Recurso interpuesto el 26 de septiembre de 2009 - Applied Microengineering/Comisión

(Asunto T-387/09)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: Applied Microengineering (Didcot, Reino Unido) (representantes: P. Walravens y J. De Wachter, abogados)

Demandada: Comisión de las Comunidades Europeas

Pretensiones de la parte demandante

Que se anule la Decisión de la Comisión de 16 de julio de 2009, que ordena la recuperación de un importe de 258.560,61 euros más intereses.

Que se condene en costas a la Comisión.

Motivos y principales alegaciones

Mediante la presente demanda la demandante solicita la anulación de la Decisión de la Comisión C(2009) 5797, de 16 de julio de 2009, relativa a la recuperación de determinado importe más los intereses debidos por la demandante en el marco de los proyectos IST-1999-11823 FOND MST ("Formación de una nueva estructura de diseño para MST") e IST-2000-28229 ANAB ("Valoración de un nuevo nexo electroestático"), financiados en virtud del programa específico para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración en la sociedad de la información fácilmente accesible a los ciudadanos (1998-2000).

La demandante expone siete motivos en apoyo de sus pretensiones.

En primer lugar, sostiene que la Comisión ha incurrido en un vicio sustancial de forma al no tramitar un procedimiento de auditoría completo y apropiado. La demandante afirma que la Comisión no le informó del inicio del procedimiento de auditoría, ni de su terminación, ni consideró las objeciones formuladas por la demandante. La demandante alega además que la Comisión vulneró su derecho de defensa y el principio de buena administración y el deber de diligencia.

En segundo lugar la demandante mantiene que la acción de la Comisión había precluído, al menos respecto a los pagos realizados más de cinco años antes de la iniciación oficial del procedimiento de auditoría.

En tercer lugar la demandante alega que la Comisión cometió errores manifiestos de apreciación al aplicar la errónea interpretación por parte del auditor de las reglas relativas a los costes subvencionables.

En cuarto lugar mantiene que la Comisión infringió derechos sociales fundamentales y el derecho a una justa retribución al aceptar salarios por hora de los trabajadores inferiores al salario mínimo.

En quinto lugar la demandante alega que la Comisión vulneró el principio de protección de la confianza legítima en que el método operativo de los costes laborales medios, propuesto por la demandante, era válido, y en que los "objetivos de salario" se considerarían como una práctica aceptable del contratante.

En sexto lugar afirma que la Comisión incumplió su obligación de motivación ya que se basó plenamente en el informe de auditoría, sin considerar las observaciones de la demandante ni su solicitud de reapertura del procedimiento de auditoría.

Por último la demandante sostiene que la Comisión infringió el principio de buena administración y el deber de diligencia al enviar escritos a una dirección errónea y no verificar las alegaciones expuestas por la demandante.

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