Language of document : ECLI:EU:C:2016:259

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. MELCHIOR WATHELET

presentadas el 14 de abril de 2016 (1)

Asunto C‑115/15

Secretary of State for the Home Department

contra

NA

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y País de Gales) (Sala de lo Civil)] (Reino Unido)]

«Procedimiento prejudicial — Artículos 20 TFUE y 21 TFUE — Artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2004/38 — Divorcio — Mantenimiento del derecho de residencia del nacional de un tercer Estado que tenga la custodia de los hijos menores de edad nacionales de otro Estado miembro de la Unión Europea — Artículo 12, párrafo primero, del Reglamento n.º 1612/68»





I.      Introducción

1.        La cuestión que constituye el núcleo del presente asunto es si un nacional de un tercer Estado, que residía en un Estado miembro con un ciudadano de la Unión Europea, como cónyuge de éste, tiene derecho a permanecer en dicho Estado miembro en caso de que el ciudadano de la Unión haya dejado definitivamente su residencia en el Estado en cuestión y el procedimiento de divorcio se haya iniciado tras su partida.

2.        El Tribunal de Justicia ya ha tenido oportunidad de abordar esta cuestión en el asunto que dio lugar a la sentencia Singh y otros (C‑218/14, EU:C:2015:476). No obstante, a diferencia de lo que ocurría en este primer asunto, la partida del cónyuge y el posterior divorcio tienen lugar en un contexto de violencia doméstica. Pues bien, aunque el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (2) contempla este supuesto, el Tribunal de Justicia aún no ha tenido ocasión de interpretarlo.

3.        La presencia en el territorio del país de acogida de dos menores nacidos de la unión entre un ciudadano de la Unión y el nacional de un tercer Estado permitirá asimismo al Tribunal de Justicia determinar los parámetros para la apreciación del criterio de «privación del contenido esencial de los derechos» dimanante de la jurisprudencia iniciada por la sentencia Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124).

II.    Marco jurídico

A.      Tratado FUE

4.        El artículo 20 TFUE prevé la creación de una ciudadanía de la Unión y dispone que gozará de la misma toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. En virtud del apartado 2 de este artículo, los ciudadanos de la Unión tienen, entre otras cosas, «el derecho de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros». Con arreglo al artículo 20 TFUE, apartado 2, párrafo segundo, este derecho se ejercerá «en las condiciones y dentro de los límites definidos por los Tratados y por las medidas adoptadas en aplicación de éstos».

5.        No obstante, el artículo 21 TFUE precisa que, si bien todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, este derecho se ejercerá «con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación».

B.      Directiva 2004/38

6.        Con arreglo al considerando 15 de la Directiva 2004/38, «conviene, por otro lado, ofrecer protección jurídica a los miembros de la familia en caso de fallecimiento del ciudadano de la Unión o de divorcio o anulación del matrimonio o de una unión de hecho registrada. Resulta pues necesario adoptar medidas que garanticen que, en tales supuestos, los miembros de la familia que residieran ya en el territorio del Estado miembro de acogida conserven su derecho de residencia, a título exclusivamente personal, con el debido respeto por la vida familiar y la dignidad humana y bajo ciertas condiciones para evitar abusos».

7.        El artículo 7 de la Directiva 2004/38 regula el derecho de residencia por más de tres meses en los términos que se exponen a continuación:

«1.      Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses si:

a)      es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, o

b)      dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, [...]

[...]

2.      El derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan con él en el Estado miembro de acogida, siempre que dicho ciudadano cumpla las condiciones contempladas en las letras a), b) o c) del apartado 1.

[...]»

8.        Con arreglo al artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el divorcio, la anulación del matrimonio o el fin de la unión registrada mencionada en la letra b) del punto 2 del artículo 2 no supondrá la pérdida del derecho de residencia de los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro:

a)      cuando el matrimonio o la unión registrada haya durado, hasta iniciarse el procedimiento judicial de divorcio o de anulación o finalizar la unión registrada mencionada en la letra b) del punto 2 del artículo 2, al menos tres años, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida, o

b)      cuando la custodia de los hijos del ciudadano de la Unión hubiere sido confiada al cónyuge o a la pareja que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro por mutuo acuerdo entre los cónyuges o la pareja mencionada en la letra b) del punto 2 del artículo 2 o por decisión judicial, o

c)      cuando así lo exigieran circunstancias especialmente difíciles, como por ejemplo, haber sido víctima de violencia doméstica durante el matrimonio o la unión registrada,

d)      cuando, por mutuo acuerdo entre los cónyuges o las parejas mencionadas en la letra b) del punto 2 del artículo 2 o por decisión judicial, el cónyuge o la pareja que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro, tenga derecho a visitar al menor, siempre que el órgano judicial haya dispuesto que dicha visita tenga lugar en el Estado miembro de acogida, y por el período de tiempo que sea necesario.

Antes de adquirir el derecho de residencia permanente, el derecho de residencia de los interesados seguirá estando sujeto al requisito de poder demostrar que son trabajadores por cuenta ajena o propia, o que disponen, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse durante su período de residencia en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o bien ser miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de una persona que cumpla estos requisitos. Los “recursos suficientes” serán los definidos en el apartado 4 del artículo 8.

Dichos miembros de la familia seguirán conservando su derecho de residencia exclusivamente a título personal.»

9.        El artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2004/38 dispone, por último, que los ciudadanos de la Unión que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años en el Estado miembro de acogida tendrán un derecho de residencia permanente en éste. Con arreglo al apartado 2 de dicho artículo, esta norma «será asimismo aplicable a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que hayan residido legalmente durante un período continuado de cinco años consecutivos con el ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida».

C.      Reglamento (CEE) n.º 1612/68

10.      De conformidad con el artículo 12, párrafo primero, del Reglamento (CEE) n.º 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, (3) «los hijos de un[…] nacional de un Estado miembro que esté o haya estado empleado en el territorio de otro Estado miembro serán admitidos en los cursos de enseñanza general, de aprendizaje y de formación profesional en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado, si esos hijos residen en su territorio».

III. Hechos del litigio principal

11.      NA es una ciudadana de Pakistán. En septiembre de 2003, contrajo matrimonio con KA en Karachi (Paquistán). Después de trasladarse a Alemania y de residir en este país, KA obtuvo la nacionalidad alemana.

12.      La pareja se trasladó al Reino Unido en marzo de 2004, y el 7 de noviembre de 2005, NA obtuvo un permiso de residencia válido hasta el 21 de septiembre de 2009.

13.      Sin embargo, su relación se deterioró hasta el punto de que NA fue víctima de una serie de episodios de violencia doméstica. A raíz de la agresión sufrida por NA (que en ese momento estaba embarazada de más de cinco meses), KA abandonó el domicilio conyugal en octubre de 2006. En diciembre de 2006 abandonó definitivamente el Reino Unido para regresar a Pakistán.

14.      Mientras residió en el Reino Unido, KA trabajó tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. El 5 de diciembre de 2006 solicitó a las autoridades británicas que revocaran el permiso de residencia de NA, puesto que el citado KA se había establecido de forma permanente en Pakistán. Pidió que se le informara de la revocación del permiso.

15.      Alegó haberse divorciado de NA en virtud de un talaq (4) emitido en Karachi el 13 de marzo de 2007. En septiembre de 2008, NA inició un procedimiento de divorcio en el Reino Unido. El 4 de agosto de 2009 se dictó la sentencia definitiva de divorcio, por la que se concedió a NA la custodia de las dos hijas de la pareja.

16.      MA nació el 14 de noviembre de 2005 e IA el 3 de febrero de 2007. Ambas poseen la nacionalidad alemana e iniciaron sus estudios en el Reino Unido, respectivamente, en enero de 2009 y en septiembre de 2010.

17.      NA presentó una solicitud para la obtención de un permiso de residencia permanente en el Reino Unido, que le fue denegada.

18.      NA interpuso un recurso contra dicha denegación. El órgano jurisdiccional de primera instancia desestimó dicho recurso. No obstante, el 22 de febrero de 2013, el órgano jurisdiccional de segunda instancia, el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunal Superior (Sala de inmigración y asilo)] revocó la sentencia recaída en primera instancia.

19.      En primer lugar, este órgano jurisdiccional confirmó que NA no podía mantener su derecho de residencia sobre la base del artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38, puesto que, en la fecha en que se divorciaron, KA había dejado de ejercer sus derechos derivados de los Tratados en este Estado miembro.

