Language of document : ECLI:EU:T:1998:249

AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 23 de octubre de 1998 (1)

«Agricultura - Régimen del alcance general -

Recurso de una entidad regional - Inadmisibilidad»

En el asunto T-609/97,

Regione Puglia, representada por los Sres. Francesco Rosi y Antonio Campagnola, Abogados de Roma, que designa como domicilio en Luxemburgo el bufete Penning et associés, Abogados, 31, Grand-rue,

parte demandante,

contra

Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Franceso P. Ruggeri Laderchi, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del mismo Servicio, Centre Wagner, Kirchberg,

y

Reino de España,

partes demandadas,

que tiene por objeto un recurso de anulación del Reglamento (CE) n. 1979/97 de la Comisión, de 10 de octubre de 1997, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 1996/1997, la producción estimada de aceite de oliva y el importe de la ayuda unitaria a la producción que puede ser anticipada (DO L 278, p. 12),

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. R.M. Moura Ramos, Presidente; la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

dicta el siguiente

Auto

Marco jurídico y procedimiento

1.
    El artículo 5 del Reglamento n. 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas (DO 172, p. 3025; EE 03/01, p. 214; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), modificado en varias ocasiones, estableció una ayuda a la producción de aceite de oliva. Según esta disposición, el Consejo fija la cantidad máxima de aceite de oliva al que se aplica la ayuda, cuyo importe se reduce proporcionalmente cuando la producción supera dicha cantidad máxima.

2.
    El Reglamento (CEE) n. 2261/84 del Consejo, de 17 de julio de 1984, por el que se adoptan las normas generales relativas a la concesión de la ayuda a la producción de aceite de oliva y a las organizaciones de productores (DO L 208, p. 3; EE 03/01, p. 232; en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»), modificado en varias ocasiones, establece que la Comisión fijará antes del 1 de julio, para la campaña en curso, la producción estimada y el importe de la ayuda unitaria a la producción que puede ser anticipada.

3.
    El Reglamento (CE) n. 1979/97 de la Comisión, de 10 de octubre de 1997, (DO L 278, p. 12; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado») fija, para la campaña de comercialización 1996/1997, la producción estimada de aceite de oliva y el importe de la ayuda unitaria a la producción que puede ser anticipada, basándose en datos comunicados por los Estados miembros.

4.
    Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de diciembre de 1997, la parte demandante interpuso, con arreglo al artículo 173 del Tratado CE, el presente recurso, dirigido contra la Comisión y el Reino de España, que tienen por objeto la anulación del Reglamento impugnado.

5.
    Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de marzo de 1998, la Comisión propuso, con arreglo al párrafo primero del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento, una excepción de inadmisibilidad del recurso sobre la que la parte demandante presentó sus observaciones el 8 de mayo de 1998.

6.
    Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de abril de 1998, el Reino de España solicitó ser admitido a intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

Pretensiones de las partes

7.
    La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

-    Desestime la excepción de inadmisibilidad.

-    Anule el Reglamento controvertido o, subsidiariamente, lo anule en la medida en que considera correcta la declaración de producción del Estado español.

-    Adopte cualquier otra medida «que el Tribunal de Primera Instancia considere oportuna y justa».

-    Condene en costas a la Comisión.

8.
    La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

-    Acuerde la inadmisión del recurso.

-    Condene en costas a la parte demandante.

Sobre la admisibilidad del recurso en la medida en que se dirige contra el Reino de España

9.
    En virtud del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento, cuando el Tribunal de Primera Instancia sea manifiestamente incompetente para conocer de un recurso, podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado.

10.
    Las competencias del Tribunal de Primera Instancia son las enumeradas por los Tratados y por el artículo 3 de la Decisión 88/591/CECA,CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1), modificado por la Decisión 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consejo, de 8 de junio de 1993 (DO L 144, p. 21). En virtud de estas disposiciones, el Tribunal de Primera Instancia sólo es competente para conocer de los recursos interpuestos por personas físicas o jurídicas contra una Institución o un órgano de las Comunidades Europeas, creados por los Tratados o por los actos adoptados en ejecución de aquéllos. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no es competente para conocer de un recurso interpuesto contra un Estado miembro por una persona física o jurídica (véase el auto del Tribunal de Primera Instancia de 8 de mayo de 1998, Müller/Consejo y Alemania, T-69/98, Rec. p. II-0000, apartado 4).

11.
    De ello se deduce que el Tribunal de Primera Instancia es manifiestamente incompetente para conocer del presente recurso en la medida en que se dirige contra el Reino de España, sin que sea necesario notificarlo previamente a este último.

Sobre la inadmisibilidad del recurso en la medida en que se dirige contra la Comisión

Alegaciones de las partes

12.
    La Comisión señala que la demandante no ha precisado en su demanda si basaba el recurso de anulación en el párrafo segundo o en el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado. En el supuesto de que el recurso esté basado en el segundo párrafo de dicho artículo 173 del Tratado, la Comisión considera que la demandante no tiene legitimación activa, puesto que no puede ser asimilada a un Estado miembro. En el supuesto de que el recurso se base en el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, la demandante no cumple los requisitos de admisibilidad en la medida en que el Reglamento controvertido, que tiene manifiestamente alcance general, no la afecta individualmente. Por consiguiente, independientemente de cual sea la base jurídica del recurso, la Comisión opina que debe acordarse su inadmisibilidad.

13.
    La parte demandante afirma estar legitimada para interponer un recurso contra el Reglamento controvertido, con arreglo al párrafo segundo del artículo 173, en virtud de una presunta «delegación» de la República Italiana, que le ha confiado el ejercicio de sus competencias «en materia de ejecución de actos comunitarios», especialmente en el ámbito agrícola, reconociéndole consiguientemente laposibilidad de «impugnarlos ante las autoridades jurisdiccionales comunitarias» cuando los considere lesivos para sus intereses.

14.
    Con carácter subsidiario, la parte demandante entiende que debería considerarse admisible su recurso, al menos sobre la base del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado. En efecto, opina que el Reglamento controvertido tiene «naturaleza de decisión», en la medida en que el importe de la ayuda unitaria a la producción que puede pagarse por anticipado, que resulta de los cálculos de la producción de aceite de oliva de cada Estado miembro afectado, se fija tomando como referencia «un número determinado de productores». La demandante se considera individualmente afectada por este Reglamento debido a la «vocación agrícola» de su territorio, en el que el «cultivo del olivo ocupa un lugar fundamental y representa más de la quinta parte de la superficie agrícola útil», con una producción de aceite de oliva que es, en cifras absolutas, la más importante en el conjunto de la Comunidad, al mismo nivel que Andalucía. La legitimación activa de la demandante se basa, por tanto, en el «carácter territorial» de su interés específico en impugnar el Reglamento controvertido, el cual, al reducir la ayuda que puede pagarse por adelantado, «atenta contra la economía regional»: este interés específico representa la «suma de los intereses de los productores» de aceite de oliva e individualiza a la demandante, sin que sea necesario determinar si ésta es o no productora directa de aceite de oliva.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

15.
    Según el artículo 114 del Reglamento de Procedimiento, si una parte solicita que el Tribunal de Primera Instancia decida sobre la inadmisión sin entrar en el fondo del asunto, el resto del procedimiento sobre la excepción propuesta se desarrollará oralmente, salvo decisión en contrario del Tribunal. El Tribunal estima que en este caso está suficientemente informado y que no procede abrir la fase oral, y sin previo recibimiento a prueba, como ha solicitado la demandante.

16.
    En su condición de entidad regional, la demandante no puede invocar el párrafo segundo del artículo 173 del Tratado. En efecto, del sistema general del Tratado se desprende claramente que el concepto de Estado miembro, a los fines de las disposiciones relativas a los recursos jurisdiccionales, se refiere únicamente a las autoridades gubernativas de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, y no puede ampliarse a los Gobiernos de las regiones, sea cual fuere la amplitud de las competencias que les sean reconocidas (autos del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1997, Région wallonne/Comisión, C-95/97, Rec. p. I-1787, apartado 6, y de 1 de octubre de 1997, Regione Toscana/Comisión, C-180/97, Rec. p. I-5245, apartado 6; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 1998, Vlaams Gewest/Comisión, T-214/95, Rec. p. II-717, apartado 28, y auto del Tribunal de Primera Instancia de 16 de junio de 1998, Comunidad Autónoma de Cantabria/Consejo, T-238/97, Rec. p. II-0000, apartado 42).

