Actividad judicial

Una agente de estación solicitó en varias ocasiones a su empleador que se la destinara a un puesto de trabajo con horarios fijos. La solicitud se basaba en la necesidad de cuidar de su hijo, que padece una grave discapacidad y tiene una invalidez total. El empleador le concedió, con carácter provisional, algunos ajustes. Sin embargo, se negó a convertirlos en permanentes. La agente impugnó la negativa y el asunto llegó hasta el Tribunal de Casación italiano. Este remitió el asunto al Tribunal de Justicia porque tenía dudas sobre la interpretación del Derecho de la Unión en materia de protección contra la discriminación indirecta de un empleado que, pese a no ser una persona con discapacidad, se ocupa de su hijo menor de edad que padece una grave discapacidad. El Tribunal de Justicia respondió que la prohibición de la discriminación indirecta por razones de discapacidad, de acuerdo con la Directiva marco sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, se hace extensiva asimismo a un empleado que es víctima de tal discriminación por la asistencia que presta a su hijo discapacitado.

Sentencia de 11 de septiembre de 2025 en el asunto Bervidi (C‑38/24)

La ley danesa de vivienda pública tiene por objeto reducir el porcentaje de viviendas públicas familiares en las «zonas de transformación». Se trata de zonas que se caracterizan, en particular, por el hecho de que, en los últimos cinco años, la proporción «de inmigrantes procedentes de países no occidentales y sus descendientes» ha superado el 50 %. En aplicación de dicha ley, parte de los contratos de arrendamiento de viviendas públicas familiares situadas en dos zonas residenciales de los municipios de Slagelse y Copenhague se resolvieron o iban a resolverse en el futuro próximo. El órgano jurisdiccional danés que conocía de diversos litigios relativos a estas resoluciones de contrato se preguntaba si la normativa en cuestión constituye una discriminación directa o indirecta basada en el origen étnico. En su sentencia, el Tribunal de Justicia aclaró las situaciones que pueden constituir discriminación basada en el origen étnico. Subrayó que el origen étnico depende de varios factores. Para determinar la pertenencia a un grupo étnico, no basta con un criterio considerado aisladamente, como la nacionalidad o el país de nacimiento. A los efectos de examinar si existe una discriminación directa, corresponderá al juez nacional comprobar si el criterio relacionado con la proporción de inmigrantes y sus descendientes se basa verdaderamente en el origen étnico de la mayoría de los residentes de las «zonas de transformación» y si, por tal razón, sufren un trato menos favorable, como un mayor riesgo de que los contratos de arrendamiento se resuelvan anticipadamente. Si el órgano jurisdiccional nacional constata una eventual discriminación indirecta, deberá verificar si, no obstante, está justificada. En particular, le corresponderá cerciorarse, a este respecto, de que la ley en cuestión persigue un objetivo de interés general de manera proporcionada y observa, en particular, el derecho fundamental al respeto del domicilio.

Sentencia de 18 de diciembre de 2025 en el asunto Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvaenge (C‑417/23)

En dos sentencias, el Tribunal Constitucional polaco declaró contrarias a la Constitución nacional determinadas disposiciones de los Tratados tal como las interpreta el Tribunal de Justicia y calificó expresamente de ultra vires (es decir, adoptada fuera de las competencias que tiene atribuidas) la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la tutela judicial efectiva. Al considerar que estas sentencias violan diversos principios fundamentales del Derecho de la Unión, incluida su primacía, la Comisión interpuso un recurso por incumplimiento contra Polonia ante el Tribunal de Justicia. Este estimó dicho recurso y consideró que Polonia había incumplido sus obligaciones por la violación, por parte de su Tribunal Constitucional, del principio de tutela judicial efectiva y por el quebrantamiento de la primacía, la autonomía, la efectividad, la aplicación uniforme del Derecho de la Unión y el efecto vinculante de las resoluciones del Tribunal de Justicia. Este también estimó el recurso de la Comisión en lo referente a una serie de graves irregularidades que viciaron el nombramiento de tres jueces del Tribunal Constitucional polaco y de su presidenta, lo que ponía en tela de juicio que dicho Tribunal Constitucional fuera un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, a los efectos del Derecho de la Unión.

Sentencia de 18 de diciembre de 2025 en el asunto Comisión/Polonia (Control ultra vires de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia — Primacía del Derecho de la Unión) (C‑448/23)

Tras la agresión militar de Rusia contra Ucrania en 2022, la Unión Europea adoptó una serie de medidas restrictivas. En 2023, el Consejo de la Unión Europea amplió los criterios que permiten imponer estas medidas a personas o entidades. Así, un nuevo criterio permite inmovilizar los fondos y recursos económicos de las entidades que operan en el sector ruso de las tecnologías de la información titulares de licencias expedidas por el Centro de Autorización, Certificación y Protección de Secretos de Estado del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) o de licencias de «armas y equipo militar» expedidas por el Ministerio de Industria y Comercio ruso. Positive Group PAO, sociedad rusa del ámbito de la ciberseguridad, tiene una de estas licencias a través de su filial y fue incluida en la lista de entidades sancionadas. Solicitó que la inclusión fuera anulada, pero el Tribunal General desestimó su recurso. Este consideró que el criterio utilizado es claro, jurídicamente previsible y proporcionado en relación con los objetivos perseguidos: ejercer presión sobre Moscú y frenar su capacidad para llevar a cabo acciones de guerra, incluido en el ámbito de la información. El Consejo pudo considerar, sin error, que la sociedad debía ser incluida en la lista por depender de una licencia del FSB, aunque la titular de esta sea su filial.

Sentencia de 10 de septiembre de 2025 en el asunto Positive Group/Consejo (T‑573/23)

La solicitud de protección internacional de un nacional de un tercer país puede denegarse en el marco de un procedimiento fronterizo acelerado cuando su país de origen haya sido designado como «seguro» por un Estado miembro. El Tribunal de Justicia precisó que esta designación puede realizarse mediante acto legislativo, siempre que este pueda ser objeto de un control judicial efectivo. Las fuentes de información en las que se fundamenta dicha designación deben ser accesibles para el solicitante y para el juez nacional. Sin embargo, un Estado miembro no puede incluir un país en la lista de países de origen seguros si este no ofrece una protección suficiente a toda su población.

Sentencia de 1 de agosto de 2025 en los asuntos acumulados Alace y Canpelli (C‑758/24 y C‑759/24)

Dos solicitantes de asilo en Irlanda se habían visto obligados a vivir en condiciones indignas después de que el Estado invocara la saturación de sus centros para denegarles un alojamiento. El Tribunal de Justicia consideró que este tipo de denegación, incluso en un contexto de afluencia masiva e imprevisible de solicitantes de protección internacional, constituye una violación grave del Derecho de la Unión y puede generar la responsabilidad del Estado. El recordó que los Estados miembros están obligados, en virtud de la Directiva de acogida, a garantizar a los solicitantes de protección internacional unas condiciones de acogida que garanticen un nivel de vida adecuado, ya sea mediante alojamiento, ayuda económica, vales o una combinación de estas formas de apoyo a una vida digna.

Sentencia de 1 de agosto de 2025 en el asunto The Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth y otros (C‑97/24)

Un hombre originario de Irak había solicitado asilo en Grecia alegando un riesgo real para su vida. La solicitud fue denegada y el recurso que interpuso se consideró «manifiestamente infundado» solo porque no había comparecido personalmente ante el comité competente. La legislación griega establecía, en efecto, en tal situación, una presunción automática de recurso abusivo. El Tribunal de Justicia consideró que tal normativa viola el Derecho de la Unión: la exigencia de comparecer personalmente para que se examine el recurso es desproporcionada cuando solo sirve para comprobar la presencia del interesado y no para darle una verdadera audiencia. