Language of document : ECLI:EU:C:2020:598

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. GIOVANNI PITRUZZELLA

presentadas el 16 de julio de 2020 (1)

Asunto C372/19

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

contra

Weareone.World BVBA,

Wecandance NV

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunal de Empresas de Amberes, Bélgica)]

«Procedimiento prejudicial — Competencia — Artículo 102 TFUE — Abuso de posición dominante — Concepto de “precio no equitativo” — Remuneraciones percibidas por una entidad de gestión colectiva de derechos de autor por la comunicación al público de obras musicales protegidas por derechos de autor en el marco de festivales — Método de cálculo»






1.        Mediante la remisión prejudicial objeto de las presentes conclusiones, el Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunal de Empresas de Amberes, Bélgica) plantea al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial relativa a la interpretación del artículo 102 TFUE. Esta cuestión se ha suscitado en el marco de dos litigios, el primero de ellos entre Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (en lo sucesivo, «SABAM») y la sociedad Weareone.World BVBA (en lo sucesivo, «W.W»), y el segundo entre SABAM y la sociedad Wecandance NV (en lo sucesivo, «WCD»), que tienen por objeto las remuneraciones percibidas por SABAM por la utilización de obras musicales pertenecientes a su repertorio en el marco de festivales organizados por W.W y WCD.

I.      Marco jurídico

A.      Derecho de la Unión

2.        A tenor del artículo 102 TFUE, párrafo primero, «será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo». En virtud del párrafo segundo, letra a) de dicho artículo, tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en «imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas».

3.        La Directiva 2014/26, (2) adoptada sobre la base de los artículos 50 TFUE, apartado 1, 53 TFUE, apartado 1, y 62 TFUE, que entró en vigor el 9 de abril de 2014, tiene como objetivos principales mejorar la capacidad de los miembros de las entidades de gestión colectiva de controlar las actividades de estas, garantizar un nivel de transparencia suficiente de dichas entidades y mejorar la concesión de licencias multiterritoriales de derechos de autor sobre obras musicales para su utilización en línea. (3) A tal fin, establece, en particular, los requisitos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la gestión de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor por las entidades de gestión colectiva. (4) El artículo 16 de la citada Directiva, titulado «Concesión de licencias», que figura en el capítulo 4, dedicado a las «Relaciones con los usuarios», dispone lo siguiente en su apartado 2:

«Las condiciones de concesión de licencias se basarán en criterios objetivos y no discriminatorios. […]

Los titulares de derechos percibirán una remuneración adecuada por la utilización de sus derechos. Las tarifas aplicadas a los derechos exclusivos y a los derechos a remuneración serán razonables en relación con, entre otros factores, el valor económico de la utilización de los derechos negociados, teniendo en cuenta la naturaleza y ámbito de uso de las obras y otras prestaciones, y el valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión colectiva. Las entidades de gestión colectiva informarán al usuario de que se trate de los criterios utilizados para la fijación de esas tarifas.»

B.      Derecho nacional

4.        El artículo IV.2 del Wetboek van economisch recht (Código de Derecho Económico) tiene el mismo contenido que el artículo 102 TFUE.

5.        La Directiva 2014/26 fue transpuesta al Derecho belga mediante la Wet van 8 juni 2017 tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2014/26 (Ley de 8 de junio de 2017, por la que se transpone al Derecho belga la Directiva 2014/26), (5) que entró en vigor el 1 de enero de 2018. El artículo 63 de la citada Ley modificó el artículo XI.262 del Código de Derecho Económico, el cual establece, en su apartado 1, que «los requisitos de concesión de las licencias se basarán en criterios objetivos y no discriminatorios. […] Los titulares de derechos percibirán una remuneración adecuada por la utilización de los derechos. Las tarifas aplicadas por los derechos exclusivos y los derechos de remuneración serán razonables en relación con, entre otros factores, el valor económico del uso de los derechos negociados, teniendo en cuenta la naturaleza y ámbito de uso de las obras y otras prestaciones, así como del valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión. Las entidades de gestión informarán al usuario de que se trate de los criterios utilizados para la fijación de esas tarifas.»

6.        En virtud del artículo XI.248 del Código de Derecho Económico, en su versión aplicable a los hechos del procedimiento principal, «las entidades de gestión gestionarán los derechos en interés de sus titulares. Esta gestión deberá ser realizada de forma equitativa, diligente, eficaz y no discriminatoria. […]»

7.        De conformidad con el artículo XI.279 del Código de Derecho Económico, un servicio de control de las entidades de gestión de derechos de autor y derechos afines, que forma parte de la Dirección General de Inspección Económica del Servicio Público Federal de Economía (FOD Economie), supervisará, en particular, las normas de percepción, de tarifación y de reparto adoptadas por dichas entidades.

II.    Procedimientos principales y cuestiones prejudiciales

8.        SABAM, demandante en los procedimientos principales, es una entidad de gestión de derechos de autor con arreglo a la legislación belga. Las sociedades demandadas, W.W y WCD, son las organizadoras, respectivamente, de los festivales musicales Tomorrowland y Wecandance.

9.        La remuneración por la utilización del repertorio de SABAM en el marco de festivales musicales (6) se determina sobre la base de la denominada «tarifa 211», que, en la época de los hechos de los procedimientos principales, comprendía dos criterios distintos de fijación de tarifas. El primero establecía la aplicación de una tarifa mínima calculada en función de la superficie sonorizada o del número de asientos disponibles. El segundo, aplicable cuando daba lugar a remuneraciones más elevadas, consistía en una tarifa regresiva por tramos calculados, en función del importe más elevado, sobre el caché (7) y los ingresos brutos obtenidos por la venta de entradas, incluidas las ofrecidas a los patrocinadores. De los autos se desprende que los porcentajes aplicados variaban del 6 % al 2,50 % (3,25 % en 2017) y se aplicaban a 8 (a 9 a partir de 2017) tramos de volumen de negocios que iban de 0,01 euros a más de 3 200 000 euros. Las diversas versiones de la tarifa 211 preveían la deducción de algunos gastos del importe tomado como base, en particular, los gastos de reserva, IVA e impuestos municipales. (8) A estas tarifas se les aplicaban reducciones sobre la base de la regla 1/3‑2/3, conforme a la cual: i) si menos de un tercio de los números ejecutados estaban comprendidos en el repertorio de SABAM, esta última aplicaba un tercio de la tarifa; ii) si más de un tercio y menos de dos tercios de las obras musicales ejecutadas estaban comprendidas en este repertorio, SABAM aplicaba dos tercios de la tarifa, y, iii) en los casos restantes, se aplicaba la tarifa completa. La obtención de estas reducciones estaba supeditada a la presentación, por el organizador del evento, de la lista de las obras musicales ejecutadas. Esta lista debía ser presentada a lo más tardar 10 días antes del evento o, a partir de 2017 y respecto a las obras reproducidas en directo por pinchadiscos, hasta 30 días después del evento, siempre que el organizador recurriera a una empresa de control autorizada por SABAM.

10.      Mediante diversas demandas, (9) SABAM reclama a las demandadas el pago de los derechos por la utilización de su repertorio musical en el curso de las ediciones de 2014, 2015 y 2016 del festival Tomorrowland (10) y de las ediciones de 2013 a 2016 en cuanto atañe al festival Wecandance. (11)

11.      W.W y WCD impugnaron ante el órgano jurisdiccional remitente la validez de la tarifa 211, que consideran no equitativa en la medida en que no se ajusta al valor económico de la prestación realizada por SABAM. Por un lado, alegan que la regla 1/3‑2/3, sobre cuya base se aplican los descuentos, no es lo suficientemente precisa y que existen tecnologías que permiten identificar con mayor exactitud las obras del repertorio de SABAM ejecutadas en el festival y su duración. (12) Por otro lado, rechazan el cálculo de la tarifa sobre la base del caché o de los ingresos brutos, sin deducción previa de los gastos no directamente relacionados con la música. A la luz de estos datos, el sistema de tarificación adoptado por SABAM respecto a eventos como los organizados por las demandadas en los procedimientos principales constituye, a su juicio, un abuso de posición dominante prohibido con arreglo al artículo 102 TFUE.

12.      Las partes no discuten que SABAM posee en Bélgica un monopolio de hecho en el mercado de la percepción y del reparto de derechos de autor por la reproducción y la comunicación al público de obras musicales.

13.      El órgano jurisdiccional remitente señala que es imposible calcular con precisión el valor económico de los derechos de autor vinculados a la ejecución de obras musicales en el marco de eventos como los controvertidos en los procedimientos principales, puesto que tal cálculo requiere tener en cuenta el atractivo y la popularidad de cada una de las obras reproducidas. En consecuencia, la determinación de la remuneración debida a la entidad de gestión de derechos de autor es necesariamente el fruto de un cálculo aproximado. No obstante, este órgano jurisdiccional se pregunta cuál es el nivel de precisión necesario para que se considere que tal remuneración no es equitativa y si el sistema de tarificación adoptado por SABAM, a la vista de los datos rebatidos por las demandadas, es compatible con el artículo 102 TFUE.

14.      En este contexto, el Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunal de Empresas de Amberes) ha suspendido el procedimiento y ha planteado al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«¿Debe interpretarse el artículo 102 TFUE, en relación o no con el artículo 16 de la Directiva [2014/26], en el sentido de que existe abuso de posición dominante si una entidad de gestión de derechos de autor que posee un monopolio de hecho en un Estado miembro aplica a organizadores de acontecimientos musicales un modelo de remuneración por el derecho de comunicación de obras musicales al público, basado, entre otros criterios, en el volumen de negocios,

1.      haciendo uso de una tarifa a tanto alzado por tramos, en lugar de una tarifa que tenga en cuenta la parte exacta (utilizando los recursos técnicos avanzados) del repertorio protegido por la entidad de gestión en la música reproducida durante el acontecimiento, y

2.      que supedita las remuneraciones por licencia a elementos externos tales como, entre otros, el precio de la entrada, el precio de las consumiciones, el caché de los ejecutantes y el presupuesto para otros elementos, tales como el decorado?»

III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

15.      SABAM, W.W, WCD, los Gobiernos belga y francés y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas con arreglo al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia. En la vista de 27 de mayo de 2020 se oyeron los informes orales de las partes y los interesados citados, con excepción del Gobierno francés.

