Language of document : ECLI:EU:C:2019:700

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)

de 11 de septiembre de 2019 (*)

«Procedimiento prejudicial — Principios del Derecho de la Unión — Autonomía procesal — Principios de equivalencia y de efectividad — Principio de seguridad jurídica — Fuerza de cosa juzgada — Restitución de los impuestos recaudados por un Estado miembro en contra del Derecho de la Unión — Resolución judicial firme por la que se impone el pago de un impuesto incompatible con el Derecho de la Unión — Demanda de revisión de tal resolución judicial — Plazo para presentar esta demanda»

En el asunto C‑676/17,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Curtea de Apel Ploieşti (Tribunal Superior de Ploieşti, Rumanía), mediante resolución de 5 de octubre de 2017, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de diciembre de 2017, en el procedimiento entre

Oana Mădălina Călin

y

Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița,

Statul Român — Ministerul Finanţelor Publice,

Administraţia Fondului pentru Mediu,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente de Sala, y la Sra. K. Jürimäe (Ponente) y los Sres. D. Šváby, S. Rodin y N. Piçarra, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Bobek;

Secretario: Sra. R. Șereș, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 28 de noviembre de 2018;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre del Gobierno rumano, inicialmente, por el Sr. R.-H. Radu y las Sras. C.-M. Florescu y R.I. Haţieganu, en calidad de agentes, posteriormente, por el Sr. C.-R. Canţăr y las Sras. Florescu y Haţieganu, en calidad de agentes;

–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. Armenia y C. Perrin, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de febrero de 2019;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4 TUE, apartado 3, del artículo 110 TFUE, de los artículos 17, 20, 21 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y de los principios de cooperación leal, de equivalencia, de efectividad y de seguridad jurídica.

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la Sra. Oana Mădălina Călin, por una parte, y la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița (Dirección General Regional de Hacienda de Ploiești — Administración Provincial de Hacienda de Dâmbovița, Rumanía), el Statul Român — Ministerul Finanţelor Publice (Estado Rumano — Ministerio de Hacienda) y la Administrația Fondului pentru Mediu (Administración del Fondo para el Medio Ambiente, Rumanía), por otra parte, en relación con un recurso de revisión de una resolución judicial firme por la que se declaraba inadmisible, por extemporáneo, un recurso de revisión interpuesto contra otra resolución judicial firme por la que se exigía a la Sra. Călin el pago de un timbre medioambiental que posteriormente fue declarado incompatible con el Derecho de la Unión.

 Marco jurídico

3        El artículo 21 de la Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 (Ley n.o 554/2004 relativa al contencioso administrativo), de 2 de diciembre de 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 1154 de 7 de diciembre de 2004), titulado «Recursos extraordinarios», disponía:

«(1)      Contra las resoluciones firmes e irrevocables dictadas por los órganos del contencioso-administrativo podrán interponerse los recursos previstos por el Código de Enjuiciamiento Civil.

(2)      Constituye un motivo de revisión, que se añade a los establecidos por el Código de Enjuiciamiento Civil, la existencia de sentencias firmes e irrevocables que violan el principio de primacía del Derecho [de la Unión] establecido en el artículo 148, apartado 2, en relación con el artículo 20, apartado 2, de la Constitución Rumana, republicada. La demanda de revisión se presentará dentro del plazo de quince días desde la notificación que, como excepción a la regla establecida en el artículo 17, apartado 3, se efectuará a petición suficientemente motivada de la parte interesada en el plazo de quince días desde la fecha en la que se dicte la sentencia. El recurso de revisión se resolverá con carácter urgente y prioritario en un período máximo de sesenta días desde su registro.»

4        De la petición de decisión prejudicial se desprende que el artículo 21, apartado 2, segunda frase, de la Ley n.o 554/2004 fue declarado inconstitucional por la sentencia n.o 1609/2010 de la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional, Rumanía), de 9 de diciembre de 2010.

5        En esencia, el órgano jurisdiccional remitente indica que solo las frases primera y tercera del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004 siguen surtiendo efectos jurídicos. En cambio, la segunda frase de esta disposición, relativa al plazo para la presentación de una demanda de revisión, ha dejado de tener tales efectos.

