Asuntos fundamentales ante el Tribunal de Justicia

Fundamentos del Derecho de la Unión

Van Gend & Loos

El Tribunal de Justicia dictó la que podría considerarse su sentencia más famosa en un asunto denominado Van Gend & Loos (1963).

Un tribunal neerlandés preguntó al Tribunal de Justicia si los tribunales nacionales podían aplicar por sí mismos una norma de la Unión que prohibía a los países aumentar los aranceles aduaneros en el comercio interior de la Unión. Las autoridades neerlandesas habían aumentado los aranceles sobre determinados productos químicos. La empresa de transportes Van Gend & Loos se había visto exigida a pagar estos aranceles superiores al importar productos químicos de Alemania a los Países Bajos, por lo que planteó el asunto ante un tribunal nacional. El Tribunal de Justicia concluyó que el tribunal nacional debía aplicar el Derecho de la Unión. Así se creó la doctrina del «efecto directo». Esta supone que los particulares pueden hacer valer directamente determinadas normas del Derecho de la Unión en los litigios ante los tribunales nacionales.

Costa/ ENEL

Un año después, el Tribunal de Justicia estableció otro principio fundamental en el asunto Costa/ENEL (1964).

Un tribunal italiano solicitó al Tribunal de Justicia orientación sobre un conflicto entre una norma de la Unión y una ley italiana posterior por la que se nacionalizó una compañía eléctrica. El Tribunal de Justicia declaró que el Derecho de la Unión goza de «supremacía» en caso de conflicto y que la ley nacional debe ser inaplicada. Es lo que se denomina la doctrina de la «supremacía» o «primacía» del Derecho de la Unión.

Conjuntamente, la doctrina del efecto directo y la de la primacía son las piedras angulares en que se asienta el Derecho de la Unión.

Francovich

En los años siguientes, el Tribunal de Justicia siguió acuñando importantes principios del Derecho de la Unión. En el asunto Andrea Francovich y otros/República Italiana (1991), introdujo el principio de la «responsabilidad del Estado».

Un grupo de trabajadores italianos perdió su salario debido a la quiebra de su empresario. Se había adoptado una directiva de la Unión destinada a proteger a los trabajadores en situaciones de este tipo. Sin embargo, Italia no había incorporado esta directiva a su propio ordenamiento jurídico nacional. Los trabajadores se quejaban de haber resultado perjudicados por el incumplimiento de Italia. El Tribunal de Justicia declaró que los particulares pueden demandar a un país de la Unión por los daños derivados del incumplimiento de la normativa de la Unión por parte de este.

Libre circulación de mercancías

Dassonville

El Tribunal de Justicia también ha desempeñado un papel crucial en la configuración de la libre circulación de mercancías dentro de la Unión. En el asunto Procureur du Roi/Benoît y Gustave Dassonville (1974), estableció lo que se conoce como la «fórmula Dassonville».

Las normas de la Unión prohíben a los Estados miembros imponer límites a las importaciones a su país procedentes de otros países de la Unión. También prohíben cualquier disposición nacional de «efecto equivalente» a ese límite. En este caso, Bélgica exigía certificados de origen para el whisky escocés. Gustave Dassonville, mayorista en Francia, y su hijo Benoît, que dirigía una sucursal de la empresa en Bélgica, habían comprado botellas de whisky «Johnnie Walker» y «Vat 69» en Francia para venderlas en Bélgica. Como en Francia no se exigían esos certificados, no pudieron facilitarlos. En consecuencia, fueron procesados en Bélgica.

El Tribunal de Justicia declaró que las normas nacionales que restringen directa o indirectamente el comercio en la Unión tienen un efecto equivalente a los límites a las importaciones.

Cassis de Dijon

El razonamiento de la sentencia Dassonville fue profundizado en el asunto Rewe-Zentral AG/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (1979), también conocido como Cassis de Dijon.