IV.    Análisis

1.      Observaciones preliminares

16.      La cuestión de los criterios de determinación de la remuneración por la utilización de las obras musicales que forman parte del repertorio de SABAM en el marco de festivales musicales constituye desde hace tiempo el centro de una serie de litigios que enfrentan a esta entidad de gestión y a los organizadores de tales eventos. Uno de los capítulos más recientes de esta saga lo constituye la sentencia de 12 de abril de 2018, mediante la cual, tras la demanda interpuesta por diversas sociedades organizadoras de festivales (entre las que no figuran las demandadas en los procedimientos principales) y la federación que las representa, el Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel (Presidente del Tribunal Neerlandófono de lo Mercantil de Bruselas, Bélgica), declaró que SABAM había infringido el artículo 102 TFUE en relación, entre otras cosas, con los elementos de la tarifa aplicada a los festivales impugnados por W.W y WCD en los procedimientos principales. (13) A raíz de tal sentencia, como expone el órgano jurisdiccional remitente, SABAM modificó, parece ser que de modo meramente temporal, el sistema de descuentos variables en función de la cantidad de obras de su repertorio ejecutadas en el festival, sustituyendo la regla 1/3‑2/3 por un desglose por tramos del 10 %. También se previó la posibilidad de deducir de los ingresos brutos los gastos por servicios de seguridad profesional y las ayudas públicas hasta el 50 % del total. Asimismo, de los autos se desprende que SABAM interpuso recurso contra esta sentencia ante el Hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica), el cual se pronunció mediante resolución de 10 de abril de 2019, en la que solicitaba a la Comisión un dictamen sobre la aplicación del artículo 102 TFUE a la estructura tarifaria de SABAM y de las demás entidades de gestión que persiguen objetivos análogos y poseen un monopolio en otros Estados miembros de la Unión. Dicho órgano jurisdiccional solicita además a la Comisión que le informe sobre la existencia de procedimientos en curso en otros Estados miembros similares al pendiente ante él o de cualquier otra medida eventualmente examinada a nivel europeo. La Comisión emitió su dictamen el 8 de mayo de 2020. Dicho dictamen ha sido aportado al presente procedimiento mediante diligencia de ordenación acordada al amparo del artículo 62 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

17.      Dado que el objeto de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente consiste en saber si la aplicación de un determinado método de cálculo de un precio —en el caso de autos, las remuneraciones que se debe abonar a una entidad de gestión colectiva de derechos de autor por la comunicación al público de obras musicales pertenecientes a su repertorio— es abusiva, ha de tenerse en cuenta antes de nada el artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), el cual, como se ha señalado, prohíbe a las empresas que ocupan una posición dominante imponer «precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas».

18.      En las presentes conclusiones analizaré, antes de nada, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de precios no equitativos, con particular referencia a las tarifas de las entidades de gestión de derechos de autor. A continuación, examinaré, de forma separada y a la luz de los principios elucidados, los elementos de la estructura tarifaria de SABAM señalados en la cuestión prejudicial, cuya aclaración solicita el órgano jurisdiccional remitente al Tribunal de Justicia. Comenzaré por el método de definición del importe de base al que se aplica el porcentaje que determina las remuneraciones debidas a SABAM, esto es, por el elemento mencionado en la segunda parte de la cuestión prejudicial. Posteriormente examinaré el sistema de reducción a tanto alzado al que hace referencia el órgano jurisdiccional remitente en la primera parte de su cuestión prejudicial.

19.      En sus observaciones escritas, la Comisión ha abordado asimismo la cuestión del posible carácter discriminatorio, en el sentido del artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra c), de la estructura tarifaria adoptada por SABAM. Algunas de las alegaciones formuladas en la vista por W.W también se referían indirectamente a un supuesto de precios discriminatorios. No obstante, no me pronunciaré sobre tal cuestión, puesto que de la resolución de remisión no se desprende que el Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunal de Empresas de Amberes) haya querido formular una pregunta al respecto al Tribunal de Justicia.

20.      Por último, si bien la cuestión prejudicial se refiere también al artículo 16 de la Directiva 2014/26, el Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunal de Empresas de Amberes) solicita al Tribunal de Justicia que aclare únicamente la interpretación del concepto de abuso de posición dominante, concepto que no figura, cuando menos expresamente, en la Directiva 2014/26. Por tanto, limitaré mi análisis al artículo 102 TFUE y, en particular, al supuesto previsto en el párrafo segundo, letra a), de dicho artículo.

2.      Jurisprudencia en materia de abuso de posición dominante consistente en la imposición de precios excesivos y su aplicación a las tarifas de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor

a)      Comprobación de la existencia de precios no equitativos

21.      Contrariamente a cuanto ocurre en otros ordenamientos jurídicos, como el estadounidense, el Derecho de la Unión Europea en materia de competencia, como se ha señalado, incluye entre las actuaciones contrarias a la competencia un supuesto de abuso de posición dominante que consiste en «imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas». En la práctica decisoria de la Comisión y de las autoridades nacionales de defensa de la competencia, este tipo de actuación contraria a la competencia ha tenido una aplicación bastante limitada durante largo tiempo. No obstante, en los últimos años se ha asistido a una recuperación del empleo de la figura de los «precios no equitativos», como demuestra el aumento de los asuntos examinados por las autoridades nacionales de defensa de la competencia y por la Comisión, así como de los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia. Estos asuntos han versado primordialmente sobre los precios de los fármacos y las tarifas aplicadas por las entidades de gestión colectiva de derechos de autor. (14)

22.      Para explicar esta situación (renuncia inicial al empleo de la figura y posterior expansión con respecto, no obstante, a sectores económicos determinados), ha de partirse de la observación de que determinar si un precio es injusto y, por tanto, contrario al Derecho de la competencia, es una operación bastante difícil que entraña el riesgo de falsos positivos (que se producen cuando se considera erróneamente que un precio es superior al precio competitivo) o, peor aún, de reforzamiento del Derecho de la competencia para convertirlo en una forma de dirigismo económico que sustituya la dinámica de los mercados por una ordenación de las relaciones económicas que se corresponda con las preferencias subjetivas del regulador. Además, la reducción de los márgenes de beneficio puede traducirse en una desincentivación de la mejora de la calidad del producto o del servicio, de la innovación o de la entrada de nuevos competidores y, por tanto, en definitiva, en una pérdida del bienestar del consumidor, esto es, del principal (según algunas opiniones, el único) objetivo del Derecho de la competencia.

23.      Por regla general, en un mercado competitivo, los precios elevados se corrigen por el hecho de que precisamente su elevado nivel atrae a nuevos operadores y, por tanto, un aumento de la oferta y la consiguiente disminución del precio. De este modo, el mercado se corrige a sí mismo. Tal es el planteamiento seguido por todas las corrientes de pensamiento económico que subrayan la capacidad de los mercados de autocorregirse y ha sido promovido por la escuela de Chicago, que ha influido fuertemente en la práctica estadounidense en materia de defensa de la competencia.

24.      Ahora bien, no siempre es posible la autocorrección del mercado. No lo es, en primer lugar, en todos aquellos casos en los que existen barreras jurídicas a la entrada de otros operadores, como ocurre en presencia de un monopolio legal. Se da también el caso del monopolio de hecho, en mercados en los que múltiples factores —tales como los hábitos de consumo, la imposibilidad de sustituir el producto o el servicio del monopolista por otros análogos, los efectos de compartimentación, los «efectos de red» en los mercados con varias vertientes, las economías de escala de que disfruta el monopolista— pueden hacer sumamente difícil la entrada de nuevos competidores.

25.      A continuación, respecto a ciertos productos, no es cierto que exista un límite de precios más allá del cual el consumidor no esté dispuesto a pagar, con la consecuencia de que en tales casos no existan obstáculos a la introducción de precios excesivos. Ante un fármaco que salva vidas, por ejemplo, el único límite a la adquisición viene dado por la capacidad económica del adquirente (ya sea este un paciente o los servicios de salud nacionales). De cualquier modo, aun cuando estén en juego valores menos fundamentales de la vida humana, pueden existir factores culturales o de comportamiento que impulsen fuertemente al alza el precio que el consumidor esté dispuesto a pagar. Para asistir al concierto de una estrella de rock de fama mundial, que sea ídolo de millones de jóvenes, el precio puede encontrar su único límite en los recursos económicos de que disponga un seguidor.

26.      En casos como los descritos en los dos puntos anteriores, la no intervención del Derecho de la competencia da lugar a falsos negativos porque, partiendo de la idea de la autocorrección del mercado, se consideraría erróneamente que un precio no es superior al precio competitivo. En tales supuestos no se da únicamente una distorsión de la competencia, sino que existe algo más. Puede tratarse, en efecto, de un ataque a determinados valores de fondo de nuestras sociedades, como la igualdad de los ciudadanos para los que las diferencias en el disfrute de determinados bienes considerados fundamentales no pueden depender, más allá de un cierto límite, del nivel de rentas sin menoscabar la cohesión de la sociedad. La protección de la salud y, por tanto, la disponibilidad de fármacos considerados esenciales, o bien el acceso a ciertos bienes culturales son, en nuestras sociedades, características constitutivas de la pertenencia a la comunidad de ciudadanos. Por tal motivo, en estos ámbitos se manifiesta con más intensidad el problema del «precio injusto» y es así sobre todo en períodos de crisis económica o en los que existe una mayor sensibilidad social frente a las desigualdades. La figura de los precios excesivos caracteriza al Derecho de la Unión Europea en materia de competencia precisamente porque este se inserta en un ordenamiento jurídico y se nutre de una cultura económica que hace referencia a la «economía social de mercado» (artículo 3 TUE, apartado 3).

27.      De esas observaciones preliminares se desprende que la Comisión, las autoridades nacionales de defensa de la competencia y los tribunales nacionales, cuando aplican el concepto de precio excesivo se mueven dentro de una suerte de lecho de Procusto. Por un lado, el riesgo de un rigor exagerado en la aplicación de la normativa sobre competencia, alimentado por falsos positivos, que en última instancia menoscaban la eficiencia y el propio bienestar del consumidor, y, por otro lado, el riesgo de un rigor insuficiente en tal aplicación, a causa de los falsos negativos, que además de menoscabar el bienestar del consumidor pueden tener, como se ha señalado en el punto anterior, consecuencias negativas de alcance más amplio.

28.      Para moverse en un ámbito tan complejo, el Tribunal de Justicia ha establecido métodos que se han ido perfilando en la ulterior evolución jurisprudencial. A la luz de esta jurisprudencia, cabe reconstruir un marco bastante preciso de los métodos y criterios que deben emplearse para calificar un precio de no equitativo y contrario al artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a). El Abogado General Wahl abordó exhaustivamente estos métodos y criterios en sus conclusiones presentadas en el asunto Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība, (15) que comparto y a las que me remito, completándolas con algunas consideraciones relacionadas principalmente con las características del asunto objeto de las presentes conclusiones.

29.      El asunto primordial abordado por el Tribunal de Justicia en materia de precios no equitativos se resolvió en la célebre sentencia de 14 de febrero de 1978, United Brands y United Brands Continentaal/Comisión (16) (en lo sucesivo, «sentencia United Brands»), (17) en la que, como ya había hecho anteriormente en la sentencia de 13 de noviembre de 1975, General Motors Continental/Comisión, (18) el Tribunal de Justicia define como «excesivo» el precio «sin relación razonable con el valor económico de la prestación realizada». (19) No todo precio elevado aplicado por una empresa que ocupa una posición dominante en un mercado determinado es, pues, excesivo y contrario al artículo 102 TFUE, sino que lo son únicamente los precios que son «desproporcionados» o «exorbitantes».

30.      Se plantea la pregunta de cómo determinar si el precio no guarda relación razonable alguna con el valor económico de la prestación realizada. A tal fin, el Tribunal de Justicia delineó en la sentencia United Brands un examen que se desarrolla en dos fases, la primera de las cuales consiste en determinar si existe una diferencia significativa, esto es, una desproporción, entre el precio efectivamente aplicado en el mercado de referencia de la empresa dominante y el precio que la empresa habría aplicado supuestamente en caso de competencia efectiva en tal mercado (precio de referencia). El Tribunal de Justicia señala que esta desproporción puede valorarse objetivamente teniendo en cuenta la cuantía del margen de beneficio de la empresa dominante, dada por la relación entre el coste de producción soportado por tal empresa y el precio exigido por la misma. En caso de respuesta afirmativa, la segunda fase del análisis está dirigida a «examinar si se ha impuesto un precio no equitativo, tanto en términos absolutos como en comparación con los productos competidores» (20) (en lo sucesivo, «examen United Brands»).

