Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 11 de abril de 2024 (1)
Asunto C‑187/23 [Albausy] (i)
E. V. G.‑T.
con intervención de:
P. T.,
F. T.,
G. T.
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Lörrach (Tribunal de lo civil y penal de Lörrach, Alemania)]
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.o 650/2012 — Expedición del certificado sucesorio europeo — Oposición planteada en el procedimiento de expedición»
1. El Reglamento (UE) n.º 650/2012 (2) tiene como objetivo eliminar obstáculos a la libre circulación de personas que desean ejercer sus derechos en sucesiones mortis causa con repercusiones transfronterizas.
2. Con esta finalidad, el Reglamento n.º 650/2012 crea para el mercado interior un certificado sucesorio europeo (3) y regula de manera detallada su régimen de expedición y sus efectos. Mediante ese certificado, los herederos, los legatarios, los ejecutores testamentarios o los administradores de la herencia puedan probar fácilmente su condición de tales, o sus derechos o facultades, en cualquier Estado miembro.
3. Este reenvío prejudicial surge a raíz de que la cónyuge del fallecido, que se considera beneficiaria única de una sucesión testamentaria, solicitase a la autoridad nacional competente la expedición de un certificado sucesorio europeo. Ante esa misma autoridad, y en el mismo procedimiento, el hijo y los nietos del difunto se oponen a la validez del testamento aportado. Se discute cómo afecta esa oposición a la expedición del certificado.
4. El Tribunal de Justicia ha respondido ya a otras cuestiones prejudiciales en relación con este tipo de certificados, (4) pero en ninguna se planteaban las dudas aquí suscitadas, que sólo deberá abordar si considera admisible el reenvío.
I. Marco jurídico. Derecho de la Unión
A. Reglamento n.º 650/2012
5. El artículo 62 («Creación de un certificado sucesorio europeo»), apartado primero, reza:
«1. El presente Reglamento crea el certificado sucesorio europeo (en lo sucesivo denominado “certificado”) que se expedirá para ser utilizado en otro Estado miembro y que producirá los efectos enumerados en el artículo 69».
6. El artículo 63 («Finalidad del certificado»), dispone:
«1. El certificado se expedirá para ser utilizado por los herederos, legatarios que tengan derechos directos en la herencia y ejecutores testamentarios o administradores de la herencia que necesiten invocar, en otro Estado miembro, su cualidad de tales o ejercer sus derechos como herederos o legatarios, o bien sus facultades como ejecutores testamentarios o administradores de la herencia.
2. El certificado podrá utilizarse, en particular, como prueba de uno o varios de los siguientes elementos:
a) la cualidad y/o los derechos de cada heredero o, en su caso, de cada legatario mencionado en el certificado y sus respectivas cuotas hereditarias;
b) la atribución de uno o varios bienes concretos que formen parte de la herencia al heredero o a los herederos o, en su caso, al legatario o a los legatarios mencionados en el certificado;
c) las facultades de la persona mencionada en el certificado para ejecutar el testamento o administrar la herencia».
7. Conforme al artículo 64 («Competencia para expedir el certificado»):
«El certificado será expedido en el Estado miembro cuyos tribunales sean competentes en virtud de los artículos 4, 7, 10 u 11. La autoridad expedidora deberá ser:
a) un tribunal tal como se define en el artículo 3, apartado 2, u
b) otra autoridad que, en virtud del derecho nacional, sea competente para sustanciar sucesiones mortis causa».
8. En el artículo 65 («Solicitud de certificado»), apartado 3, letra l), se lee:
«En la solicitud constará la información enumerada a continuación, en la medida en que la misma obre en poder del solicitante y sea necesaria para que la autoridad expedidora acredite los elementos que el solicitante desea que le sean certificados, acompañada de todos los documentos pertinentes, en original o copias que reúnan las condiciones necesarias para considerarlas como auténticas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66, apartado 2:
[...]
l) una declaración de que, al leal saber y entender del solicitante, no existe ningún litigio pendiente relativo a los extremos que vayan a ser certificados».
9. El artículo 66 («Examen de la solicitud») indica:
«1. Al recibir la solicitud, la autoridad emisora verificará la información y las declaraciones, así como los documentos y demás pruebas presentados por el solicitante. Realizará de oficio las averiguaciones necesarias para efectuar esta verificación, cuando así lo disponga o autorice su propia legislación, o instará al solicitante a presentar cualesquiera otras pruebas que considere necesarias.
[…]
4. La autoridad emisora tomará todas las medidas necesarias para informar a los beneficiarios de la solicitud de certificado. De ser necesario para acreditar los extremos que deban certificarse, oirá a cualquier persona interesada y a cualquier ejecutor o administrador y publicará anuncios para que otros posibles beneficiarios tengan la oportunidad de alegar sus derechos.
