Tribunal de Justicia

¿Quién trabaja en el Tribunal de Justicia?

Los Jueces

El Tribunal cuenta con 27 Jueces, uno por cada Estado miembro de la Unión.

Cada Estado miembro designa su propio Juez. No existen normas de la Unión sobre el modo de elegir al Juez. Cada Estado miembro puede seguir su propio procedimiento. No obstante, la persona elegida ha de ser independiente y estar cualificada para ejercer las más altas funciones jurisdiccionales en el Estado miembro que la designe o ser un experto reconocido en Derecho de la Unión. Un comité especial examina la idoneidad de los candidatos para el cargo de Juez o de Abogado General. Se conoce como «Comité 255», en referencia al artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que lo creó. Los Jueces son nombrados posteriormente de manera oficial por todos los Estados miembros en conjunto.

Los Jueces son nombrados por un período de seis años. Su mandato puede ser renovado.

¿Sabía que…?

El Juez que más tiempo ha ejercido como tal en el Tribunal de Justicia es el actual Presidente, Koen Lenaerts, que fue nombrado por primera vez en 2003.

Los Jueces eligen un Presidente y un Vicepresidente por un período de tres años.

El actual Presidente, Koen Lenaerts, fue elegido por primera vez en 2015.

¿Cuántos Jueces conocen de un asunto?

No todos los asuntos son examinados por todos los Jueces. Cada asunto se atribuye a una Sala. El número de Jueces de la Sala refleja la importancia o la complejidad del asunto.

El Tribunal de Justicia cuenta con Salas de

• 15 Jueces, conocida como la Gran Sala
• 5 Jueces
• 3 Jueces

El Tribunal de Justicia puede también reunirse en Pleno con 27 Jueces. Esto solo ocurre en casos de excepcional importancia.

La Gran Sala está presidida por el Presidente del Tribunal de Justicia. El Vicepresidente también forma parte de ella, junto con 3 Presidentes de las Salas de 5 Jueces. Los 10 Jueces restantes son elegidos siguiendo un sistema rotatorio bien definido, para garantizar un reparto equitativo de los asuntos.

La Gran Sala actúa en casos especialmente complejos o importantes para el desarrollo del Derecho de la Unión, o cuando un Estado miembro o una institución de la Unión lo solicitan.

Los demás asuntos son juzgados por Salas compuestas por tres o cinco Jueces. Los Presidentes de las Salas de cinco Jueces son elegidos por tres años y los de las Salas de tres Jueces por un año.

Alrededor del 45 % de los asuntos son juzgados por Salas de 3 Jueces. Alrededor del 40 % de los asuntos son juzgados por una Sala de 5 Jueces y cerca del 10 % de los asuntos son juzgados por la Gran Sala.

Los Abogados Generales

El Tribunal cuenta también con la asistencia de 11 Abogados Generales. Son nombrados de la misma forma que los Jueces.

¿Sabía que...?

Dado que hay menos Abogados Generales que Estados miembros, no todos los países pueden nombrar a un Abogado General al mismo tiempo. Los cinco mayores Estados miembros —España, Alemania, Francia, Italia y Polonia— tienen derecho a nombrar un Abogado General permanente. Los seis puestos restantes rotan entre los otros 22 Estados miembros. Cada uno de estos Estados miembros nombra un Abogado General por un único período de seis años. El derecho a nombrar un Abogado General pasa entonces al siguiente Estado miembro de la lista. Este orden viene determinado por el orden alfabético del nombre del Estado miembro en su propia lengua.

Los Abogados Generales tienen un papel muy especial. A diferencia de los Jueces, no resuelven el asunto.

Antes de que los Jueces resuelvan sobre un asunto, el Abogado General les presenta unas «conclusiones» independientes. Estas conclusiones analizan el caso y proponen soluciones a los problemas que plantea.

Los Abogados Generales no intervienen en todos los asuntos. Solo lo hacen cuando un asunto plantea cuestiones jurídicas nuevas y resulta útil presentar conclusiones.

Los Jueces son libres de resolver el asunto como deseen, no están obligados a seguir las conclusiones del Abogado General.