31.      Así pues, sobre la base de este examen, la mera constatación de una desproporción entre precio y costes de producción y de un margen de beneficio excesivo no implica automáticamente que el precio no sea equitativo, es decir, que no guarde una relación razonable con el valor económico de la prestación realizada. Para llegar a tal conclusión es necesario pasar a la segunda fase del análisis, que requiere valorar si la diferencia detectada entre precio y costes de producción revela en sí misma la existencia de un precio no equitativo o bien si este carácter no equitativo se desprende de una comparación con los precios aplicados por empresas competidoras. (21) Mientras que la valoración realizada en el marco de la primera fase del examen y la relativa al carácter no equitativo del precio en sí mismo, efectuada en el marco de la segunda fase, se centran fundamentalmente en el margen de beneficio de la empresa dominante, la comparación con los precios de los productos competidores introduce una valoración basada en una comparación.

32.      El análisis precio-costes de producción previsto en el examen United Brands, así como los métodos alternativos de determinación del margen de beneficio, requieren, en la mayor parte de los casos, averiguaciones complejas y conducen a resultados a menudo solamente aproximativos.

33.      Por tal motivo, la jurisprudencia y la práctica decisoria de la Comisión también han atribuido una relevancia autónoma a otros métodos de análisis, (22) basados, como se establece en la segunda fase del examen United Brands, en una comparación entre el precio considerado no equitativo y diferentes índices de referencia, algunos de ellos tomados del propio mercado de referencia y otros de fuera del mismo. Tales índices son: i) los precios aplicados en el pasado por la empresa dominante por los mismos productos en el mismo mercado de referencia; (23) ii) los precios aplicados por la empresa dominante por productos distintos, (24) vinculados (25) o similares (26) o respecto a diferentes tipos de clientes; (27) iii) los precios aplicados por la empresa dominante al mismo producto en diversas regiones del mismo mercado de referencia (28) o en otros mercados geográficos; (29) iv) los precios aplicados por las empresas competidoras no dominantes en el mismo mercado de referencia, (30) y v) los precios aplicados por otras empresas al mismo producto o a productos comparables en otros mercados. (31) La legitimidad del recurso a métodos alternativos en la comparación entre precios y costes de producción, basados en particular en la comparación entre los precios aplicados en el Estado miembro en cuestión y los aplicados en otros Estados miembros, ha sido recientemente confirmada por el Tribunal de Justicia en la sentencia AKKA/LAA, precisamente con referencia a las tarifas de los organismos de gestión de derechos de autor. (32)

34.      La elección de la metodología de análisis más adecuada, así como, con carácter más general, la decisión acerca de la existencia de precios no equitativos, (33) debe tener en cuenta, según el Tribunal de Justicia, todas las circunstancias que caractericen el caso de autos. (34) Esta elección depende, en particular, del producto o de la prestación de que se trate, de las características del mercado, de la disponibilidad de los datos pertinentes y de la categoría de las contrapartes contractuales de la empresa dominante. Así, por ejemplo, en la sentencia United Brands, el Tribunal de Justicia observó que el análisis precio-costes de producción era, habida cuenta del producto en cuestión y de la accesibilidad a los datos relativos a la estructura de costes de UBS, un criterio más fiable que el utilizado por la Comisión, basado en la comparación entre los precios aplicados por UBS en los mercados nacionales objeto de investigación y en un mercado nacional de referencia, elegido, según el Tribunal de Justicia, sobre la base de valoraciones erróneas. (35) En otros casos, en cambio, como por ejemplo en el caso de bienes inmateriales, un análisis basado en la comparación precios-costes de producción podría resultar complejo, además de inadecuado, para dar cuenta de la realidad económica subyacente.

35.      En otros términos, no existe, como ha reconocido expresamente el Tribunal de Justicia en la sentencia AKKA/LAA, un único método adecuado para efectuar una comparación entre el precio considerado no equitativo y el precio de referencia, ni tampoco para definir el marco de tal comparación. (36) El Tribunal de Justicia parece decantarse más bien por un planteamiento basado en recurrir conjuntamente a varios criterios de comparación que, individualmente, puedan proporcionar indicios de la existencia de un precio no equitativo o bien respaldar o desvirtuar los datos resultantes de la aplicación de uno o varios criterios distintos. (37)

36.      En mi opinión, cabe suscribir este planteamiento, propugnado por el Abogado General Wahl en sus conclusiones presentadas en el asunto AKKA/LAA. Todos los métodos de análisis antes descritos revisten, de hecho, límites intrínsecos y, con el fin de evitar resultados de falso positivo o falso negativo, requieren una comprobación o una corrección por medio del empleo de otros criterios que, sobre la base de las circunstancias de cada uno de los asuntos, resulten ser pertinentes. (38)

37.      Así como no existe un único método de comparación entre el precio considerado no equitativo y el precio de referencia, tampoco existe una respuesta unívoca a la cuestión, fundamental, de saber por encima de qué umbral es probable que la desproporción entre tales precios pueda dar lugar a la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado y requerir la intervención de las autoridades de defensa de la competencia. La respuesta a esta cuestión implica, en efecto, que se determine el valor económico del bien o del servicio prestado y que se fije un margen razonable de beneficio de la empresa dominante, operación que, lógicamente, no puede realizarse en abstracto. El Tribunal de Justicia ha afirmado a este respecto, en la sentencia AKKA/LAA, en relación con las tarifas aplicadas por la empresa dominante en un Estado miembro y las aplicadas en otros Estados miembros, que no existe «un umbral mínimo a partir del cual una tarifa deba considerarse “notablemente más elevada”, dado que las circunstancias propias de cada caso son determinantes a tal efecto» y que, por tanto, una diferencia entre cánones podrá calificarse de «notable» si es significativa y persistente, esto es, no temporal y episódica(39)

38.      En el caso en que los indicios obtenidos mediante los diversos métodos antes descritos coincidan en que existen precios no equitativos, la empresa dominante tendrá la posibilidad de justificar su estructura de precios y la diferencia de nivel entre estos últimos y el precio de referencia, basándose, entre otros elementos, en la diferencia entre la situación del mercado en que opera y la de los mercados geográficos de referencia, (40) en la estructura de sus costes de producción o incluso en la exigencia de remunerar el capital (41) o de recuperar costes suplementarios, por ejemplo, gastos de investigación y desarrollo, (42) o gastos derivados de la aplicación de normas nacionales. (43) No obstante, el Tribunal de Justicia ha descartado que las eventuales ineficiencias de la empresa dominante puedan justificar la imposición de precios no equitativos. (44)

b)      Jurisprudencia relativa a las tarifas de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor

39.      El tradicional monopolio (45) de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor ha dado origen a numerosas intervenciones de las autoridades de defensa de la competencia tanto a nivel nacional como europeo, que han tenido por objeto, entre otros, la política tarifaria practicada por dichas entidades.

40.      En la sentencia de 9 de abril de 1987, Basset (46) (en lo sucesivo, «sentencia Basset»), en la que se debatía el cobro por la entidad francesa de gestión de derechos de autor, SACEM, de un derecho complementario de reproducción mecánica que se añadía al derecho de representación pública de obras musicales grabadas en las discotecas, el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que las tarifas percibidas como retribución de los derechos de autor por tal representación, cuyo importe se calcula sobre la base del volumen de negocios de la discoteca, deben considerarse una explotación normal de los derechos de autor y su cobro no constituye en sí mismo un abuso de posición dominante. (47) No obstante, precisó que el importe de la remuneración o remuneraciones acumuladas fijado por una entidad de gestión colectiva que ocupa una posición dominante en el mercado puede ser tal que constituya una práctica abusiva en la medida en que da lugar a la imposición de condiciones no equitativas. (48)

41.      Los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 13 de julio de 1989, Tournier (49) (en lo sucesivo, «sentencia Tournier»)» y Lucazeau y otros (50) (en lo sucesivo, «sentencia Lucazeau»), versaban sobre el nivel de las remuneraciones cobradas por SACEM a las discotecas, del cual se censuraba que era notablemente más elevado que el aplicado en los restantes Estados miembros y no guardaba relación alguna con las tarifas aplicadas a otros grandes usuarios de música grabada, tales como la televisión y la radio. (51) El Tribunal de Justicia señaló que cuando una empresa en una posición dominante impone por los servicios que presta tarifas que son notablemente más elevadas que las que se aplican en los restantes Estados miembros y cuando la comparación entre las cuantías de las tarifas se haya llevado a cabo sobre una base homogénea, dicha diferencia deberá ser considerada como el indicio de la explotación abusiva de una posición dominante. En esos casos, corresponderá a la empresa en cuestión justificar la diferencia, basándose en la existencia de divergencias objetivas entre la situación del Estado miembro de que se trate y la situación que prevalezca en los demás Estados miembros. El Tribunal de Justicia declaró, además, que no constituye una justificación válida la circunstancia de que la proporción del producto de las remuneraciones que se destina a los gastos de recaudación, administración y reparto, en lugar de atribuirlo a los titulares de los derechos de autor, sea notablemente más elevada que la atribuida a las entidades de gestión establecidas en los demás Estados miembros, por lo que no puede excluirse que esta diferencia sea la consecuencia de ineficiencias debidas a la inexistencia de competencia en el mercado. (52) Por último, en la sentencia Tournier, el Tribunal de Justicia precisó que el tipo fijo de la remuneración solo podrá ponerse en tela de juicio a la luz de la prohibición de prácticas de precios no equitativos «en la medida en que otros métodos permitan alcanzar el mismo objetivo legítimo, que es la protección de los intereses de los autores, compositores y productores de música, sin que por ello aumenten los gastos a que da lugar la gestión de los contratos y el control de la utilización de las obras musicales protegidas». (53)

42.      En el asunto que dio lugar a la sentencia de 11 de diciembre de 2008, Kanal 5 y TV 4 (54) (en lo sucesivo, «sentencia Kanal 5»), en el que se censuraba el carácter no equitativo de las tarifas relativas a la difusión por televisión de obras musicales protegidas por derechos de autor aplicadas por la entidad sueca de gestión, STIM, el Tribunal de Justicia retoma el principio ya expresado en la sentencia Tournier y precisa que las tarifas calculadas en función de los ingresos de las sociedades de televisión y de la cantidad de música emitida, (55) en sí mismas legítimas, pueden tener no obstante un carácter abusivo «cuando exista otro método que permita identificar y cuantificar de forma más precisa la utilización de esas obras así como la audiencia y cuando mediante dicho método pueda lograrse el mismo objetivo legítimo, que es la protección de los intereses de los autores, compositores y editores de música, sin que por ello aumenten desproporcionadamente los gastos a que da lugar la gestión de los contratos y el control de la utilización de las obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual». (56)

43.      En la sentencia de 27 de febrero de 2014, OSA (57) (en lo sucesivo, «sentencia OSA»), el Tribunal de Justicia retoma y aplica simultáneamente los dos enfoques seguidos en las sentencias Tournier y Kanal 5. Así, el Tribunal de Justicia afirma, por un lado, que el hecho de que una entidad de gestión colectiva de derechos de autor imponga por los servicios que presta tarifas notablemente más elevadas que las que se aplican en los restantes Estados miembros constituye, siempre que la comparación entre la cuantía de las tarifas se haya llevado a cabo sobre una base homogénea, el indicio de un abuso de posición dominante en el sentido del artículo 102 TFUE y, por otro, que tal abuso podría consistir en el hecho de exigir un precio excesivo, sin relación razonable con el valor económico de la prestación realizada. (58)

44.      Por último, en la reciente sentencia AKKA/LAA, ya citada en varias ocasiones, el Tribunal de Justicia ha confirmado que el método para determinar el posible carácter excesivo de las tarifas de una entidad de gestión utilizado en las sentencias Tournier y Lucazeau y basado en la comparación con las tarifas aplicadas en otros Estados miembros —en el asunto en cuestión, algunos Estados limítrofes, seleccionados según criterios objetivos, apropiados y comparables— constituye, cuando tal comparación se realiza sobre una base homogénea y teniendo en cuenta, de ser necesario, el índice de paridad del poder adquisitivo (PPA), una alternativa legítima al examen United Brands. (59)

45.      Cabe preguntarse, tras una lectura de la sentencia AKKA/LAA, si el Tribunal de Justicia ha pretendido, en última instancia, optar por la comparación con las tarifas aplicadas en los Estados miembros de referencia como método exclusivo de análisis, aplicable en todos los casos en que se trate de valorar el carácter excesivo de las tarifas de una entidad de gestión colectiva de derechos de autor sobre obras musicales. Si bien el tenor del fallo de dicha sentencia y la circunstancia de que el Tribunal de Justicia se abstuvo de citar la sentencia Kanal 5 parecerían apuntar en ese sentido, tal conclusión no resulta, en cambio, avalada a la luz de la motivación de la sentencia, de la que se desprende que el hecho de que el Tribunal de Justicia se centrase en este método particular de análisis se debe más a las circunstancias del procedimiento principal y a la formulación de las cuestiones perjudiciales que a una toma de posición deliberada.