[…]».
10. A tenor del artículo 67 («Expedición del certificado»):
«1. La autoridad emisora expedirá sin demora el certificado de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente capítulo una vez que los extremos que vayan a ser certificados hayan sido acreditados con arreglo a la ley aplicable a la sucesión o en virtud de cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. Expedirá el certificado utilizando el formulario establecido de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 81, apartado 2.
La autoridad emisora no expedirá el certificado, en particular:
a) si los extremos que se han de certificar son objeto de un recurso, o
b) si el certificado no fuera conforme con una resolución que afectara a esos mismos extremos.
[…]».
11. El artículo 69 («Efectos del certificado») señala:
«1. El certificado surtirá sus efectos en todos los Estados miembros sin necesidad de ningún procedimiento especial.
2. Se presumirá que el certificado prueba los extremos que han sido acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a extremos concretos de la herencia. Se presumirá que la persona que figure en el certificado como heredero, legatario, ejecutor testamentario o administrador de la herencia tiene la cualidad indicada en él o es titular de los derechos o de las facultades que se expresen sin más condiciones o limitaciones que las mencionadas en el certificado.
3. Se considerará que cualquier persona que, en virtud de la información contenida en un certificado, efectúe pagos o entregue bienes a una persona que figure facultada en el certificado para recibir tales pagos o bienes ha tratado con una persona autorizada para ello, a menos que tenga conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga conocimiento de ello por negligencia grave.
4. Cuando una persona que figure facultada en el certificado para disponer de bienes de la herencia disponga de los mismos en favor de otra persona, se considerará que esta, si actúa en virtud de la información contenida en el certificado, ha tratado con una persona facultada para disponer de los bienes en cuestión, a menos que tenga conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga conocimiento de ello por negligencia grave.
5. El certificado será un título válido para la inscripción de la adquisición hereditaria en el registro competente de un Estado miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 2, letras k) y l)».
B. Reglamento de Ejecución n.º 1329/2014 (5)
12. El artículo 1, apartado 5, recoge:
«El formulario que deberá utilizarse para el certificado sucesorio europeo a que se refiere el artículo 67, apartado 1, del Reglamento (UE) no 650/2012 será el que se establece en el anexo 5 como formulario V».
13. En la parte final del formulario V del anexo 5 se indica que la autoridad certificará «que, en el momento de la expedición [del certificado], ninguno de los elementos en él contenidos habían sido impugnados por los beneficiarios».
II. Hechos, procedimiento y preguntas prejudiciales
14. P. T., nacional francés y con último domicilio en Alemania, falleció el 15 de septiembre de 2021.
15. El 23 de noviembre de 2021, E.V.G.‑T., esposa de P. T. al tiempo del fallecimiento de éste, solicitó del Amtsgericht Lörrach (Tribunal de lo civil y penal de Lörrach, Alemania) un certificado sucesorio europeo en el que figurase como heredera única. (6)
16. Para este fin exhibió un testamento, firmado a mano por los dos cónyuges, con el siguiente contenido:
«Testamento mancomunado
Nosotros, los cónyuges E. G.‑T., nacida el […] y P. T., nacido el […], ambos con domicilio en […], declaramos lo siguiente:
1) No estamos vinculados por disposiciones anteriores en materia de derecho de sucesiones y no hemos adoptado ninguna disposición sucesoria. Con carácter cautelar, revocamos todas las disposiciones que hubiéramos adoptado anteriormente de forma unilateral o conjunta.
2) Nos nombramos mutuamente nuestros únicos herederos. Esta designación de herederos se hace de forma recíproca y con efecto vinculante. Por lo demás, el cónyuge supérstite no quedará limitado por esta disposición. Tendrá libertad para organizar su propia sucesión, incluso antes del fallecimiento del cónyuge premoriente, pero solo para el caso de que se convierta en el cónyuge supérstite.
3) Ambos residimos en Alemania y deseamos que se aplique la ley sucesoria alemana, que determinamos como ley aplicable en el marco de la elección de ley, en la medida en que sea admisible. Esta disposición es recíproca.
R., a 23 de julio de 2020. E. G.‑T. Esta es también mi voluntad. P. T.»
17. Consta que existía un testamento más antiguo, escrito a mano y firmado por el testador, que establecía:
«Yo, P. M. J. T., nacido el […] en A., con domicilio en […] España, revoco todas las anteriores disposiciones por causa de muerte. Lego la parte de libre disposición de mi herencia a mis dos nietos, hijos de P., N. A. J. T., nacido el […], y J. N. J. T., nacido el […]. Se la repartirán a partes iguales. Designo a mi hijo P. y solo a él para que organice mi funeral con una misa gregoriana y mi entierro en […] España. A., a 31 de mayo de 2001. Este es mi testamento. P. T.»
