favor de grandes empresas industriales en dificultades
que tengan deudas particularmente elevadas con determinadas categorías de
acreedores, en su mayor parte de naturaleza pública. Tal como señaló el Tribunal
de Justicia en el apartado 38 de la sentencia Ecotrade, antes citada, es incluso muy
probable que el Estado o algunos organismos públicos figuren entre los principales
acreedores de la empresa afectada.
- 38.
- Procede señalar también que las decisiones del Ministro de Industria de someter
a la empresa en dificultades a administración extraordinaria y autorizarla a
continuar su actividad, aun suponiendo que hubieran sido adoptadas teniendo en
cuenta de la mejor manera posible los intereses de los acreedores y, en particular,
las posibilidades de realización de los activos de la empresa, se ven influidas
también, como estimó el Tribunal de Justicia en el apartado 39 de la sentencia
Ecotrade, antes citada, por el afán de mantener, por consideraciones de política
industrial nacional, la actividad económica de la empresa.
- 39.
- En tales circunstancias, habida cuenta de la categoría de las empresas a las que se
aplica la normativa controvertida y del alcance de la facultad de apreciación de que
dispone el Ministro, en particular cuando autoriza a una empresa insolvente
sometida a administración extraordinaria a continuar su actividad, la normativa de
que se trata reúne el requisito de especificidad, que constituye una de las
características del concepto de ayuda de Estado (véase, en este sentido, la
sentencia de 26 de septiembre de 1996, Francia/Comisión, C-241/94, Rec. p. I-4551,
apartados 23 y 24).
- 40.
- En segundo lugar, sea cual fuere el objetivo perseguido por el legislador nacional,
resulta que la normativa controvertida puede colocar a las empresas a las que se
aplica en una situación más favorable que la de otras empresas, en la medida en
que permite que continúen su actividad económica en circunstancias en las que
dicha posibilidad quedaría excluida en el marco de la aplicación del régimen
ordinario en materia de quiebra, puesto que este último tiene en cuenta de forma
determinante la protección de los intereses de los acreedores. Pues bien, habida
cuenta del rango prioritario de los créditos relacionados con la continuación de la
actividad económica, la autorización para proseguirla podría implicar, en tales
circunstancias, una carga adicional para los poderes públicos si se demostrara
efectivamente que el Estado o algunos organismos públicos figuran entre los
principales acreedores de la empresa en dificultades, sobre todo si se tiene en
cuenta que esta última adeuda, en principio, sumas considerables.
- 41.
- Por otra parte, además de la concesión de la garantía del Estado conforme al
artículo 2 bis de la Ley n. 95/79, que las autoridades italianas aceptaron notificar
previamente a la Comisión, el sometimiento a administración extraordinaria implica
la extensión de la prohibición y de la suspensión de cualquier acción de ejecución
individual a las deudas de naturaleza fiscal y a las sanciones, intereses y recargos
en caso de retraso en el pago del impuesto sobre sociedades, la exoneración de la
obligación de pago de multas y sanciones pecuniarias en caso de impago de las
cotizaciones sociales, así como la aplicación de un tipo de gravamen preferencial
en caso de transmisión total o parcial de la empresa, devengando dicha transmisión
una tasa de registro fijada a tanto alzado en un millón de LIT, mientras que el tipo
ordinario de esta tasa asciende al 3 % del valor de los bienes cedidos.
- 42.
- Estas ventajas, concedidas por el legislador nacional, podrían implicar también una
carga adicional para los poderes públicos, en forma de una garantía de Estado, de
una renuncia efectiva a los créditos públicos, de una exoneración de la obligación
de pago de multas u otras sanciones pecuniarias o un tipo de gravamen reducido.
Sólo podría ser distinto si se demostrara que el sometimiento a administración
extraordinaria y la continuación de la actividad económica de la empresa no
produjeran efectivamente o no deberían producir una carga adicional para el
Estado, respecto a las consecuencias que habría producido la aplicación de lasdisposiciones del régimen ordinario en materia de quiebra. Corresponde al órgano
jurisdiccional remitente examinar dichos elementos, después de solicitar, en su caso,
aclaraciones a la Comisión.
- 43.
- Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, procede llegar a la conclusión de que
ha de considerarse que la aplicación a una empresa de un régimen como el
establecido por la Ley n. 95/79, que se aparta del ordinario en materia de quiebra,
da lugar a la concesión de una ayuda de Estado, en el sentido del apartado 1 del
artículo 92 del Tratado, si se demuestra que dicha empresa
- fue autorizada a continuar su actividad económica en circunstancias en las
que dicha posibilidad hubiera quedado excluida en el marco de la aplicación
del régimen ordinario en materia de quiebra, o
- disfrutó de una o varias ventajas, tales como una garantía de Estado, un
tipo de gravamen reducido, una exoneración de la obligación de pago de
multas y otras sanciones pecuniarias o una renuncia efectiva, total o parcial,
a créditos públicos, a las que no habría podido aspirar otra empresa
insolvente en el marco de la aplicación del régimen ordinario en materia de
quiebra.
Sobre las consecuencias de la falta de notificación previa
- 44.
- El Tratado ha previsto y regulado, en su artículo 88 CE, el examen permanente y
el control de las ayudas por parte de la Comisión. Por lo que se refiere a las
nuevas ayudas que los Estados miembros tuvieren la intención de establecer, dicho
precepto establece un procedimiento previo sin el cual no puede considerarse
legalmente otorgada ninguna ayuda. Con arreglo a lo dispuesto en la frase primera
del apartado 3 del artículo 88 CE, los proyectos dirigidos a conceder o modificar
ayudas deberán ser notificados a la Comisión con anterioridad a su ejecución.
- 45.
- La Comisión, sin embargo, calificó el régimen de la Ley n. 95/79 como «ayuda de
Estado existente», reconociendo que dicha Ley, aunque promulgada después de la
entrada en vigor del Tratado, no le había sido notificada de conformidad con las
disposiciones del apartado 3 del artículo 88 CE. Su posición se basa en razones de
oportunidad entre las que se encuentran, en especial, sus propias dudas, que se han
mantenido durante catorce años, en cuanto a la calificación jurídica de ayuda de
Estado que podía tener la Ley n. 95/79, la confianza de los operadores económicos
sujetos a dicho régimen, la aplicación poco frecuente de este último y la
imposibilidad práctica de obtener la devolución de las cantidades eventualmente
recuperables.
- 46.
- Esta posición no puede ser aceptada.
- 47.
- En efecto, la respuesta a la cuestión de si una ayuda es nueva y si su concesión
requiere, en consecuencia, el inicio del procedimiento de examen previo, previsto
en el apartado 3 del artículo 88 CE, no puede depender de una apreciación
subjetiva de la Comisión.
- 48.
- Como ya señaló el Tribunal de Justicia en su sentencia de 9 de agosto de 1994,
Namur-Les assurances du crédit (C-44/93, Rec. p. I-3829), apartado 13, tanto del
contenido como de la finalidad de las disposiciones del artículo 88 CE (antiguo
artículo 93) se desprende, que deberán considerarse ayudas existentes, en el sentido
del apartado 1 de dicho artículo, las ayudas que existieran antes de la fecha de
entrada en vigor del Tratado y aquellas que se pudieran ejecutar legalmente
conforme a los requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 88 CE, incluidos
los derivados de la interpretación de dicho artículo efectuada por el Tribunal de
Justicia en la sentencia de 11 de diciembre de 1973, Lorenz (120/73, Rec. p. 1471),
apartados 4 a 6, mientras que deberán considerarse ayudas nuevas, sometidas a la
obligación de notificación prevista en esta última disposición, las medidas tendentes
a la concesión o a la modificación de las ayudas, debiendo precisarse que las
modificaciones pueden referirse bien a ayudas existentes, o bien a proyectos
iniciales notificados a la Comisión.
- 49.
- En consecuencia, cuando se compruebe que un régimen como el establecido por
la Ley n. 95/79 puede, por sí mismo, generar la concesión de ayudas de Estado, en
el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado, dicho régimen no puede
ejecutarse si no ha sido notificado a la Comisión y, en caso de notificación, antes
de que la Comisión tome una decisión por la que se reconozca la compatibilidad
de un proyecto de ayuda con el mercado común, o, si la Comisión no toma ninguna
decisión en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación, antes del
transcurso de dicho plazo (véase la sentencia Lorenz, citada anteriormente,
apartado 4).
- 50.
- Debe, por tanto, responderse a la primera cuestión como sigue:
En el marco de un procedimiento promovido con arreglo al artículo 234 CE, el
Tribunal de Justicia no es competente para interpretar el Derecho nacional o
pronunciarse sobre la compatibilidad de una disposición nacional con el artículo 92
del Tratado. No obstante, un órgano jurisdiccional nacional, cuando conozca de una
demanda que tenga por objeto extraer consecuencias de la infracción de la última
frase del apartado 3 del artículo 88 CE, puede solicitar aclaraciones a la Comisión
o, de conformidad con los párrafos segundo y tercero del artículo 234 CE, puede
o debe plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la
interpretación del artículo 92 del Tratado, para determinar si las medidas estatales
controvertidas constituyen ayudas de Estado que deberían haber sido notificadas
a la Comisión.