46.      Por otro lado, no considero que tal elección sea oportuna. En efecto, en primer lugar, ya he observado que todo método de análisis reviste sus inconvenientes. En particular, como indicó el Abogado General Jacobs en sus conclusiones presentadas en el asunto Tournier, (60) el problema de la comparación con las tarifas fijadas en otros Estados miembros radica en que resulta necesario articular un procedimiento objetivo de comparación, operación que no es fácil habida cuenta de las diferencias existentes entre las legislaciones nacionales y entre los métodos de cálculo y de recaudación de las remuneraciones que utilizan las diferentes entidades de gestión de derechos de autor. Con carácter más general, como puso de manifiesto el Abogado General Wahl en sus conclusiones presentadas en el asunto AKKA/LAA, «en lo que respecta a las comparaciones geográficas, elementos tales como —por mencionar solo unos pocos— los impuestos nacionales, las características particulares del mercado de trabajo nacional y las preferencias de los consumidores locales pueden incidir considerablemente en los precios finales del producto o servicio pertinente». En segundo lugar, quedaría por elucidar cómo proceder en el caso de que no sea posible realizar una comparación sobre una base homogénea, por ejemplo, cuando no se disponga en los Estados miembros de referencia de un método de cálculo de las tarifas análogo, o incluso en el caso de que, como parecería desprenderse en el presente asunto de los datos facilitados por el Gobierno belga en sus observaciones escritas, resulte de tal comparación que las tarifas aplicadas por la entidad de gestión son más bajas que las aplicadas en los Estados miembros de referencia. Por último, no se excluye que el hecho de atribuir a la comparación entre las tarifas aplicadas en diversos Estados miembros una importancia exclusiva o decisiva a la hora de valorar el posible carácter excesivo de las tarifas de las entidades de gestión pueda propiciar comportamientos colusorios entre estas últimas dirigidos a una coordinación de precios.

47.      Por estas razones, me parece preferible que el examen del eventual carácter no equitativo de las tarifas aplicadas por las entidades de gestión colectiva de derechos de autor por obras musicales se realice eligiendo en cada ocasión el método o métodos más pertinentes, determinados sobre la base de las circunstancias de cada caso concreto.

48.      Es a la luz de los principios antes expuestos y de las consideraciones formuladas hasta este punto como ha de analizarse la cuestión prejudicial en sus dos partes.

3.      Sobre la segunda parte de la cuestión prejudicial

49.      Mediante la segunda parte de su cuestión prejudicial, que procede examinar en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta sustancialmente al Tribunal de Justicia si constituye un abuso de posición dominante el hecho de que una entidad de gestión colectiva de derechos de autor que disfruta de un monopolio de hecho en un Estado miembro aplique a los organizadores de eventos musicales, por el derecho de comunicación al público de obras musicales, un modelo de remuneración basado en el volumen de negocios «que supedita las remuneraciones por licencia a elementos externos tales como, entre otros, el precio de entrada, el precio de las consumiciones, el caché de los ejecutantes y el presupuesto para otros elementos, tales como el decorado».

50.      Es necesario, con carácter preliminar, formular tres precisiones.

51.      En primer lugar, si bien en la formulación de la cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente hace referencia a una estructura de tarifas «basada en el volumen de negocios», de la resolución de remisión y de los autos, y como se ha confirmado en la vista, se desprende que el porcentaje decreciente previsto en el tarifa 211 para los supuestos en que no se recurra a la tarifa de base se aplica, según proceda, al caché, esto es, a la partida de gastos correspondiente al importe puesto a disposición de los artistas, o a una parte de los ingresos, no igual a la totalidad de la facturación del evento, sino únicamente al importe correspondiente a los ingresos obtenidos por la venta de entradas (incluidas las ofrecidas a los patrocinadores). (61)

52.      En segundo lugar, si bien la formulación de la segunda parte de la cuestión prejudicial no es clara en cuanto al fondo, de los fundamentos de la resolución de remisión se desprende que el elemento de la tarifa de SABAM sobre el que se solicitan aclaraciones es la adopción como base del cálculo de una parte de los ingresos, a saber, los ingresos brutos derivados de la venta de entradas, sin tener en cuenta la parte de tales ingresos que no depende de la prestación de la entidad de gestión y sin que se permita deducir los gastos que no están específicamente vinculados a la música.

53.      En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente no pregunta si tal aspecto del método de cálculo empleado por SABAM es abusivo en la medida en que da lugar a la imposición de una remuneración excesiva, sino en la medida en que no establece un vínculo suficiente entre la prestación realizada por SABAM y la remuneración exigida por esta. No es, pues, el nivel de las remuneraciones cobradas en sí mismo lo que se pone, cuando menos directamente, en tela de juicio, sino, con carácter más general, el método de cálculo de dichas remuneraciones, esto es, la propia estructura de la tarifa 211 y la relación que dicha estructura permite establecer con la prestación realmente realizada por SABAM.

54.      A este respecto, ha de precisarse de entrada que una empresa, aun cuando ocupe una posición dominante, debe poder perseguir sus propios intereses y que, a tal fin, en principio, puede elegir libremente el método de cálculo que considere más adecuado para determinar la remuneración exigida en contraprestación de los productos o servicios que ofrece. No corresponde, pues, al Tribunal de Justicia, ni tampoco a los órganos jurisdiccionales ni a las autoridades nacionales de defensa de la competencia, determinar qué método de cálculo debe adoptarse, sino únicamente comprobar si el método aplicado en concreto no infringe las prohibiciones establecidas en el artículo 102 TFUE y, en particular, si no da lugar a la imposición de precios no equitativos.

55.      W.W alega que la tarifa 211 fue creada para los festivales musicales tradicionales, cuya oferta y atractivo radican en la música interpretada en directo. En cambio, eventos como Tomorrowland ofrecen a los espectadores una experiencia «única y global», en particular por la atención prestada a los decorados, que transforman no solo la escena, sino toda el área en la que se celebra el evento en un «mundo imaginario», el vestuario del personal, los elementos visuales, tales como juegos de luz, efectos ópticos o fuegos artificiales, la gastronomía y toda una serie de servicios ofrecidos durante, antes y después de su celebración. WCD subraya, además, la naturaleza peculiar del evento que organiza y, al igual que W.W, aduce que los ingresos brutos obtenidos por la venta de entradas los generan primordialmente factores ajenos al repertorio musical utilizado. De ello se deduce, según W.W, que, para eventos de este tipo, el hecho de adoptar los ingresos como base de cálculo de la remuneración de la entidad de gestión colectiva constituye en sí mismo un abuso de posición dominante. En cambio, WCD considera abusivo que no se permita deducir de los ingresos brutos los gastos que no guardan relación con la música, algunos de los cuales, como los relativos a la observancia de la normativa en materia medioambiental o de seguridad, están en constante aumento. Según W.W y WCD, tampoco el caché constituye una base adecuada para el cálculo.

56.      Con arreglo a la jurisprudencia antes citada, (62) no puede considerarse que un precio no es equitativo, en el sentido del artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), si guarda una relación razonable con el valor económico del servicio prestado por la empresa en posición dominante. En el caso de autos, esta prestación consiste en poner a disposición de los usuarios obras musicales protegidas por derechos de autor a efectos de la comunicación al público en el curso de festivales.

57.      Como se ha señalado anteriormente, el examen United Brands sugiere, cuando menos implícitamente, que se determine el valor del producto o del servicio prestado por la empresa dominante en función de sus costes de producción. Ahora bien, aunque es posible cuantificar los costes inherentes a la gestión colectiva, es extremadamente difícil, si no imposible, determinar los costes de la creación de una obra intelectual, como una obra musical. El criterio expresado en el examen United Brands resulta, pues, inadecuado para determinar el valor económico del servicio prestado a los usuarios por una entidad de gestión colectiva en su conjunto.

58.      El valor económico de tal prestación y, en el caso de autos, del servicio prestado por SABAM a los organizadores de festivales, se determina, por tanto, teniendo en cuenta las características de la gestión colectiva, por un lado, y del derecho de autor, por otro. (63)

59.      Desde el primer punto de vista, una parte relevante de este valor consiste en el hecho de que los organizadores de festivales no están obligados a dirigirse individualmente a los titulares de los derechos de autor de las obras que pretenden comunicar con el fin de negociar con cada uno de ellos una licencia para la comunicación al público, sino que tienen un único interlocutor en la entidad de gestión. Los contratos de reciprocidad celebrados por SABAM con otras entidades de gestión permiten además, mediante una única licencia, acceder también al repertorio de entidades de gestión extranjeras. La existencia de un sistema de gestión colectiva de derechos no solo supone un evidente ahorro de tiempo y de recursos, sino que también es una condición necesaria para la propia posibilidad de celebrar eventos como los organizados por sociedades como W.W y WCD.

60.      Desde el segundo punto de vista, el valor económico de las obras musicales puestas a disposición de los organizadores de un festival depende de los beneficios que logren (o se prevea que logren) obtener. Como puso de relieve la Abogada General Trstenjak en sus conclusiones presentadas en el asunto Kanal 5, (64) es muy habitual que por la concesión de licencias sobre derechos de autor se exija un canon que asciende a un porcentaje del volumen de negocios obtenido con el producto para cuya fabricación se ha utilizado el derecho de autor. La idea subyacente es que un autor ha de poder obtener un porcentaje razonable del volumen de negocios obtenido mediante la utilización de su obra.

61.      Esta idea se refleja en la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia ya citada anteriormente, según la cual la percepción por una entidad de gestión de derechos de autor de una remuneración por la ejecución de obras musicales protegidas cuyo importe se calcula sobre la base del volumen de negocios del usuario debe considerarse una explotación normal de los derechos de autor. (65) Las remuneraciones calculadas sobre la base del volumen de negocios del usuario presentan, pues, en principio, una relación razonable con el valor económico de la prestación realizada. (66)

62.      Ciertamente, el volumen de negocios de un evento como un festival musical (67) depende de un modo más o menos amplio de factores distintos de la comunicación al público de las obras protegidas por derechos de autor, tales como, en particular, la calidad y la fama de los ejecutantes, el lugar en el que se desarrolla, los decorados, las luces, los servicios que se ofrecen de forma simultánea al evento o su propia popularidad, todos ellos factores que dependen en gran parte (aunque no exclusivamente) de los esfuerzos de los organizadores y que dan lugar a gastos independientes de los costes vinculados a las remuneraciones adeudadas a la entidad de gestión colectiva y que, de un modo más o menos evidente, no presentan un vínculo directo con la prestación realizada por este último.