18. E.V.G.‑T. se considera heredera única de P. T. en virtud del testamento de 23 de julio de 2020. Por el contrario, el hijo y los nietos de P. T. entienden que ese testamento no es válido, pues el testador no era capaz de otorgarlo cuando se redactó y la firma no es la suya.
19. Según afirma el órgano de reenvío, el testador aún era capaz de otorgar testamento, (7) y en el presentado consta su firma. (8)
20. En esta tesitura, el Amtsgericht Lörrach (Tribunal de lo civil y penal de Lörrach) estima que la expedición del certificado depende de la interpretación del Reglamento n.º 650/2012, por lo que ha suspendido el procedimiento (9) y elevado al Tribunal de Justicia estas preguntas prejudiciales:
«1) ¿Debe interpretarse el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 650/2012 en el sentido de que se refiere también a las objeciones planteadas en el propio procedimiento de expedición del certificado sucesorio europeo, que el órgano jurisdiccional no está autorizado a examinar, y no solo a las objeciones formuladas en otros procedimientos?
2) En caso de respuesta afirmativa a la [primera pregunta], ¿debe interpretarse el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 650/2012 en el sentido de que no puede expedirse un certificado sucesorio europeo cuando, aunque se hayan formulado objeciones en el procedimiento de expedición de dicho certificado, estas ya hayan sido examinadas en el procedimiento de certificado sucesorio con arreglo al derecho alemán?
3) En caso de respuesta afirmativa a la [primera pregunta], ¿debe interpretarse el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 650/2012 en el sentido de que se refiere a cualquier objeción, aunque no se haya fundamentado y no deba practicarse formalmente una prueba en relación con este hecho?
4) En caso de respuesta negativa a la [primera pregunta], ¿en qué forma debe exponer el órgano jurisdiccional los motivos que le han llevado a rechazar las objeciones y expedir el certificado sucesorio europeo?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
21. La petición de decisión prejudicial fue recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de marzo de 2023.
22. Han presentado observaciones escritas los Gobiernos alemán y español, así como la Comisión Europea. Todos ellos, además de E.V.G.‑T., comparecieron a la vista celebrada el 31 de enero de 2024.
IV. Análisis
23. El órgano remitente expresa dudas acerca de la función de la autoridad que expide certificados sucesorios europeos, y sobre el alcance de las competencias de esa autoridad, en el marco del artículo 67 del Reglamento n.º 650/2012.
A. Admisibilidad del reenvío prejudicial
24. El Gobierno español sostiene que el reenvío no es admisible, pues la emisión de un certificado sucesorio europeo no implica el ejercicio de una función jurisdiccional, como requiere el artículo 267 TFUE. (10)
25. La admisibilidad de una petición de decisión prejudicial depende de que proceda de un «órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 267 TFUE, que actúe precisamente en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. (11)
26. Para establecer si un determinado órgano reúne esa doble condición el Tribunal de Justicia examina, entre otros factores, «la naturaleza específica de las funciones que ejerce en el contexto normativo específico en el que decide pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie, a fin de verificar si está pendiente un litigio ante tal órgano y si este debe adoptar su resolución en un procedimiento que concluya con una resolución judicial». (12)
27. Faltando esos requisitos, no puede considerarse que el órgano remitente, aun cuando cumpla el resto de los establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ejerza una función jurisdiccional. (13)
28. La objeción de inadmisibilidad podría estar justificada a la luz de las indicaciones que el Reglamento n.º 650/2012 provee sobre el certificado sucesorio europeo y la actividad que conlleva su producción. De esas indicaciones se infiere, por las razones que a continuación expondré, que la autoridad que emite un certificado en aplicación del artículo 67 del Reglamento n.º 650/2012 no adopta, aun cuando sea un tribunal, una decisión al término de un procedimiento que concluye con una resolución judicial.