6        Mediante sentencia n.o 45/2016, de 12 de diciembre de 2016, publicada en el Monitorul Oficial al României el 23 de mayo de 2017, la Înalta Curte de Casație Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía) declaró que el plazo para presentar una demanda de revisión de conformidad con el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004 era de un mes y comenzaba a correr a partir de la fecha de la notificación de la resolución firme objeto de la revisión.

7        El artículo 509 del Codul de procedură civilă (Código de Enjuiciamiento Civil), titulado «Objeto y motivos de la revisión», establece en su apartado 1:

«(1)      Podrá solicitarse la revisión de una resolución dictada en cuanto al fondo, o que se refiera al fondo […], si:

[…]

11.      tras adquirir firmeza la sentencia, la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional) se haya pronunciado sobre la cuestión [de inconstitucionalidad] formulada en ese asunto, declarando inconstitucional la disposición que fue objeto de tal cuestión.»

8        El artículo 511, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, titulado «Plazo de presentación», establece lo siguiente:

«Respecto a los motivos previstos en el artículo 509, apartado 1, puntos 10 y 11, el plazo será de tres meses desde la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la resolución de la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional) en el Monitorul Oficial al României, parte I».

 Litigio principal y cuestión prejudicial

9        El 12 de abril de 2013, la Sra. Călin, nacional rumana, adquirió un automóvil de segunda mano procedente de Alemania. El Serviciul Public Comunitar Regim License de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Târgoviște (Servicio Público de Permisos de Conducción y Matriculación de Vehículos de Târgoviște, Rumanía) supeditó la matriculación de este vehículo en Rumanía al pago de un timbre medioambiental para vehículos de motor, por un importe de 968 lei rumanos (RON) (aproximadamente 207 euros). La Sra. Călin pagó dicha cantidad.

10      La Sra. Călin presentó una demanda ante el Tribunalul Dâmbovița — Secția a II‑a civilă, de contencios administrativ și fiscal (Tribunal de Distrito de Dâmbovița, Segunda Sala Civil, de lo Contencioso-Administrativo y Fiscal, Rumanía), solicitando la restitución de ese importe, por considerar que la imposición de ese timbre medioambiental era incompatible con el Derecho de la Unión.

11      Mediante sentencia de 15 de mayo de 2014, dicho tribunal desestimó la demanda.

12      El 28 de abril de 2015, la Sra. Călin presentó ante dicho órgano jurisdiccional una primera demanda de revisión contra dicha sentencia, invocando la sentencia de 14 de abril de 2015, Manea (C‑76/14, EU:C:2015:216), en la que, según alegaba, el Tribunal de Justicia había considerado que ese timbre medioambiental se había impuesto infringiendo el Derecho de la Unión. Esta demanda de revisión fue desestimada mediante sentencia de 16 de junio de 2015.

13      El 17 de agosto de 2016, la Sra. Călin presentó una segunda demanda de revisión ante el Tribunalul Dâmbovița — Secția a II‑a civilă, de contencios administrativ și fiscal (Tribunal de Distrito de Dâmbovița, Segunda Sala Civil, de lo Contencioso-Administrativo y Fiscal) contra la sentencia de 15 de mayo de 2014. Esta demanda de revisión se basaba en la sentencia de 9 de junio de 2016, Budişan (C‑586/14, EU:C:2016:421), así como en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004, que supuestamente permitía la revisión de las sentencias firmes dictadas en contra del Derecho de la Unión. Mediante sentencia de 11 de octubre de 2016, dicho órgano jurisdiccional estimó esta demanda de revisión y ordenó la devolución del timbre medioambiental, con intereses.

14      La Dirección General Regional de Hacienda de Ploiești — Administración Provincial de Hacienda de Dâmbovița recurrió en casación esta sentencia ante la Curtea de Apel Ploiești (Tribunal Superior de Ploiești, Rumanía).

