Estadísticas judiciales del Tribunal de Justicia

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Breve resumen de las principales tendencias estadísticas del año transcurrido

Por Marc-André Gaudissart, Secretario adjunto del Tribunal de Justicia

 

Antaño incluida en el propio cuerpo del Informe anual del Tribunal de Justicia de la Unión Europea І Actividad judicial, la presente exposición tiene por objeto, como cada año, ofrecer un breve resumen de las principales tendencias que se desprenden del examen de las estadísticas judiciales del año transcurrido. Analiza el objeto, el origen y la naturaleza de los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia en 2022 y ofrece algunas claves para interpretar los datos relativos a los asuntos concluidos por dicho órgano jurisdiccional.

Aunque el año termina, en este último aspecto, con un balance positivo, puesto que el número de asuntos concluidos superó al número de asuntos planteados, que es ligeramente inferior al del año anterior, también se ha caracterizado por un aumento de la duración media de tramitación de los asuntos prejudiciales, que suscitan cuestiones cada vez más complejas y, en ocasiones, muy delicadas. En este contexto ha de enmarcarse la petición legislativa formulada por el Tribunal de Justicia el 30 de noviembre de 2022, consistente en ampliar el ámbito de aplicación material del mecanismo de previa admisión a trámite de los recursos de casación y en efectuar una transferencia parcial de la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia al Tribunal General para que este pueda pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales con arreglo al artículo 267 TFUE en ciertas materias específicas determinadas por el Estatuto.

Asuntos planteados

Como acaba de señalarse, el número de asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia en 2022 (806 asuntos) acusa un leve descenso respecto al año anterior, en que la Secretaría había registrado 838 nuevos asuntos. Esta disminución afecta tanto a las peticiones de decisión prejudicial como a los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal General, pero tiene un alcance limitado y, sobre todo, no afecta fundamentalmente al desglose de los litigios por tipo de asunto, ya que las remisiones prejudiciales y los recursos de casación siguen representando por sí solos más del 90 % del total de los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia (con 546 nuevas peticiones de decisión prejudicial y 209 recursos de casación, respectivamente, de todas las categorías, dicho porcentaje ascendió incluso al 93 % en 2022).

A la vista de estas cifras, la proporción de recursos directos en los asuntos planteados en 2022 (el 4,60 %) parece relativamente reducida, aunque el número de estos recursos (37) aumentó ligeramente el año pasado en comparación con el año anterior, en el que habían alcanzado un mínimo histórico (con solo 29 nuevos asuntos). Entre los recursos por incumplimiento interpuestos en 2022, cabe mencionar especialmente el primer recurso interpuesto contra un tercer Estado ―el Reino Unido― sobre la base del artículo 87, apartado 1, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. [1] [2]

Ya se trate de cuestiones prejudiciales, de recursos directos o de recursos de casación, los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia en 2022 abarcaron, una vez más, un amplísimo abanico de materias. Con poco menos de un centenar de asuntos (95), el espacio de libertad, seguridad y justicia siguió ocupando un lugar predominante en la actividad del Tribunal de Justicia, junto con los litigios relativos a la fiscalidad, a la protección de los consumidores o a la protección de los datos personales, ámbito este último en el que se formularon varias peticiones de decisión prejudicial destinadas a precisar aún más los contornos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del Reglamento general de protección de datos. [3] En cambio, el número de asuntos pertenecientes al ámbito de la propiedad intelectual o industrial, anteriormente bastante elevado, acusó una significativa disminución durante el último año, pasando de 83 nuevos asuntos en 2021 a solo 49 en 2022, mientras que en otros ámbitos, más tradicionales, se ha producido, por el contrario, un incremento del número de nuevos asuntos. Es el caso, en particular, de los asuntos relativos a las cuatro libertades fundamentales, pero también de los asuntos planteados en los ámbitos de la agricultura, la competencia y la contratación pública, así como en el ámbito de la función pública.