1. Finalidad y efectos del certificado sucesorio europeo
29. El Reglamento n.º 650/2012 crea un certificado sucesorio europeo al que dota de un régimen uniforme y autónomo en relación con certificados nacionales similares. Ese régimen es también diferente del previsto por el propio Reglamento para el reconocimiento de resoluciones judiciales y actos auténticos. (14)
30. El certificado sucesorio europeo está al servicio de quienes, a título de herederos, legatarios, ejecutores testamentarios o administradores de la herencia, necesiten invocar, en otro Estado miembro, esa cualidad, o ejercer los derechos o facultades que derivan de ella. (15) Su uso no es, sin embargo, obligatorio. (16)
31. Para cubrir aquella necesidad, el certificado produce los siguientes efectos, idénticos en toda la Unión: (17)
– Sirve como prueba (18) de los elementos que contiene. (19) Exhibiendo el certificado, su tenedor puede invocar sus derechos o facultades en cualquier Estado miembro, sin que quepa demandarle una prueba adicional. Se presume que la cualidad indicada en el certificado, así como la titularidad de los derechos o de las facultades que exprese, se ostentan tal y como figuran en él. (20)
– Protege a terceros que traten con las personas que designa el certificado y que, en atención a la información que en él consta, efectúen pagos, entreguen bienes, adquieran o reciban bienes sucesorios, «a menos que tuviera[n] conocimiento de que el contenido del certificado no responde a la realidad, o no tuviera[n] conocimiento de ello por negligencia grave». (21)
– Es válido para la inscripción registral de la adquisición hereditaria, con los límites que indica el propio Reglamento n.º 650/2012 y ha interpretado el Tribunal de Justicia. (22)
32. El certificado no despliega, por sí mismo, otras consecuencias: en particular, carece de la eficacia jurídica vinculante propia de una decisión jurisdiccional. (23) El considerando septuagésimo primero del Reglamento n.º 650/2012 aclara, además, que no vale como título ejecutivo.
33. La ausencia de eficacia jurídica vinculante se manifiesta también en el régimen de circulación del certificado en Estados miembros distintos del de emisión. El capítulo VI del Reglamento n.º 650/2012 no establece que pueda o deba ser «reconocido». (24) Conforme al artículo 69, apartado 1, «surtirá sus efectos» sin procedimiento alguno. (25) Literalmente, no cabe ningún motivo de oposición a esa circulación. (26)
2. Actividad de la autoridad que expide el certificado en el marco del artículo 67 del Reglamento n.º 650/2012.
34. A tenor del artículo 67, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 650/2012, la autoridad expedirá sin demora el certificado, «una vez que los extremos que vayan a ser certificados hayan sido acreditados […]». La expedición tendrá lugar tras el examen (de la solicitud) que el propio Reglamento prescribe en su artículo 66.
35. Conforme a esta última disposición, la autoridad debe verificar la información y las declaraciones, así como los documentos y demás pruebas presentadas por el solicitante del certificado. (27)
36. A este fin, el mismo artículo 66: i) remite a facultades que aquella autoridad posea, conferidas por su propio ordenamiento; (28) ii) le otorga otras; (29) y iii) le impone directamente el deber de adoptar medidas que darán publicidad (circunscrita a concretos destinatarios) a la solicitud del certificado. (30)
37. En conexión con ese deber, la autoridad «oirá a cualquier persona interesada y a cualquier ejecutor o administrador y publicará anuncios para que otros posibles beneficiarios tengan la oportunidad de alegar sus derechos», si lo estima necesario para confirmar aspectos cuya certificación se le pide. (31)
38. Si, al cabo del examen de todos esos elementos, la autoridad considera demostrados los extremos que figurarán en el certificado, lo expedirá «sin demora», en aplicación del artículo 67, apartado 1, del Reglamento n.º 650/2012.
39. Por el contrario, si la autoridad expedidora alberga dudas acerca de esos extremos, deberá no emitir el certificado. Su contenido no habrá quedado acreditado, por lo que no será apto para producir los efectos que prevé el artículo 69 del Reglamento. La no emisión se producirá, igualmente, con arreglo al artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 650/2012, si los extremos que se han de certificar son objeto de un recurso. (32)
40. La función de la autoridad expedidora no es meramente pasiva: no consiste en recibir declaraciones de hechos o expresiones de voluntad para su traslado mecánico a un formulario ad hoc. Está obligada a confirmar la realidad de lo que asevera el solicitante, a la vista de las pruebas que este exhiba y, en su caso, de otros datos que la propia autoridad recabe o le comuniquen otras personas con interés en la sucesión. (33)
41. En cambio, no corresponde a la autoridad a la que se solicita el certificado adjudicar o determinar derechos y facultades de aspirantes a, o interesados en, la sucesión, solventando las posibles controversias entre ellos en cuanto a aspectos de fondo.
42. Así es, porque los preceptos del capítulo VI («Certificado sucesorio europeo») del Reglamento n.º 650/2012 no dotan de esa competencia (34) a las autoridades nacionales emisoras del certificado. Y no cabe entender que, en el contexto de su artículo 67, se haya otorgado a los ordenamientos nacionales la posibilidad de, complementando aquel Reglamento, atribuir a esas autoridades la función resolutoria de controversias. Esta atribución, sin estar acompañada de las normas de procedimiento, sería incoherente con la voluntad de crear un régimen autónomo y uniforme para la expedición del certificado. (35)
43. Si la autoridad emisora gozase de esa competencia (decisora de controversias), su actividad daría lugar a una «resolución» en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), y del capítulo IV del Reglamento n.º 650/2012. Sin embargo, por designio del legislador europeo, el certificado carece de las consecuencias jurídicas vinculantes que son típicas de una resolución jurisdiccional.