Debe considerarse que la aplicación a una empresa de un régimen como el
establecido por la Ley n. 95/79, que se aparta del ordinario en materia de quiebra,
da lugar a la concesión de una ayuda de Estado, en el sentido del apartado 1 del
artículo 92 del Tratado, si se demuestra que dicha empresa
- fue autorizada a continuar su actividad económica en circunstancias en las
que dicha posibilidad hubiera quedado excluida en el marco de la aplicación
del régimen ordinario en materia de quiebra, o
- disfrutó de una o varias ventajas, tales como una garantía de Estado, un
tipo de gravamen reducido, una exoneración de la obligación de pago de
multas y otras sanciones pecuniarias o una renuncia efectiva, total o parcial,
a créditos públicos, a las que no habría podido aspirar otra empresa
insolvente en el marco de la aplicación del régimen ordinario en materia de
quiebra.
Cuando se compruebe que un régimen como el establecido por la Ley n. 95/79
puede, por sí mismo, generar la concesión de ayudas de Estado, en el sentido del
apartado 1 del artículo 92 del Tratado, dicho régimen no puede ejecutarse si no ha
sido notificado a la Comisión y, en caso de notificación, antes de que la Comisión
tome una decisión por la que se reconozca la compatibilidad de un proyecto de
ayuda con el mercado común, o, si la Comisión no toma ninguna decisión en un
plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación, antes del transcurso de
dicho plazo.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
- 51.
- Habida cuenta de la respuesta a la primera cuestión, no procede responder a la
segunda.
Costas
- 52.
- Los gastos efectuados por el Gobierno italiano y por la Comisión, que han
presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de
reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal,
el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional,
corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Tribunale di Genova
mediante resolución de 29 de julio de 1997, declara:
1) En el marco de un procedimiento promovido con arreglo al artículo 234 CE
(antiguo artículo 177), el Tribunal de Justicia no es competente para
interpretar el Derecho nacional o pronunciarse sobre la compatibilidad de
una disposición nacional con el artículo 92 del Tratado CE (actualmente,
tras su modificación, artículo 87 CE). No obstante, un órgano jurisdiccional
nacional, cuando conozca de una demanda que tenga por objeto que
extraiga consecuencias de la infracción de la última frase del apartado 3 del
artículo 88 CE (antiguo artículo 93, apartado 3, última frase), puede
solicitar aclaraciones a la Comisión o, de conformidad con los párrafos
segundo y tercero del artículo 234 CE, puede o debe plantear una cuestión
prejudicial al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 92
del Tratado, para determinar si las medidas estatales controvertidas
constituyen ayudas de Estado que deberían haber sido notificadas a la
Comisión.
2) Debe considerarse que la aplicación a una empresa de un régimen como el
establecido por la Ley italiana n. 95/79, de 3 de abril de 1979, que se aparta
del ordinario en materia de quiebra, da lugar a la concesión de una ayuda
de Estado, en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado, si se
demuestra que dicha empresa
- fue autorizada a continuar su actividad económica en circunstancias
en las que dicha posibilidad hubiera quedado excluida en el marco de
la aplicación del régimen ordinario en materia de quiebra, o
- disfrutó de una o varias ventajas, tales como una garantía de Estado,
un tipo de gravamen reducido, una exoneración de la obligación de
pago de multas y otras sanciones pecuniarias o una renuncia efectiva,
total o parcial, a créditos públicos, a las que no habría podido aspirar
otra empresa insolvente en el marco de la aplicación del régimen
ordinario en materia de quiebra.
3) Cuando se compruebe que un régimen como el establecido por la Ley
n. 95/79 puede, por sí mismo, generar la concesión de ayudas de Estado, en
el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado, dicho régimen no
puede ejecutarse si no ha sido notificado a la Comisión y, en caso de
notificación, antes de que la Comisión tome una decisión por la que se
reconozca la compatibilidad de un proyecto de ayuda con el mercado
común, o, si la Comisión no toma ninguna decisión en un plazo de dos
meses a partir de la fecha de notificación, antes del transcurso de dicho
plazo.
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Puissochet Jann
Gulmann
Edward Wathelet
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Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de junio de 1999.
El Secretario
El Presidente de la Sala Quinta
R. Grass
J.-P. Puissochet