Estadísticas judiciales del Tribunal de Justicia - 2024
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Breve resumen de las principales tendencias estadísticas del año transcurrido — Un año «extra» ordinario
Por
Marc-André Gaudissart
Secretario adjunto del Tribunal de Justicia
Como cada año, tengo el placer de tomar la pluma para comentar brevemente las estadísticas judiciales del año transcurrido y ofrecer al lector algunas claves para la lectura y la comprensión de los datos relativos a los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia o concluidos por este.
Si bien no siempre es un ejercicio fácil, pues en ocasiones las variaciones de un año a otro son de escasa entidad y, por lo tanto, no permiten evidenciar evoluciones notables o detectar tendencias recurrentes, el año 2024 constituye sin duda una excepción a la regla. En muchos aspectos, el pasado año puede efectivamente calificarse de extraordinario, en el sentido propio de la palabra, tanto por el número de asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia en 2024 como por el número de asuntos concluidos por este. Uno y otro recuerdan, en efecto, los máximos históricos alcanzados en 2019 y confieren pleno sentido a la reforma legislativa que entró en vigor el 1 de septiembre de 2024 y que ha llevado al Tribunal de Justicia a compartir su competencia prejudicial con el Tribunal General, único competente en lo sucesivo para responder a las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión en las materias específicas contempladas en el artículo 50 ter del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»). [1]
1. Asuntos planteados
Por lo que respecta, en primer lugar, a los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia en 2024, su número ascendía a 920 asuntos. No se trata de la cifra más elevada de la historia del Tribunal de Justicia ―el récord se estableció cinco años antes, con 966 nuevos asuntos en 2019―, pero aun así supone un incremento del 12 % con respecto al año anterior (821 nuevos asuntos en 2023) y no incluye la veintena de peticiones de decisión prejudicial presentadas en la Secretaría del Tribunal de Justicia después del 1 de octubre de 2024 y que fueron transmitidas al Tribunal General tras el análisis preliminar contemplado en el artículo 93 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. De no haberse llevado a cabo la reforma mencionada, el número de asuntos destinados al Tribunal de Justicia en 2024 habría sido, por tanto, aún mayor.
Como cabía esperar, las peticiones de decisión prejudicial siguen constituyendo el grueso de los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia en 2024, con nada menos que 573 nuevas peticiones de decisión prejudicial (frente a 518 en 2023), pero se observa asimismo un aumento de la proporción de recursos de casación en los litigios de que conoce el Tribunal de Justicia, ya que el número de recursos de casación, recursos de casación en procedimientos sobre medidas provisionales y recursos de casación en procedimientos sobre demandas de intervención interpuestos en 2024 fue de 277, cifra superior a la de los recursos de casación interpuestos en 2023 (231), pero también superior al máximo alcanzado en 2019 (con 266 nuevos recursos de casación interpuestos ese año). Este aumento obedece a la adopción por el Tribunal General de un gran número de resoluciones que pusieron fin a la instancia en los litigios que enfrentaban a varias decenas de entidades bancarias con la Junta Única de Resolución. Al haber anulado el Tribunal General las decisiones de este órgano sobre el cálculo de las contribuciones ex ante al Fondo Único de Resolución, la Junta Única de Resolución, el Consejo de la Unión Europea o los bancos impugnaron las resoluciones del Tribunal General. Se interpusieron nada menos que 76 recursos de casación ante el Tribunal de Justicia. Dado que el objeto de estos asuntos es sustancialmente idéntico y los motivos invocados por los recurrentes se solapan en gran medida, el Tribunal de Justicia, en interés de una buena administración de la justicia, identificó determinados asuntos «piloto» y, con el acuerdo de las partes interesadas, decidió suspender la tramitación de los demás asuntos a la espera de las futuras resoluciones en los asuntos piloto.