3. Comparación con certificados previstos en otros instrumentos para la cooperación judicial
44. El certificado sucesorio europeo no es comparable a las certificaciones previstas en otros instrumentos para la cooperación judicial en materia civil o mercantil, en relación con las que se han planteado y resuelto otros reenvíos prejudiciales ante el Tribunal de Justicia, una vez descartadas las dudas acerca de su admisibilidad.
45. A propósito del título ejecutivo europeo, (36) el Tribunal de Justicia ha declarado que «el procedimiento de certificación de una resolución judicial como título ejecutivo europeo constituye, no un procedimiento separado del proceso judicial anterior, sino la última fase de éste, necesaria para garantizar su plena eficacia y permitir así al acreedor el cobro de su deuda». (37)
46. La certificación de una resolución judicial como título ejecutivo europeo constituye, pues, un acto de carácter jurisdiccional, y el órgano nacional encargado de expedirla «está facultado para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia». (38)
47. Igual ocurre con el certificado previsto por el artículo 53 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012, (39) que asegura la circulación de la resolución judicial de un Estado miembro en otros. La tarea del órgano que lo emite «se enmarca en la continuidad del procedimiento judicial anterior, garantizando su plena eficacia, en la medida en que, si no se expide el certificado, la resolución judicial no podrá circular libremente en el espacio judicial europeo». (40)
48. El procedimiento que tiene por objeto la expedición de un certificado con arreglo al artículo 53 del Reglamento n.º 1215/2012 reviste carácter jurisdiccional, y un tribunal nacional competente en el marco de tal procedimiento está facultado para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. (41)
49. Por el contrario, la expedición del certificado sucesorio europeo, como he explicado, no comporta un ejercicio de poder jurisdiccional ni se traduce en una resolución de esta naturaleza (jurisdiccional) con efecto jurídico vinculante.
50. La situación no es distinta cuando el certificado retoma en sus apartados el contenido de una (previa) resolución judicial sobre el fondo de la sucesión. Aun en ese supuesto, el certificado no es una fase más del procedimiento judicial en el que haya recaído la resolución de fondo.
51. Finalmente, el certificado sucesorio europeo no es el documento en el que se transmite la decisión de los tribunales de un Estado miembro, a modo de pasaporte para la circulación en otros Estados miembros, en aras a su reconocimiento y, en su caso, ejecución. Para esta finalidad, el legislador europeo ya ha previsto la certificación del artículo 46, apartado 3, letra b), del Reglamento n.º 650/2012, con un formulario ad hoc (el formulario I, que establece el anexo 1 al Reglamento de Ejecución n.º 1329/2014). (42)
52. En suma, el certificado surte efectos en Estados miembros distintos del de emisión sin necesidad de procedimiento alguno, y sin posibilidad de oposición ni control. Si incorporara la decisión recaída en un litigio, esa decisión se beneficiaría, a través del certificado, de un régimen de reconocimiento no solo diferente del previsto en el capítulo IV, sino privilegiado, cuya existencia paralela no se anuncia en ninguna parte, ni tiene justificación. (43)
4. Incidencia de las características del certificado sucesorio europeo en la admisibilidad del reenvío prejudicial
53. La autoridad que, en aplicación del artículo 67 del Reglamento n.º 650/2012, emite un certificado deja constancia en él de determinados extremos acerca de la sucesión, una vez efectuado el examen al que le obliga el artículo 66 del mismo instrumento.
