Recurso interpuesto el 4 de marzo de 2024 — WM/BEI

(Asunto T-141/24)

Lengua de procedimiento: inglés

Partes

Demandante: WM (representante: B. Maréchal, abogado)

Demandada: Banco Europeo de Inversiones

Pretensiones

La parte demandante solicita al Tribunal General que:

anule (i) el documento de rendimiento profesional de 2021 de la demandante, emitido el 29 de marzo de 2022 (primera decisión impugnada); (ii) el nuevo documento de rendimiento profesional de 2021 de la demandante, emitido el 15 de marzo de 2023, confirmando la primera decisión impugnada (segunda decisión impugnada); (iii) la decisión comunicada el 22 de marzo de 2023 de no conceder a la demandante un aumento salarial adecuado en 2022, según la media aplicada por la demandada, con la asignación de una gratificación del rendimiento a la demandante para 2021 y con una promoción (tercera decisión impugnada); y (iv) la decisión de la demandada de 21 de noviembre de 2023 de desestimar la solicitud de revisión administrativa de la demandante de 21 de mayo de 2023, impugnando la legalidad de las tres decisiones impugnadas anteriormente mencionadas.

condene a indemnizar a la demandante por los daños morales sufridos con un importe de 30 000 euros, que deberá evaluarse ex aequo et bono.

condene a indemnizar el perjuicio económico material sufrido por la demandante, que asciende a 50 000 euros, importe calculado provisionalmente.

ordene la indemnización de los honorarios de abogado correspondientes al presente procedimiento, que ascienden a 35 000 euros (IVA incluido).

Motivos y principales alegaciones

En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca dos motivos.

Primer motivo, basado en la ilegalidad de las decisiones impugnadas como consecuencia de las acciones u omisiones ilícitas de la demandada, que vulneran los derechos fundamentales de la demandante a la igualdad de trato y a la no discriminación, a la buena administración y al respeto por parte de la demandada de su deber de asistencia respecto a la demandante.

Segundo motivo, basado en la responsabilidad de la demandada por los daños materiales y morales sufridos por la demandante como consecuencia de la ilegalidad de las decisiones impugnadas y de las vulneraciones conexas de los derechos fundamentales de la demandante.

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