Estadísticas judiciales del Tribunal General - 2025

2025 fue, en muchos sentidos, un año intenso para el Tribunal General.

Para empezar, fue un año de renovación: en junio, dos nuevos Jueces se incorporaron al Tribunal General para ocupar sendos puestos que habían quedado vacantes en octubre de 2024 y, en septiembre, cuatro Jueces abandonaron el Tribunal General y tres nuevos Jueces se incorporaron con mandatos de seis años. Así, se sumó otra vacante a la que está pendiente de cubrirse desde octubre de 2024. En el Tribunal General, que está integrado, teóricamente, por 54 Jueces, nunca han estado cubiertos todos los puestos; hubo 51 Jueces hasta junio, 53 de junio a septiembre y 52 desde septiembre.

A continuación, pese a no estar en pleno, el Tribunal General concluyó el mayor número de asuntos de su historia durante un año natural. A pesar del número récord de asuntos iniciados, el Tribunal General redujo el número de asuntos pendientes al nivel más bajo de los últimos dieciocho años. Aplicando una corrección estadística que computa como una sola sentencia 404 asuntos acumulados, la duración media de los procedimientos ha registrado un descenso muy significativo.

Por último, en lo que respecta a las peticiones de decisión prejudicial que son competencia del Tribunal General desde octubre de 2024, este dictó a lo largo del año sus primeras sentencias y los Abogados Generales presentaron sus primeras conclusiones. El Tribunal General recibió un notable número de nuevas peticiones prejudiciales y adaptó su organización en este ámbito con la creación de dos salas especializadas que suceden a la Sala Prejudicial establecida transitoriamente hasta septiembre de 2025.

Examinemos juntos con más detalle este año en que se han batido todos los récords.

1. Asuntos iniciados: una fuerte alza

Las cifras correspondientes al año 2025 demuestran que la disminución histórica del número de asuntos iniciados en 2024 (786 nuevos asuntos) se debió efectivamente a razones coyunturales.

Con 989 asuntos presentados y un aumento del 26 % con respecto al año anterior, el Tribunal General registra el nivel de nuevos asuntos más elevado de su historia. Incluso si no se tienen en cuenta las 65 peticiones de decisión prejudicial planteadas en los ámbitos transferidos al Tribunal General, la cifra de 924 recursos directos y procedimientos especiales supera la de los cinco últimos años. [1]

2025 fue el primer año completo desde la reforma del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante la que la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia se transfirió al Tribunal General en determinadas materias específicas.

Se remitieron al Tribunal General 65 peticiones de decisión prejudicial en las materias de su competencia: 24 de ellas se refieren al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, 18 a la compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque o de retraso o cancelación de los servicios de transporte, ocho al código aduanero, siete a los impuestos especiales, otras siete a la clasificación arancelaria de las mercancías en la nomenclatura combinada y una al régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Se trata de un número inferior a las estimaciones que se realizaron en el momento de la solicitud legislativa, a pesar de que, finalmente, en pocos asuntos relativos a estas materias específicas tomó el Tribunal de Justicia la decisión de quedárselos por estar comprendidas también en una o varias materias distintas de las contempladas en el artículo 50 ter, párrafo primero, del Estatuto o por suscitar cuestiones independientes de interpretación del Derecho primario, el Derecho internacional público, los principios generales del Derecho de la Unión o la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ha de recordarse que, en 2025, de los 76 asuntos que tuvieron entrada en la «ventanilla única», solo nueve se mantuvieron en el Tribunal de Justicia y dos fueron sobreseídos.

Las peticiones de decisión prejudicial procedieron de 17 Estados miembros, aunque Alemania, con 21, tuvo una elevada contribución al total, seguida de Austria y Polonia, con siete cada una, y Bulgaria, con seis. Cabe señalar que nada menos que 13 tribunales supremos de trece Estados miembros presentaron peticiones prejudiciales comprendidas en la competencia del Tribunal General.

