Presentación

Después de que el Tratado de Niza estableciera en 2003 la posibilidad de crear tribunales especializados a nivel de la Unión Europea, el 2 de noviembre de 2004 el Consejo de la UE decidió crear el Tribunal de la Función Pública, cuya misión, hasta entonces desempeñada por el Tribunal General de la Unión Europea, consistía en resolver los litigios entre la Unión Europea y su personal. En 2015, debido al aumento del número de litigios y a la excesiva duración de la tramitación de los asuntos ante el Tribunal General, el legislador de la Unión decidió incrementar progresivamente el número de jueces del Tribunal General hasta llegar a 56 y traspasar al Tribunal General las competencias del Tribunal de la Función Pública. El Tribunal de la Función Pública quedó disuelto el 1 de septiembre de 2016.

El Tribunal de la Función Pública estaba compuesto por siete Jueces nombrados por el Consejo, por un período de seis años renovable, tras una convocatoria de candidaturas y previa consulta a un comité creado al efecto. Al proceder al nombramiento de los Jueces, el Consejo buscaba una composición equilibrada del Tribunal de la Función Pública, tratando de que la base geográfica y la representación de los diferentes sistemas jurídicos nacionales fueran lo más amplias posible. Los Jueces del Tribunal de la Función Pública designaban entre ellos a su Presidente, por un período de tres años renovable. Este Tribunal actuaba en Salas compuestas por tres Jueces o, cuando la dificultad o la importancia de las cuestiones jurídicas lo justificaran, en Pleno. Los Jueces nombraban a un Secretario por un período de seis años.

El Tribunal de la Función Pública era competente para conocer en primera instancia de los litigios de la función pública europea, lo que representaba aproximadamente 150 asuntos al año para un personal que ascendía a unas 40 000 personas, sumando el de todas las instituciones, órganos y agencias de la Unión Europea. Dichos litigios se referían, no sólo a cuestiones relativas a las relaciones laborales propiamente dichas (retribuciones, desarrollo de la carrera, selección y contratación, medidas disciplinarias, etc.), sino también al régimen de seguridad social (enfermedad, jubilación, invalidez, accidentes laborales, complementos familiares, etc.). Era también competente en los litigios relativos al personal de ciertas instituciones u órganos específicos, como Eurojust, Europol, el Banco Central Europeo, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y el Servicio Europeo de Acción Exterior. Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de la Función Pública podía interponerse en un plazo de dos meses un recurso de casación ante el Tribunal General, limitado a las cuestiones de Derecho. Las resoluciones adoptadas en casación por el Tribunal General podían ser reexaminadas, a su vez, por el Tribunal de Justicia en casos excepcionales.

A lo largo de su existencia, el Tribunal de la Función Pública contó con un total de 14 Jueces procedentes de 14 Estados miembros diferentes, además de un Secretario de nacionalidad alemana, y dictó 1549 sentencias.