63.      No obstante, en primer lugar, y sin restar importancia alguna a tales factores, me parece innegable que, si bien corresponde en última instancia al órgano jurisdiccional remitente pronunciarse con carácter definitivo sobre el fondo, la música constituye el elemento principal del «producto» ofrecido por las demandadas en el procedimiento principal, así como el primer factor de atracción del público convocado por el evento. En segundo lugar, ha de señalarse que un sistema de remuneración basado en el volumen de negocios resulta usual en materia de derechos de autor y, con carácter más general, en materia de derechos de propiedad intelectual, aun cuando el derecho sobre el que se concede la licencia no constituya el objeto principal del producto final que permite obtener. (68) En tercer lugar, como se ha señalado en la sentencia Kanal 5, el Tribunal de Justicia aprobó tal sistema de remuneración incluso con referencia a usuarios, como las cadenas de televisión, cuyo volumen de negocios puede depender, también en una amplia medida, de elementos ajenos al uso de obras musicales protegidas. (69) En cuarto lugar, me parece que las alegaciones formuladas por las demandadas en los procedimientos principales pueden referirse, en general, a diversos tipos de usuarios, incluidos los que hacen un uso intensivo, de música tales como, por ejemplo, las discotecas, cuyo éxito depende en gran parte de factores que podrían considerarse ajenos a la música, como los decorados, las luces, la ubicación, la calidad de las consumiciones, el tipo de clientela y la notoriedad de los pinchadiscos. Por último, y sobre todo, como ha observado correctamente SABAM, el mero hecho de que otros factores distintos de la música intervengan en la decisión de compra de la entrada para eventos como los organizados por W.W y WCD no priva en sí mismo de toda relación razonable con el valor económico de la puesta a disposición de obras musicales protegidas por derechos de autor a una estructura tarifaria que adopta los ingresos por la venta de las entradas como base del cálculo de las remuneraciones.

64.      Por otro lado, ha de señalarse que diversos elementos de la tarifa 211 —que, como observa acertadamente SABAM, debe valorarse en su conjunto— contribuyen a atenuar los efectos de la adopción del volumen de negocios como base del cálculo de las remuneraciones y, en cierto modo, permiten tener en cuenta la circunstancia de que el volumen de los ingresos no depende exclusivamente, o al menos no necesariamente de un modo directamente proporcional, del valor de la música.

65.      En primer lugar, como ya se ha señalado anteriormente, los ingresos derivados de la venta de entradas constituyen solo una parte y no la totalidad del volumen de negocios obtenido por los eventos organizados por las demandadas en los procedimientos principales. A este respecto ha de apuntarse que, sin ser rebatida por estas últimas, SABAM precisó en la vista que la parte del volumen de negocios tenida en cuenta a efectos del cálculo de las remuneraciones que le corresponden asciende aproximadamente al 35 % y al 50 % del volumen de negocios global obtenido, respectivamente, por Tomorrowland y Wecandance. En segundo lugar, los importes de base, correspondientes a los ingresos derivados de la venta de entradas o al caché, se dividen en 8 (o 9) tramos a los que se aplica un porcentaje decreciente que va del 6 % al 2,5 %. De este modo, la fracción del importe de base correspondiente a las remuneraciones adeudadas a SABAM disminuye con el aumento de dicho importe. En tercer lugar, se establece un sistema de reducciones aplicadas a las remuneraciones así calculadas que permite, aun cuando solo sea a tanto alzado, tener en cuenta el volumen del repertorio de SABAM efectivamente ejecutado durante el evento. Por último, SABAM alegó en la vista, sin ser rebatida tampoco al respecto por las demandadas en los procedimientos principales, que, precisamente para tener en cuenta las peculiaridades de los festivales, el porcentaje decreciente aplicado para tales eventos parte de un máximo inferior (6 %) al previsto para eventos similares, como los conciertos (8 %). (70)

66.      Al igual que las remuneraciones calculadas sobre la base del volumen de negocios del evento, considero que las calculadas a partir del caché también presentan, en principio, a diferencia de cuanto afirman las demandadas en el procedimiento principal, una relación razonable con el valor económico de la prestación realizada por SABAM, en la medida en que tal partida de gastos permite proporcionar una indicación directa de la importancia que tiene en la organización del evento el componente vinculado a la comunicación de las obras musicales protegidas.

67.      A la luz de cuanto precede, el mero hecho de que el sistema tarifario adoptado por SABAM tome como base de cálculo de las remuneraciones por la comunicación al público de obras musicales pertenecientes a su repertorio una fracción del volumen de negocios o de una parte del volumen de negocios generado por el evento durante el cual se ha producido tal comunicación, o, alternativamente, el caché, no constituye en sí mismo un indicio de la existencia de precios no equitativos ni, a fortiori, a diferencia de cuanto parecen sostener las demandadas en los procedimientos principales, permite constatar la existencia de tal abuso.

68.      A mi juicio, lo mismo cabe decir, en principio, por cuanto atañe a la imposibilidad de deducir los gastos «no directamente vinculados a la música» de los importes de base calculados sobre la parte del volumen de negocios obtenido con la venta de entradas o del caché. Abstracción hecha de la consideración de que resulta extremadamente difícil valorar qué gastos pueden considerarse no directamente vinculados a la música habida cuenta de la naturaleza de los eventos de que se trata (¿lo son, por ejemplo, los que garantizan la calidad del sonido y no los relativos a las luces?), la incidencia de tales gastos en la parte del volumen de negocios que se toma como base de cálculo (en este caso, los ingresos obtenidos por la venta de entradas) depende de la asignación elegida por los organizadores del evento y, por tanto, de elementos que quedan por completo sustraídos al ámbito de control de SABAM. Además, ha de señalarse que en las sentencias Basset y Tournier el Tribunal de Justicia se pronunció a favor de la legalidad de sistemas de remuneración basados en el volumen de negocios bruto. De igual modo, en el asunto que dio lugar a la sentencia Kanal 5, STIM calculaba sus remuneraciones a partir de los ingresos obtenidos por la difusión de programas dirigidos al gran público o, con carácter subsidiario, por la publicidad y/o los contratos de abono, con deducción solamente de algunos gastos. (71)

69.      Corresponde en cualquier caso al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la luz del conjunto de las circunstancias pertinentes, si la aplicación de la tarifa 211, en la medida en que adopta como base para el cálculo de las remuneraciones los ingresos procedentes de la venta de entradas o, alternativamente, del caché, permitiendo deducir de dichos importes solo determinados costes, puede dar lugar a la imposición de precios no equitativos.

70.      No obstante, para que este órgano jurisdiccional pueda llegar a comprobar la existencia de precios excesivos, deberá comparar, como se desprende de lo expuesto en los puntos 29 a 38 de las presentes conclusiones, el nivel de las remuneraciones percibidas por SABAM mediante la aplicación de la tarifa 211 con un precio de referencia, que se establecerá sobre la base de los métodos de análisis a su disposición que resulten primordialmente pertinentes a la luz del conjunto de las circunstancias que caracterizan el asunto sometido a su examen. Cabrá apreciar que tales compensaciones son excesivas si esa comparación pone de manifiesto que existe una diferencia significativa y persistente entre dichas remuneraciones y el precio de referencia tomado en consideración, sin que tal diferencia esté objetivamente justificada.

71.      Omitir tal fase del análisis equivaldría, en esencia, a reconocer que un determinado método de cálculo de la remuneración exigida por una empresa dominante por los productos y servicios que ofrece da lugar en sí mismo a la imposición de precios excesivos, con independencia del nivel efectivo de tales precios. Ahora bien, sin perjuicio de algunos casos excepcionales, este modo de actuar es, en mi opinión, metodológicamente incorrecto y puede conducir en determinados casos al paradójico resultado de privar a una empresa de la libertad de adoptar un determinado método de cálculo, aun cuando su aplicación dé lugar a precios que no se sitúen más allá del nivel competitivo.

72.      Entre los métodos de análisis que el órgano jurisdiccional remitente podría tener en cuenta, excluyendo, por las razones ya expuestas, el análisis de precios-costes de producción establecido en el examen United Brands y la comparación con los precios aplicados por la competencia dada la posición de monopolio de hecho de SABAM, figura, en primer lugar, la comparación geográfica, que deberá realizarse atendiendo a los criterios fijados por el Tribunal de Justicia en la sentencia AKKA. Además, si bien en la vista se puso de manifiesto que SABAM no ha modificado de forma sustancial el nivel de las remuneraciones exigidas a los organizadores de festivales por la puesta a disposición de las obras musicales de su repertorio, (72) podría resultar pertinente proceder a un análisis histórico que permita adoptar una visión dinámica de la evolución del nivel de las remuneraciones pagadas en concreto por las demandadas en el procedimiento principal. Desde este punto de vista, no excluyo que el hecho de no tener en cuenta en modo alguno el aumento, de comprobarse su existencia, de algunos gastos —en particular los derivados de la aplicación de prescripciones legales, como, por ejemplo, los costes relativos a la adopción de medidas de seguridad o de protección medioambiental— y de la incidencia de tales gastos, en caso de que se acredite, en los importes tomados como base del cálculo de las tarifas de la entidad de gestión, pueda constituir un indicio de precios no equitativos, en la medida en que se traduce en un aumento significativo del nivel de las remuneraciones sin contrapartida para los usuarios y sin que se justifique en un aumento de los gastos de SABAM. Por último, podría resultar igualmente pertinente una comparación con las remuneraciones percibidas por SABAM por prestaciones similares, que habrán de identificarse, de ser posible, sobre la base de criterios objetivos en el marco de una valoración que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente.

4.      Sobre la primera parte de la cuestión prejudicial

73.      En la primera parte de la cuestión prejudicial planteada, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia al Tribunal de Justicia si constituye un abuso de posición dominante el hecho de que una entidad de gestión colectiva de derechos de autor que posee un monopolio de hecho en un Estado miembro aplique a los organizadores de eventos musicales, por el derecho de comunicación al público de obras musicales, un modelo de remuneración que utiliza una tarifa a tanto alzado por tramos en lugar de un tarifa que tenga en cuenta el porcentaje preciso del repertorio protegido por dicha entidad ejecutado durante el evento.

74.      También en este caso lo que se debate en los procedimientos principales no es directamente el nivel de las remuneraciones, sino la aplicación de un método concreto de cálculo que se considera en sí mismo abusivo por carecer de un vínculo razonable con la prestación realizada por la entidad de gestión.

75.      Según W.W y WCD, de las sentencias Kanal 5 y OSA se desprende que la determinación de la remuneración de las entidades de gestión debe tener en cuenta la utilización efectiva de las obras que forman parte del repertorio de tales entidades. Dichas sociedades alegan, en particular, que existen diversas técnicas que permiten identificar con precisión y sin posibilidad de error las obras musicales realmente ejecutadas y, por tanto, el porcentaje del repertorio de la entidad de gestión efectivamente utilizado. Hacen referencia en particular al programa elaborado por la sociedad neerlandesa DJ Monitor. En su opinión, el uso de estas técnicas no supone costes adicionales para SABAM, o cuando menos no en una medida excesiva, puesto que esta última está obligada en cualquier caso a analizar la lista de obras ejecutadas para realizar un reparto de las remuneraciones entre los titulares de derechos. SABAM no está de acuerdo con el alcance general que W.W y WCD atribuyen a la sentencia Kanal 5. En su opinión, esta sentencia afecta únicamente a las cadenas de televisión, esto es, a operadores de un sector en el que la intensidad de la utilización de obras musicales es variable, y no a operadores como W.W y WCD, cuyos eventos se basan en la música. Si bien resulta oportuno, según SABAM, calcular las remuneraciones adeudadas por los primeros aplicando un porcentaje variable en función de las obras musicales ejecutadas, en el caso de eventos musicales como los controvertidos en el procedimiento principal, la remuneración podría expresarse siempre con un porcentaje fijo del volumen de negocios o variable a tanto alzado.