A diferencia de las peticiones de decisión prejudicial y los recursos de casación, los recursos directos acusaron un ligero retroceso en 2024 con respecto al año anterior (53 nuevos asuntos, frente a 60 en 2023), pero cabe destacar en particular la interposición del primer recurso basado en el artículo 8, párrafo primero, del Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, transmitido en nombre de la Assemblée nationale de la République française (Asamblea Nacional de la República Francesa) por el Gobierno de dicho Estado, [2] y dos recursos por incumplimiento interpuestos por la Comisión contra el Reino Unido en virtud del artículo 87, apartado 1, del Acuerdo sobre la retirada de dicho Estado de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Presentados el 20 de diciembre de 2024, pocos días antes de que expirase el plazo de cuatro años contemplado en el citado artículo del Acuerdo de Retirada, estos recursos pretenden que se declare que el Reino Unido ha incumplido, por una parte, las obligaciones establecidas en los artículos 45 y 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como en diversos artículos de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, [3] [4] y, por otra parte, las obligaciones que le incumben en virtud de diversas disposiciones de los Tratados, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de los principios generales del Derecho, al no haber extraído todas las consecuencias que se derivan de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Achmea [5] y al no haber puesto fin a los tratados bilaterales de inversión entre el Reino Unido y los Estados miembros de la Unión. [6]
Además de algunas solicitudes de asistencia jurídica gratuita o demandas de tasación de costas, cabe señalar, por último, la presentación por la Comisión, el 13 de septiembre de 2024, de una solicitud de dictamen sobre la naturaleza (exclusiva o compartida) de la competencia de la Unión para celebrar el acuerdo sobre el transporte aéreo entre el Sultanato de Omán, por una parte, y la Unión y sus Estados miembros, por otra. Presentada en virtud del artículo 218, apartado 11, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, esta solicitud suscitó un vivo interés, ya que, excepto uno, todos los Estados miembros de la Unión, así como el Parlamento Europeo y el Consejo, presentaron observaciones escritas sobre la cuestión planteada por la Comisión.
Un examen más detenido del objeto de los asuntos planteados al Tribunal de Justicia durante el año transcurrido muestra que, en conjunto, concuerda con el de los años anteriores. Al igual que en el pasado, en 2024 se han sometido al Tribunal de Justicia numerosos asuntos en materia de competencia o de ayudas de Estado, de protección de los consumidores y del medio ambiente o de política social y de transportes, pero lo que sin duda llamará más la atención al lector es el elevado número de asuntos relativos a la política económica y monetaria y a las medidas restrictivas adoptadas en el contexto de la guerra en Ucrania, así como el número de asuntos relativos al espacio de libertad, seguridad y justicia. Nada menos que 123 asuntos, entre ellos 117 peticiones de decisión prejudicial, se plantearon ante el Tribunal de Justicia en este ámbito en 2024, 40 más que el año anterior. Muchos de estos asuntos proceden de Italia.
El análisis de la procedencia geográfica de las peticiones de decisión prejudicial dirigidas al Tribunal de Justicia en 2024 constituye, a este respecto, otro factor muy esclarecedor. En efecto, mientras que las remisiones procedentes de los órganos jurisdiccionales italianos habían experimentado un fuerte descenso en 2023, su número se disparó por completo en 2024, ya que estos presentaron casi un centenar de remisiones prejudiciales al Tribunal de Justicia en 2024 (98, frente a solo 43 en 2023), el mayor número de remisiones procedentes de dicho Estado desde 1952. En cambio, el número de remisiones procedentes de los órganos jurisdiccionales alemanes siguió una trayectoria inversa, ya que, con 66 peticiones de decisión prejudicial, el número de peticiones procedentes de los tribunales de dicho Estado es el más bajo de los últimos quince años (en 2023 se elevaba aún a 94 peticiones y tres años antes, en 2020, a 140), mientras que el número de remisiones prejudiciales efectuadas por los órganos jurisdiccionales polacos se mantuvo estable, ya que estos se dirigieron al Tribunal de Justicia en 47 ocasiones en 2024 (frente a 48 el año anterior). Los siguieron, por este orden, los tribunales austriacos, búlgaros y belgas, con 39, 38 y 36 peticiones de decisión prejudicial, respectivamente. En este contexto, cabe señalar como dato interesante que, de las 36 peticiones presentadas por los órganos jurisdiccionales belgas, nada menos que 5 proceden de la Cour constitutionnelle (tribunal constitucional) de dicho Estado. Sus cuestiones prejudiciales se refieren a materias tan diversas como la protección de los datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas, la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información y la validez de las medidas adoptadas por el Consejo de la Unión Europea para hacer frente a los elevados precios de la energía, en un contexto geopolítico más que incierto.