20.      En cambio, dicho órgano consideró posteriormente que tenía un derecho de residencia en virtud, por una parte, del artículo 20 TFUE, en aplicación de los principios enunciados en la sentencia Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124) y, por otra, del artículo 12 del Reglamento n.º 1612/68.

21.      Por último, habida cuenta de que consta que la denegación del derecho de residencia en el Reino Unido a NA obligaría a sus hijas, MA e IA, a abandonar dicho Estado miembro con ella puesto que tiene atribuida la custodia en exclusiva de las mismas, el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunal Superior (Sala de Inmigración y Asilo)], al considerar que la eventual expulsión de MA e IA del Reino Unido vulneraría sus derechos derivados del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), estimó el recurso interpuesto por NA sobre la base de esta disposición.

22.      NA interpuso un recurso de apelación contra esa sentencia en lo que respecta a la denegación del derecho de residencia sobre la base del artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38. Las autoridades británicas presentaron asimismo un recurso de apelación contra esta sentencia en lo que respecta al derecho de residencia de NA sobre la base, por una parte, del artículo 20 TFUE y, por otra, del artículo 12 del Reglamento n.º 1612/68. Sin embargo, la parte de la sentencia que se refiere al artículo 8 del CEDH no ha sido objeto de controversia.

23.      En estas circunstancias, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y País de Gales) (Sala de lo Civil)] decidió, mediante dos sentencias dictadas respectivamente el 17 de julio de 2014 y el 25 de febrero de 2015, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia cuatro cuestiones prejudiciales.

IV.    Petición de decisión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

24.      Mediante resolución de 25 de febrero de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de marzo de 2015, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [(Tribunal de Apelación (Inglaterra y País de Gales) (Sala de lo Civil)] planteó por tanto al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales que se exponen a continuación:

«1)      ¿Está obligado el nacional de un tercer país, excónyuge de un ciudadano de la Unión, a demostrar que su excónyuge estaba ejercitando derechos basados en el Tratado en el Estado miembro de acogida en el momento en que se produjo su divorcio, para poder conservar el derecho de residencia en virtud del artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE?

2)      ¿Dispone un nacional de la Unión de un derecho de residencia basado en el Derecho de la Unión para residir en el Estado miembro de acogida en virtud de los artículos 20 TFUE y 21 TFUE cuando el único Estado de la Unión en el que ese ciudadano tiene derecho a residir es el Estado de su nacionalidad, pero un órgano jurisdiccional competente determina que la expulsión de ese ciudadano del Estado miembro de acogida al Estado de su nacionalidad vulneraría sus derechos basados en el artículo 8 del CEDH o el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, “Carta”)?

3)      En caso de que el ciudadano de la Unión mencionado [en la segunda cuestión] sea un menor, ¿dispone el progenitor que tiene atribuida la custodia en exclusiva de ese menor, de un derecho de residencia derivado en el Estado miembro de acogida si el menor tuviera que acompañar a su progenitor en caso de expulsión de dicho progenitor del Estado miembro de acogida?

4)      ¿Tiene un menor derecho a residir en el Estado miembro de acogida con arreglo al artículo 12 del Reglamento n.º 1612/68 [actualmente artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO L 141, p. 1)] si el progenitor del menor ciudadano de la Unión, que ha trabajado por cuenta ajena en el Estado miembro de acogida, ha dejado de residir en él antes de que el menor haya iniciado sus estudios en dicho Estado?»

25.      Han presentado observaciones escritas NA, Aire Centre, los Gobiernos del Reino Unido, danés, neerlandés y polaco y la Comisión Europea. Asimismo, NA, Aire Centre, el Gobierno del Reino Unido y la Comisión expusieron sus planteamientos durante la vista, celebrada el 18 de febrero de 2016.

V.      Análisis

A.      Sobre el carácter supuestamente hipotético de las cuestiones prejudiciales

26.      Según el Gobierno del Reino Unido, las cuestiones segunda y tercera planteadas por el órgano jurisdiccional remitente son de naturaleza hipotética y carecen de pertinencia para el litigio, puesto que ya se ha reconocido un derecho de residencia en el Reino Unido a NA y a sus hijas sobre la base del artículo 8 del CEDH. Según el Gobierno neerlandés, esta constatación hace que la totalidad de las cuestiones planteadas sea de carácter hipotético.

27.      A este respecto, es jurisprudencia reiterada que, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales prevista en el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto pendiente ante él, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. (5)

28.      Con arreglo a esta jurisprudencia, «las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia». (6)

29.      Pues bien, en el presente asunto, no resulta patente que el problema que subyace a las cuestiones planteadas tenga un carácter meramente hipotético.

30.      En efecto, no puede excluirse que las respuestas que el Tribunal de Justicia dé a las diferentes cuestiones que le han sido planteadas determinen si NA tiene derecho a beneficiarse de determinadas prestaciones de seguridad social y de prestaciones no contributivas que actualmente se le deniegan en razón de la limitación de los derechos conferidos por un derecho de residencia obtenido sobre la base del artículo 8 del CEDH. (7) Un derecho de residencia directamente basado en el Derecho de la Unión podría, como mínimo, conferir a NA un mayor nivel de seguridad jurídica. (8)

31.      En estas circunstancias, invito al Tribunal de Justicia a que considere que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente son admisibles.

B.      Observaciones preliminares sobre el artículo 16 de la Directiva 2004/38

32.      El órgano jurisdiccional remitente ha limitado sus cuestiones a la interpretación de los artículos 20 TFUE y 21 TFUE, del artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38 y del artículo 12 del Reglamento n.º 1612/68.

33.      No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha tenido la oportunidad de precisar —en particular, en un asunto relativo al derecho de residencia de un nacional de un tercer Estado ascendiente directo de ciudadanos de la Unión de corta edad— que tal circunstancia no le impide facilitar todos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que pudieran serle útiles para enjuiciar el asunto de que conoce con independencia de que ese órgano jurisdiccional haya hecho o no referencia a ellos en el enunciado de dichas cuestiones. (9)

34.      En el presente asunto, la Comisión planteó en sus observaciones escritas la posibilidad de que se concediese a NA un derecho de residencia permanente desde marzo de 2009 sobre la base del artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2004/38.

35.      En efecto, con arreglo al artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38, se reconoce un derecho de residencia superior a tres meses al miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que no sea nacional de un Estado miembro cuando acompañe o se reúna en el Estado miembro de acogida con dicho ciudadano de la Unión, siempre que dicho ciudadano cumpla los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letras a) a c), de la Directiva 2004/38. (10)

36.      A continuación, con arreglo al artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2004/38, si la residencia se prolonga legalmente durante «un período continuado de cinco años consecutivos con el ciudadano de la Unión en el Estado miembro de acogida», el miembro de la familia de dicho ciudadano de la Unión que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro adquirirá un derecho de residencia permanente en ese mismo territorio.

37.      Pues bien, en el presente asunto, de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que NA llegó al territorio del Reino Unido con KA, su esposo, ciudadano de la Unión, en marzo de 2004. Por lo demás, es pacífico que, hasta su partida en diciembre de 2006, KA trabajó tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. En consecuencia, hasta dicho momento, NA cumplía los requisitos para la atribución de un derecho de residencia sobre la base del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/38.

38.      Posteriormente, consta también que NA tenía atribuida la custodia en exclusiva de sus dos hijas (una de las cuales nació antes de que KA abandonase el domicilio conyugal), que son ciudadanas de la Unión al tener la nacionalidad alemana.