Por lo que respecta a la procedencia geográfica de las peticiones de decisión prejudicial dirigidas al Tribunal de Justicia durante el pasado año, se observa una relativa estabilidad con respecto al año anterior. Al igual que en 2021, Alemania, Italia y Bulgaria siguieron encabezando la clasificación «geográfica» de las remisiones prejudiciales (con 98, 63 y 43 peticiones de decisión prejudicial presentadas ante el Tribunal de Justicia en 2022, respectivamente), pero este último Estado fue seguido de cerca por España y Polonia, cuyos órganos jurisdiccionales remitieron 41 y 39 asuntos al Tribunal de Justicia en el mismo año. Con 34 asuntos, el número de peticiones de decisión prejudicial presentadas por los órganos jurisdiccionales austriacos se mantuvo bastante próximo al del año anterior (37 peticiones en 2021), mientras que con 28, 29 y 30 peticiones, respectivamente, los órganos jurisdiccionales neerlandeses, rumanos y belgas siguen siendo interlocutores habituales del Tribunal de Justicia. Cabe observar asimismo un aumento significativo del número de remisiones efectuadas por los tribunales portugueses, que se dirigieron al Tribunal de Justicia en 28 ocasiones en 2022 (frente a 20 en 2021).

Por último, en lo que respecta a los procedimientos urgentes, se ha producido una significativa disminución del número de solicitudes de aplicación del procedimiento acelerado o de urgencia. Si bien esta cifra alcanzó un pico en 2021 (con nada menos que 90 solicitudes), el año pasado se redujo de nuevo a 54 solicitudes. Ninguna solicitud de procedimiento acelerado dio lugar a la aplicación efectiva de este procedimiento en 2022, mientras que el procedimiento prejudicial de urgencia se aplicó en siete ocasiones, en asuntos que se referían tanto a la interpretación de las normas sobre concesión o retirada de la protección internacional como a la de las normas relativas a la cooperación judicial en materia civil o penal y que tratan, en particular, sobre el derecho a interpretación y traducción en los procesos penales o sobre la aplicación del principio non bis in idem consagrado en el artículo 54 del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen.

Asuntos concluidos

Mientras que el número de asuntos planteados en 2022 disminuyó ligeramente, el número de asuntos concluidos por el Tribunal de Justicia el año pasado mostró una tendencia opuesta, puesto que, de 772 asuntos en 2021, el número de asuntos concluidos por el Tribunal de Justicia pasó a 808 asuntos en 2022. Se trata, ciertamente, de un excelente resultado, ya que, salvo en 2019 ―año en que el Tribunal de Justicia resolvió nada menos que 865 asuntos―, nunca se había superado la barrera de los 800 asuntos concluidos en un año.

Al representar el grueso de los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia, las cuestiones prejudiciales y los recursos de casación constituyen, como es lógico, la parte principal de los asuntos concluidos por el Tribunal de Justicia, que en 2022 resolvió nada menos que 564 peticiones de decisión prejudicial y 196 recursos de casación. No obstante, a lo largo del pasado año, el Tribunal de Justicia también tuvo que pronunciarse acerca de varios recursos por incumplimiento o de anulación importantes, entre los que cabe destacar los interpuestos por Hungría y la República de Polonia, respectivamente, contra el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión. [4] Reunido en Pleno, el Tribunal de Justicia desestimó los motivos invocados por ambos Estados contra el citado Reglamento, confirmando así el vínculo que este establece entre el respeto del Estado de Derecho y la correcta ejecución del presupuesto de la Unión, conforme a los principios de buena gestión financiera. [5]

En otro orden de ideas, es de señalar asimismo la resolución dictada por el Tribunal de Justicia sobre la solicitud de dictamen presentada por el Reino de Bélgica en relación con la compatibilidad del proyecto de Tratado sobre la Carta de la Energía modernizado con los Tratados, y en particular con los artículos 19 TUE y 344 TFUE. En su dictamen, emitido el 16 de junio de 2022, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declaró que la solicitud era inadmisible por prematura, ya que no disponía de información suficiente sobre el contenido del acuerdo propuesto ―y, en particular, sobre el ámbito de aplicación de su artículo 26, relativo a la solución de controversias entre un inversor y una Parte contratante― para pronunciarse sobre su compatibilidad con los Tratados. [6]