Alemania no permitía que el licor «Cassis de Dijon» se importara de Francia para su venta en Alemania, ya que no cumplía las normas alemanas sobre el contenido de alcohol. Para poder venderse en Alemania como licor, una bebida debía tener un contenido de alcohol superior al 25 %. El Cassis de Dijon solo tenía una graduación alcohólica del 16 %. Rewe-Zentral, un supermercado alemán, denunció esta norma ante un tribunal nacional, el cual formuló a su vez una serie de preguntas al Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia declaró que cualquier producto legalmente producido y vendido en un país de la Unión debe poder entrar en el mercado de los demás países de la Unión. Es lo que se conoce como principio de «reconocimiento mutuo».

Libre circulación de personas

Grzelczyk

Además de reconocer la libre circulación de mercancías, el Tribunal de Justicia también ha afirmado la libre circulación de personas dentro de la Unión, por ejemplo, en el asunto Rudy Grzelczyk/Centre Public d'Aide Sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve (2001).

Un estudiante francés residente en Bélgica se había mantenido por sus propios medios durante los tres primeros años de sus estudios, pero el cuarto año solicitó una prestación de ingresos mínimos. Sin embargo, esta le fue denegada por ser extranjero. El Tribunal de Justicia consideró que ello constituía un trato injusto, ya que la ciudadanía de la Unión otorga a las personas el derecho a la igualdad de trato ante la ley, independientemente de su nacionalidad.

Ruiz Zambrano

Una década después, en el asunto Ruiz Zambrano (2011), el Tribunal de Justicia amplió el concepto de ciudadanía de la Unión.

Este asunto se refería a dos niños nacidos en Bélgica que tenían nacionalidad belga. Sus padres eran de nacionalidad colombiana. Los padres se exponían a ser deportados, lo que habría tenido como consecuencia que los niños tuvieran que abandonar el territorio de la Unión. El Tribunal de Justicia declaró que los países de la Unión deben conceder la residencia y un permiso de trabajo a los nacionales de terceros países cuyos hijos menores y económicamente dependientes tengan la nacionalidad de ese país de la Unión. Negarles estos derechos privaría a sus hijos del pleno disfrute de sus derechos como ciudadanos de la Unión. Este asunto reforzó la idea de que la ciudadanía de la Unión confiere ciertos derechos no solo al individuo, sino también a los miembros de su familia.

Derechos individuales

Internationale Handelsgesellschaft

El Tribunal de Justicia abordó la cuestión de la protección de los derechos individuales en el asunto Internationale Handelsgesellschaft (1970).

Una empresa alemana, Internationale Handelsgesellschaft, impugnó el sistema de licencias de exportación agrícola de la Unión. Alegó que el sistema de licencias menoscababa el derecho que le garantizaba la Constitución alemana a ejercer libremente su actividad empresarial.

El tribunal alemán que conoció de la impugnación preguntó al Tribunal de Justicia si la Unión está obligada a respetar ciertas normas en materia de derechos humanos. Los Jueces concluyeron que el respeto de los derechos fundamentales es un aspecto esencial de los principios generales del Derecho de la Unión, que el Tribunal de Justicia tiene como misión defender.

Defrenne

Este principio se desarrolló más ampliamente en el asunto Defrenne/SABENA (1976).

Una azafata, la Sra. Defrenne, demandó a su antiguo empleador, la compañía aérea belga SABENA, reclamando una indemnización por la pérdida que había sufrido en términos de salario y otros derechos como consecuencia de la desigualdad de retribución entre los miembros femeninos y masculinos de la tripulación que desempeñaban funciones idénticas. El Tribunal de Justicia declaró que el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres podía alegarse ante los tribunales nacionales en los litigios entre trabajadores y empleadores. Con el fin de garantizar la igualdad de género en el lugar de trabajo, la Sra. Defrenne pudo valerse del Derecho de la Unión ante el tribunal nacional en su litigio contra la compañía aérea para la que trabajaba.

Conclusión

Estas importantes sentencias del Tribunal de Justicia han influido profundamente en el desarrollo del Derecho de la Unión y en la protección de los derechos de los ciudadanos. Demuestran el compromiso de la Unión con la justicia, la igualdad y el Estado de Derecho, dando forma al panorama jurídico de todos los Estados miembros y sus ciudadanos