39.      Sobre la base de los principios enunciados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Zhu y Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639), el derecho de residencia derivado de NA permaneció en vigor de forma ininterrumpida en virtud del derecho de sus hijas. (11) En efecto, según el Tribunal de Justicia, los requisitos previstos por la Directiva 2004/38 para que un menor, ciudadano de la Unión, disfrute de un derecho de residencia en el territorio de un Estado miembro del que no es nacional se consideran reunidos siempre que alguien (que no debe ser necesariamente el propio menor, sino, como ocurre en el presente asunto, uno de sus padres) pueda garantizar que cumple tanto los requisitos financieros como las demás condiciones previstas para que un ciudadano de la Unión sin actividad pueda disfrutar de un derecho de residencia en otro Estado miembro. (12)

40.      Según el Tribunal de Justicia, en estas circunstancias, el artículo 20 TFUE y la Directiva 2004/38 «confieren a un nacional menor de corta edad de un Estado miembro, titular de un seguro de enfermedad adecuado, y que está a cargo de un progenitor que, a su vez, es nacional de un Estado tercero y dispone de recursos suficientes para evitar que el primero se convierta en una carga para el erario del Estado miembro de acogida, el derecho a residir por tiempo indefinido en el territorio de este último Estado. En ese caso, las mismas disposiciones permiten que el progenitor que se encarga del cuidado efectivo de dicho nacional resida con él en el Estado miembro de acogida». (13)

41.      De las explicaciones facilitadas por el abogado de NA en la vista de 18 de febrero de 2016 parece desprenderse que los requisitos relativos a los «recursos suficientes» no se cumplen en el presente asunto. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si se cumplieron tales requisitos entre la fecha en que el marido abandonó el Reino Unido y marzo de 2009, momento en que NA ya habría residido durante cinco años en el Reino Unido. En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente declare que NA ha cumplido un período ininterrumpido de «residencia legal» de cinco años, ésta ya habría adquirido en ese momento un derecho de residencia permanente en virtud del artículo 16 de la Directiva 2004/38.

42.      En efecto, a diferencia de las situaciones de hecho que dieron lugar a las sentencias Zhu y Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639) y Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), el derecho de residencia derivado de NA no está vinculado eventualmente al derecho de residencia de un único ciudadano de la Unión (su hijo). Se originó con el derecho de residencia de su esposo y permaneció posteriormente en vigor en virtud del derecho de sus hijas.

43.      A este respecto, es cierto que el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2004/38 se aplica a los «miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que hayan residido legalmente con el ciudadano de la Unión», (14) lo que podría implicar que el derecho derivado invocado deba emanar de la misma persona.

44.      No obstante, considero que la sucesión en el tiempo de distintos criterios de vinculación a la ciudadanía de la Unión sobre todo, dentro de la misma unidad familiar— no puede desvirtuar, por sí misma, la existencia de una residencia legal durante un período ininterrumpido de cinco años. Ahora bien, se trata del requisito esencial que el artículo 16 impone para poder optar a un derecho de residencia permanente.

45.      ¿No sería, en efecto, paradójico que no se exigiera a un nacional de un tercer Estado el mantenimiento de una cohabitación, (15) o incluso de «una comunidad de vida conyugal efectiva» (16) con el ciudadano de la Unión, pero que se rechazase que el vínculo con la ciudadanía de la Unión clave para la adquisición del derecho de residencia— pudiese continuar de forma ininterrumpida a través de otra persona, en el presente asunto, su hija o sus hijas?

46.      En consecuencia, considero excesivamente rigurosa la interpretación literal del artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2004/38 habida cuenta de que, según el Tribunal de Justicia, el contexto y las finalidades perseguidas por la Directiva 2004/38 impiden que sus disposiciones puedan interpretarse de manera restrictiva. (17)

47.      Por otra parte, cabe señalar a mayor abundamiento que, en el caso del litigio principal, siempre que NA haya dispuesto de los recursos suficientes para que su hija mayor no supusiese una carga para el erario público del Estado miembro de acogida, considero que el período de cinco años se cumplió igualmente en noviembre de 2010, puesto que MA nació el 14 de noviembre de 2005.

C.      Sobre la primera cuestión prejudicial

48.      Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide si un nacional de un tercer Estado, excónyuge de un ciudadano de la Unión, debe poder demostrar que su excónyuge ejercía sus derechos derivados de los Tratados en el Estado miembro de acogida en el momento en que se produjo su divorcio para poder conservar el derecho de residencia en virtud del artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2004/38.

49.      El artículo 13 de la Directiva 2004/38 regula el mantenimiento del derecho de residencia de los miembros de la familia en caso de divorcio, anulación del matrimonio o fin de la unión registrada (en lo sucesivo, «en caso de divorcio»).

50.      A día de hoy, esta disposición sólo ha sido objeto de una única petición de decisión prejudicial. (18) El supuesto era el previsto en el artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2004/38. En efecto, se trataba de determinar si el nacional de un tercer Estado, divorciado de un ciudadano de la Unión, cuyo matrimonio había durado por lo menos tres años antes del inicio del procedimiento judicial de divorcio, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida, podía mantener su derecho de residencia en ese Estado miembro a pesar de que el cónyuge ciudadano de la Unión había abandonado dicho Estado antes del divorcio.

51.      En su sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que « sólo podrá mantenerse, sobre la base del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2004/38, el derecho de residencia del cónyuge, nacional de un tercer país, del ciudadano de la Unión si el Estado miembro en el que reside dicho nacional es el “Estado miembro de acogida”, en el sentido del artículo 2, apartado 3, de la citada Directiva, en la fecha en la que se inicia el procedimiento judicial de divorcio». (19)

52.      En el litigio principal, el Tribunal de Justicia deberá pronunciarse esta vez sobre la situación prevista en el artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2004/38, es decir, sobre la posibilidad de mantener el derecho de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro en caso de divorcio «cuando así lo exigieran circunstancias especialmente difíciles, como por ejemplo, haber sido víctima de violencia doméstica».

53.      En esta situación, para que el nacional de un tercer Estado pueda invocar el mantenimiento de su derecho de residencia ¿debe haber residido su cónyuge, ciudadano de la Unión, en el Estado miembro de acogida hasta la fecha de la resolución judicial de divorcio?

1.      Marco interpretativo derivado de la sentencia Singh y otros

54.      En la sentencia Singh y otros (C‑218/14, EU:C:2015:476), el Tribunal de Justicia declaró que una demanda de divorcio posterior a la partida del cónyuge ciudadano de la Unión no puede restablecer el derecho de residencia del cónyuge nacional de un tercer Estado «puesto que el artículo 13 de la Directiva 2004/38 sólo se refiere al “mantenimiento” de un derecho de residencia existente». (20)

55.      A partir de una lectura conjunta de los artículos 12 y 13 de la Directiva 2004/38, el Tribunal de Justicia consideró que el derecho de residencia derivado del que disfruta el nacional de un tercer país finaliza en el momento en que su cónyuge, ciudadano de la Unión, abandona el Estado miembro en el que ambos residen para establecerse en otro Estado miembro o en un tercer país. (21)

56.      No obstante, declaró que el derecho de residencia del cónyuge del ciudadano de la Unión, nacional de un tercer país, sólo puede mantenerse, sobre la base del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2004/38, si el Estado miembro en el que reside dicho nacional es el «Estado miembro de acogida», en el sentido del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2004/38, en la fecha en la que se inicia el procedimiento judicial de divorcio. (22)

57.      Estos tres apartados de la sentencia Singh y otros (C‑218/14, EU:C:2015:476) permiten comprender la lógica que subyace a la interpretación del artículo 13 de la Directiva 2004/38.

58.      La norma es que se extinga el derecho de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tienen la nacionalidad de un Estado miembro cuando el ciudadano de la Unión al que se vincula el derecho de residencia abandona el territorio del Estado miembro de acogida. Sin embargo, existen una serie de acontecimientos que pueden darse en el marco de un procedimiento de divorcio, de anulación del matrimonio o de fin de la unión registrada que permiten mantener el derecho de residencia de los miembros de la familia.

59.      En efecto, como pone de manifiesto la sentencia Singh y otros (C‑218/14, EU:C:2015:476) no son el divorcio, la anulación del matrimonio o el fin de la unión registrada como tales los que mantienen el derecho de residencia de los miembros de la familia, sino los supuestos específicos previstos en el artículo 13, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2004/38.

60.      En este sentido ha de señalarse que, en sus comentarios al artículo 13 de la propuesta que dio lugar a la adopción de la Directiva 2004/38, la Comisión ya expuso los diferentes supuestos previstos como «condiciones alternativas», (23) es decir, que el cumplimiento de una de ellas basta para que se mantenga el derecho de residencia.

61.      Por consiguiente, los supuestos previstos en el artículo 13, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2004/38 deben ser percibidos como otros tantos elementos que sustentan el mantenimiento del derecho de residencia del nacional de un tercer Estado cónyuge de un ciudadano de la Unión.