54. La convicción de la autoridad expedidora del certificado recae sobre la realidad de los datos que afirma el solicitante y sobre su correspondencia con la normativa aplicable a la sucesión. Pero esa autoridad, como ya he expuesto, no tiene atribuida, en este contexto, la potestad de resolver las controversias que se susciten a propósito del fondo de la sucesión. (44)
55. Si la autoridad expedidora del certificado no puede adjudicar derechos o facultades en un procedimiento abocado a concluir con una decisión que tenga efecto jurídico vinculante, no ejerce, en esa materia, funciones jurisdiccionales. (45)
56. No obsta a lo anterior que, como indica el artículo 64 del Reglamento n.º 650/2012, el órgano expedidor del certificado pueda ser un «tribunal» en el sentido del artículo 3, apartado 2, y también otra autoridad competente para sustanciar sucesiones mortis causa conforme a su derecho nacional. (46)
57. Que la autoridad emisora del certificado sucesorio europeo sea, eventualmente, un tribunal, no dota a este último de funciones jurisdiccionales cuando lo expide. Un órgano judicial de un Estado miembro puede realizar, al margen de sus funciones estrictamente jurisdiccionales, otras de naturaleza no jurisdiccional. En el marco de estas últimas no está legitimado para remitir al Tribunal de Justicia peticiones de decisión prejudicial. (47)
58. La referencia a esa «otra» autoridad me parece indicativa de que emitir el certificado sucesorio europeo (en aplicación del artículo 67 del Reglamento n.º 650/2012) no comporta ejercicio de poder jurisdiccional. Sobraría en otro caso la mención separada a esa autoridad, pues el artículo 3, apartado 2, del citado Reglamento ya califica como tribunales a autoridades formalmente ajenas al poder judicial, cuando desempeñan las funciones de este. (48)
59. No debe inducir a confusión el hecho de que el artículo 64 («Competencia para expedir el certificado») del Reglamento n.º 650/2012 haga una remisión a los artículos 4, 7, 10 y 11 del mismo texto. La referencia a la competencia no define la naturaleza (jurisdiccional o no) de la intervención de la autoridad expedidora: (49) solo aclara dónde y a quién se debe pedir el certificado. (50)
60. En fin, me conforta en esta opinión la sentencia de 16 de noviembre de 2023, (51) en la que el Tribunal de Justicia rechazó el argumento de que los notarios españoles ejercen prerrogativas de poder público en calidad de tribunales porque expiden certificados sucesorios europeos. (52)
61. Entiendo, a la luz de lo expuesto, que se debe declarar inadmisible el reenvío prejudicial. No obstante, por si el Tribunal de Justicia no compartiera este parecer, propondré una respuesta a las preguntas que le han sido formuladas.
B. Primera pregunta prejudicial
62. El tribunal remitente interesa la interpretación del artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 650/2012 para dilucidar, en síntesis, si en él se alude a las objeciones planteadas en un procedimiento diferente al de expedición del certificado, o si comprende también las que, al hilo de la propia solicitud de certificado, formulen personas interesadas en la sucesión. En este último supuesto, quiere saber si compete a la autoridad expedidora examinar esas objeciones.
63. La pregunta prejudicial se plantea en un asunto en el que, como ya se ha dicho, el hijo y los nietos del testador formulan su oposición a un elemento clave de la sucesión (la validez del propio testamento). A mi juicio, esa oposición determina que entre en juego el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 650/2012 y no sea posible expedir el certificado.
64. Corrobora esa imposibilidad la circunstancia de que en el formulario que deberá utilizar para el certificado sucesorio europeo, en cumplimiento del Reglamento de Ejecución n.º 1329/2014, la autoridad expedidora hará constar, preceptivamente, que ninguno de sus elementos ha sido impugnado.
65. Admito que no cabe dar una respuesta inequívoca a la primera pregunta prejudicial atendiendo sin más al tenor del texto, ya que no precisa la instancia ante la que se objetan los aspectos que se han de certificar (53) y las versiones lingüísticas autorizan diferentes comprensiones:
– unas sugieren que la objeción (contestación) está en curso al tiempo en el que se solicita el certificado, lo que apuntaría a que ocurre en otro procedimiento; (54)
– otras autorizan a pensar que la objeción tiene lugar a raíz de la petición del certificado y en la misma sede. (55)
66. El análisis sistemático arroja algo más de luz. De la lectura conjunta del artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), y el artículo 65, apartado 3, letra l), del Reglamento n.º 650/2012 cabe deducir que el primero de esos preceptos abarca, de entrada, los litigios a los que alude el mencionado artículo 65, esto es, disputas pendientes en otra sede. (56)
67. Apunta en el mismo sentido el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra b), que contempla resoluciones externas al procedimiento tendente a la producción del certificado. Es razonable entender que entre esas resoluciones pueden contarse aquellas que afectan a los elementos propios del certificado sucesorio ulterior.
68. A la vista del artículo 67, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 650/2012, me inclino a pensar que la letra a) de su segundo párrafo debe incluir, asimismo, las objeciones formuladas ante la autoridad emisora, ya que, de no ser así, ésta podría expedir el certificado integrando elementos «que no han sido acreditados», en contra de lo que exige aquella disposición. (57)
69. El cotejo de la redacción del artículo 65, apartado 3, letra l), del Reglamento n.º 650/2012 (que alude a la inexistencia de «ningún litigio pendiente relativo a los extremos que vayan a ser certificados») con la del artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), que emplea, en general, términos más amplios, me parece un argumento adicional en este mismo sentido. (58)
70. También la finalidad del Reglamento n.º 650/2012, con carácter general, y el propósito del certificado sucesorio europeo, en particular, apoyan una interpretación del artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), que comprenda las objeciones expresadas en el curso del procedimiento tendente a la expedición del certificado.