En cualquier caso, las conclusiones del Abogado General ayudan al Tribunal de Justicia a la hora de adoptar su resolución, aportándole otro punto de vista, de carácter independiente.

El Secretario

El Secretario tiene una doble función. Es responsable de la buena marcha de los procedimientos, pero también ejerce las funciones de Secretario General de la institución.

Como Secretario General, el Secretario del Tribunal de Justicia es responsable de diversos ámbitos, bajo la autoridad del Presidente.

El Secretario también es responsable de preparar y negociar el presupuesto anual del Tribunal de Justicia y de garantizar que los fondos se gasten correctamente.

Representa a la institución en el marco de su cooperación con diversas instituciones y órganos de la Unión e interactúa con otra serie de interlocutores externos.

El Secretario es elegido por los Jueces y Abogados Generales por un período de seis años renovable.

¿Sabía que...?

El Secretario que ejerció durante más tiempo como tal en el Tribunal de Justicia fue el primero, Albert van Houtte, quien desempeñó el cargo durante casi 29 años, de marzo de 1953 a febrero de 1982. En sus inicios, cuando la institución aún era relativamente pequeña, el principal cometido del Secretario era el apoyo judicial. A medida que la institución fue creciendo, el papel del Secretario también evolucionó, asumiendo paulatinamente más responsabilidades como Secretario General.

El actual Secretario del Tribunal de Justicia es Alfredo Calot Escobar, que ocupa este cargo desde 2010.

El personal

En la actualidad trabajan en el Tribunal de Justicia algo más de 2 300 personas.

Son en su mayoría funcionarios de la Unión, elegidos mediante un riguroso procedimiento de selección. El Tribunal de Justicia cuenta con personal procedente de todos los Estados miembros de la Unión.

Cerca de la mitad del personal del Tribunal de Justicia trabaja en la Dirección General de Multilingüismo, que se ocupa de garantizar que el trabajo del Tribunal esté disponible en las 24 lenguas oficiales de la Unión.

Para más información acerca del trabajo del personal del Tribunal de Justicia, visite nuestras páginas dedicadas a cada uno de sus servicios.

Para más información sobre cómo presentar su candidatura a un puesto de trabajo en el Tribunal de Justicia, visite nuestras páginas de empleo.

¿De qué tipo de asuntos conoce el Tribunal de Justicia?

La misión del Tribunal de Justicia consiste en garantizar que el Derecho de la Unión se interprete y se aplique de la misma manera en el conjunto de esta. Lo hace resolviendo asuntos en que las partes tienen diferentes puntos de vista sobre la interpretación de las normas o sobre la forma en que deben aplicarse. La mayoría de los asuntos de los que conoce el Tribunal de Justicia son remitidos por los tribunales nacionales. Estos asuntos se denominan «peticiones de decisión prejudicial». Sin embargo, otros asuntos llegan directamente al Tribunal de Justicia: los llamados «recursos directos».

Peticiones de decisión prejudicial

El Derecho de la Unión forma parte del Derecho nacional de cada Estado miembro. Esto significa que puede alegarse directamente ante los tribunales nacionales en el ámbito de la Unión. Por lo tanto, los jueces nacionales pueden aplicarlo directamente. Es lo que se conoce como «efecto directo» del Derecho de la Unión.

Si no está claro cómo debe interpretarse exactamente el Derecho de la Unión en un caso concreto, los jueces nacionales pueden plantear cuestiones al Tribunal de Justicia. De este modo, ven aclaradas sus dudas sobre qué significa una disposición del Derecho de la Unión o incluso sobre si dicha disposición es válida. Ello les permite aplicar el Derecho de la Unión y decidir si la legislación y las prácticas nacionales se ajustan a él.

Cualquier órgano jurisdiccional independiente de la Unión puede plantear estas cuestiones en caso necesario.

Los tribunales nacionales cuyas resoluciones no sean recurribles están obligados a plantear dichas cuestiones si la respuesta no está clara y es necesaria para resolver el asunto.

A continuación, el Tribunal de Justicia examina las cuestiones.