62.      Si el citado cónyuge abandona el Estado miembro de acogida antes de que concurra alguno de estos elementos, el artículo 13 no puede surtir el efecto de «mantener» el derecho de residencia puesto que, en realidad, éste ya habrá desaparecido. En cambio, en el supuesto de que la partida prevista en el artículo 12, apartado 3, se produzca después de alguno de estos acontecimientos —y no la sentencia de divorcio en sentido estricto— que dan lugar al mantenimiento del derecho de residencia en virtud del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, la posterior partida del ciudadano de la Unión carecerá de pertinencia.

2.      Supuesto de «circunstancias especialmente difíciles» previsto en el artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2004/38

63.      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (24)

64.      El texto del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2004/38 no permite, por sí solo, aportar una respuesta útil a la primera cuestión prejudicial.

65.      No obstante, es preciso señalar que, a diferencia del resto de supuestos previstos en el párrafo primero, se utiliza un pasado perfecto para definir la situación fáctica que sustenta el mantenimiento del derecho de residencia.

66.      En efecto, el artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2004/38 se aplica a la violencia doméstica «durante el matrimonio o la unión registrada». Por tanto, existe necesariamente un desfase temporal entre la violencia doméstica, elemento generador de la aplicación de la disposición, y el divorcio.

67.      Por otra parte, varios elementos nos permiten definir el objetivo perseguido por el legislador de la Unión.

68.      Por una parte, el considerando 15 de la Directiva 2004/38 se refiere expresamente a la necesidad de «ofrecer protección jurídica a los miembros de la familia en caso [...] de divorcio o anulación del matrimonio o de una unión de hecho registrada».

69.      Por otra, las explicaciones de la Comisión sobre la propuesta que dio lugar a la adopción del artículo 13 de la Directiva 2004/38 indican que «esta disposición tiene por objeto ofrecer una cierta protección jurídica a las personas cuyo derecho de residencia está ligado al vínculo familiar representado por el matrimonio y que podrían sufrir, por este hecho, un chantaje en caso de divorcio». (25)

70.      Pues bien, considero que este riesgo de «chantaje en caso de divorcio» o de negativa a conceder el divorcio se encuentra particularmente presente en un contexto de violencia doméstica. En efecto, el hecho de que el cónyuge que tiene la nacionalidad de un tercer Estado se enfrente a la pérdida del derecho de residencia derivado en caso de partida del ciudadano de la Unión podría utilizarse como medio de presión para oponerse al divorcio, a pesar de que estas circunstancias provocan por sí solas el debilitamiento psicológico de la víctima y, en cualquier caso, una situación de temor frente al victimario.

71.      El requisito de la presencia efectiva del cónyuge, ciudadano de la Unión, en el territorio del Estado miembro de acogida hasta el divorcio o, al menos, hasta el inicio del procedimiento judicial de divorcio, podría comprometer asimismo la aplicación de dicho artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2004/38, habida cuenta del riesgo de sanción penal vinculado a los comportamientos constitutivos de violencia doméstica.

72.      En efecto, no puede excluirse que el autor de los hechos desee abandonar el territorio en el que los ha cometido para evitar una posible condena, privando de facto al nacional de un tercer Estado de su derecho de residencia derivado. Pues bien, la incoación de un procedimiento de divorcio por violencia doméstica implicaría, simultáneamente, la denuncia de los hechos ante las autoridades judiciales.

73.      Una interpretación del artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2004/38 que obligue al nacional del tercer Estado a demostrar que su excónyuge ejercía los derechos derivados de los Tratados en el Estado miembro de acogida en el momento del divorcio para poder mantener el derecho de residencia sería manifiestamente contraria al objetivo de protección jurídica perseguido por la disposición.

74.      Por último, como he recordado anteriormente, «habida cuenta del contexto y de las finalidades perseguidas por la Directiva 2004/38, sus disposiciones no pueden interpretarse de manera restrictiva y no deben, en cualquier caso, ser privadas de su efecto útil». (26)

75.      Pues bien, una interpretación que exija la presencia del cónyuge, ciudadano de la Unión, en el territorio del Estado miembro de acogida hasta el inicio del procedimiento de divorcio no sólo tendría carácter restrictivo, sino que también privaría a la disposición de su efecto útil, el cual consiste en transformar el derecho de residencia derivado de un miembro de la familia de un ciudadano de la Unión en un derecho de residencia personal en unas circunstancias especiales que requieren protección.

76.      En efecto, si bien el legislador ha considerado que haber sido víctima de un acto de violencia doméstica es un motivo para transformar un derecho derivado en un derecho individual, el reconocimiento de tal derecho no puede estar sujeto a la voluntad exclusiva del autor de los hechos de permanecer en el territorio del Estado miembro de acogida.

3.      Conclusión provisional

77.      Los artículos 12 y 13 de la Directiva 2004/38 no permiten, ni siquiera leídos conjuntamente, que el divorcio, la anulación del matrimonio o el fin de la unión registrada puedan percibirse, por sí mismos, como elementos que sustentan el mantenimiento del derecho de residencia.

78.      Estas situaciones concretas, previstas en el título del artículo 13 de la Directiva 2004/38, sólo constituyen un marco en el que puede tener lugar alguno de los acontecimientos que figuran en el apartado 2 de dicho artículo y, de este modo, conllevar el mantenimiento del derecho de residencia del cónyuge nacional de un tercer Estado siempre y cuando el ciudadano de la Unión aún se encuentra en el territorio del Estado miembro de acogida en ese momento.

79.      En relación, más concretamente, con el supuesto de violencia doméstica previsto en el artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2004/38, la interpretación teleológica de esta disposición lleva a considerar que los actos de violencia doméstica constituyen un elemento generador del mantenimiento del derecho de residencia del nacional de un tercer Estado, cónyuge de un ciudadano de la Unión.

80.      Cualquier otra interpretación privaría al artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2004/38 de su efecto útil, que consiste en ofrecer protección jurídica a la víctima del acto de violencia, aun cuando la interpretación propuesta respeta, por otra parte, el tenor literal de la disposición controvertida.

81.      Por último, el riesgo de abuso mencionado en el considerando 15 de la Directiva 2004/38 queda suficientemente descartado por la obligación prevista en el artículo 13, apartado 2, párrafo segundo, en virtud del cual el derecho de residencia de las personas a las que se refiere el párrafo primero «seguirá estando sujeto al requisito de poder demostrar que son trabajadores por cuenta ajena o propia, o que disponen, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse durante su período de residencia en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o bien ser miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de una persona que cumpla estos requisitos».

82.      A la vista de este análisis, propongo por tanto que se responda a la primera cuestión prejudicial planteada que, en el supuesto de que el divorcio sea consecuencia de la violencia doméstica, el artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2004/38 no exige que el ciudadano de la Unión, cónyuge del nacional de un tercer Estado, resida en el territorio del Estado miembro de acogida con arreglo al artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva, en el momento del divorcio, para que ese nacional de un tercer Estado pueda conservar un derecho de residencia personal en virtud de esta disposición.

D.      Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera

83.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide si el artículo 20 TFUE y/o el artículo 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro deniegue a un ciudadano de la Unión el derecho a residir en su territorio cuando un órgano jurisdiccional competente determine que su expulsión al Estado miembro del que ostenta la nacionalidad infringiría el artículo 8 del CEDH y el artículo 7 de la Carta.

84.      Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente aborda la misma situación, pero desde la óptica de un nacional de un tercer Estado que sea el progenitor que tiene atribuida la custodia en exclusiva del ciudadano de la Unión.

85.      Todas las partes que han presentado observaciones escritas, a excepción del Gobierno del Reino Unido, han tratado estas cuestiones conjuntamente. Considero asimismo que ambas cuestiones pueden analizarse conjuntamente a la luz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645).