15      Mediante sentencia de 16 de enero de 2017, este órgano jurisdiccional anuló la sentencia del Tribunalul Dâmbovița — Secția a II‑a civilă, de contencios administrativ și fiscal (Tribunal de Distrito de Dâmbovița, Segunda Sala Civil, de lo Contencioso-Administrativo y Fiscal), de 11 de octubre de 2016, por considerar que la segunda demanda de revisión se había presentado tras la expiración del plazo de un mes a partir de la fecha de comunicación de la resolución firme cuya revisión se solicitaba. Este plazo, que, según se afirmaba, se desprendía de la sentencia n.o 45/2016, era vinculante para todos los órganos jurisdiccionales rumanos a partir del momento de la publicación de esta sentencia en el Monitorul Oficial al României. Pues bien, la sentencia cuya revisión se solicitaba había sido comunicada a la Sra. Călin el 26 de mayo de 2014, mientras que la demanda de revisión se había presentado el 17 de agosto de 2016.

16      El litigio principal tiene por objeto una demanda de revisión de la sentencia de 16 de enero de 2017 presentada por la Sra. Călin ante el órgano jurisdiccional remitente. Esta demanda se basa, por un lado, en la violación del principio de irretroactividad de la ley, ya que la sentencia de 9 de junio de 2016, Budişan (C‑586/14, EU:C:2016:421), se dictó después de que la resolución nacional cuya revisión se había solicitado fuera firme. Por otro lado, dicha demanda se fundamenta en la violación, por parte de la Curtea de Apel Ploiești (Tribunal Superior de Ploiești), del principio de cooperación leal, garantizado en el artículo 4 TFUE, apartado 3.

17      En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente duda de la compatibilidad de la sentencia n.o 45/2016 con los principios de seguridad jurídica y de cooperación leal, así como con los principios de equivalencia y de efectividad.

18      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente subraya que las circunstancias del litigio principal difieren de las del asunto que dio lugar a la sentencia de 6 de octubre de 2015, Târşia (C‑69/14, EU:C:2015:662), en la que, a su entender, el Tribunal de Justicia declaró que el Derecho de la Unión no se opone a la inexistencia de un procedimiento de revisión de una resolución judicial firme, cuando esta resolución resulta incompatible con una interpretación del Derecho de la Unión. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente alega que, a diferencia del mencionado asunto, en el litigio principal existe la posibilidad de obtener la revisión de una resolución judicial nacional firme dictada en contra del Derecho de la Unión.

19      Dicho órgano jurisdiccional recuerda que, a falta de una normativa de la Unión en materia de restitución de los impuestos indebidamente recaudados, corresponde a cada Estado miembro, de conformidad con el principio de autonomía procesal, regular las modalidades procesales de los recursos judiciales destinados a salvaguardar los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los contribuyentes. Añade que, no obstante, estas modalidades procesales deben respetar siempre el principio de cooperación leal, los principios de equivalencia y de equivalencia y de efectividad y el principio de seguridad jurídica.

20      Señala que, en el presente caso, el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004 no prevé ningún plazo para la presentación de la demanda de revisión y que tal plazo únicamente se deriva de la sentencia n.o 45/2016.

21      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente alega que la aplicación de dicho plazo haría imposible devolver a la Sra. Călin el impuesto recaudado infringiendo el Derecho de la Unión. En efecto, la Sra. Călin no dispone de ningún otro medio procesal nacional para obtener la restitución de ese impuesto.

22      En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«¿Pueden interpretarse los artículos 4 TUE, apartado 3, relativo al principio de cooperación leal, los artículos 17, 20, 21 y 47 de la [Carta], el artículo 110 TFUE, el principio de seguridad jurídica y los principios de equivalencia y de efectividad que se desprenden del principio de autonomía procesal, en el sentido de que se oponen a una norma nacional como el artículo 21, apartado 2, de la [Ley n.o 554/2004], tal como fue interpretada por la sentencia [n.o 45/2016], conforme a la cual el plazo en el que puede presentarse la demanda de revisión basada en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o [554/2004] es de un mes y comienza a correr en la fecha de la notificación de la sentencia firme sujeta a la revisión?»

 Sobre la cuestión prejudicial

23      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se dilucide si el Derecho de la Unión, en particular los principios de equivalencia y de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional, tal como ha sido interpretada por una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional, que prevé un plazo de prescripción de un mes para la presentación de una demanda de revisión de una resolución judicial firme contraria al Derecho de la Unión, que comienza a partir de la fecha de la notificación de la resolución cuya revisión se solicita.