Si bien el número total de sentencias, dictámenes y autos adoptados por el Tribunal de Justicia el año pasado (732) fue ligeramente superior al del año anterior (708), lo que llamará la atención del lector es la proporción aún más significativa de autos de carácter jurisdiccional, especialmente en materia de recursos de casación. Mientras que este porcentaje era del 37 % de los recursos de casación en 2020 y del 47 % en 2021, ascendió a casi el 57 % en 2022, es decir, un porcentaje muy superior al de recursos de casación resueltos mediante sentencia. Son varios los factores que explican este aumento: por una parte, obedece a la intensa actividad de la Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación, que nuevamente se pronunció sobre un elevado número de recursos interpuestos contra resoluciones del Tribunal General relativas a resoluciones de las Salas de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea [7] y, por otra, a un mayor uso de las posibilidades que ofrecen los artículos 181 y 182 del Reglamento de Procedimiento. Mientras que este último artículo solo se había aplicado una vez en 2019, en 2022 se concluyeron nada menos que seis asuntos sobre la base del artículo 182. [8]

Tanto si se trata de asuntos prejudiciales como de recursos de casación, la mayor utilización de los autos explica, en parte, otro rasgo característico del año transcurrido, relativo al elevado número de asuntos concluidos por las Salas de tres Jueces. En 2022, estos asuntos representaron, en efecto, más del 50 % del total de los asuntos concluidos por el Tribunal de Justicia (frente al 36 % de los asuntos concluidos por las Salas de cinco Jueces). A título comparativo, el año anterior estas cifras fueron del 45 % del total para las Salas de tres Jueces y del 40 % para las Salas de cinco Jueces.

Una tendencia similar puede observarse en lo que respecta a los asuntos resueltos por el Vicepresidente del Tribunal de Justicia. Dado que en 2022 se interpusieron gran número de recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal General desestimatorias de una demanda de intervención o contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal General en virtud de los artículos 278 TFUE o 279 TFUE, el Vicepresidente, encargado de tramitar estos recursos de casación, tuvo que dictar un elevado número de resoluciones en 2022. En consecuencia, el número de sus autos fue dos veces mayor que el del año anterior.

En cambio, el número de asuntos concluidos por la Gran Sala el año pasado se caracterizó por una gran estabilidad. Con 77 asuntos concluidos por esta formación jurisdiccional en 2022, el Tribunal de Justicia se mantuvo en la media de los cuatro años anteriores, pues el número de asuntos concluidos por la Gran Sala, mediante sentencia o auto, oscila entre 70 y 83 asuntos.

La reducción de la duración media de tramitación de los asuntos es otra consecuencia, lógica, de la mayor utilización de los autos, ya que permite al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre los asuntos que se le someten sin fase oral, e incluso sin fase escrita, del procedimiento. Por ello, en 2022, la duración media de tramitación de los asuntos, de todos los tipos, fue de 16,4 meses, lo que supone una ligera disminución con respecto al año anterior (16,6 meses en 2021).

Un análisis más detallado de los datos estadísticos revela, no obstante, un panorama más heterogéneo, ya que, si bien el plazo medio de tramitación en los recursos de casación se redujo notablemente, pasando de 15,1 meses en 2021 a 11,9 meses en 2022, ha seguido aumentando en los recursos directos y, sobre todo, en las remisiones prejudiciales. Mientras que el plazo medio de tramitación de las peticiones de decisión prejudicial era de 15 meses en 2016 y de 15,5 meses en 2019, fue aumentando progresivamente hasta los 15,9 meses en 2020, 16,7 meses en 2021 y 17,3 meses en 2022. Este aumento obedece a la creciente complejidad de los asuntos sometidos al Tribunal de Justicia, que exigen un examen cada vez más profundo de las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales remitentes, pero es también motivo de preocupación para el Tribunal de Justicia, ya que la duración de su tramitación se añade a la del procedimiento nacional. Por lo tanto, todo aumento del plazo de tramitación de los asuntos por el Tribunal de Justicia repercute inmediatamente en la duración global del procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente y en la capacidad de este para resolver el asunto del que conoce. Este factor, entre otros, se encuentra en el origen de la petición legislativa mencionada en las líneas que siguen.

Asuntos pendientes

A 31 de diciembre de 2022, 1 111 asuntos se hallaban pendientes ante el Tribunal de Justicia, es decir, salvo por dos, el mismo número de asuntos que a 31 de diciembre del año anterior (1 113 asuntos). La mayor parte de ellos eran peticiones de decisión prejudicial (774 asuntos) y recursos de casación (259 asuntos).

Para poder seguir tramitando estos asuntos de manera satisfactoria y dentro de un plazo razonable, el 30 de noviembre de 2022 el Tribunal de Justicia dirigió al legislador de la Unión una petición de modificación del Protocolo (n.º 3) sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta petición persigue un doble objetivo.

Por una parte, pretende ampliar el ámbito de aplicación del mecanismo de previa admisión a trámite de los recursos de casación, contemplado en el artículo 58 bis del Estatuto, a los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal General relativas a las resoluciones de las salas de recurso independientes de seis órganos u organismos de la Unión que ya existían cuando entró en vigor el citado mecanismo el 1 de mayo de 2019, pero que no se mencionan aún en el artículo 58 bis del Estatuto, [9] así como a los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal General dictadas en virtud del artículo 272 TFUE.

Por otra parte, pretende hacer uso de la posibilidad que ofrece el artículo 256 TFUE, apartado 3, transfiriendo parcialmente al Tribunal de Justicia la competencia prejudicial en seis ámbitos concretos específicamente designados: el sistema común del impuesto sobre el valor añadido, los impuestos especiales, el código aduanero y la clasificación arancelaria de las mercancías en la nomenclatura combinada, la compensación y la asistencia a los pasajeros, así como el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Como es obvio, esta transferencia de competencia se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el Tribunal General de remitir el asunto al Tribunal de Justicia si considera que el asunto requiere una resolución de principio que pueda afectar a la unidad o a la coherencia del Derecho de la Unión, como prevé expresamente el artículo 256 TFUE, apartado 3, párrafo segundo, pero debería no obstante originar una reducción significativa de la carga de trabajo del Tribunal de Justicia (y permitirle concentrarse en sus otros asuntos), ya que los asuntos planteados ante este órgano jurisdiccional en los ámbitos mencionados representan actualmente alrededor del 20 % del total de los asuntos prejudiciales.


[1]     DO L 29 de 31 de enero de 2020, p. 7.

[2]     Asunto C‑516/22, Comisión/Reino Unido, en el que la Comisión reprocha esencialmente al Reino Unido el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados y del Acuerdo de Retirada debido a una sentencia del Tribunal Supremo de dicho Estado que ordena la ejecución de un laudo arbitral considerado contrario al Derecho de la Unión por la Comisión y, luego, por el Tribunal de Justicia. Según la parte demandante, el Tribunal Supremo del Reino Unido debería haber suspendido la ejecución de este laudo a la espera del resultado del procedimiento pendiente ante los órganos jurisdiccionales de la Unión o haber planteado una cuestión de validez al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE, en relación con el artículo 127, apartado 1, del Acuerdo de Retirada.

[3]     Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4 de mayo de 2016, p. 1).

[4]     DO L 433 de 22 de diciembre de 2020, p. 1; corrección de errores en DO L 373 de 21 de octubre de 2021, p. 94.

[5]     Sentencias de 16 de febrero de 2022 en los asuntos Hungría/Parlamento y Consejo (C‑156/21, EU:C:2022:97) y Polonia/Parlamento y Consejo (C‑157/21, EU:C:2022:98).

[6]     Dictamen 1/20 (Tratado sobre la Carta de la Energía modernizado), de 16 de junio de 2022 (EU:C:2022:485).

[7]     En 2022, la Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación dictó 41 autos. En dos asuntos (C‑801/21 P, EUIPO/Indo European Foods, y C‑337/22 P, EUIPO/Nowhere), el recurso de casación fue admitido a trámite, por lo que el procedimiento prosiguió de conformidad con las disposiciones pertinentes del título V del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

[8]     Se trata, respectivamente, de los asuntos C‑663/20 P, JUR/Hypo Vorarlberg Bank y C‑664/20 P, JUR/Portigon y Comisión, archivados mediante autos de 3 de marzo de 2022 (EU:C:2022:162 y EU:C:2022:161), los asuntos acumulados C‑313/21 P y C‑314/21 P, Consejo/FI y Comisión/FI, archivados mediante auto de 22 de diciembre de 2022 (EU:C:2022:1045), y los asuntos acumulados C‑341/21 P y C‑357/21 P Comisión/KM y Consejo/KM, también archivados mediante auto de 22 de diciembre de 2022 (EU:C:2022:1042).

[9]   Se trata, respectivamente, de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía, la Junta Única de Resolución, la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea.


Asimismo, las estadísticas judiciales de varios años anteriores pueden consultarse en el sitio Curia, en la parte «Historial».