¿Tienen los ciudadanos derecho a saber cómo decide la UE?

¿Cómo comprobar que una institución europea ha hecho un uso correcto del dinero público? ¿Cómo saber por qué se ha tomado una determinada decisión? El acceso de los ciudadanos a los documentos está consagrado en el Derecho de la Unión, y el Tribunal de Justicia ha ido precisando progresivamente las condiciones de su aplicación. No obstante, este derecho no es absoluto y debe ponderarse: cuando su divulgación pueda, por ejemplo, perjudicar las relaciones internacionales de la Unión o el buen funcionamiento del proceso de toma de decisiones, determinada información puede seguir siendo confidencial.