24      Con carácter preliminar, procede señalar que de la documentación que obra en poder del Tribunal de Justicia se desprende que la Sra. Călin se vio obligada a pagar un timbre medioambiental para los vehículos de motor, pese a que, en su sentencia de 9 de junio de 2016, Budişan (C‑586/14, EU:C:2016:421), el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que el artículo 110 TFUE debía interpretarse en el sentido de que se opone a un impuesto como dicho timbre medioambiental.

25      A este respecto, es jurisprudencia consolidada que el derecho a obtener la devolución de los impuestos percibidos en un Estado miembro infringiendo las normas del Derecho de la Unión es la consecuencia y el complemento de los derechos conferidos a los justiciables por las disposiciones del Derecho de la Unión que prohíben estos impuestos, tal como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia. Por lo tanto, en principio, los Estados miembros están obligados a devolver los tributos recaudados en contra de lo dispuesto en el Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de noviembre de 1983, San Giorgio, 199/82, EU:C:1983:318, apartado 12; de 19 de julio de 2012, Littlewoods Retail y otros, C‑591/10, EU:C:2012:478, apartado 24, y de 6 de octubre de 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, apartado 24).

26      No obstante, procede recordar la importancia que reviste tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales el principio de fuerza de cosa juzgada. En efecto, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la buena administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o tras expirar los plazos previstos para dichos recursos (sentencias de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, apartado 58; de 6 de octubre de 2015, C‑69/14, Târşia, EU:C:2015:662, apartado 28, y de 29 de julio de 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C‑620/17, EU:C:2019:630, apartado 54).

27      En consecuencia, el Derecho de la Unión no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a inaplicar las normas procesales nacionales que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una situación nacional incompatible con ese Derecho (sentencias de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, apartado 59; de 6 de octubre de 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, apartado 29, y de 29 de julio de 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C‑620/17, EU:C:2019:630, apartado 55).

28      En efecto, se ha declarado que el Derecho de la Unión no exige que, para tener en cuenta la interpretación de un precepto aplicable de ese Derecho adoptada por el Tribunal de Justicia, un órgano jurisdiccional deba, por regla general, reconsiderar su resolución con fuerza de cosa juzgada (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, apartado 60; de 6 de octubre de 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, apartado 38, y de 29 de julio de 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C‑620/17, EU:C:2019:630, apartado 56).

29      En cambio, si las normas procesales nacionales aplicables implican la posibilidad, con ciertos requisitos, de que el tribunal nacional reconsidere una resolución con fuerza de cosa juzgada con objeto de restablecer la conformidad de la situación derivada de dicha resolución con el Derecho nacional, esta posibilidad debe prevalecer, de acuerdo con los principios de equivalencia y de efectividad —si concurren dichos requisitos— a fin de que se restablezca la conformidad de dicha situación con el Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti, C‑213/13, EU:C:2014:2067, apartado 62; de 6 de octubre de 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, apartado 30, y de 29 de julio de 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C‑620/17, EU:C:2019:630, apartado 60).

30      En efecto, conforme al principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la protección de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables no debe ser menos favorable que la concerniente a recursos similares de Derecho interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (sentencia de 24 de octubre de 2018, XC y otros, C‑234/17, EU:C:2018:853, apartado 22 y jurisprudencia citada).

31      El respeto de dichas exigencias debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupan las normas de que se trate en el conjunto del procedimiento, el desarrollo de este y las particularidades de tales normas ante las distintas instancias nacionales (sentencias de 27 de junio de 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, apartado 38 y jurisprudencia citada, y de 24 de octubre de 2018, XC y otros, C‑234/17, EU:C:2018:853, apartado 24).

32      En el presente caso, de la documentación de que dispone el Tribunal de Justicia resulta que el Derecho rumano ofrece un recurso para solicitar la revisión de las resoluciones judiciales firmes que son contrarias al Derecho de la Unión. De la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que dicho recurso de revisión está sujeto a un plazo de un mes a partir de la fecha de la notificación de la resolución judicial cuya revisión se solicita. Dicho plazo se derivaba de la sentencia n.o 45/2016, relativa a la interpretación y aplicación del artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004.

