Estadísticas judiciales del Tribunal General - 2023
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Comentarios acerca de las estadísticas del Tribunal General correspondientes a 2023
Por Vittorio Di Bucci, Secretario del Tribunal General
Por primera vez desde que tomé posesión de mi cargo el 5 de junio de 2023, tengo el honor de empuñar la pluma para comentar las estadísticas anuales relativas a la actividad jurisdiccional. Al igual que mi predecesor, Emmanuel Coulon, considero que este ejercicio es esencial para recordar la evolución de los litigios, examinar determinadas consecuencias de la actividad legislativa, reglamentaria y decisoria de las instituciones y órganos de la Unión Europea y evaluar los efectos de las decisiones tomadas por el Tribunal General.
Para permitir una correcta lectura de las estadísticas correspondientes a 2023, es necesario señalar, antes de nada, la existencia de una serie de 404 asuntos planteados en octubre de 2023 (T‑620/23 a T‑1023/23), que son sustancialmente idénticos, que versan sobre la modificación del régimen voluntario de pensión complementaria de los diputados del Parlamento Europeo y que pertenecen a la materia «Derecho institucional» (véase el cuadro n.º 4, infra). Esta serie ha tenido una incidencia enorme en el número de asuntos planteados, que, por primera vez en la historia del Tribunal General, han superado el millar y que ascienden a 1 271. Si estos asuntos, que han sido acumulados, se contabilizaran como uno solo, el número de recursos interpuestos sería 868 y se situaría en un nivel próximo al de los años precedentes (904 en 2022, 882 en 2021 y 847 en 2020).
Asuntos planteados: primeros asuntos relativos a la regulación de los mercados digitales y algunas fluctuaciones en otras materias
Un nuevo ámbito litigioso relativo a la regulación de los mercados y servicios digitales ha surgido en 2023, como consecuencia de la adopción por parte de la Unión Europea de los Reglamentos (UE) 2022/2065, de servicios digitales (en inglés: Digital Services Act, DSA), y 2022/1925, de mercados digitales (en inglés: Digital Markets Act, DMA). El primero supone la regulación de todos los intermediarios y plataformas en línea, regulación que aplican tanto las autoridades nacionales como la Comisión y que, en este último caso, puede dar lugar a recursos ante el Tribunal General (dos en 2023: T‑348/23, Zalando/Comisión, y T‑367/23, Amazon Services Europe/Comisión). El segundo es una normativa dirigida específicamente a los grandes grupos digitales que les impone obligaciones vinculadas a su designación como «guardianes de acceso». Corresponde a la Comisión, bajo el control del juez de la Unión, designar a estos grupos y aplicarles estas normas. Tres demandantes han interpuesto ya cuatro recursos ante el Tribunal General para impugnar decisiones adoptadas en el marco del procedimiento de designación como guardián de acceso (asuntos T‑1077/23, Bytedance/Comisión, T‑1078/23, Meta/Comisión, y T‑1079/23 y T‑1080/23, Apple/Comisión). Se han puesto en marcha una serie de medidas de organización interna con el fin de preparar al Tribunal General para este nuevo ámbito litigioso y para los recursos que puedan afectar a otra novedad legislativa, el Reglamento (UE) 2022/2560, sobre las subvenciones extranjeras. Entre estas medidas hay que señalar que el Tribunal General ha decidido modificar la decisión por la que se fijan los criterios para la atribución de los asuntos a las Salas (DO 2023, C 286, p. 2).
En el contexto de las materias tradicionales de los litigios ante el Tribunal General, se observa un ligero aumento en los ámbitos de la función pública (82 asuntos, frente a 66 en 2022) y de la propiedad intelectual (310 asuntos, frente a 270 en 2022).