86.      En efecto, dicho asunto, que dio lugar a la mencionada sentencia, atañía a una situación análoga, dado que versaba sobre menores ciudadanos de la Unión, nacidos en un Estado miembro del que no poseían la nacionalidad de la unión de un padre ciudadano de la Unión y de una madre nacional de un tercer Estado. Pues bien, en su sentencia, el Tribunal de Justicia optó por abordar de forma prioritaria la cuestión a la luz del artículo 21 TFUE, a pesar de que el órgano jurisdiccional remitente sólo había hecho referencia al artículo 20 TFUE. (27)

1.      Enseñanzas de la sentencia Alokpa y Moudoulou en relación con el artículo 21 TFUE

87.      En la sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), el Tribunal de Justicia recordó que, en una situación en la que un ciudadano de la Unión había nacido en el Estado miembro de acogida y no había ejercitado su derecho a la libre circulación, la expresión «dispone de recursos suficientes», que figura en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38 y que condicionan la legalidad de un derecho de residencia por más de tres meses, «debía interpretarse en el sentido de que basta con que los ciudadanos de la Unión tengan a su disposición tales recursos, sin que esta disposición implique la más mínima exigencia en cuanto a su procedencia, pudiendo estos últimos provenir especialmente de un ciudadano de un Estado tercero progenitor de los ciudadanos de corta edad de que se trate». (28)

88.      De dicha constatación se desprende una jurisprudencia reiterada en virtud de la cual «del mismo modo en que el artículo 21 TFUE y la Directiva 2004/38 confieren un derecho a residir en el Estado miembro de acogida al menor de corta edad nacional de otro Estado miembro que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, estas mismas disposiciones permiten que el progenitor que se encarga del cuidado efectivo de dicho nacional resida con él en el Estado miembro de acogida». (29)

89.      En efecto, «la negativa a permitir que el progenitor, nacional de un Estado miembro o de un Estado tercero, que se ocupa del cuidado efectivo de un ciudadano de la Unión menor de edad resida con éste en el Estado miembro de acogida privaría de todo efecto útil al derecho de residencia del menor, dado que el disfrute de un derecho de residencia por un niño de corta edad implica necesariamente que el niño tenga derecho a ser acompañado por la persona que se encarga de su cuidado efectivo y, por tanto, que esta persona pueda residir con él en el Estado miembro de acogida durante su estancia en éste». (30)

90.      Dado que la situación fáctica del litigio principal es análoga, no encuentro ninguna razón para apartarme de esta consolidada jurisprudencia y de la consecuencia de que corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si los hijos de NA cumplen los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2004/38 y, por tanto, gozan del derecho a residir en el Estado miembro de acogida en virtud del artículo 21 TFUE. (31)

91.      Por tanto, se trata, «en particular, [de] verificar si los menores en cuestión disponen, por sí mismos o gracias a su madre, de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38». (32)

92.      En caso contrario, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 21 TFUE no se opone a que se deniegue el derecho de residencia a un nacional de un tercer Estado, aun cuando éste tenga la custodia exclusiva de sus hijos de corta edad, ciudadanos de la Unión, que residen con él en el territorio de un Estado miembro del que no tienen la nacionalidad. (33)

93.      En mi opinión, la eventual aplicación del artículo 7 de la Carta (y/o del artículo 8 del CEDH) no ha de incidir en este razonamiento puesto que se refiere específicamente al derecho a la libre circulación, garantizado por el artículo 21 TFUE «con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación», como es el caso del artículo 7 de la Directiva 2004/38. (34)

2.      Enseñanzas de la sentencia Alokpa y Moudoulou en relación con el artículo 20 TFUE

94.      Si bien el artículo 21 TFUE no sustenta incondicionalmente al derecho de residencia de un nacional de un tercer Estado que tiene atribuida la custodia en exclusiva de los hijos menores, ciudadanos de la Unión, el Tribunal de Justicia ha reconocido al artículo 20 TFUE un alcance autónomo.

95.      En efecto, en la sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), el Tribunal de Justicia indicó expresamente que, basándose en el artículo 20 TFUE, el órgano jurisdiccional nacional debía «verificar asimismo si puede concedérsele no obstante tal derecho de residencia con carácter excepcional si de no hacerlo se vulneraría el efecto útil de la ciudadanía de la Unión de la que disfrutan los hijos [del nacional de un tercer Estado que tiene su custodia exclusiva], dado que, a consecuencia de esa denegación, los menores en cuestión se verían obligados de hecho a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto, siendo privados del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por ese estatuto». (35)

96.      En realidad, se trata de la base sobre la que se asienta la jurisprudencia iniciada por la sentencia Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), tal como ha sido confirmada y definida en numerosas sentencias posteriores. (36)

97.      De esta jurisprudencia se desprende que el derecho de residencia deberá concederse a un nacional de un tercer Estado, progenitor de un ciudadano de la Unión, sobre la base del artículo 20 TFUE, siempre que la denegación de este derecho de residencia prive al ciudadano del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos que le confiere su estatuto de ciudadano de la Unión obligándole a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto.

98.      El criterio de apreciación de la «privación del contenido esencial de los derechos» se estableció claramente a partir de la sentencia Dereci y otros (C‑256/11, EU:C:2011:734). (37) La cuestión que ahora se plantea se refiere a su apreciación: ¿la obligación de abandonar el territorio de la Unión debe apreciarse desde el punto de vista jurídico o desde una perspectiva concreta, es decir, a la luz de los hechos?

3.      Criterios de apreciación de la obligación de abandonar el territorio de la Unión en su conjunto

99.      Como nacionales alemanas, las dos hijas de NA tienen, evidentemente, derecho a vivir en Alemania. En consecuencia, si estuvieran obligadas a abandonar el territorio del Reino Unido para trasladarse a Alemania, su madre tendría un derecho de residencia derivado en dicho Estado con arreglo a los principios expuestos en la sentencia Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124). (38)

100. En efecto, de no ser así, MA e IA estarían obligadas a abandonar el territorio de la Unión para seguir a su madre, probablemente a Pakistán, lo que les privaría del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos que les confiere su estatuto de ciudadanas de la Unión.

101. El asunto que dio lugar a la sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645) se suscitó a raíz de una situación análoga.

102. En ese asunto, la Sra. Alokpa alegó que si las autoridades luxemburguesas le denegaban el derecho de residencia a pesar de que residía en el territorio de ese Estado miembro con sus hijos, de nacionalidad francesa, no podría trasladarse a Francia y residir en su territorio con ellos y estaría, en consecuencia, obligada a regresar a Togo.

103. Según el Abogado General Mengozzi, procedía «en consecuencia [...] verificar si la ejecución de dicha decisión tendría el efecto, en el sentido de las sentencias Ruiz Zambrano y Dereci y otros, antes citadas, de obligar de hecho a ciudadanos de la Unión a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto privándoles del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por su estatuto». (39)

104. Ahora bien, en su sentencia subsiguiente, el Tribunal de Justicia declaró, de acuerdo con la apreciación del Abogado General Mengozzi, que «la Sra. Alokpa, en su condición de madre de Jarel y de Eja Moudoulou y como persona que se ocupa en solitario del cuidado efectivo de éstos desde su nacimiento, podría beneficiarse de un derecho derivado a acompañarles y a residir con ellos en el territorio francés». (40)

105. El Tribunal de Justicia dedujo de ello que «en principio, si las autoridades luxemburguesas denegasen a la Sra. Alokpa el derecho de residencia, sus hijos no se verían obligados por este hecho a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto». (41) Sin embargo, precisó, en el mismo apartado, que corresponde al órgano jurisdiccional remitente «no obstante [...] verificar que así sucede en este caso habida cuenta de todas las circunstancias del litigio principal». (42)

106. Esta última puntualización me parece fundamental. Sólo tiene sentido si la apreciación del criterio de la «privación del contenido esencial de los derechos» no es una cuestión jurídica.

107. En efecto, el Tribunal de Justicia ha reconocido la posibilidad jurídica —es decir, teórica— de que los hijos ciudadanos de la Unión y el progenitor nacional de un tercer Estado, que tiene su custodia exclusiva, puedan residir en el territorio del Estado miembro del que los hijos son nacionales.

108. Ahora bien, el Tribunal de Justicia encomienda expresamente al órgano jurisdiccional nacional la tarea de verificar si, «habida cuenta de todas las circunstancias del litigio principal», (43) la denegación del Estado miembro de acogida de conceder el derecho de residencia al progenitor nacional de un tercer Estado tendría como consecuencia que sus hijos se vieran obligados a abandonar el territorio en su conjunto.

109. De tal puntualización se desprende, por una parte, que las circunstancias que han de tomarse en consideración son, necesariamente, fácticas (44) y, por otra, que pueden poner en peligro la posibilidad teórica de no tener que abandonar el territorio de la Unión en su conjunto. En otras palabras, el principio establecido en la sentencia Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124) podría «reactivarse» en función del Estado cuya nacionalidad poseen los menores. (45)

110. Este examen fáctico del criterio de la «privación del contenido esencial de los derechos» es conforme con la lógica que debe prevalecer en la consideración de la ciudadanía de la Unión.