71. El certificado se crea en aras a promover la tramitación «rápida, ágil y eficiente de las sucesiones con repercusión transfronteriza». (59) Contribuye, de ese modo, a eliminar «obstáculos a la libre circulación de aquellas personas que actualmente encuentran dificultades a la hora de ejercer sus derechos en situaciones de sucesión mortis causa con repercusiones transfronterizas».(60)
72. Para alcanzar esos fines, el legislador europeo dota al certificado de los efectos jurídicos descritos anteriormente, que se despliegan en Estados miembros distintos del de emisión sin sujeción a procedimiento o control alguno.
73. En mi opinión, la entidad de esos efectos, ligados no solo a facilitar a los directos interesados actuaciones relativas a una sucesión transfronteriza, sino también a la protección de terceros y a la seguridad del tráfico jurídico en toda la Unión, se opone a una interpretación del artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 650/2012 que lo limite a litigios pendientes al margen del procedimiento abierto para expedir el certificado.
74. Sentada esa premisa, el problema no es ya la posibilidad de que la autoridad llamada a aplicar el artículo 67 del Reglamento n.º 650/2012 pueda examinar las objeciones suscitadas por otros posibles beneficiarios de la sucesión, (61) sino, más bien, qué ha de hacer cuando esas objeciones sean de tal naturaleza que, en realidad, pongan en cuestión elementos esenciales de la sucesión (como en este caso ocurre, al impugnar otros posibles herederos la validez del testamento ológrafo en el que se basa la solicitud del certificado).
75. Ya he avanzado que, en esa hipótesis, la autoridad nacional, simplemente, no puede expedir el certificado. (62) A la misma solución se llega, insisto, atendiendo al contenido del formulario V previsto en el anexo 5 del Reglamento de Ejecución n.º 1329/2014, en el que la autoridad expedidora debe aseverar que ninguno de los extremos del certificado ha sido impugnado.
76. El artículo 66 del Reglamento n.º 650/2012 dispone que, en el marco de las verificaciones previas a emitir el certificado, la autoridad llamada a expedirlo informará a determinadas personas sobre la solicitud, y las oirá, si lo estima necesario para la acreditación de aquello que se le pide que certifique.
77. Si la opción de oír a esos interesados se traduce en que éstos rechazan (como acontece en este asunto) la validez de un elemento básico del certificado, la autoridad expedidora no podrá proceder a su emisión. Lógicamente, y así lo expondré al analizar la tercera pregunta prejudicial, ese rechazo ha de tener un cierto fundamento para producir el efecto obstativo que contempla el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 650/2012. (63)
C. Segunda pregunta prejudicial
78. El tribunal de reenvío quiere saber si la autoridad expedidora puede emitir un certificado sucesorio europeo «cuando, aunque se hayan formulado objeciones en el procedimiento de expedición de dicho certificado, estas ya hayan sido examinadas en el procedimiento de certificado sucesorio con arreglo al derecho alemán».
79. En mi opinión, la respuesta deriva del artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra b), del Reglamento n.º 650/2012, que prohíbe expedir un certificado si «no fuera conforme con una resolución que afectara a esos mismos extremos [los que vayan a ser certificados]».
80. Por virtud de ese precepto, la autoridad competente rechazará la petición de certificado si en él debiera incluir afirmaciones incompatibles con lo decidido o declarado por una resolución previa. A contrario, si esa incompatibilidad no concurre, la resolución previa no será obstáculo a que expida el certificado. (64)
81. Atendiendo al tajante tenor de la regla, así como a su ubicación sistemática, la «resolución» a la que alude el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra b), del Reglamento n.º 650/2012 es un acto cuyo contenido se impone, forzosamente, a aquella autoridad. (65) En otras palabras, la autoridad expedidora no puede ir en contra de los extremos, relativos al contenido del certificado, que ya hayan quedado decididos en una previa resolución que afecte a esos mismos extremos.
82. La resolución a la que se refiere esta disposición prevalece, en consecuencia, sobre el juicio de la autoridad expedidora en cuanto a los aspectos que se vayan a incluir en el certificado.
83. En sus observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno alemán y la Comisión subrayan que la resolución contemplada en el artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra b), del Reglamento n.º 650/2012 ha de ser firme de acuerdo con el derecho nacional. (66)
84. La necesidad de firmeza no figura expresamente en el mencionado precepto. No obstante, creo que podría deducirse de otros datos:
– de la letra a) del mismo artículo, que proscribe expedir el certificado sobre extremos que son objeto de recurso; y
– de la exigencia prevista en el artículo 65, apartado 3, letra l), de declarar, al solicitar el certificado, que no está pendiente un litigio acerca de aspectos cuya certificación se solicita.