Escucha las opiniones de:

• las partes en el procedimiento nacional
• cualquier Estado miembro de la Unión que desee intervenir en el asunto — a menudo, por ejemplo, el país del que procede el asunto
• la Comisión y otras instituciones de la Unión que deseen dar su opinión

El Tribunal de Justicia dicta seguidamente una resolución. Esta resolución proporciona al juez nacional respuestas a las preguntas que ha planteado. Ello le permite resolver el asunto.

La resolución del Tribunal de Justicia sobre el Derecho de la Unión es definitiva y vinculante. El órgano jurisdiccional nacional debe atenerse a la respuesta dada por el Tribunal de Justicia. Los demás órganos jurisdiccionales nacionales de la Unión también tienen que atenerse a esta resolución si conocen de asuntos similares.

De este modo, el Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales colaboran para garantizar que dentro de la Unión se aplique una sola interpretación de su Derecho.

Muchos de los principios más importantes del Derecho de la Unión se han establecido a través de este tipo de asuntos. La mayoría de los asuntos que se someten al Tribunal de Justicia (más del 60 %) son remisiones prejudiciales.

El Tribunal de Justicia conoce de la mayoría de estos asuntos. Sin embargo, los relacionados con el IVA, el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, las aduanas, los impuestos especiales o la clasificación arancelaria de las mercancías, así como las indemnizaciones a los pasajeros aéreos, son competencia del Tribunal General.

Recursos directos

Los recursos directos son asuntos que llegan directamente al Tribunal de Justicia. Solo las instituciones de la Unión y los Estados miembros pueden plantear estos asuntos.

En determinadas circunstancias, los ciudadanos o las empresas tienen la posibilidad de plantear recursos ante el Tribunal General. Para más información al respecto, consulte nuestra página sobre el Tribunal General.

Existen diversos tipos de recursos directos. Los más comunes son los recursos por incumplimiento y los recursos de anulación.

Recursos por incumplimiento

También denominados habitualmente «procedimientos de infracción», estos recursos se interponen contra un Estado miembro de la Unión por incumplir la normativa comunitaria.

Existe la posibilidad de que un Estado miembro emprenda acciones contra otro, pero son casos poco frecuentes.

La mayoría de estos recursos los interpone la Comisión.

La Comisión supervisa regularmente si los Estados miembros cumplen la normativa de la Unión. Lo hace ella misma de forma directa, pero también a raíz de las denuncias que recibe de los ciudadanos.

Si considera que un Estado miembro incumple la normativa, inicia un procedimiento oficial contra él. Este procedimiento consta de tres fases. En las primeras dos fases, se advierte al Estado miembro del posible problema y se le da la oportunidad de subsanarlo. Si el Estado miembro no lo hace o la Comisión no está de acuerdo con la respuesta dada, lleva el asunto ante el Tribunal de Justicia.

El Tribunal de Justicia decide entonces si el Estado miembro ha incumplido la normativa.

En los últimos años, estos asuntos suponen menos del 5 % del total de los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia.

En algunos casos, cuando un Estado miembro no adopta disposiciones nacionales para la aplicación de determinadas normas del Derecho de la Unión, denominadas «directivas», puede imponérsele una multa inmediatamente.

En otros casos, si el Tribunal de Justicia declara que un Estado miembro ha infringido la normativa de la Unión, ese Estado miembro debe tomar medidas para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia.

Si el Estado miembro no cumple la sentencia del Tribunal de Justicia, la Comisión puede interponer un segundo recurso. Si el Tribunal resuelve por segunda vez contra el Estado miembro, puede imponerle multas. Las multas pueden consistir tanto en una cantidad fija por una conducta pasada como en una cantidad que se va acumulando periódicamente hasta que cese el incumplimiento por parte del Estado miembro.

Recursos de anulación

Se trata de asuntos en los que se solicita la anulación de una norma o decisión de la Unión. El recurso se interpone contra la institución, agencia u otro órgano de la Unión que haya adoptado la decisión o aprobado la norma.