En lo que respecta a los recursos directos, se observa un ligero descenso del número de asuntos iniciados en materia de derechos de propiedad intelectual (257 frente a los 268 de 2024, lo que supone una caída del 4 %). Cabe señalar que el número de recursos ante las Salas de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) experimentó un aumento (+ 4,6 %), que, en la práctica, ha quedado neutralizado por la disminución de las resoluciones dictadas por dichas Salas (‑ 4,9 %). La tasa de interposición de recursos ante el Tribunal General contra las resoluciones dictadas por las Salas de Recurso de la EUIPO es de aproximadamente el 10 %, cifra que se mantiene estable con respecto a los años anteriores. Cabe indicar que esta materia, que desde el 22 de septiembre de 2025 tienen encomendadas siete salas específicas del Tribunal General, representa cerca del 26 % de los asuntos iniciados en 2025. De estos asuntos, 236 estaban comprendidos en el ámbito de las marcas y 19 en el de los dibujos y modelos. Se presentaron dos asuntos en el ámbito de las obtenciones vegetales contra resoluciones dictadas por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV). La mayor parte de estos asuntos (82 %) enfrentan a las partes en el procedimiento ante las Salas de Recurso (asuntos inter partes).

Los asuntos de función pública iniciados en 2025 sobre la base del artículo 270 TFUE experimentan un incremento significativo (109 frente a los 76 de 2024, lo que supone un aumento del 43 %). Esta materia, que desde el 22 de septiembre de 2025 tienen encomendada tres salas específicas del Tribunal General, representa el 11 % de los asuntos iniciados en 2025. A estos 109 recursos han de añadirse quince recursos que, a los efectos de su atribución a esas tres salas, se encuadran en la materia «Función pública +» en virtud de una nueva definición de los asuntos de función pública, [2] que no se limita a los recursos interpuestos exclusivamente sobre la base del artículo 270 TFUE.

En el ámbito de las ayudas de Estado, el número de asuntos iniciados en 2025 aumenta en cuatro con respecto a 2024 (27 asuntos), aunque sigue estando muy por debajo de los elevados niveles que el Tribunal General ha registrado en el pasado. Por último, al igual que en 2023 y 2024, son muy pocos los asuntos en materia de competencia, que suman doce nuevos asuntos en 2025.

El contencioso en materia de medidas restrictivas siguió alimentando la actividad del Tribunal General, con 105 nuevos asuntos iniciados en 2025 (frente a los 63 de 2024). La proporción de ese contencioso es aún mayor si se tiene en cuenta que, en algunos casos, en vez de interponer un nuevo recurso, los demandantes impugnan nuevas medidas restrictivas en el marco de recursos pendientes presentando una adaptación de la demanda, de conformidad con el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. La gran mayoría de los nuevos asuntos comprendidos en esta materia (84 de 105) se refieren a la serie de medidas restrictivas adoptadas por la Unión en el marco de la guerra de la Federación de Rusia contra Ucrania, incluido en lo que se refiere a la implicación de Bielorrusia, a la situación en la República de Moldavia, al apoyo militar de Irán a Rusia o a sus actividades de desestabilización contra la Unión Europea o sus Estados miembros. Los demás asuntos comprendidos en este contencioso están relacionados con las situaciones en la República Árabe Siria (doce recursos), en la República de Túnez (dos recursos), en la República Democrática del Congo (seis recursos) y en Libia (un recurso). La mayor parte de estos recursos se interpusieron en lengua inglesa (57) y en lengua francesa (37).