Por último, por lo que respecta a los procedimientos urgentes, se observa una intensificación de las solicitudes de aplicación del procedimiento acelerado o del procedimiento de urgencia. Mientras que el número de estas solicitudes había experimentado una merma considerable en los dos años anteriores (con, respectivamente, 52 solicitudes en 2022 y 43 solicitudes en 2023), volvió a subir en 2024, con más de 75 solicitudes, incluyendo todos los tipos de asuntos. El procedimiento de urgencia se aplicó en 6 ocasiones el año pasado, al igual que el procedimiento acelerado, que también se utilizó en 6 asuntos que tratan, respectivamente, sobre la interpretación de las disposiciones relativas al régimen de la entrega de personas a efectos del ejercicio de acciones penales en el marco del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, [7] a la interpretación de las disposiciones relativas a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas [8] y a la interpretación del concepto de «país de origen seguro» que figura, entre otros, en los artículos 36, 37 y 38 y en el anexo I de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60). [9]
2. Asuntos concluidos
Si bien el año transcurrido recuerda en muchos aspectos al año 2019 por lo que respecta al número de asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia, tal constatación es aún más cierta en cuanto se refiere a los asuntos concluidos por este órgano jurisdiccional. En efecto, en 2024, el Tribunal de Justicia concluyó 863 asuntos, una cifra casi idéntica al récord de asuntos concluidos cinco años antes (865 asuntos). Este resultado, que supone un aumento del 10 % en comparación con el año anterior, en el que se concluyeron 783 asuntos, refleja los continuos esfuerzos del Tribunal de Justicia por hacer frente a su carga de trabajo, en constante aumento, dentro de un contexto marcado, además, por la partida de un miembro en febrero de 2024 y el fallecimiento de otro miembro en activo cuatro meses más tarde. En el momento de escribir estas líneas, esos dos miembros no habían sido aún sustituidos, lo que obliga a un órgano jurisdiccional integrado por veintisiete Jueces a funcionar con tan solo veinticinco.
Fiel reflejo de la proporción que representan de los asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia, no resulta sorprendente que las remisiones prejudiciales y los recursos de casación supongan la mayor parte de los asuntos concluidos por este órgano jurisdiccional. Si se examina más detalladamente el modo de conclusión de los asuntos durante el año pasado, se observa que el Tribunal de Justicia concluyó un mayor número de asuntos mediante sentencia. Se resolvieron así 595 asuntos por esta vía en 2024, mientras que un año antes dicho número se elevaba a 535. En cambio, el número de asuntos resueltos mediante auto acusó un leve descenso, tanto en lo que respecta a los asuntos prejudiciales como a los recursos de casación. De este modo, los recursos de casación resueltos mediante auto solo representaron el 40 % del total de los recursos de casación concluidos en 2024, mientras que este porcentaje superaba aún el 50 % un año antes y el 60 % en 2022. Este factor repercute, ineludiblemente, sobre la duración media de los procedimientos.
Dado que el año pasado el Tribunal de Justicia resolvió un gran número de recursos de casación, especialmente en materia de competencia y de ayudas de Estado, al término de un procedimiento completo que incluyó tanto la celebración de una vista como la presentación de conclusiones por parte del Abogado General, el plazo medio de tramitación de estos asuntos pasó de 13,9 meses en 2023 a 18,4 meses en 2024.
Se observa asimismo un aumento de la duración media de tramitación de las peticiones de decisión prejudicial y de los recursos directos, pero menos significativo que en el caso de los recursos de casación. El plazo medio de tramitación de las peticiones de decisión prejudicial pasó, en efecto, de 16,8 meses en 2023 a 17,2 meses en 2024, en tanto que el plazo medio de tramitación de los recursos directos pasó en el mismo período de 20,8 meses a 21,5 meses, manteniéndose dentro de unos límites razonables habida cuenta de que el Tribunal de Justicia concluyó un elevado número de asuntos que se hallaban pendientes desde varios años antes y, en particular, los recursos interpuestos por diversos Estados miembros en octubre de 2020 contra las normas adoptadas por el legislador de la Unión en materia de establecimiento y cabotaje, tiempos máximos de conducción y desplazamiento de conductores en el sector del transporte por carretera. La sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 4 de octubre de 2024 se pronuncia conjuntamente sobre quince recursos y consta por sí sola de casi mil quinientos apartados. [10]
La combinación de estos factores conduce, lógicamente, a un aumento de la duración media de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia, que, considerando conjuntamente todos los tipos de asuntos, fue de 17,7 meses en 2024, frente a 16,1 meses un año antes. En lo que respecta, en cambio, a los asuntos sustanciados por el procedimiento de urgencia, que requieren siempre una mayor precaución habida cuenta de los ámbitos sensibles que abarcan, es de señalar que la duración media de su tramitación pasó de 4,3 meses en 2023 a 3,3 meses en 2024, una duración muy próxima a la que se pretendía al instaurarse este procedimiento, en marzo de 2008. [11]
Por lo que se refiere al desglose de las resoluciones dictadas por formación jurisdiccional, es de señalar sobre todo el fuerte aumento del número de resoluciones dictadas por la Gran Sala del Tribunal de Justicia. En 2024, dicha formación concluyó 75 asuntos, frente a solo 36 asuntos el año anterior. Esta cifra se explica, como hemos visto, por la resolución de un grupo de quince asuntos conexos relativos a la normativa europea en materia de transportes, pero también por la renovación parcial de la composición del Tribunal de Justicia, en octubre de 2024. El mandato de un gran número de Jueces finalizaba en octubre de 2024, por lo que era conveniente resolver antes de su partida los asuntos atribuidos a una formación en la que actuaban para evitar problemas de quorum. Pues bien, muchos de estos asuntos habían sido remitidos a la Gran Sala.