76.      A la luz de las observaciones de las partes del procedimiento principal, ha de aclararse antes de nada el alcance de la sentencia Kanal 5, que las citadas partes interpretan de forma distinta. Debe recordarse que en dicha sentencia el Tribunal de Justicia precisó que unas tarifas calculadas en función de los ingresos de las sociedades de televisión y de la cantidad de música emitida pueden tener un carácter abusivo «cuando exista otro método que permita identificar y cuantificar de forma más precisa la utilización de esas obras así como la audiencia y cuando mediante dicho método pueda lograrse el mismo objetivo legítimo, que es la protección de los intereses de los autores, compositores y editores de música, sin que por ello aumenten desproporcionadamente los gastos a que da lugar la gestión de los contratos y el control de la utilización de las obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual». (73)

77.      Ya he observado que el Tribunal de Justicia ha declarado en varias ocasiones la legalidad de un sistema de remuneración por la puesta a disposición de obras musicales protegidas cuyo importe se calcula sobre la base del volumen de negocios del usuario, tanto en el caso de los usuarios cuya actividad depende de la explotación de obras musicales, como las discotecas en las sentencias Basset y Tournier, como en el caso de los usuarios respecto a los que la intensidad de tal explotación varía en función de otros factores, como las cadenas de televisión en la sentencia Kanal 5.

78.      Dicho esto, ha de señalarse que ya en la sentencia Tournier, precisamente con referencia a usuarios que hacen un uso intensivo de la música, como las discotecas, y en un contexto que versaba sobre la legalidad del denominado blankett licensing, que consiste en establecer un tipo fijo de remuneración por el acceso a todo el repertorio de la entidad de gestión, con independencia del uso efectivo de las obras musicales protegidas, el Tribunal de Justicia señaló que si bien el tipo fijo de la remuneración percibida no implica en sí mismo una infracción de la prohibición de precios no equitativos, puede darse, no obstante, una práctica abusiva en el caso de que existan métodos alternativos que ofrezcan la misma protección de los intereses de los titulares de derechos de autor sin que aumenten los gastos. (74) Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha afirmado en reiteradas ocasiones que, en el caso de obras protegidas puestas a disposición del público, el titular de los derechos de autor y sus derechohabientes tienen un interés legítimo en calcular las remuneraciones debidas en función del número real o probable de comunicaciones públicas. (75) Por último, ha de apuntarse que, en la sentencia Kanal 5, pese a que la Abogada General Trstenjak distinguió claramente la situación de las cadenas de televisión de la de los usuarios que hacen un uso intensivo de la música, al pronunciarse en el sentido de que es ilegal un método de cálculo de la remuneración basado en un porcentaje fijo únicamente en el primer caso, el Tribunal de Justicia ha justificado la exigencia de calcular la remuneración sobre la base de la cantidad de música realmente utilizada no en relación con la naturaleza de las cadenas de televisión, sino, con carácter más general, en virtud de la necesidad de garantizar la necesaria relación entre la remuneración y el valor de la prestación realizada y de proteger los intereses de los titulares de derechos. (76)

79.      Sobre la base de las consideraciones que preceden considero, por lo tanto, al igual que la Comisión, que constituye un principio ya consolidado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia el hecho de que si una entidad de gestión colectiva de derechos de autor que ocupa una posición dominante en un Estado miembro puede calcular libremente el importe de las remuneraciones que le son debidas por la ejecución de obras musicales sobre la base del volumen de negocios obtenido por el usuario y determinar que se corresponden con un porcentaje de dicho volumen de negocio variable en función de la cantidad de música utilizada, pero calculada a tanto alzado, tal método de cálculo puede constituir no obstante un abuso de posición dominante en el caso de que existan métodos alternativos que permitan calcular con precisión tanto las obras musicales utilizadas como la audiencia. Estos métodos deberán garantizar el mismo nivel de protección de los intereses de los autores, compositores y editores de música y no entrañar un aumento excesivo de los gastos de la entidad de gestión colectiva. El principio que acaba de exponerse se aplica tanto en el caso de usuarios cuya actividad depende por completo o primordialmente de la explotación de la música, como en el caso de usuarios respecto a los que la dimensión de dicha explotación es menos relevante y variable.

80.      No se discute que la tarifa 211, tanto en la versión aplicable a los hechos del procedimiento principal, basada en la regla 1/3‑2/3, como en la modificada en 2018, basada en tramos del 10 %, efectúa, con mayor o menor grado de aproximación, una determinación a tanto alzado del porcentaje del repertorio de SABAM efectivamente ejecutado en los eventos a los que se aplica. Con arreglo a la primera de las dos versiones, se aplicaba la reducción de la tarifa completa siempre que al menos una tercera parte de las obras indicadas en la lista proporcionada por los organizadores del evento no perteneciera al repertorio de SABAM. En cambio, no se preveía ninguna reducción por debajo de tal umbral. Dado que no se adeudaba compensación alguna tan solo en el caso en que no figurase en tal lista ninguna obra del repertorio de SABAM, la ejecución de una sola de las obras protegidas por SABAM habría podido entrañar, en principio, la aplicación de un tercio de la tarifa completa. Además, si las obras musicales del repertorio de SABAM suponían precisamente un tercio o dos tercios de las que los organizadores del evento preveían ejecutar, SABAM facturaba respectivamente dos tercios de la tarifa o la tarifa completa. Conforme a la segunda versión de la tarifa, los tres tramos del 33 % fueron sustituidos por diez tramos del 10 %, lo que implicaba una reducción de las diferencias respecto al porcentaje de obras musicales del repertorio de SABAM realmente ejecutado, si bien dicho porcentaje sigue determinándose a tanto alzado.

81.      Sobre la base de la jurisprudencia Tournier y Kanal 5 antes expuesta, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la vista del conjunto de las circunstancias del caso de autos, i) si existen métodos que permitan identificar con mayor precisión las obras musicales protegidas por SABAM ejecutadas durante el evento (dado que las remuneraciones de SABAM se cobran en función de los ingresos derivados de la venta de entradas, no se suscita la cuestión de la identificación de la audiencia); ii) si tales métodos garantizan la misma protección de los intereses de los titulares de derechos de autor sobre tales obras, y iii) si la aplicación de dichos métodos no aumenta desproporcionadamente los gastos de SABAM, en particular en cuanto atañe a la gestión de los contratos y el control de la utilización de las obras musicales protegidas.

82.      Entre las circunstancias pertinentes que el órgano jurisdiccional remitente deberá tener en cuenta a la hora de examinar el primero de los puntos antes mencionados figuran, en mi opinión: i) la accesibilidad a los datos relativos a las obras musicales realmente utilizadas y a las tecnologías empleadas; (77) ii) la fiabilidad de tales datos y tecnologías, (78) y iii) la obtención tempestiva de los datos. (79) En cuanto atañe a la fiabilidad de las tecnologías digitales mencionadas por W.W y WCD, ha de señalarse, sin perjuicio de las comprobaciones que realice el órgano jurisdiccional remitente, que SABAM ha indicado en sus observaciones escritas que el programa utilizado durante las ediciones de 2015 y 2016 de los eventos objeto de los procedimientos principales no reconoció cerca de un 8 % de las piezas ejecutadas, que dichas tecnologías reconocen con dificultad las obras mezcladas y que, en cualquier caso, no pueden utilizarse para la música en directo.

83.      A la hora de examinar el segundo de los aspectos indicados en el punto 81 de las presentes conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente deberá valorar las ventajas y los inconvenientes del método de cálculo de las remuneraciones utilizado por SABAM, teniendo en cuenta el contexto en que dichas remuneraciones se cobran. A este respecto, me parecen pertinentes, en particular, los tres factores que se indican a continuación. En primer lugar, habrá de apreciarse cuál es la proporción de las obras musicales pertenecientes al repertorio de SABAM normalmente ejecutadas durante los eventos de que se trata en el procedimiento principal con respecto a la totalidad de la música utilizada. En efecto, no se excluye que sea preferible recurrir a un método a tanto alzado, habida cuenta de los intereses contrapuestos en juego, en el caso de que casi todas las obras ejecutadas durante este tipo de eventos pertenezcan al repertorio de la entidad de gestión. Ha de observarse a este respecto, sin perjuicio de su comprobación por el órgano jurisdiccional remitente, que, en sus observaciones escritas, SABAM, sin ser rebatida por W.W y WCD, afirmó que aproximadamente entre el 80 % y el 90 % de la música ejecutada durante los festivales organizados por estas sociedades procede de su repertorio. En segundo lugar, habrá de valorarse la incidencia del uso de las metodologías alternativas en la rapidez en el cobro de las remuneraciones. En efecto, es posible, como señala SABAM, que, por errores en el reconocimiento de las obras ejecutadas, surjan controversias entre la entidad de gestión y el organizador del evento que puedan demorar los tiempos de cobro de las remuneraciones en detrimento de los titulares de tales derechos. (80) En tercer lugar, deberá valorarse la eventual incidencia en los intereses de los titulares de la renuncia al método por tramos a tanto alzado (en sus dos versiones) adoptado por SABAM, a la luz del sistema de reparto de derechos utilizado por dicha entidad y de la estructura de costes de SABAM.

84.      En cuanto atañe al último de los aspectos indicados en el punto 81 de las presentes conclusiones, relativo a los costes, ha de señalarse que, a diferencia de la formulación utilizada en la sentencia Tournier, que parecía excluir todo aumento de los gastos de gestión o de control de la entidad, la sentencia Kanal 5 ha señalado que el uso de un método de cálculo que permite identificar con precisión las obras musicales ejecutadas no debe entrañar un aumento «desproporcionado» de dichos gastos. (81) Así pues, si el paso a tal sistema puede dar lugar a un aumento de los gastos de SABAM, dicho aumento tendrá que ser contenido y deberá ser ponderado con las ventajas que aporta a los organizadores de eventos musicales. En efecto, un aumento excesivo puede repercutir en el nivel de los derechos percibidos por los autores y por sus derechohabientes menoscabándolos. En los procedimientos principales, W.W y WCD afirman que los costes relativos al uso de técnicas digitales de reconocimiento de obras musicales, que, por cuanto sostiene SABAM, son relevantes, corren por cuenta de ellas y, por tanto, no entrañan costes adicionales para SABAM. De confirmarse tal circunstancia, (82) quedaría por comprobar la cuantía de los costes generados por eventuales errores o controversias relativos a la identificación del repertorio de SABAM, mencionados por esta en sus observaciones escritas. En cambio, no me parece decisiva la alegación formulada por SABAM de que solo algunos organizadores de eventos musicales están en condiciones de soportar los costes vinculados al uso de las nuevas técnicas digitales y que, respecto a los demás, tales costes recaerían sobre ella, puesto que nada prohíbe a SABAM adoptar métodos de cálculo distintos por categorías distintas de cliente, siempre que tal diferenciación esté justificada y no sea discriminatoria.