Los asuntos comprendidos en la política económica y monetaria, ámbito que incluye, en particular, el Derecho bancario, siguen registrando un fuerte descenso (doce recursos interpuestos y un asunto devuelto en 2025 frente a los 33 de 2024 y los 56 de 2023). Cuatro asuntos se refieren a la readopción de la decisión relativa a las contribuciones ex ante al Fondo Único de Resolución para 2021, tres nuevos asuntos y el asunto devuelto tratan de la adopción de decisiones de supervisión, dos asuntos versan sobre decisiones de la Junta Única de Resolución de iniciar un procedimiento de resolución y un asunto tiene como objeto la supuesta omisión por parte de la Comisión de su obligación de velar por la compatibilidad de la legislación nacional con el Derecho monetario de la Unión Europea. Por último, se han interpuesto dos recursos contra la decisión del Consejo por la que se adopta el euro en Bulgaria el 1 de enero de 2026 y contra determinados reglamentos relativos a esta cuestión, incluido el referente al tipo de conversión entre el euro y la leva búlgara.

En materia de regulación de los mercados y servicios digitales, se iniciaron siete asuntos en 2025. Tres se refieren al Reglamento de servicios digitales, el Reglamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act o DSA en inglés), y tienen por objeto el importe de la tasa de supervisión. Cuatro asuntos se refieren al Reglamento de mercados digitales, el Reglamento (UE) 2022/1925 (Digital Markets Act o DMA en inglés). En dos de ellos se pide la anulación de las decisiones de la Comisión en las que se especifican las medidas que el operador debía aplicar como guardián de acceso, mientras que los otros dos tienen por objeto la anulación de decisiones en las que se declara el incumplimiento de las obligaciones que incumben a los guardianes de acceso.

Por último, en lo que respecta al contencioso de urgencia, el número de demandas de medidas provisionales se mantuvo estable en 2025, en torno al promedio de los diez últimos años, con 40 demandas presentadas.

2. Actividad del Tribunal General: un año récord

El número bruto de asuntos concluidos en 2025 fue de 1 527, pero, si se computan como uno solo los 404 asuntos, sustancialmente idénticos, iniciados en octubre de 2023 y concluidos en diciembre de 2025 (T‑620/23 a T‑1023/23), la cifra se sitúa en 1 124. Se trata del número más elevado de la historia del Tribunal General, muy superior al anterior récord de 1 009 asuntos concluidos, que se remontaba a 2018. Sobre esta base, el aumento con respecto a los 922 asuntos concluidos en 2024 es del orden del 22 %.

A pesar de la entrada sin precedentes de nuevos asuntos, el Tribunal General logró reducir el número de asuntos pendientes a 1 167, el nivel más bajo desde 2007. La tasa de variación del número de asuntos pendientes o tasa de resolución (clearance rate), que refleja porcentualmente la relación entre los asuntos concluidos y los asuntos iniciados, se sitúa, en cifras brutas, en 154 y, excluyendo los 404 asuntos citados, en 114. Aplicando la misma corrección estadística, la duración teórica de tramitación del número de asuntos pendientes (disposition time), que se basa en la relación entre los asuntos pendientes y los asuntos concluidos, es de 379 días, la duración más baja de toda la historia del Tribunal General. Teniendo en cuenta la duración de los procedimientos escritos y, en muchos casos, los plazos necesarios para traducir los documentos procesales, el Tribunal General está ahora en condiciones de tramitar la mayoría de los asuntos tan pronto como estén listos para ello, sin tener que examinar antes asuntos pendientes. También significa que, trabajando con un flujo continuo, será difícil concluir tantos asuntos en 2026.

Los esfuerzos de los miembros y del personal del Tribunal General, con el apoyo del personal de la institución, permitieron reducir de manera muy significativa la duración de los procedimientos. La cifra bruta de 18,9 meses no refleja esta mejora debido al peso estadístico de los 404 asuntos esencialmente idénticos que se han mencionado, cuya duración fue superior a la media, pero, si se computan estos asuntos como uno solo, la duración media de los procedimientos bajó de 18,5 a 16,0 meses.

Cabe señalar que:

• El porcentaje de asuntos resueltos por Salas de cinco Jueces, incluida la Sala Prejudicial, se sitúa, en datos brutos, en el 35,6 %, aunque, tras aplicar la corrección estadística relativa a los 404 asuntos idénticos, baja al 12,5 %, lo que supone una disminución con respecto a 2024 (20,2 %) y 2023 (13,6 %).