33      Por lo tanto, debe examinarse si dicho plazo es compatible con los principios de equivalencia y de efectividad.

 Sobre el principio de equivalencia

34      Según la jurisprudencia recordada en el apartado 30 de la presente sentencia, el principio de equivalencia se opone a que un Estado miembro establezca para los recursos destinados a garantizar la protección de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables una regulación procesal menos favorable que la que se aplica a los recursos similares de Derecho interno.

35      Por lo tanto, es preciso verificar si el recurso de revisión de que se trata en el litigio principal puede considerarse similar a un recurso basado en una infracción del Derecho nacional, teniendo en cuenta el objeto, la causa y los elementos esenciales de estos recursos (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de junio de 2013, Agrokonsulting-04, C‑93/12, EU:C:2013:432, apartado 39, y de 24 de octubre de 2018, XC y otros, C‑234/17, EU:C:2018:853, apartado 27).

36      A este respecto, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto 55 de sus conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente no menciona, en los fundamentos de su petición de decisión prejudicial, la existencia de un recurso de revisión basado en una infracción del Derecho nacional que pueda considerarse similar al controvertido en el asunto principal.

37      En cambio, la Comisión alega que el recurso de revisión de una resolución judicial firme que ha infringido el Derecho de la Unión, prevista en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004, es similar al previsto en el artículo 509, apartado 1, punto 11, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé la posibilidad de interponer un recurso de revisión de una resolución judicial cuando, tras adquirir firmeza dicha resolución, la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional) se haya pronunciado sobre la cuestión de inconstitucionalidad formulada en ese asunto, declarando inconstitucional la disposición que fue objeto de tal cuestión.

38      Ahora bien, la Comisión considera que en el caso de autos no se cumple el principio de equivalencia, ya que la regulación procesal aplicable a los recursos basados en el artículo 509, apartado 1, punto 11, del Código de Enjuiciamiento Civil es más favorable que la aplicable a los recursos de revisión interpuestos con arreglo al artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004. En efecto, según la Comisión, si bien el primer recurso puede interponerse en un plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación de la sentencia de la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional) por la que se declara inconstitucional una disposición nacional, el segundo recurso debe interponerse en el plazo de un mes a partir de la fecha de la notificación de la resolución cuya revisión se solicita.

39      Sin embargo, como señaló el Abogado General en los puntos 71 y 77 de sus conclusiones, en el contexto del artículo 509, apartado 1, punto 11, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la sentencia dictada por la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional) por la que se declara la inconstitucionalidad de una disposición nacional solo permite reconsiderar la resolución judicial firme dictada en el marco del procedimiento en el que las partes han planteado la inconstitucionalidad de una disposición nacional, mientras que el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004 permite reconsiderar cualquier resolución judicial firme dictada vulnerando el Derecho de la Unión.

40      No obstante, ante la falta de precisiones respecto a este último punto, el Tribunal de Justicia no está en condiciones de pronunciarse sobre la existencia o no de similitud entre el recurso de revisión establecido en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004 y el previsto en el artículo 509, apartado 1, punto 11, de la Ley de Enjuiciamiento Civil ni, por consiguiente, sobre el cumplimiento en el presente asunto de los requisitos que se derivan del principio de equivalencia.

41      Dicho esto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar el cumplimiento del principio de equivalencia en el asunto principal a la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 30 de la presente sentencia y cabe recordar que dicho órgano jurisdiccional conserva la facultad de plantear una nueva petición de decisión prejudicial cuando pueda proporcionar al Tribunal de Justicia la totalidad de los elementos que permitan a este pronunciarse sobre el cumplimiento del principio de equivalencia (véase, en este sentido, el auto de 12 de mayo de 2016, Security Service y otros, C‑692/15 a C‑694/15, EU:C:2016:344, apartado 30 y jurisprudencia citada).

 Sobre el principio de efectividad:

42      En lo que respecta al principio de efectividad, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procedimental nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición en el conjunto del procedimiento, su desarrollo y las peculiaridades de este, ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento (sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, apartado 49; de 22 de febrero de 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, apartado 44, y de 24 de octubre de 2018, XC y otros, C‑234/17, EU:C:2018:853, apartado 49).