Los litigios en materia de medidas restrictivas han seguido impulsando la actividad del Tribunal General, pero en menor medida que en 2022. En 2023, se han iniciado 63 asuntos, frente a los 103 de 2022. La mayoría de los nuevos asuntos en esta materia (41 de 63) se refieren a la serie de medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea en 2022 contra personas físicas y entidades en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania. En varios asuntos pendientes, la mayoría de los cuales se refieren a medidas restrictivas, los demandantes han adaptado sus demandas con arreglo al artículo 86 del Reglamento de Procedimiento para impugnar la prórroga o la modificación de las medidas que los afectan, en lugar de impugnar estas decisiones por medio de un nuevo recurso. Esta técnica tiene la ventaja de concentrar el examen de varios actos en el contexto de un único asunto, pero sobrecarga los litigios y complica su gestión, sobre todo cuando la adaptación de la demanda se produce justo antes de la vista oral o en el curso de esta. El Tribunal General se plantea modificar su Reglamento de Procedimiento en este punto para disponer que la adaptación de la demanda deba presentarse en un breve lapso de tiempo tras la notificación de la decisión del Tribunal General de abrir la fase oral del procedimiento. Ello permitiría mantener cierta flexibilidad en cuanto al régimen contencioso de las prórrogas y modificaciones de los actos adoptados por las instituciones de la Unión, pero al mismo tiempo limitaría los inconvenientes con que se encuentra actualmente el Tribunal General.
Los asuntos relacionados con la política económica y monetaria —ámbito que incluye, entre otros, el Derecho bancario— siguen aumentando cada año y han alcanzado la cifra de 56 nuevos asuntos planteados en 2023. Dado que la mayoría de estos asuntos se refiere a las aportaciones anuales de los bancos al Fondo Único de Resolución y que el período inicial de aportación de ocho años está llegando a su fin, esta cifra podría disminuir en los próximos años.
En el ámbito de las ayudas de Estado, el aumento circunstancial del número de recursos en 2022 (68 nuevos asuntos) no se ha confirmado en 2023. El incremento de la actividad en esta materia estaba vinculado a la interposición en 2022 de numerosos recursos contra la decisión de la Comisión sobre el régimen de ayudas aplicado por Portugal para la Zona Franca de Madeira, lo cual deja patente que la actividad del Tribunal General depende de los actos adoptados por las instituciones y órganos de la Unión Europea y de la impugnación de la legalidad de tales actos. Los 10 nuevos asuntos registrados en este ámbito en 2023 suponen la cifra más baja desde que el Tribunal General asumió la competencia para conocer de los recursos interpuestos por particulares en materia de ayudas de Estado, en 1993.
Por último, los asuntos en materia de competencia se siguen manteniendo en un nivel históricamente bajo, con 13 nuevos asuntos en 2023.
Cifras que reflejan la actividad del Tribunal General
Con 904 asuntos concluidos a lo largo del año, el Tribunal General obtiene mejores resultados que la media de los últimos años. También se consigue reducir el número de asuntos pendientes, ya que los asuntos terminados superan en 36 a los nuevos, si se contabiliza como un único asunto la serie de 404 asuntos esencialmente idénticos. Sobre esta base, los 1 438 asuntos pendientes a 31 de diciembre de 2023 suponen una ligera mejora respecto a los 1 474 que se contabilizaban un año antes. Esta mejora podría ampliarse en 2024, año en el que el Tribunal General debería poder concluir algunos grandes grupos de asuntos. Parece confirmar que el Tribunal General está en condiciones de asumir la transferencia de determinadas competencias prejudiciales, prevista para el otoño de 2024, y aligerar así la carga de trabajo del Tribunal de Justicia.
Ha de señalarse que:
- casi el 14 % (13,61 %) de los asuntos han sido resueltos por formaciones jurisdiccionales ampliadas de cinco Jueces, lo que confirma la tendencia al alza de las remisiones a formaciones ampliadas ya observada en 2022 (12 %; 123 asuntos resueltos por una formación ampliada en 2023, frente a 100 en 2022). Las formaciones ampliadas dictan en su gran mayoría sentencias, pero no se excluye la adopción de autos (10 en 2023, 8 en 2022);
- el 79 % de los asuntos fueron concluidos por formaciones jurisdiccionales de tres Jueces, frente al 82 % en 2022. Este descenso puede explicarse por la remisión más frecuente a una formación ampliada, como se ha explicado anteriormente;
- un asunto fue concluido por el Tribunal General constituido en Gran Sala, tras la devolución del asunto a este órgano jurisdiccional por el Tribunal de Justicia, que había resuelto en casación (asunto T‑65/18 RENV, Venezuela/Consejo, relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela);
- 9 asuntos fueron dirimidos por un Juez único (ocho sentencias, un auto), frente a 2 en 2022 y 3 en 2021;
- el número de demandas de medidas provisionales presentadas ha aumentado ligeramente (41 en 2023, frente a 37 en 2022), al igual que el número de procedimientos de medidas provisionales concluidos (40 en 2023, frente a 37 en 2022);
- el 59 % de los asuntos concluidos en 2023 lo fueron mediante sentencia y el 41 % mediante auto. En el 66 % de los asuntos terminados mediante sentencia se había celebrado una vista oral.