85. Corresponde al órgano de reenvío determinar si, en este asunto, el procedimiento para otorgar el certificado sucesorio nacional es apto para culminar en una «resolución» a los efectos del artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra b), del Reglamento n.º 650/2012. (67)
D. Tercera pregunta prejudicial
86. En la hipótesis de que la respuesta a la primera cuestión prejudicial fuera afirmativa, el órgano de reenvío pregunta al Tribunal de Justicia si cualquier objeción, incluso no fundamentada, justifica la negativa a expedir el certificado al amparo del artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 650/2012.
87. Este último precepto guarda silencio respecto de la entidad de aquellas objeciones. Se deduce, pues, que, en principio, la autoridad expedidora habría de evaluar cualquier objeción a elementos del certificado por parte de interesados o beneficiarios en la sucesión.
88. Ahora bien, si la objeción no se apoya en ningún fundamento serio y carece por eso de cualquier fuerza de convicción conforme a la legislación aplicable, difícilmente impedirá a la autoridad expedidora estimar acreditados los extremos que haya de certificar, en el sentido del artículo 67, apartado 1, del Reglamento n.º 650/2012.
89. La negativa a librar el documento porque se conteste, sin una argumentación mínima, un elemento esencial del certificado, podría frustrar el procedimiento sin un motivo real, privando indebidamente a los herederos, legatarios, ejecutores testamentarios o administradores de la herencia de un instrumento eficaz en la tramitación de sucesiones con repercusión transfronteriza.
90. Cabe, en cambio, que la objeción posea aptitud para sugerir a esa autoridad la pertinencia de ulteriores indagaciones, conforme al artículo 66, apartado 1, del mismo Reglamento, a fin de ratificar las informaciones y declaraciones del solicitante. Si es o no así solo puede responderse a la luz de las circunstancias de cada caso.
E. Cuarta pregunta prejudicial
91. El órgano jurisdiccional remitente formula su cuarta pregunta prejudicial para el caso de que la respuesta a la primera sea negativa. Si el Tribunal de Justicia, en línea con lo que propongo, diese una respuesta afirmativa a la primera, no tendría que pronunciarse sobre la cuarta. Abordaré, en cualquier caso, el análisis de esa última.
92. El tribunal de reenvío quiere saber en qué forma debe exponer los motivos que le han llevado a rechazar las objeciones y expedir el certificado sucesorio europeo.
93. Recuerdo que la autoridad emisora ha de utilizar obligatoriamente el formulario V previsto en el anexo 5 del Reglamento de Ejecución n.º 1329/2014.(68) El uso de ese formulario permite que el certificado sucesorio europeo creado en un Estado miembro sea identificado inmediatamente como tal en cualquier otro.
94. El artículo 68 del Reglamento n.º 650/2012 establece una información que, trasladada a los apartados correspondientes del formulario, debe figurar en el propio certificado. Su contenido puede variar en función de los fines para los que se libra. (69)
95. El formulario V no prevé la indicación del razonamiento en virtud del cual la autoridad expedidora considera demostrado aquello que certifica. El legislador europeo no ha estimado imprescindible que, para cumplir su objetivo, el certificado dé cuenta de ese razonamiento. (70)
96. El heredero, legatario, administrador o ejecutor de la herencia que se sirven del certificado no deben (ni pueden, en realidad) (71) acompañar el formulario de ningún otro documento. (72)
97. Este régimen es coherente con la actividad que precede al certificado, y con los efectos que éste despliega en el marco de la gestión de una sucesión con repercusión transfronteriza. En aplicación de los artículos 66 y 67 del Reglamento n.º 650/2012, la autoridad expedidora no resuelve sobre el fondo de la sucesión, adoptando una decisión motivada que incorpora al certificado sucesorio europeo para su reconocimiento en otros Estados miembros. (73)
V. Conclusión
98. En atención a lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia declarar inadmisible la petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Lörrach (Tribunal de lo civil y penal de Lörrach, Alemania).
Subsidiariamente, propongo que responda a ese tribunal en los siguientes términos:
«El artículo 67, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo,
ha de interpretarse en el sentido de que:
La autoridad llamada a expedir un certificado sucesorio europeo ha de evaluar las objeciones planteadas en el procedimiento de expedición por las personas interesadas en la sucesión, a fin de acreditar los extremos que vaya a certificar.
El certificado sucesorio europeo no puede expedirse incorporando extremos que resulten disconformes con una previa resolución firme.
El certificado sucesorio europeo no puede expedirse cuando se ha contestado en el procedimiento tendente a su expedición un elemento clave de la propia sucesión, como la validez de un testamento, si esa contestación reviste un mínimo carácter fundamentado con arreglo a la ley aplicable.
La autoridad expedidora no está obligada a reflejar en el certificado sucesorio europeo los motivos que le han llevado a expedirlo».