43      En lo que atañe, más concretamente, a los plazos de prescripción, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en interés de la seguridad jurídica, la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo es compatible con el principio de efectividad (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de diciembre de 1976, Rewe-Zentralfinanz y Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, apartado 5; de 10 de julio de 1997, Palmisani, C‑261/95, EU:C:1997:351, apartado 28; de 29 de octubre de 2015, BBVA, C‑8/14, EU:C:2015:731, apartado 28, y 22 de febrero de 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, apartado 47).

44      En el presente asunto, como se desprende de la documentación obrante en poder del Tribunal de Justicia, la Curtea de Apel Ploiești (Tribunal Superior de Ploieşti) consideró, de conformidad con la sentencia n.o 45/2016, que la segunda demanda de revisión presentada por la Sra. Călin era extemporánea. Según esa sentencia, el plazo para presentar una demanda de revisión era de un mes a partir de la notificación a la Sra. Călin de la sentencia de 15 de mayo de 2014 cuya revisión se solicitaba.

45      Por consiguiente, procede comprobar si es razonable tal plazo, a cuyo término un justiciable ya no puede presentar una demanda de revisión de una resolución judicial firme dictada en contra del Derecho de la Unión.

46      A este respecto, debe señalarse que un plazo de un mes para interponer tal recurso de revisión de una resolución judicial firme, que, según el título del artículo 21 de la Ley n.o 554/2004, es un recurso «extraordinario», no es en sí mismo censurable.

47      En efecto, un plazo preclusivo para interponer un recurso de revisión reviste un carácter razonable en el sentido de que permite al justiciable evaluar si existen motivos para solicitar la revisión de una resolución judicial firme y, en su caso, preparar el recurso revisión contra esta. A este respecto, es importante señalar que, en el presente asunto, no se ha afirmado en absoluto que el plazo de un mes señalado a tal efecto no fuese razonable (véase, por analogía, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, apartado 44).

48      Por otra parte, debe recordarse que el plazo para interponer el recurso de revisión de que se trata en el litigio principal comienza a correr a partir de la fecha en que se notifica a las partes la resolución judicial definitiva en cuestión. Así pues, las partes no pueden encontrarse en la circunstancia de que ese plazo empiece a correr, o incluso haya expirado, sin haber tenido siquiera conocimiento de la resolución judicial firme (véase, por analogía, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, apartado 45).

49      En estas circunstancias, no queda de manifiesto que la duración del plazo para interponer el recurso de revisión de que se trata en el litigio principal haga prácticamente imposible o excesivamente difícil presentar una demanda de revisión de una resolución judicial firme.

50      Por lo que respecta a las modalidades de aplicación de ese plazo, es preciso recordar que el principio de seguridad jurídica tiene por corolario el principio de protección de la confianza legítima y exige, por una parte, que las normas de Derecho sean claras y precisas y, por otra, que su aplicación sea previsible para los justiciables (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de febrero de 1996, Duff y otros, C‑63/93, EU:C:1996:51, apartado 20; de 10 de septiembre de 2009, Plantanol, C‑201/08, EU:C:2009:539, apartado 46, y de 11 de junio de 2015, Berlington Hungary y otros, C‑98/14, EU:C:2015:386, apartado 77).

51      Pues bien, de la resolución de remisión se desprende que el plazo de un mes para interponer un recurso de revisión fue establecido por la sentencia n.o 45/2016, que vincula a los tribunales rumanos desde la fecha de su publicación en el Monitorul Oficial al României. Según se desprende de las respuestas escritas de las partes a una pregunta del Tribunal de Justicia, aunque esa sentencia se dictó el 12 de diciembre de 2016, no se publicó en el Monitorul Oficial al României hasta el 23 de mayo de 2017.

52      Así pues, la sentencia n.o 45/2016 todavía no se había publicado en el Monitorul Oficial al României cuando la Sra. Călin presentó, el 17 de agosto de 2016, su segunda demanda de revisión.

53      A la luz de estas circunstancias, resulta, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, que la Curtea de Apel Ploiești (Tribunal Superior de Ploieşti) aplicó el plazo previsto en la sentencia n.o 45/2016 para declarar el carácter extemporáneo de la segunda demanda de revisión presentada por la Sra. Călin, cuando dicha sentencia aún no había sido publicada. Por otra parte, de la información de que dispone el Tribunal de Justicia no se desprende que, según la legislación rumana, en el momento en que la Sra. Călin presentó dicha demanda de revisión, existiera otro plazo para presentar tal demanda de revisión, que pudiera haberse considerado claro, preciso y previsible, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 50 de la presente sentencia.

