El porqué del multilingüismo
En la práctica, esto supone comprender y expresarse en cada una de las veinticuatro lenguas designadas como lenguas oficiales de la Unión Europea, por ser la lengua oficial o una de las lenguas oficiales de uno o de varios Estados miembros. A medida que nuevos Estados miembros se adherían a la Unión, el número de lenguas oficiales paso de cuatro (alemán, francés, italiano y neerlandés) a las veinticuatro existentes actualmente. Gracias a que la Unión habla todas estas lenguas, puede comunicarse con los ciudadanos de todos los Estados miembros. Así, el multilingüismo responde a una exigencia democrática que garantiza la igualdad de las lenguas y la accesibilidad de las instituciones europeas para todos los ciudadanos de la Unión. Gracias a los profesionales de la traducción y de la interpretación en las instituciones de la Unión Europea, los ciudadanos europeos pueden dirigirse a esas instituciones en su lengua y estas les responden en la misma.
El primer reglamento adoptado por la CEE, el Reglamento n.º 1/58, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea, tuvo por finalidad dar cumplimiento a este imperativo.
La Unión se basa en el Estado de Derecho, Derecho que debe ser igual para todos y, por lo tanto, producir efectos jurídicos comprensibles para todos a pesar de la multiplicidad de lenguas y la diversidad de sistemas jurídicos. Esto implica que, con independencia de su lengua de redacción, la normativa y la jurisprudencia de la Unión que tienen un impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos deben poder entenderse de la misma manera en todas las lenguas oficiales y en todos los ordenamientos jurídicos nacionales.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene la misión, encomendada por los Tratados, de garantizar el respeto de un Derecho común, pero multilingüe por definición a la hora de interpretarse y aplicarse. Así pues, el multilingüismo de los procedimientos es una exigencia ineludible que garantiza la equidad de los procesos y el acceso de los ciudadanos europeos a la justicia y a la jurisprudencia como fuente de Derecho. De este modo, el funcionamiento del Tribunal de Justicia se organiza de modo que le permite cumplir su misión con independencia de la lengua en la que se le plantea un asunto. Todos los ciudadanos europeos pueden acceder en su lengua a la justicia y la jurisprudencia europeas.