Si bien la proporción que corresponde a las Salas de tres Jueces de los asuntos concluidos por el Tribunal de Justicia en 2024 sigue siendo mayoritaria, puesto que representa el 46 % de los asuntos concluidos mediante sentencia o auto de carácter jurisdiccional, la proporción correspondiente a las Salas de cinco Jueces ha continuado no obstante aumentando, alcanzando casi el 42 %. El número total de asuntos concluidos por estas formaciones jurisdiccionales en 2024 ascendía a 359 asuntos en el caso de las Salas de tres Jueces ―incluida la Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación― y a 324 asuntos en el caso de las Salas de cinco Jueces. Un año antes, esta cifra se situaba, respectivamente, en 381 asuntos (Salas de tres Jueces) y 298 asuntos (Salas de cinco Jueces).
Por último, hay que apuntar que en 2024 el Tribunal de Justicia dictó una decisión en su formación más solemne, el Pleno: la sentencia de 30 de abril de 2024 en el segundo asunto «Quadrature du Net». El Tribunal de Justicia, a petición nuevamente del Conseil d’État francés (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo), tuvo que aportar varias precisiones adicionales importantes acerca de la interpretación de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales. [12]
3. Asuntos pendientes
Si bien, como hemos visto, el número de asuntos concluidos por el Tribunal de Justicia en 2024 fue excepcionalmente elevado, sigue, no obstante, siendo inferior al de asuntos planteados en ese mismo año, lo que tiene como lógica consecuencia el aumento del número de asuntos pendientes ante dicho órgano jurisdiccional, que ascendía a 1 206 asuntos a 31 de diciembre de 2024. Se trata de la cifra más elevada jamás registrada en los anales del Tribunal de Justicia. Pone de manifiesto, sin lugar a dudas, la confianza que los ciudadanos y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión depositan en el Tribunal de Justicia para resolver las cuestiones de interpretación del Derecho de la Unión a las que se enfrentan, pero también evidencia toda la importancia de la reforma legislativa que entró en vigor en septiembre de 2024, ya que esta tiene por objeto reequilibrar la carga de trabajo entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General, transfiriendo a este último una parte de la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia.
Evidentemente, resulta prematuro por el momento hacer balance de esta reforma, pero la evolución del número de asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia, en particular en las materias específicas contempladas por la transferencia de competencia, será objeto de un atento seguimiento para evaluar el impacto de la misma, tanto sobre la tramitación de los asuntos en cuestión por el Tribunal General como sobre la carga de trabajo del Tribunal de Justicia y el plazo de tramitación de los asuntos, que fue uno de los factores que motivaron la petición de modificación del Estatuto.
[1] Recordemos que se trata de las seis materias siguientes: 1) el sistema común del impuesto sobre el valor añadido; 2) los impuestos especiales; 3) el código aduanero; 4) la clasificación arancelaria de las mercancías en la nomenclatura combinada; 5) la compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque o de retraso o cancelación de los servicios de transporte, y 6) el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
[2] Asunto C‑553/24, Assemblée Nationale/Parlamento y Consejo. Este recurso tiene por objeto la anulación del Reglamento (UE) 2024/1351 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la gestión del asilo y la migración, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2021/1147 y (UE) 2021/1060 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 604/2013 (DO L de 22 de mayo de 2024).
[3] DO L 158 de 30 de abril de 2004, p. 77.
[4] Asunto C‑892/24, Comisión/Reino Unido.
[5] Sentencia de 6 de marzo de 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158).
[6] Asunto C‑894/24, Comisión/Reino Unido.
[7] Asuntos C‑202/24, Alchaster (sentencia de 29 de julio de 2024, EU:C:2024:649), y C‑743/24, Alchaster II.
[8] Asuntos acumulados C‑244/24 y C‑290/24, Kaduna (sentencia de 19 de diciembre de 2024, EU:C:2024:1038).
[9] Asuntos acumulados C‑758/24 y C‑759/24, Alace y Canpelli.
[10] Asuntos acumulados C‑541/20 a C‑555/20, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad), EU:C:2024:818.
[11] Véase a este respecto la declaración adoptada por el Consejo el 20 de diciembre de 2007 en el marco de la adopción de su decisión por la que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia, en el sentido de que «el procedimiento prejudicial de urgencia debería concluirse en un plazo de tres meses» (DO L 24 de 29 de enero de 2008, p. 44).
[12] Asunto C‑470/21, La Quadrature du Net y otros (Datos personales y lucha contra la vulneración de derechos de propiedad intelectual), EU:C:2024:370.
Véase también
Asimismo, las estadísticas judiciales de varios años anteriores pueden consultarse en el sitio Curia, en la parte «Historial».