El número de vistas orales celebradas ha aumentado significativamente (286 vistas, frente a 241 en 2022 y 240 en 2021), con 419 asuntos que han sido objeto de vista oral (303 en 2022 y 290 en 2021). Cabe señalar que en 2023 se organizaron 10 vistas comunes que abarcaron un total de 70 asuntos. Desde el 1 de abril de 2023, el artículo 106 bis del Reglamento de Procedimiento contempla la posibilidad de organizar una vista oral común a varios asuntos no acumulados. Una de ellas abarcó un total de 42 asuntos (en el grupo de asuntos T‑700/13, Caixabank y otros/Comisión, relativo a la ayuda de Estado ejecutada por España en favor de determinadas agrupaciones de interés económico y de sus inversores en forma de régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero para la adquisición de buques, también conocidos como «sistema español de arrendamiento fiscal»).
No se ha celebrado ninguna vista con videoconferencia en todo el año, a pesar de que el 1 de abril de 2023 entraron en vigor nuevas normas sobre la utilización de este dispositivo. Aunque esta posibilidad se abrió inicialmente cuando una parte no podía desplazarse a los locales del Tribunal General debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, el artículo 107 bis del Reglamento de Procedimiento establece ahora que una parte pueda solicitarla por motivos de seguridad u otros motivos graves (por ejemplo, una huelga en el sector aéreo) que impidan al representante participar físicamente en la vista. Esta evolución se explica por el fin de la pandemia.
La duración media de los procedimientos ha aumentado ligeramente. Se sitúa en 18,2 meses en 2023 para los asuntos concluidos mediante sentencia o auto (frente a 16,2 meses en 2022 y 17,3 meses en 2021) y en 21 meses (frente a 20,4 en 2022 y 20,3 en 2021) si se tienen en cuenta exclusivamente los asuntos concluidos mediante sentencia. A este respecto, ha de señalarse que la duración media de los procedimientos de esta última categoría oscila entre una media de 37,1 meses en los asuntos de Derecho de la competencia o de 34,1 meses en los asuntos de ayudas de Estado y una media de 13,7 meses en los asuntos de propiedad intelectual. La conclusión de varios asuntos o grupos de asuntos complejos, en particular en los ámbitos de las ayudas de Estado y de la competencia, ha contribuido a aumentar la duración de los procedimientos.
De los 1 841 asuntos pendientes ante el Tribunal General a 31 de diciembre de 2023 (cifra bruta que incluye los 404 recursos idénticos), el 29 % son asuntos de Derecho institucional (como se ha indicado anteriormente, los 404 asuntos mencionados forman parte de los 543 asuntos pendientes a 31 de diciembre de 2023 pertenecientes a esta materia), el 13 % de política económica y monetaria y el 9,5 % de ayudas de Estado. En lo que respecta a las materias objeto de especialización dentro del Tribunal General, la propiedad intelectual representa el 18 % de los asuntos pendientes y la función pública, el 6 % de tales asuntos, porcentajes que se mantienen estables respecto al año anterior. En cuanto a las formaciones jurisdiccionales, cabe observar que se ha incrementado el recurso a la Gran Sala, con 6 asuntos pendientes ante esta formación a finales de 2023, que se dividen en dos grupos, uno relativo al Fondo de Recuperación y Resiliencia y otro en materia de medidas restrictivas.
Aspectos destacados de 2023 y perspectiva
En 2023, el Tribunal General ha proseguido su política de gestión proactiva de los asuntos y ha adoptado nuevas medidas para tratar los macroasuntos y los grandes grupos de asuntos desde el momento en que se registran. Estas medidas también deberían facilitar la reanudación de determinados grupos de asuntos que hayan quedado suspendidos hasta que se resuelvan en casación los asuntos identificados como asuntos piloto. Los objetivos que se persiguen son los de racionalizar y acelerar los procedimientos en los asuntos más complejos, que se asignarán a las Salas y a los Jueces Ponentes sobre la base de criterios específicos, estarán sujetos a un calendario indicativo, que se irá revisando a medida que avance el procedimiento, y podrán beneficiarse de mayores recursos, así como de un tratamiento prioritario por parte de la célula de lectores de sentencias y de los servicios de traducción.