Si el recurso lo interpone un Estado miembro contra normas adoptadas por el Parlamento Europeo y/o el Consejo, le corresponde al Tribunal de Justicia conocer del asunto. Sin embargo, cuando un Estado miembro impugna una decisión del Consejo relativa a ayudas estatales, medidas antidumping y competencias de ejecución, el recurso debe plantearse ante el Tribunal General.

El Tribunal de Justicia también conoce de los recursos interpuestos por una institución contra otra.

El Tribunal General conoce de todos los demás asuntos, en particular los interpuestos por ciudadanos, empresas u otras organizaciones. Para más información al respecto, consulte nuestra página sobre el Tribunal General.

Recursos por omisión

Estos recursos son similares a los recursos de anulación. Sin embargo, en lugar de interponerse cuando una institución ha adoptado una decisión, se interponen cuando una institución, agencia u organismo no ha adoptado una decisión. Solo puede interponerse un recurso por omisión cuando se haya pedido a la institución que actúe y esta tenga la obligación de hacerlo.

Son asuntos muy poco frecuentes.

Al igual que en el caso de los recursos de anulación, el Tribunal de Justicia conoce de los recursos interpuestos por los Estados miembros y las instituciones. El Tribunal General conoce de los interpuestos por particulares.

Hay que tener en cuenta que, aunque los ciudadanos pueden poner en conocimiento de la Comisión cualquier posible infracción del Derecho de la Unión por parte de un Estado miembro, la Comisión no está obligada a iniciar un procedimiento contra este. No es posible interponer un recurso por omisión contra la Comisión en ese contexto.

Recursos de casación

Como en todos los ordenamientos jurídicos, existe un procedimiento para que algunas resoluciones del Tribunal General (tribunal inferior) puedan recurrirse ante el Tribunal de Justicia (tribunal superior): el recurso de casación.

Los recursos de casación solo pueden referirse a cuestiones de Derecho, no a la forma en que el Tribunal General determinó y valoró los hechos del caso.

En algunos tipos de asuntos, el Tribunal General actúa ya como un tribunal de recurso. Muchas agencias y organismos de la Unión que adoptan resoluciones, por ejemplo, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, cuentan con una Sala de Recurso independiente. En esos casos, la propia Sala de Recurso de la Agencia ya habrá examinado la resolución inicial antes de que el asunto se plantee ante el Tribunal General. Por lo tanto, estas resoluciones del Tribunal General solo pueden recurrirse en casación si el Tribunal de Justicia lo autoriza mediante un procedimiento especial. El recurso de casación se admite a trámite si plantea una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión.

Los recursos de casación deben interponerse en un plazo de dos meses a partir de la resolución del Tribunal General.

Si el Tribunal de Justicia estima el recurso de casación, puede o bien resolver él mismo el asunto, o bien devolverlo al Tribunal General para que lo vuelva a examinar. Los recursos de casación se estiman en el 25 % de los casos aproximadamente.

Alrededor de una cuarta parte del total de los asuntos de que conoce el Tribunal de Justicia son recursos de casación.

¿Cómo se desarrolla el procedimiento?

El procedimiento ante el Tribunal de Justicia se rige por el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

El procedimiento ante el Tribunal de Justicia consta de dos fases principales: la fase escrita y la fase oral.

Las partes presentan sus alegaciones por escrito. Los Estados miembros y las instituciones de la Unión pueden también presentar observaciones escritas al Tribunal de Justicia. Esta es la fase escrita del procedimiento.

En muchos casos también se celebra una vista oral. Las vistas orales son públicas, y las más importantes se retransmiten mediante streaming en nuestro sitio web. Para más información sobre cómo seguir la retransmisión de las vistas orales, consulte nuestras páginas sobre la retransmisión mediante streaming y cómo asistir a una vista. Unos meses después de la vista, el Abogado General presenta sus conclusiones si procede. Esta es la fase oral del procedimiento.

Una vez concluida la fase oral, los Jueces deliberan y adoptan su resolución.

La sentencia se dicta en audiencia pública.

La tramitación de los asuntos dura entre 16 y 18 meses por término medio.

Para más información, consulte nuestra página sobre el procedimiento ante el Tribunal de Justicia.