17.
    Por el contrario, dado que tiene personalidad jurídica en virtud del Derecho interno italiano -extremo que no niega la Comisión- la demandante puede, en principio, interponer un recurso de anulación en virtud del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, a tenor del cual toda persona física o jurídica podrá interponer recurso contra las decisiones de las que sea destinataria y contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un Reglamento o de una Decisión dirigida a otra persona, le afecten directa e individualmente.

18.
    Mediante el Reglamento controvertido, la Comisión fijó, para la campaña de comercialización de 1996/1997, la producción estimada del aceite de oliva y el importe de la ayuda unitaria a la producción que puede ser anticipada. En contra de las alegaciones de la demandante, es preciso señalar que el Reglamento de que se trata se dirige a todos los productores de aceite de oliva establecidos en la Comunidad que podrían obtener la ayuda a la producción y, por tanto, ningún elemento permite atribuirle «naturaleza de una decisión».

19.
    En cuanto al extremo de si el Reglamento impugnado afecta a la demandante directa e individualmente en el sentido del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, la demandante afirma que el Reglamento controvertido la afecta individualmente porque la reducción de la ayuda que puede adelantarse a los productores de aceite de oliva tiene consecuencias socioeconómicas importantes en su territorio, caracterizado por una producción de aceite de oliva que es la más importante en la Comunidad junto con la de Andalucía.

20.
    Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia constata que el Reglamento controvertido se refiere esencialmente al importe de la ayuda unitaria a la producción que puede pagarse por adelantado a los productores de aceite de oliva, a partir del mes de octubre de 1997, para la campaña de comercialización de 1997/1998, sin perjuicio de recaudación de la eventual diferencia entre el importe anticipado y el importe definitivamente determinado al finalizar la campaña de comercialización. Por tanto, el Reglamento controvertido afecta a los productores comunitarios de aceite de oliva.

21.
    Como ha recordado recientemente el Tribunal de Primera Instancia en su auto Comunidad Autónoma de Cantabria/Consejo, antes citado (apartado 49), el interés general que puede tener una región, en su condición de entidad competente para las cuestiones de orden económico y social en su territorio, en obtener un resultado favorable para la prosperidad económica de este último no puede, por sí solo, bastar para considerar que la demandante queda afectada, en el sentido del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, por las disposiciones del Reglamento impugnado ni -a fortiori- que queda individualmente afectada (véanse, además, en el mismo sentido, los autos del Tribunal de Justicia de 30 de septiembre de 1992, Landbouwschap/Comisión, C-295/92, Rec. p. I-5003, apartado 12, y de 8 de abril de 1981, Ludwigshafener Walzmühle Erling y otros/Consejo y Comisión, asuntos acumulados 197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 y 247/80, Rec. p. 1041, apartados 8 y 9).

22.
    Por tanto, para aceptar la admisibilidad de un recurso interpuesto por un ente regional de un Estado miembro, no basta con que éste invoque el hecho de que la aplicación o la ejecución de un acto comunitario pueda afectar, de manera general, a las condiciones socioeconómicas en su territorio (véase el auto Comunidad Autónoma de Cantabria/Consejo, antes citado, apartado 50).

23.
    Del conjunto de las consideraciones precedentes se deduce que procede declarar la inadmisibilidad del recurso en la medida en que está dirigido contra la Comisión.

Sobre la demanda de intervención del Reino de España

24.
    Puesto que el Tribunal de Primera Instancia es manifiestamente incompetente para conocer del presente recurso en la medida en que se dirige contra el Reino de España, y debe acordarse la inadmisibilidad del mismo recurso, en la medida en que se dirige contra la Comisión, no procede pronunciarse sobre la demanda de intervención en apoyo de las pretensiones de la Comisión formulada por el Reino de España (véase, a este respecto, el auto Comunidad Autónoma de Cantabria/Consejo, antes citado, apartado 54).

Costas

25.
    En virtud del párrafo primero del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por no haber prosperado la acción entablada por la demandante y haberlo solicitado así la Comisión, procede condenarla en costas.

26.
    Habida cuenta de que no procede pronunciarse sobre la demanda de intervención, la demandante en intervención soportará sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

resuelve:

1)    Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)    Condenar en costas a la parte demandante.

3)    La parte demandante en intervención soportará sus propias costas.

Dictado en Luxemburgo, a 23 de octubre de 1998.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos


1: Lengua de procedimiento: italiano.