SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Tercera)

de 25 de enero de 2016

Asunto F‑47/15

Marie-Pierre Darchy

contra

Comisión Europea

«Función pública — Funcionarios — Asignaciones familiares — Asignación por hijo a cargo — Hijos de la cónyuge de la demandante — Pago con efecto retroactivo»

Objeto:      Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante el que la Sra. Darchy solicita la anulación de la decisión de 9 de diciembre de 2014 por la que la Comisión Europea le concedió la asignación por hijo a cargo en beneficio de los dos hijos de su cónyuge desde el 1 de marzo de 2014 y no desde el primer día del mes de su matrimonio, es decir, el 1 de septiembre de 2011.

Resultado:      Se desestima el recurso. La Sra. Darchy cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión Europea.

Sumario

1.      Recursos de funcionarios — Reclamación administrativa previa — Plazos — Carácter de orden público — Solicitud de reconsideración de una decisión de la administración que ha adquirido firmeza con el fin de obtener el pago retroactivo de asignaciones anteriormente denegadas — Sentencia de reexamen dictada en un procedimiento que no afecta directamente al demandante — Inexistencia de hecho nuevo que permita reabrir el plazo

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

2.      Funcionarios — Deber de asistencia y protección que incumbe a la administración — Principio de buena administración — Alcance — Obligación de la administración de no atenerse a los plazos para reclamar o interponer recurso al reconsiderar una decisión que ha adquirido firmeza — Inexistencia

(Estatuto de los Funcionarios, art. 24)

3.      Recursos de funcionarios — Recurso de indemnización — Motivos — Ilegalidad de una decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no impugnada dentro de plazo — Inadmisibilidad

(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)

1.      Los plazos para reclamar o interponer recurso, que son de orden público y no están a disposición de las partes ni del juez, tienen la finalidad de salvaguardar, en el seno de las instituciones de la Unión, la seguridad jurídica indispensable para su buen funcionamiento, evitando la puesta en tela de juicio indefinida de los actos de la Unión que producen efectos jurídicos.

Admitir que, en respuesta a la solicitud de reconsideración presentada posteriormente por el funcionario interesado, éste pueda obtener el pago retroactivo de asignaciones anteriormente denegadas generaría una fuerte inseguridad jurídica, con un riesgo de acumulación de deudas por parte de las instituciones frente a sus funcionarios, sin que las instituciones puedan limitar ese riesgo.

Además, una sentencia no puede considerarse un hecho nuevo y sustancial que pueda justificar la reapertura de los plazos de reclamación y de recurso contra la decisión administrativa que ha adquirido firmeza en la medida en que el funcionario interesado no era parte en dicha sentencia ni estaba directamente afectado por el acto anulado por ésta.

(véanse los apartados 27 y 29)

Referencia:

Tribunal de Justicia: sentencia de 21 de febrero de 1974, Kortner y otros/Consejo y otros, 15/73 a 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 a 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 y 135/73 a 137/73, EU:C:1974:16, apartados 36 y 39

Tribunal de Primera Instancia: sentencia de 5 de marzo de 2008, Combescot/Comisión, T‑414/06 P, EU:T:2008:58, apartado 43, y la jurisprudencia citada

Tribunal de la Función Pública: sentencia de 13 de abril de 2011, Sukup/Comisión, F‑73/09, EU:F:2011:40, apartado 62, y auto de 13 de febrero de 2014, Probst/Comisión, F‑75/13, EU:F:2014:20, apartado 23

2.      En lo que atañe, respectivamente, al supuesto incumplimiento del deber de asistencia y protección, por una parte, y de los principios de buena administración y de seguridad jurídica, por otra, basta con señalar que ni el deber de asistencia y protección ni el principio de buena administración pueden obligar a la administración a no atenerse a los plazos para reclamar o interponer recurso, plazos que, por ser de orden público, no están a su disposición, reconsiderando con efecto retroactivo una decisión que ha adquirido firmeza. En cuanto al principio de seguridad jurídica, constituye precisamente el fundamento de la consideración anterior.

(véase el apartado 39)

3.      La facultad de presentar una petición con arreglo al artículo 90, apartado 1, del Estatuto no autoriza al funcionario a eludir los plazos de presentación de la reclamación y del recurso fijados por los artículos 90 y 91 del Estatuto mediante una petición que impugne indirectamente una decisión anterior que no había sido impugnada dentro de plazo. A este respecto, cuando el funcionario no haya impugnado una decisión que ha adquirido firmeza, no puede obtener un nuevo plazo para interponer un recurso por medio de una demanda de indemnización presentada ulteriormente y cuyo objeto es claramente obtener un resultado pecuniario idéntico al que habría resultado de un recurso de anulación interpuesto, dentro de plazo, contra dicha decisión.

(véase el apartado 43)

Referencia:

Tribunal de la Función Pública: autos de 28 de septiembre de 2011, Hecq/Comisión, F‑12/11, EU:F:2011:165, apartado 50, y la jurisprudencia citada, y de 20 de marzo de 2014, Michel/Comisión, F‑44/13, EU:F:2014:40, apartado 46, y la jurisprudencia citada