Los preparativos para la transferencia parcial de la competencia para pronunciarse sobre peticiones de decisión prejudicial han avanzado a buen ritmo a lo largo del año y continuarán en 2024. Incluyen, entre otros aspectos, la adaptación del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de las normas en materia de procedimiento (Reglamento de Procedimiento, normas prácticas de desarrollo y textos derivados). El 7 de diciembre de 2023, se ha podido alcanzar un acuerdo político sobre la reforma del Estatuto que ha sido posteriormente confirmado por el Parlamento Europeo y por el Consejo. El Tribunal General ha elaborado un proyecto de reforma de su Reglamento de Procedimiento que, una vez que cuente con el acuerdo del Tribunal de Justicia, será enviado al Consejo a principios de 2024 para su aprobación. Los demás textos, que son esencialmente competencia en exclusiva del Tribunal General, también están en preparación. Además de la modificación de las normas procesales, será necesaria una actividad considerable de adaptación de las estructuras, los métodos y los flujos de trabajo o de las herramientas informáticas, así como de formación del personal, para que el Tribunal General y su Secretaría puedan hacer frente con éxito a la llegada de las primeras peticiones de decisión prejudicial, prevista para el último trimestre de 2024.
La modernización del servicio público de justicia, que contribuye a la eficacia del sistema judicial europeo, ocupa también un lugar central en la actividad del Tribunal General. A las medidas adoptadas en años anteriores para digitalizar todo el proceso judicial, desde la presentación en principio obligatoria de los escritos a través de la aplicación e-Curia hasta la firma electrónica de las resoluciones judiciales, se añaden también los trabajos emprendidos por la institución para crear un sistema integrado de gestión de los asuntos (SIGA) y aquellos otros que permitirán al Tribunal General gestionar la llegada de los procedimientos prejudiciales en 2024.
La actividad de la Secretaría del Tribunal General: información sobre una actividad siempre intensa
Merece una especial atención la actividad, siempre intensa, de la Secretaría del Tribunal General.
A lo largo del año se han superado varios umbrales y se han batido diversos récords:
- el umbral de los 20 000 asuntos iniciados ante el Tribunal General desde su creación, con el registro del asunto T‑1148/23, PAN Europe/Comisión, presentado el 8 de diciembre de 2023;
- el de los 1 000 asuntos iniciados a lo largo de un año (1 271 asuntos). La presentación de 404 asuntos idénticos, a los que anteriormente se hizo referencia, no incrementa significativamente la carga de trabajo de las formaciones jurisdiccionales, pero ha tenido un impacto considerable en la actividad de la Secretaría, que los ha registrado, los ha notificado, ha publicado anuncios en el Diario Oficial y ha preparado su acumulación;
- una cifra récord de documentos procesales inscritos en el Registro (62 020);
- una cifra récord de escritos presentados en la Secretaría (5 264 escritos que no son demandas);
- el porcentaje más bajo de subsanación de escritos de demanda (22,9 %, frente al 31,96 % en 2022 y al 41,2 % en 2021), resultado al que ha contribuido no solo el hecho de que se ha incluido el grupo de 404 asuntos, sino también una reducción de ciertas formalidades en el contexto de la reforma del Reglamento de Procedimiento y la difusión en el sitio de Internet Curia de un recordatorio y de modelos orientativos de demandas;
- la cifra de páginas presentadas mediante la aplicación e-Curia ha alcanzado las 1 762 453 páginas a lo largo del año.
La Secretaría ha asistido a los Jueces del Tribunal General en 334 reuniones de Sala (352 en 2022 y 338 en 2021) y en 286 vistas orales.
Además, el 94 % de los documentos se presentan en formato electrónico mediante la aplicación e-Curia, cuyo uso se hizo obligatorio el 1 de diciembre de 2018, salvo algunas excepciones. En 2023, la presentación por esta vía ha supuesto un volumen de casi dos millones de páginas (1 762 453 páginas). Es preciso señalar que el uso de la aplicación e-Curia no será obligatorio en los procedimientos prejudiciales, pero se fomentará encarecidamente debido a las ventajas que ofrece para los órganos jurisdiccionales nacionales, para los interesados y para el Tribunal General.
Véase también:
Estadísticas judiciales del Tribunal - 2022
Asimismo, las estadísticas judiciales de varios años anteriores pueden consultarse en el sitio Curia, en la parte «Historial».