• El 60,8 % de los asuntos fueron resueltos por Salas de tres Jueces, porcentaje que asciende al 82,7 % con los datos corregidos, frente al 75,4 % de 2024.

• Dos asuntos fueron resueltos por la Gran Sala, integrada por quince jueces, y, por primera vez, dos asuntos lo fueron por la Sala Intermedia creada en 2024, que integran nueve jueces.

• Ningún asunto fue resuelto por un Juez único, frente a los cuatro de 2024 y los nueve de 2023.

• Los procedimientos sobre medidas provisionales resueltos en 2025 fueron 39, situándose en niveles cercanos a los de años anteriores (42 en 2024 y 40 en 2023).

• El 60,4 % de los asuntos resueltos en 2025 lo fueron mediante sentencia, porcentaje que se sitúa en el 46,2 % con los datos corregidos para tener en cuenta los 404 asuntos sustancialmente idénticos. El 78,4 % de los asuntos concluidos mediante sentencia lo fueron con vista oral, porcentaje que baja al 61,7 % con los datos corregidos.

El número de vistas orales en 2025 se situó en 232 (mismo número en 2024 y 286 en 2023) por 689 asuntos litigados (300 en 2024 y 419 en 2023).

En 2025, se celebraron tres vistas con videoconferencia (dos en 2024 y ninguna en 2023).

Parece útil destacar algunos datos relativos a la tramitación de las peticiones de decisión prejudicial remitidas al Tribunal General, competencia que comprende asuntos presentados con posterioridad al 1 de octubre de 2024. En 2025, el Tribunal General concluyó dieciséis asuntos, once mediante auto y cinco mediante sentencia, mientras que los dos Jueces elegidos para ejercer las funciones de Abogado General en esos asuntos presentaron seis conclusiones. La duración media de los procedimientos se situó en 6,2 meses, valor que se explica por la corta duración de algunos procedimientos en los que el órgano jurisdiccional remitente retiró rápidamente su petición. Por lo que se refiere a los asuntos resueltos mediante sentencia, la duración media de los procedimientos se situó en 10,9 meses, cifra que sigue siendo muy baja aun si se tiene en cuenta que las cinco sentencias se dictaron sin vista y sin conclusiones.

De los 1 167 asuntos pendientes ante el Tribunal General a 31 de diciembre de 2025, 276 (23,7 %) se refieren a la propiedad intelectual, 125 (10,7 %) a medidas restrictivas, 164 (14,1 %) a la materia «Función pública +» y 88 (7,5 %) al Derecho institucional. Aparte de estas materias, que representan en torno a la mitad del contencioso pendiente, los restantes asuntos se encuadran en muy distintos ámbitos, lo que pone de manifiesto una vez más la gran variedad de las materias de que conoce el Tribunal General.

En conclusión, el Tribunal General presenta unos resultados positivos tras un primer año de trabajo desde la entrada en vigor de la reforma que ha conllevado la transferencia de la competencia prejudicial en determinadas materias. Con las medidas organizativas e institucionales que ha establecido y su ritmo de trabajo sostenido, demuestra su capacidad para reaccionar y anticiparse a las necesidades a fin de garantizar la tramitación eficaz de los asuntos en que tiene competencia.

[1]    A los efectos de estos comentarios, la serie de 404 asuntos en lengua española sustancialmente idénticos (T‑620/23 a T‑1023/23), iniciados en 2023 y concluidos en 2025, se considera un único asunto.

[2]    Desde el 23 de septiembre de 2023, se trata de asuntos que traen causa de la relación de empleo entre la Unión Europea y su personal y, desde el 22 de septiembre de 2025, a estos se añaden los asuntos que traen causa de las relaciones entre las instituciones, órganos y organismos de la Unión y sus miembros o antiguos miembros, así como las personas que ejercen o han ejercido un mandato en dichas instituciones, órganos y organismos de la Unión.