54      En la vista, el Gobierno rumano indicó, no obstante, que, antes de la publicación de la sentencia n.o 45/2016 en el Monitorul Oficial al României, los tribunales rumanos aplicaban plazos divergentes para la presentación de recursos de revisión basados en el artículo 21, apartado 2, de la Ley n.o 554/2004, ya que no estaban obligados a aplicar un plazo específico.

55      Si bien mediante esta declaración el Gobierno rumano pretende justificar la aplicación de la solución adoptada por la sentencia n.o 45/2016 incluso antes de la publicación de esta, es preciso señalar que tal práctica no permitía que la norma sobre el plazo para la presentación de un recurso de revisión fuera clara, precisa y previsible y, de este modo, contribuyera al objetivo de la seguridad jurídica.

56      Por otra parte, respecto a la observación del órgano jurisdiccional remitente de que la aplicación de este plazo por la Curtea de Apel Ploiești (Tribunal Superior de Ploieşti) había hecho imposible la devolución a la Sra. Călin del impuesto recaudado en contra del Derecho de la Unión, puesto que la Sra. Călin no disponía de ningún otro medio procesal nacional para obtener la devolución de dicho impuesto, procede recordar, como indicó el Abogado General en el punto 103 de sus conclusiones, que el principio de fuerza de cosa juzgada no se opone al reconocimiento del principio de la responsabilidad del Estado derivada de la resolución de un órgano jurisdiccional que resuelva en última instancia (sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartado 40), tal como el órgano jurisdiccional remitente. En efecto, debido principalmente a que, por lo general, no es posible rectificar la violación de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión en que haya incurrido una resolución de esta índole, no se puede privar a los particulares de la posibilidad de exigir la responsabilidad del Estado con el fin de obtener por dicha vía una protección jurídica de sus derechos (sentencias de 30 de septiembre de 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, apartado 34; de 6 de octubre de 2015, Târşia, C‑69/14, EU:C:2015:662, apartado 40, y de 24 de octubre de 2018, XC y otros, C‑234/17, EU:C:2018:853, apartado 58).

57      Habida cuenta de lo anterior, procede responde a la cuestión planteada que:

–        el Derecho de la Unión, en particular los principios de equivalencia y de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una disposición nacional, tal como ha sido interpretada por una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional, que prevé un plazo de prescripción de un mes para la presentación de una demanda de revisión de una resolución judicial firme contraria al Derecho de la Unión, que comienza a partir de la fecha de la notificación de la resolución cuya revisión se solicita;

–        no obstante, el principio de efectividad, en relación con el principio de seguridad jurídica, debe interpretarse en el sentido de que se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a que un órgano jurisdiccional nacional aplique un plazo de prescripción de un mes para la presentación de una demanda de revisión de una resolución judicial firme cuando, en el momento de la presentación de dicha demanda de revisión, la sentencia por la que se estableció ese plazo aún no había sido publicada en el Monitorul Oficial al României.

 Costas

58      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia sin ser partes del litigio principal no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

1)      El Derecho de la Unión, en particular los principios de equivalencia y de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una disposición nacional, tal como ha sido interpretada por una sentencia de un órgano jurisdiccional nacional, que prevé un plazo de prescripción de un mes para la presentación de una demanda de revisión de una resolución judicial firme contraria al Derecho de la Unión, que comienza a partir de la fecha de la notificación de la resolución cuya revisión se solicita.

2)      No obstante, el principio de efectividad, en relación con el principio de seguridad jurídica, debe interpretarse en el sentido de que se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a que un órgano jurisdiccional nacional aplique un plazo de prescripción de un mes para la presentación de una solicitud de reexamen de una resolución judicial firme cuando, en el momento de la presentación de dicha solicitud de reexamen, la sentencia por la que se establece dicho plazo aún no haya sido publicada en el Monitorul Oficial al României.

Firmas


*      Lengua de procedimiento: rumano.