AUTO DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Primera)

de 28 de mayo de 2013

Asunto F‑67/11

Luigi Marcuccio

contra

Comisión Europea

«Función pública — Funcionarios — Anulación de una decisión de la Comisión — Ejecución de la sentencia del Tribunal de la Función Pública — Perjuicio derivado de la no ejecución — Requisitos — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»

Objeto:      Recurso interpuesto en virtud del artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA con arreglo a su artículo 106 bis, por el cual el Sr. Marcuccio pide, esencialmente, por una parte, que se anule la decisión de 24 de junio de 2011 por la cual la Comisión Europea denegó su solicitud de 28 de febrero de 2011 de que, en particular, se adoptaran medidas de ejecución del apartado 2 del fallo de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 9 de junio de 2010, Marcuccio/Comisión (F‑56/09; en lo sucesivo, «sentencia de 9 de junio de 2010») y, por otra, que se condene a la Comisión a pagarle una indemnización en reparación del perjuicio que considera que ha sufrido.

Resultado:      Se desestima el recurso por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno. El Sr. Marcuccio cargará con sus propias costas y se le condena a cargar con las costas causadas por la Comisión, incluidas las relativas al procedimiento de medidas provisionales en el asunto F‑671/11 R, Marcuccio/Comisión.

Sumario

Funcionarios — Recursos de funcionarios — Sentencia anulatoria — Efectos — Obligación de adoptar medidas de ejecución — Observancia del Derecho de la Unión — Reparación de un perjuicio causado al demandante por el acto anulado — Dificultades particulares — Concesión de una compensación equitativa por el perjuicio sufrido por el demandante

(Art. 266 TFUE)

Le corresponde a la institución de que se trate adoptar las medidas que implica la ejecución de una sentencia de anulación, ejerciendo, bajo el control del juez de la Unión, la facultad de apreciación que ostenta a tal fin, respetando tanto el fallo y la motivación de la sentencia que debe ejecutar como las disposiciones del Derecho comunitario.

Cuando la ejecución de una sentencia de anulación ofrece dificultades especiales, la institución de que se trate puede cumplir la obligación que se deriva del artículo 266 TFUE mediante la adopción, respetando el principio de legalidad, de toda decisión que pueda compensar equitativamente el perjuicio resultante para el interesado de la decisión anulada.

(véanse los apartados 38 y 44)

Referencia:

Tribunal de Primera Instancia: 6 de octubre de 2004, Vicente-Nuñez/Comisión, T‑294/02, apartado 46

Tribunal de la Función Pública: 7 de junio de 2011, Larue y Seigneur/BCE, F‑84/09, apartado 64