111. En efecto, la vocación del estatuto de ciudadano de la Unión es, según la afirmación reiterada del Tribunal de Justicia, convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros. (46) Por tanto, no puede tratarse de un concepto vacío. Como ha puesto de manifiesto recientemente el Abogado General Szpunar, «decir a los nacionales de los Estados miembros que son ciudadanos de la Unión crea expectativas a la vez que define derechos y deberes». (47)

112. Ahora bien, en la medida en que el derecho a circular y residir ha sido reconocido expresamente como un derecho del ciudadano de la Unión en los artículos 20 TFUE, 21 TFUE y 45 de la Carta, no cabe negar a dicho ciudadano que haya establecido en un Estado miembro distinto del suyo vínculos reales y duraderos más importantes o sustanciales que los existentes en el Estado miembro de su nacionalidad.

113. El Derecho de la Unión sólo podrá dotar de contenido al concepto de ciudadanía de la Unión si une su protección a la vinculación a un lugar, al establecimiento en un territorio y a la integración, además de en la vida administrativa y económica del país de acogida, en su vida social y cultural. (48)

114. En otras palabras, la posibilidad de que un nacional de un tercer Estado y sus hijos, ciudadanos de la Unión, puedan trasladarse al Estado miembro de la nacionalidad de éstos no puede sostenerse únicamente de manera abstracta. (49)

115. Ahora bien, en el presente asunto parece acreditado que las hijas de NA, a pesar de tener la nacionalidad alemana, no tienen ninguna vinculación con este Estado miembro, en cuyo territorio no han vivido jamás y cuya lengua no conocen. En la medida en que han nacido y han comenzado sus estudios en el Reino Unido, es en este Estado miembro donde han construido su ciudadanía.

116. La propia Comisión afirma en sus observaciones escritas que, si bien es cierto que las hijas de NA disfrutan, «como nacionales alemanas, de un derecho de residencia incondicional en Alemania, no es menos cierto que no se puede esperar razonablemente ni de ellas ni de su madre que vivan en este país y, sobre esta base, los órganos jurisdiccionales nacionales han considerado que no pueden ser obligadas a abandonar el Reino Unido para trasladarse a Alemania sin que esto suponga una violación del CEDH.» (50)

117. Considero en consecuencia que, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente confirme estos extremos, deberá reconocer a MA y a IA un derecho de residencia en el Reino Unido sobre la base del artículo 20 TFUE, por lo que NA obtendrá, por ende, un derecho de residencia derivado. En efecto, denegar este derecho a las hijas de NA les privaría del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos que les confiere el estatuto de ciudadano de la Unión. No obstante, con arreglo a la sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), el artículo 20 TFUE se opone a esta consecuencia. (51)

4.      Sobre la repercusión del artículo 7 de la Carta y del artículo 8 del CEDH

118. En su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente recuerda que se ha constatado judicialmente que la expulsión de los ciudadanos de la Unión, en el presente asunto las hijas, del Estado miembro de acogida al Estado miembro cuya nacionalidad ostentan vulneraría sus derechos basados en el artículo 8 del CEDH y en el artículo 7 de la Carta.

119. ¿Resulta determinante esta constatación a efectos de la respuesta que ha de darse a esta cuestión?

120. La repercusión del artículo 7 de la Carta y del artículo 8 del CEDH sobre el artículo 20 TFUE ya ha sido planteada al Tribunal de Justicia. En la sentencia Dereci y otros (C‑256/11, EU:C:2011:734), el Tribunal de Justicia respondió a la misma que «si el tribunal remitente considerase, atendiendo a las circunstancias de los litigios principales, que la situación de los demandantes en éstos está regida por el Derecho de la Unión, deberá examinar si la denegación del derecho de residencia de éstos vulnera el derecho al respeto de la vida privada y familiar previsto en el artículo 7 de la Carta. Si considerase, en cambio, que esa situación no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, deberá realizar ese examen a la luz del artículo 8, apartado 1, del CEDH». (52)

121. Me resulta interesante esta conclusión. En efecto, en la sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), el Tribunal de Justicia no dudó en declarar que «los artículos 20 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro deniegue a un nacional de un tercer país el derecho a residir en su territorio, cuando dicho nacional asume en solitario el cuidado de sus hijos de corta edad, ciudadanos de la Unión, que residen con él en ese Estado miembro desde su nacimiento, sin que tengan la nacionalidad de dicho Estado miembro ni hayan ejercido su Derecho a la libre circulación, siempre que los referidos ciudadanos de la Unión no cumplan los requisitos establecidos por la Directiva 2004/38 o que la referida denegación no les prive del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por el estatuto de ciudadano de la Unión». (53)

122. Si una disposición del Tratado no se opone a que un Estado miembro deniegue el derecho de residencia a condición del cumplimiento de una serie de requisitos es que, por definición, nos encontramos en el ámbito de aplicación de dicha disposición. (54) En caso contrario, el Tribunal de Justicia debería declararse incompetente para responder a la cuestión planteada.

123. En consecuencia, considero probado que las cuestiones vinculadas a la aplicación del artículo 20 TFUE y la repercusión de la ciudadanía de la Unión sobre el derecho de residencia se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. (55)

124. Por consiguiente, si el órgano jurisdiccional remitente ha considerado que la expulsión de un ciudadano de la Unión vulneraría el artículo 7 de la Carta (o el artículo 8, apartado 1, del CEDH al ser el contenido de ambos análogo), esta apreciación debe ser tenida en cuenta a efectos de la aplicación del artículo 20 TFUE y de la apreciación del criterio de la «privación del contenido esencial de los derechos».

125. Además, desde mi punto de vista, la integración del artículo 7 de la Carta en el razonamiento del juez nacional relativo a la aplicación del artículo 20 TFUE no puede implicar la extensión del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, extensión que vulneraría el artículo 51, apartado 2, de la Carta.

126. En efecto, es la ciudadanía europea consagrada en el artículo 20 TFUE lo que genera la protección de los derechos fundamentales —y, más concretamente en el presente asunto, el artículo 7 de la Carta— y no a la inversa. (56)

5.      Conclusión provisional

127. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo que se responda a las cuestiones segunda y tercera planteadas por el órgano jurisdiccional remitente que los artículos 20 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro deniegue a un nacional de un tercer país un derecho de residencia en su territorio, cuando dicho nacional tenga atribuida la custodia en exclusiva de los hijos, ciudadanos de la Unión, que residen con él en este Estado miembro desde su nacimiento, sin poseer la nacionalidad del mismo y hayan ejercido su derecho a la libre circulación, siempre que dichos ciudadanos de la Unión cumplan los requisitos previstos en la Directiva 2004/38 o, en su defecto, que esta denegación prive de hecho a estos ciudadanos del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos que les confiere el estatuto de ciudadano de la Unión, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente atendiendo al conjunto de circunstancias del presente asunto. Si se ha constatado judicialmente que la expulsión de los ciudadanos de la Unión afectados vulneraría el artículo 7 de la Carta o el artículo 8, apartado 1, del CEDH, el órgano jurisdiccional remitente deberá tenerlo en cuenta.

E.      Sobre la cuarta cuestión prejudicial

128. Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende saber, en esencia, si el artículo 12 del Reglamento n.º 1612/68 debe interpretarse en el sentido de que debe reconocerse a un menor y, en consecuencia, al progenitor que tiene atribuida su custodia, el derecho a residir en el Estado miembro de acogida cuando el progenitor ciudadano de la Unión, que ha trabajado en dicho Estado miembro, ha dejado de residir en él antes de que el menor haya iniciado sus estudios en dicho Estado.

129. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia nos permite responder de forma afirmativa a esta cuestión.