85.      Si las comprobaciones efectuadas en el punto 81 de las presentes conclusiones arrojan un resultado positivo, la estructura tarifaria de SABAM podría vulnerar la prohibición de imponer precios y condiciones no equitativos establecida en el artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a). En efecto, una estructura tarifaria basada en tramos a tanto alzado que no tienen en cuenta la efectiva utilización de las obras musicales protegidas implica, cuando existe la posibilidad de determinar con precisión (o con mayor precisión) el volumen de tal uso (y de las audiencias), que una parte más o menos amplia de las remuneraciones percibidas por dicha sociedad no se ajusta a una prestación efectivamente realizada. (83)

86.      Con todo, no creo que el Tribunal de Justicia haya pretendido establecer en las sentencias Tournier y Kanal 5 un automatismo en virtud del cual la adopción de tal estructura tarifaria conduzca necesariamente, en las circunstancias específicas de tales sentencias y a falta de justificaciones aportadas por la entidad de gestión, a declarar que existen precios no equitativos.

87.      Como ya he señalado anteriormente en los puntos 70 y 71 de las presentes conclusiones, la adopción de un determinado método de cálculo de la remuneración por los productos y servicios ofrecidos por una empresa en posición dominante no permite por sí sola presumir la existencia de precios excesivos, sino que debe ser corroborada por un análisis comparativo del nivel de dichos precios con un precio de referencia.

88.      Este análisis comparativo no será necesario únicamente en el supuesto de que se ponga de manifiesto que la aplicación de tal método de cálculo lleva en concreto a excluir toda relación razonable entre el precio y el valor económico de la prestación ofrecida.

89.      Corresponde al órgano jurisdiccional remitente realizar tal comprobación. En cuanto atañe a los métodos comparativos a que pueda recurrir dicho órgano jurisdiccional en las circunstancias de los procedimientos principales, me remito al punto 72 de las presentes conclusiones.

V.      Conclusión

90.      Sobre la base del conjunto de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunal de Empresas de Amberes, Bélgica) del siguiente modo:

«El artículo 102 TFUE, párrafo segundo, letra a), debe interpretarse en el sentido de que una entidad de gestión colectiva de derechos de autor que posee un monopolio de hecho en un Estado miembro no abusa de su posición dominante mediante la imposición de precios no equitativos por el único motivo de adoptar una estructura tarifaria en virtud de la cual las remuneraciones percibidas por la puesta a disposición de obras musicales protegidas pertenecientes a su repertorio a efectos de su comunicación al público en el marco de festivales se calculen aplicando un porcentaje decreciente a los ingresos procedentes de la venta de entradas o al caché, sin que quepa deducir los gastos que no estén directamente vinculados a la prestación realizada por tal entidad, y estableciendo un sistema de reducciones basado en la utilización de tramos a tanto alzado a fin de tener en cuenta el porcentaje de obras musicales efectivamente ejecutadas en el festival. No obstante, no se excluye que la aplicación de tal estructura tarifaria pueda dar lugar a la imposición de remuneraciones no equitativas, en particular cuando exista otro método que permita identificar y cuantificar de forma más precisa las obras musicales realmente ejecutadas y cuando mediante dicho método pueda lograrse el mismo objetivo legítimo, que es la protección de los intereses de los autores, compositores y editores de música, sin que por ello aumenten desproporcionadamente los gastos de gestión de los contratos y de control de la utilización de las obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar, a la luz del conjunto de circunstancias que caracterizan el asunto sometido a su examen, si se cumplen tales requisitos y, en el caso de que tal valoración arroje un resultado positivo, si la imposición de remuneraciones no equitativas es corroborada por indicios posteriores deducidos, en particular, de la comparación con las tarifas aplicables en otros Estados miembros, corregidas mediante el índice de paridad del poder adquisitivo de tal entidad de gestión, de la comparación con las remuneraciones aplicadas en el pasado por la misma entidad de gestión o bien de la comparación con las remuneraciones fijadas por esta entidad para prestaciones similares.»


1      Lengua original: italiano.


2      Directiva 2014/26/UE del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (DO 2014, L 84, p. 72).


3      Véanse, en particular, los considerandos 7, 8, 9 y 55 de la Directiva 2014/26.


4      Véase el artículo 1, primera frase, de la Directiva 2014/26.


5      Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge, de 26 de junio de 2017.


6      De los autos se desprende que, si bien la definición del concepto «festival» ha variado en las diversas ediciones de la tarifa 211, tal concepto siempre ha hecho referencia a la organización de una serie de conciertos dados por al menos cinco grupos o artistas al día, cada uno de ellos con su propio programa. En algunos casos, se requería una temática común y una periodicidad anual.


7      De los autos se desprende que, en las versiones de 2014 y de 2016 de la tarifa 211, el concepto de caché se definía como el importe puesto a disposición de los artistas por la ejecución de su programa. En la versión de 2017 se añadieron también los gastos técnicos de iluminación y de sonido reembolsados a los artistas.


8      En la versión de 2017 se añadieron los gastos de transporte público.


9      El órgano jurisdiccional remitente señala que aunque los asuntos incoados por SABAM contra W.W y WCD no han sido acumulados se resolverán mediante una única sentencia.


10      El órgano jurisdiccional remitente señala que, desde las primeras ediciones del Festival Tomorrowland, SABAM y W.W discutieron sobre el nivel de remuneración adeudada a la primera. Tras un acuerdo transaccional en 2008, y una nueva controversia relativa a las ediciones de 2011 y 2014, en 2015, el Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunal de Empresas de Amberes) declaró fundada la reclamación de pago presentada por SABAM correspondiente a las ediciones de Tomorrowland de 2011 y 2013. A raíz de tal resolución, el 30 de julio de 2015, SABAM y W.W cerraron un nuevo acuerdo transaccional que tenía por objeto las remuneraciones adeudadas a la primera, además de por las ediciones del festival de 2011 y 2013, por la de 2014. Pactaron, en particular, que las dos terceras partes del importe correspondiente a 2014 fueran abonadas directamente a SABAM y que una tercera parte quedase bloqueada en una cuenta bancaria a la espera de la resolución del litigio suscitado entretanto sobre el porcentaje del repertorio de SABAM utilizado en el marco de tal edición. En relación con los años 2015 y 2016, si bien en un primer momento W.W aceptó la tarifa aplicada por SABAM, posteriormente rechazó las facturas emitidas por esta última. SABAM reclama el pago de 194 925,29 euros por la edición del festival Tomorrowland de 2014, 259 072,42 euros por la edición de 2015 y 283 726,99 euros por la edición de 2016, más los intereses devengados. SABAM solicita además que W.W le comunique el número de entradas VIP vendidas para la edición de 2016 y el precio correspondiente. W.W interpone una demanda reconvencional por la que solicita que se declare, con carácter principal, que no se adeuda importe alguno a SABAM por las ediciones del festival Tomorrowland de 2014 a 2016 y que se proceda a la liberación de los fondos bloqueados correspondientes a la edición de 2014, así como a la devolución de 16 236,00 euros por la edición de 2016. Con carácter subsidiario, W.W solicita que se nombre a un perito para que determine la parte de las obras del repertorio de SABAM que fueron ejecutadas en las ediciones de 2014, 2015 y 2016.


11      El órgano jurisdiccional remitente señala que, para la edición de 2013, SABAM aplicó la tarifa 105 y, a partir de la segunda edición, la tarifa 211. WCD procedió al pago de los importes reclamados, si bien los impugnó posteriormente. En cuanto a las ediciones de 2015 y 2016, WCD utilizó el repertorio de SABAM sin autorización. Los importes correspondientes a estas ediciones, también rechazados por WCD, fueron por lo tanto fijados por SABAM sobre la base de sus propias comprobaciones. SABAM solicita que se condene a WCD al pago de 27 359,04 euros y de 38 550,45 euros, más los intereses devengados. WCD interpone demanda reconvencional por la que solicita que se condene a SABAM a devolver 7 897,00 euros y 13 349,78 euros, más los intereses devengados.


12      W.W y WCD hacen referencia, en particular, al programa «DJ Monitor».


13      La sentencia del Presidente del rechtbank van koophandel te Brussel (Tribunal de lo Mercantil de Bruselas) también censuraba a SABAM el aumento de la tarifa aplicada a los festivales de aproximadamente el 37 % y la aplicación de una tarifa mínima excesivamente elevada. Asimismo, SABAM fue condenada al pago de multas coercitivas por importe de 5000 euros diarios, hasta un máximo de 1 000 000 euros, en caso de incumplimiento de dicha sentencia; véase https://www.rtbf.be/pure/article/detail_dans-leur-conflit-avec-la-sabam-les-festivals-obtiennent-gain-de-cause?id=9894749.


14      En el sector farmacéutico, diversas autoridades nacionales de defensa de la competencia han detectado prácticas de fijación de precios abusivos y no equitativos, en particular en Italia [asunto Aspen, decisión de la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado) de 29 de septiembre de 2016], en el Reino Unido [asunto Pfizer/Flynn, decisión de la Competition and Markets Authority (Autoridad de Defensa de la Competencia y de los Mercados) de 7 de diciembre de 2016] y en Dinamarca [asunto CD Pharma, decisión del Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Autoridad de Defensa de la Competencia y de los Consumidores) de 31 de enero de 2018]; a nivel europeo, en mayo de 2017, la Comisión inició una investigación formal sobre la aplicación por Aspen Pharma de precios no equitativos en relación con medicamentos antitumorales en el EEE (con excepción de Italia); véase también el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Aplicación de las normas de competencia en el sector farmacéutico (2009‑2017) — Colaboración entre las autoridades europeas de competencia en favor de unos medicamentos asequibles e innovadores», de 28 de enero de 2019, COM(2019) 17 final, punto 4.2. En cuanto atañe al sector de la gestión colectiva de derechos de autor, véase como digresión sobre las decisiones de las autoridades de defensa de la competencia nacionales el expediente que puede consultarse en https://www.concurrences.com/fr/bulletin/special-issues/collecting-societies/collecting-societies-and-competition-law-an-overview-of-eu-and-national-case; a nivel europeo, véase la jurisprudencia citada en los puntos 39 a 44 de las presentes conclusiones.


15      C‑177/16, EU:C:2017:286 (en lo sucesivo, «conclusiones del Abogado General Wahl en el asunto AKKA/LAA»).


16      27/76, EU:C:1978:22.


17      El asunto que dio lugar a dicha sentencia tenía por objeto el recurso interpuesto por el grupo mundial más importante en la época en el sector del plátano, United Brands Company (en lo sucesivo, «UBC»), contra la decisión mediante la cual la Comisión declaró, entre otras cosas, que los precios aplicados por la filial europea del grupo a algunos de sus clientes eran excesivos. La Comisión llegó a tal conclusión tras realizar una comparación entre los precios aplicados por UBC en los mercados alemán, neerlandés, danés, belga y luxemburgués y los aplicados en el mercado irlandés, de la cual se desprendía que los primeros eran significativamente superiores a los segundos.


18      26/75, EU:C:1975:150, apartado 12.


19      Véase el apartado 250 de la sentencia United Brands. Esta definición se recogió en numerosos procedimientos posteriores; véanse, por ejemplo, las sentencias de 11 de noviembre de 1986, British Leyland/Comisión (226/84, EU:C:1986:421), apartados 27 y 28; de 17 de julio de 1997, GT-Link (C‑242/95, EU:C:1997:376), apartado 39; de 17 de mayo de 2001, TNT Traco (C‑340/99, EU:C:2001:281), apartado 46; de 27 de febrero de 2014, OSA (C‑351/12, EU:C:2014:110), apartado 88; de 11 de diciembre de 2008, Kanal 5 y TV 4 (C‑52/07, EU:C:2008:703), apartado 28, y, por último, la sentencia de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība (C‑177/16, en lo sucesivo, «sentencia AKKA/LAA», EU:C:2017:689), apartado 35.


20      Véase el apartado 252 de la sentencia United Brands. Véase también la sentencia AKKA/LAA, apartado 36.


21      Estas apreciaciones no deben ser efectuadas de forma acumulativa; véase el auto de 25 de marzo de 2009, Scippacercola y Terezakis/Comisión (C‑159/08 P, no publicado, EU:C:2009:188), apartado 47.


22      Ya en la sentencia United Brands, el Tribunal de Justicia, si bien censurando a la Comisión en esencia por no haber examinado la estructura de costes de UBC, admitió no obstante de forma expresa que «se pueden concebir otros métodos […] para determinar los criterios con arreglo a los cuales se considera no equitativo el precio de un producto»; véase el apartado 253 de la sentencia United Brands.


23      Véase la sentencia de 11 de noviembre de 1986, British Leyland/Comisión (226/84, EU:C:1986:421), apartados 28 y 29, en la que un aumento de los precios del 600 % sin un aparente aumento de los costes hacía inútil un análisis de estos últimos y centraba la atención en la diferencia entre el precio actual y el precio anterior.


24      Véase la sentencia de 11 de noviembre de 1986, British Leyland/Comisión (226/84, EU:C:1986:421), apartados 28 y 29.


25      Véase la Decisión 2001/892/CE de la Comisión, de 25 de julio de 2001, relativa a un procedimiento incoado en virtud del artículo 82 del Tratado CE (COMP/C‑1/36.915 — Deutsche Post AG — Retención de correo transfronterizo), considerando 160.


26      Véase, implícitamente, la sentencia de 13 de julio de 1989, Tournier (395/87, EU:C:1989:319), apartado 44.


27      Véase la sentencia de 11 de noviembre de 1986, British Leyland/Comisión (226/84, EU:C:1986:421), apartados 28 y 29.


28      Véase, implícitamente, la sentencia United Brands, en la que la comparación realizada por la Comisión entre los precios de UBC en diversos mercados de los Estados miembros fue censurada únicamente porque se había elegido el mercado nacional de referencia sobre la base de valoraciones incorrectas.


29      Sentencia de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon Gesellschaft (78/70, EU:C:1971:59, apartado 19).


30      Véanse también las sentencias de 29 de febrero de 1968, Parke, Davis and Co. (24/67, EU:C:1968:11), p. 81, y de 5 de octubre de 1988, CICRA y Maxicar (53/87, EU:C:1988:472), si bien en ambos asuntos el Tribunal de Justicia descartó que el hecho de que el precio aplicado por la empresa dominante fuera superior al cobrado por los competidores bastase para constituir un abuso, puesto que los productos de la primera estaban protegidos por una patente.


31      Véase la sentencia de 4 de mayo de 1988, Bodson (30/87, EU:C:1988:225), apartado 31, y, más recientemente, la sentencia AKKA/LAA, apartado 38.


32      Véase la sentencia AKKA/LAA, apartados 37 y 38.


33      Véase la sentencia de 13 de noviembre de 1975, General Motors Continental/Comisión (26/75, EU:C:1975:150), apartado 15.


34      Del mismo modo, una vez identificado el método de análisis, la elección de los índices de referencia pertinentes se efectúa igualmente teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias que caracterizan al caso de autos. Véase, por ejemplo, la sentencia AKKA/LAA, apartados 41 y 42, que establece que la elección de los mercados de referencia respecto a los cuales se efectúa la comparación depende de las circunstancias concretas de cada caso; véase asimismo la sentencia de 28 de marzo de 1985, CICCE/Comisión (298/83, EU:C:1985:150), apartados 24 y 25.


35      Véanse los apartados 254 a 261 de la sentencia United Brands.


36      Véase la sentencia AKKA/LAA, apartado 49. Véanse también las conclusiones presentadas por el Abogado General Wahl en el asunto AKKA/LAA, punto 36.


37      En este sentido se ha manifestado recientemente el Tribunal de Justicia, en su sentencia AKKA/LAA, apartados 38 y 43, respecto a la comparación entre las tarifas consideradas no equitativas aplicadas por la entidad de gestión de derechos de autor en un Estado miembro y las aplicadas por entidades análogas únicamente en los Estados miembros limítrofes o en una muestra más amplia de otros Estados miembros. Véase también la sentencia de 27 de febrero de 2014, OSA (C‑351/12, EU:C:2014:110), apartados 87 a 92.


38      Se hace remisión a este respecto al análisis desarrollado en las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto AKKA/LAA, puntos 43 a 45.


39      Véase la sentencia AKKA/LAA, apartados 55 y 56; véanse, en el mismo sentido, las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto AKKA/LAA, punto 107.


40      En este sentido, véase más reciente la sentencia AKK/LAA, apartado 57.


41      Véase la Decisión de la Comisión de 23 de julio de 2004, asunto COMP/A.36.568/D3 — Scandlines Sverige AB contra Puerto de Helsingborg.


42      Véase la sentencia de 29 de febrero de 1968, Parke, Davis and Co. (24/67, EU:C:1968:11), p. 100, en la que el Tribunal de Justicia declaró que el hecho de que el precio del producto patentado sea más elevado que el del producto no patentado no constituye necesariamente un abuso; véase también la sentencia de 5 de octubre de 1988, CICRA y Maxicar (53/87, EU:C:1988:472), apartado 17.


43      Véase, por ejemplo, la sentencia AKKA/LAA, apartado 59.


44      Véase la sentencia AKKA/LAA.


45      El monopolio de las entidades de gestión, a menudo legal, se debe esencialmente a la dificultad de los usuarios y titulares de los derechos de negociar individualmente las licencias de uso de las obras musicales. No obstante, el surgimiento de las nuevas tecnologías digitales parece poner en cuestión, cuando menos en parte, la inevitabilidad de tales monopolios; véase T.M. Lenard y L.J. White, Moving Music Licensing Into the Digital Era: More Competition and Less Regulation, en https://techpolicyinstitute.org/wp-content/uploads/2015/12/moving-music-licensing-digital-era.pdf. La propia Directiva 2014/26 establece un marco jurídico más favorable para una mayor apertura a la competencia en el mercado de la gestión de los derechos de autor.


46      402/85, EU:C:1987:197, apartado 19.


47      Véanse los apartados 15, 16, 18 y 21.


48      No obstante, el Tribunal de Justicia no estaba llamado a pronunciarse sobre el nivel de las remuneraciones.


49      395/87, EU:C:1989:319.


50      110/88, 241/88 y 242/88, EU:C:1989:326.


51      SACEM percibía un porcentaje fijo del 8,25 % del volumen de negocio, IVA incluido, de la discoteca.


52      Véanse los apartados 38 y 42 de la sentencia Tournier y los apartados 25 y 29 de la sentencia Lucazeau.


53      Apartado 45 de la sentencia Tournier. En aquel asunto, SACEM se negaba a poner a disposición de las discotecas solamente la parte de su repertorio efectivamente utilizada por estas.


54      C‑52/07, EU:C:2008:703.


55      Así ocurría, según el Tribunal de Justicia, con la tarifa aplicada por STIM a Kanal 5 y TV 4. Esta tarifa consistía en un porcentaje variable de los ingresos que estas cadenas de televisión obtenían por la venta de bloques de publicidad y, con carácter subsidiario, por la venta de bloques de publicidad y por contratos de abono. El porcentaje aumentaba con el incremento del porcentaje anual de música emitida por la cadena de televisión (esto es, la duración de la utilización, en cada una de las emisiones, de una obra musical protegida, calculada para un año completo), si bien de un modo no directamente proporcional. STIM concedía la deducción de costes de comercialización y de los cánones adeudados al Estado sueco para emitir por televisión por cable; véanse las conclusiones presentadas por la Abogada General Trstenjak, en el asunto Kanal 5 y TV 4 (C‑52/07, EU:C:2008:491), punto 9.


56      Véase el apartado 40 de la sentencia Kanal 5.


57      C‑351/12, EU:C:2014:110.


58      Véanse los apartados 87 y 88 de la sentencia OSA.


59      Véase la sentencia AKKA/LAA, apartados 36 a 38 y 41.


60      Punto 60.


61      De los autos se desprende que las entradas vinculadas al patrocinio se calculan sobre el valor nominal o bien, cuando no pueda determinarse dicho valor, sobre la base del precio medio de la entrada.


62      Véase en particular el punto 29 de las presentes conclusiones.


63      Véase, en este sentido, la sentencia Kanal 5, apartados 30 y 31.


64      C‑52/07, EU:C:2008:491, punto 60.


65      Véase la sentencia Basset, apartados 15, 16, 18 y 21.


66      Véanse, en tal sentido, las sentencias Tournier, apartado 45, y Kanal 5, apartado 37.


67      W.W en particular rebate que Tomorrowland pueda ser definido como «festival».


68      Véanse las conclusiones de la Abogada General Trstenjak presentadas en el asunto Kanal 5, punto 62.


69      Véase el punto 42 de las presentes conclusiones.


70      Queda claro que la incidencia de tal elemento se valoraría comparando la estructura de las dos tarifas en su conjunto, operación que, en cualquier caso, corresponde realizar al órgano jurisdiccional remitente.


71      Véanse las conclusiones de la Abogada General Trstenjak presentadas en el asunto Kanal 5, punto 9 y nota 4.


72      Sin embargo, como ya se ha señalado anteriormente (véase la nota 13 de las presentes conclusiones), se pone de manifiesto que el procedimiento pendiente ante el Hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas) versa, entre otras cosas, sobre un reciente aumento de las tarifas aplicadas por SABAM a los festivales.


73      Véase el apartado 40 de la sentencia Kanal 5.


74      Véase la sentencia Tournier, apartado 45.


75      Véanse las sentencias de 18 de marzo de 1980, Coditel y otros (62/79, EU:C:1980:84); Tournier, apartado 12, y Kanal 5, apartado 38.


76      Véanse los apartados 36 a 38 de la sentencia Kanal 5.


77      W.W y WCD aducen que por regla general se facilita a SABAM una lista de las obras que se ejecutarán. Dado que la presentación de dicha lista constituye un requisito para obtener la reducción de la tarifa, los datos que figuran en ella son obtenidos por SABAM sin realizar intervención particular alguna. En cambio, el empleo de las tecnologías digitales podría resultar más complejo.


78      La presentación por los organizadores de la lista de las obras que serán ejecutadas requiere un control durante el desarrollo del festival. El uso de tecnologías digitales no presenta, en principio, este inconveniente, si bien debe evaluarse el riesgo de que se den problemas técnicos en el curso del evento.


79      La lista de las obras que serán ejecutadas durante el festival se pone a disposición de SABAM antes de ser utilizadas. En cambio, el uso de técnicas digitales solo permite disponer de los datos una vez celebrado el evento.


80      SABAM señala que dispone de un plazo legal de 9 meses contados a partir del final del ejercicio en el que se han percibido los ingresos generados por los derechos para proceder al reparto entre los titulares.


81      Véase el apartado 45 de la sentencia Tournier y el apartado 40 de la sentencia Kanal 5.


82      SABAM afirma en sus observaciones escritas que WCD ha alegado en el procedimiento principal que tales gastos deben deducirse de los beneficios utilizados como base para la determinación de la remuneración de SABAM.


83      Véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de diciembre de 1991, Merci convenzionali Porto di Genova (C‑179/90, EU:C:1991:464), apartado 19, y de 16 de julio de 2009, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland/Comisión (C‑385/07 P, EU:C:2009:456), apartados 141 a 147.