130. En efecto, según el Tribunal de Justicia, «el derecho que el artículo 12 del Reglamento n.º 1612/68 reconoce al hijo de un trabajador migrante a continuar su escolaridad en las mejores condiciones en el Estado miembro de acogida implica necesariamente que ese hijo tenga derecho a estar acompañado por la persona a la que corresponda efectivamente su custodia y, por lo tanto, que esta persona deba poder residir con él en dicho Estado miembro durante sus estudios. La denegación de un permiso de residencia al progenitor que tenga efectivamente la custodia del hijo que ejerce su derecho a proseguir su escolaridad en el Estado miembro de acogida supondría una vulneración de este derecho». (57)

131. En consecuencia, los hijos de un nacional de un Estado miembro que trabaja o ha trabajado en el Estado miembro de acogida y el progenitor que tiene efectivamente su custodia pueden invocar, en este último Estado, el derecho de residencia basándose exclusivamente en lo dispuesto en el artículo 12, párrafo primero, del Reglamento n.º 1612/68. (58)

132. En la sentencia Teixeira (C‑480/08, EU:C:2010:83), el Tribunal de Justicia recordó que «el artículo 12 del Reglamento n.º 1612/68 tiene por objeto, en particular, garantizar que los hijos de un trabajador nacional de un Estado miembro, aunque éste ya no ejerza una actividad por cuenta ajena en el Estado miembro de acogida, puedan comenzar y, en su caso, finalizar su escolaridad en dicho Estado miembro». (59)

133. El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que «según reiterada jurisprudencia, el artículo 12 del Reglamento n.º 1612/68 sólo exige que el hijo haya vivido con sus padres, o con uno de ellos, en un Estado miembro durante el tiempo en que al menos uno de sus progenitores residía en él como trabajador (véanse las sentencias Brown, 197/86, EU:C:1988:323, apartado 30, y Gaal, C‑7/94, EU:C:1995:118, apartado 27)». (60)

134. De forma aún más clara, el Tribunal de Justicia ha considerado que «el derecho del hijo a residir en dicho Estado para cursar estudios, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento n.º 1612/68 y, en consecuencia, el derecho de residencia del progenitor que ejerce efectivamente su custodia, no pueden estar supeditados al requisito de que uno de los progenitores del hijo haya ejercido, en la fecha en que éste último comenzó sus estudios, una actividad profesional como trabajador migrante en el Estado miembro de acogida». (61)

135. Asimismo, en la sentencia Ibrahim y Secretary of State for the Home Department, el Tribunal de Justicia indicó que, en un supuesto en el que uno de los menores en cuestión había comenzado sus estudios después de que el progenitor antiguo trabajador migrante hubiese abandonado el Estado miembro de acogida, que «el derecho a la igualdad de trato para el acceso a la enseñanza no se limita a los hijos de los trabajadores migrantes. También se aplica a los hijos de los antiguos trabajadores migrantes». (62)

136. Por tanto, de esta jurisprudencia se deriva indiscutiblemente que el artículo 12 del Reglamento n.º 1612/68 debe interpretarse en el sentido de que un menor y, en consecuencia, el progenitor que tiene atribuida su custodia, tienen derecho a residir en el Estado miembro de acogida cuando el progenitor ciudadano de la Unión que ha trabajado en este Estado miembro ha dejado de residir en él antes de que el menor haya iniciado sus estudios en dicho Estado.

137. Por otra parte, esta interpretación del artículo 12 del Reglamento n.° 1612/68 se cohonesta con el principio en virtud del cual esta disposición «no puede interpretarse de manera restrictiva [...] y no debe, en cualquier caso, verse privad[a] de su efecto útil». (63)

138. Me gustaría añadir, en aras de la exhaustividad, que de los hechos que dieron lugar a la sentencia Alarape y Tijani (C‑529/11, EU:C:2013:290) se desprende que los principios antes expuestos se aplican también a los nacionales de terceros Estados, ascendentes de ciudadanos de la Unión.

VI.    Conclusión

139. A la vista de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales) (Sala de lo Civil)]:

«1)      En el supuesto de que el divorcio sea consecuencia de la violencia doméstica, el artículo 13, apartado 2, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, no exige que el ciudadano de la Unión Europea, cónyuge del nacional de un tercer Estado, resida en el territorio del Estado miembro de acogida con arreglo al artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva, en el momento del divorcio, para que el nacional de un tercer Estado pueda conservar un derecho de residencia personal en virtud de esta disposición.

2)      Los artículos 20 TFUE y 21 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro deniegue a un nacional de un tercer país un derecho de residencia en su territorio, cuando dicho nacional tenga atribuida la custodia en exclusiva de los hijos, ciudadanos de la Unión, que residen con él en este Estado miembro desde su nacimiento, sin poseer la nacionalidad del mismo y hayan ejercido su derecho a la libre circulación, siempre que dichos ciudadanos de la Unión cumplan los requisitos previstos en la Directiva 2004/38 o, en su defecto, que esta denegación prive de hecho a estos ciudadanos del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos que les confiere el estatuto de ciudadano de la Unión, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente atendiendo al conjunto de circunstancias del presente asunto. Si se ha constatado judicialmente que la expulsión de los ciudadanos de la Unión afectados vulneraría el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea o el artículo 8, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, el órgano jurisdiccional remitente deberá tenerlo en cuenta.

3)      El artículo 12 del Reglamento (CEE) n.º 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad debe interpretarse en el sentido de que debe reconocerse a un menor y, en consecuencia, al progenitor que tiene atribuida su custodia, el derecho a residir en el Estado miembro de acogida cuando el progenitor ciudadano de la Unión, que ha trabajado en dicho Estado miembro, ha dejado de residir en él antes de que el menor haya iniciado sus estudios en dicho Estado.»


1      Lengua original: francés.


2      DO L 158, p. 77; Corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28.


3      DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77.


4      Se trata de una forma de divorcio unilateral legal conforme al Derecho paquistaní, pero no reconocida en el Reino Unido.


5      Véase, en este sentido, la sentencia Trespa International (C‑248/07, EU:C:2008:607), apartado 32.


6      Sentencia Wojciechowski (C‑408/14, EU:C:2015:591), apartado 32. Véanse asimismo, entre otras muchas, las sentencias Pujante Rivera (C‑422/14, EU:C:2015:743), apartado 20 y jurisprudencia citada, y Trespa International (C‑248/07, EU:C:2008:607), apartado 33.


7      Véanse, en este sentido, las observaciones escritas presentadas por NA (apartado 7).


8      Véanse, en este sentido, las observaciones escritas presentadas por Aire Centre (apartado 3).


9      En este sentido, véase, en particular, la sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 20.


10      Es decir, ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, o disponer, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida y de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en dicho Estado, o incluso estar matriculado en un centro de este Estado con la finalidad principal de cursar estudios (siempre que cumpla los requisitos relativos a los recursos y a la cobertura médica, antes citados).


11      Sentencia Zhu y Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639), apartados 45 a 47. Véase también la sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 29.


12      En este sentido, véanse, en particular, las sentencias Zhu y Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639), apartados 28, 30, 41 y 47, y Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 27.


13      Sentencia Zhu y Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639), apartado 47. El subrayado es mío.


14      El subrayado es mío.


15      En este sentido, véanse las sentencias Diatta (267/83, EU:C:1985:67), apartados 20 y 22, e Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691), apartado 58.


16      En este sentido, véase la sentencia Ogieriakhi (C‑244/13, EU:C:2014:2068), apartados 36, 38 y 47.


17      En este sentido, véase la sentencia Metock y otros (C‑127/08, EU:C:2008:449), apartado 84.


18      Sentencia Singh y otros (C‑218/14, EU:C:2015:476).


19      Sentencia Singh y otros (C‑218/14, EU:C:2015:476), apartado 61. El subrayado es mío.


20      Apartado 67.


21      Sentencia Singh y otros (C‑218/14, EU:C:2015:476), apartado 62.


22      Sentencia Singh y otros (C‑218/14, EU:C:2015:476), apartado 61.


23      Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros [COM(2001) 257 final, DO C 270 E, p. 150]. El subrayado es mío.


24      Véanse, en particular, las sentencias Yaesu Europe (C‑433/08, EU:C:2009:750), apartado 24; Brain Products (C‑219/11, EU:C:2012:742), apartado 13; Koushkaki (C‑84/12, EU:C:2013:862), apartado 34, y Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474), apartado 35.


25      Propuesta de Directiva [COM(2001) 257 final].


26      Sentencia Metock y otros (C‑127/08, EU:C:2008:449), apartado 84.


27      Sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartados 20, 21 y 32.


28      Sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 27, que remite a los apartados 28 y 30 de la sentencia Zhu y Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639).


29      Sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 29, que remite a los apartados 46 y 47 de la sentencia Zhu y Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639).


30      Sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 28 y jurisprudencia citada.


31      Véase, en este sentido, la sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 30 y jurisprudencia citada.


32      Sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 30 y jurisprudencia citada.


33      Sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 31 y el fallo de la sentencia.


34      El Abogado General Mengozzi se planteó asimismo la posibilidad de que las disposiciones de la Carta pudieran flexibilizar, o incluso excluir la aplicación de los requisitos previstos en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2004/38 a fin de garantizar el respeto de la vida familiar consagrado en el artículo 7 de la Carta (conclusiones del Abogado General Mengozzi en el asunto Alokpa y Moudoulou, C‑86/12, EU:C:2013:197, punto 34). Su conclusión es similar a la mía, puesto que consideró que «[esta] hipótesis parec[ía] difícilmente concebible puesto que supondría hacer abstracción de los límites establecidos en el artículo 21 TFUE al derecho de los ciudadanos de la Unión de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros» (punto 35); el Abogado General Mengozzi remite, a dicho respecto, a los requisitos previstos por la Directiva 2004/38.


35      Sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 33.


36      Véanse las sentencias McCarthy (C‑434/09, EU:C:2011:277), apartado 47; Dereci y otros (C‑256/11, EU:C:2011:734), apartados 64, 66 y 67; Iida (C‑40/11, EU:C:2012:691), apartado 71; Ymeraga y otros (C‑87/12, EU:C:2013:291), apartado 36, y Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 32. Véase también el análisis de la evolución de esta jurisprudencia en las conclusiones del Abogado General Szpunar en el asunto Rendón Marín y CS (C‑165/14 y C‑304/14, EU:C:2016:75).


37      Véanse, en particular, Nic Shuibhne, N.: «(Some of) The Kids Are All Right», C.M.L. Rev., 2012 (49), pp. 349 a 380, especialmente p. 362; Lenaerts, K.: «The concept of EU citizenship in the case law of the European Court of Justice», ERA Forum, 2013, pp. 569 a 583.


38      Véase, en este sentido, la sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartados 34 y 35.


39      Conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:197), punto 52.


40      Sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 34.


41      Sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 35. El subrayado es mío.


42      Sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 35. El subrayado es mío.


43      Sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 35. El subrayado es mío.


44      En la sentencia Dereci y otros (C‑256/11, EU:C:2011:734), el Tribunal de Justicia ya había encomendado al órgano jurisdiccional nacional la tarea de determinar si la negativa a conceder un derecho de residencia al nacional de un tercer Estado suponía privar del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por el estatuto de ciudadano de la Unión a los miembros de su familia. En respuesta a las críticas formuladas por una parte de la doctrina a este respecto, Koen Lenaerts responde que la cuestión de si, al obligar al Sr. Dereci a abandonar Austria, sus hijos estarían obligados a irse con él es «clearly a factual question» (Lenaerts, K.: «The concept of EU citizenship in the case law of the European Court of Justice», ERA Forum, 2013, pp. 569 a 583, especialmente p. 575, nota 32). No puedo sino estar de acuerdo con esta afirmación.


45      La expresión se ha tomado prestada a Anne Rigaux (Rigaux, A.: «Regroupement familial», Europe, diciembre de 2013, comentario 499).


46      Véanse, en particular, las sentencias Grzelczyk (C‑184/99, EU:C:2001:458), apartado 31; D’Hoop (C‑224/98, EU:C:2002:432), apartado 28; Baumbast y R (C‑413/99, EU:C:2002:493), apartado 82; Garcia Avello (C‑148/02, EU:C:2003:539), apartado 22; Orfanopoulos y Oliveri (C‑482/01 y C‑493/01), EU:C:2004:262, apartado 65; Pusa (C‑224/02, EU:C:2004:273), apartado 16; Zhu y Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639), apartado 25; Bidar (C‑209/03, EU:C:2005:169), apartado 31; Comisión/Austria (C‑147/03, EU:C:2005:427), apartado 45; Schempp (C‑403/03, EU:C:2005:446), apartado 15; España/Reino Unido (C‑145/04, EU:C:2006:543), apartado 74; Comisión/Países Bajos (C‑50/06, EU:C:2007:325), apartado 32; Huber (C‑524/06, EU:C:2008:724), apartado 69; Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104); Prinz y Seeberger (C‑523/11 y C‑585/11, EU:C:2013:524), apartado 24, y Martens (C‑359/13, EU:C:2015:118), apartado 21.


47      Conclusiones del Abogado General Szpunar en los asuntos Rendón Marín y CS (C‑165/14 y C‑304/14, EU:C:2016:75), punto 117.


48      A este respecto, véase Azoulai, L.: «Le sujet des libertés de circuler», en Dubout, É., y Maitrot de la Motte, A.: L’unité des libertés de circulation. In varietate concordia?, Bruylant, 2013, pp. 385 a 411, especialmente p. 408.


49      La expresión se ha tomado prestada al Abogado General Szpunar (véanse sus conclusiones en los asuntos Rendón Marín y CS, C‑165/14 y C‑304/14, EU:C:2016:75, nota a pie de página 109).


50      Véase el punto 36 de las observaciones escritas de la Comisión.


51      Véase, en este sentido, la sentencia Alokpa y Moudoulou (C‑86/12, EU:C:2013:645), apartado 36 y el fallo de la sentencia.


52      Apartado 72.


53      Apartado 36 y fallo de la sentencia.


54      Véase, en este sentido, Carlier, J.-Y.: «La libre circulation des personnes dans l’Union européenne», Journal de droit européen, 2014, pp. 167 a 175, especialmente p. 174. Ésta es también la interpretación defendida por la Abogado General Sharpston en los asuntos O. y otros (C‑456/12 y C‑457/12, EU:C:2013:837). En efecto, según la Abogado General Sharpston, «será necesario examinar una situación jurídica a la luz de la Carta siempre y cuando una disposición del Derecho de la Unión imponga al Estado miembro una obligación positiva o negativa (procedente, bien de los Tratados, bien de la legislación derivada de la Unión)» (punto 61). Pues bien, así sucede en el presente asunto con el artículo 20 TFUE, puesto que supedita la posibilidad de que los Estados miembros denieguen un permiso de residencia a una serie de requisitos.


55      Ésta es asimismo la conclusión a la que llegó el Abogado General Szpunar en sus conclusiones en los asuntos Rendón Marín y CS (C‑165/14 y C‑304/14, EU:C:2016:75), puntos 119 y 120, que se considera «convencido» de que las situaciones que se inscriben en el marco de la jurisprudencia iniciada por las sentencias Zhu y Chen (C‑200/02, EU:C:2004:639); Rottmann (C‑135/08, EU:C:2010:104), y Ruiz Zambrano (C‑34/09, EU:C:2011:124), se hallan comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. En efecto, el Abogado General Szpunar parte de la premisa de que los ciudadanos de los Estados miembros disfrutan del estatuto de ciudadanía de la Unión. «En consecuencia, como ciudadanos de la Unión, estos menores tienen el derecho de circular y de residir libremente en el territorio de la Unión, y cualquier limitación a este derecho estará comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión» (punto 120).


56      Véase, en este sentido, Kochenov, D.: «The Right to Have What Rights? EU Citizenship in Need of Clarification», European Law Journal, vol. 19, 2013, pp. 502 a 516, especialmente p. 511. Véanse, asimismo, las conclusiones de la Abogado General Sharpston en los asuntos O. y otros (C‑456/12 y C‑457/12, EU:C:2013:837), puntos 62 y 63.


57      Sentencia Baumbast y R (C‑413/99, EU:C:2002:493), apartado 73. Véase también la sentencia Teixeira (C‑480/08, EU:C:2010:83), apartado 39.


58      Véanse, en este sentido, las sentencias Ibrahim y Secretary of State for the Home Department (C‑310/08, EU:C:2010:80), apartado 59; Teixeira (C‑480/08, EU:C:2010:83), apartado 36, y Alarape y Tijani (C‑529/11, EU:C:2013:290), apartado 26.


59      Sentencia Teixeira (C‑480/08, EU:C:2010:83), apartado 51. El subrayado es mío. El Tribunal de Justicia remite al apartado 69 de la sentencia Baumbast y R (C‑413/99, EU:C:2002:493).


60      Sentencia Teixeira (C‑480/08, EU:C:2010:83), apartado 52.


61      Sentencia Teixeira (C‑480/08, EU:C:2010:83), apartado 74. El subrayado es mío.


62      Sentencia Ibrahim y Secretary of State for the Home Department (C‑310/08, EU:C:2010:80), apartado 39. El subrayado es mío.


63      Sentencia Baumbast y R (C‑413/99, EU:C:2002:493), apartado 73.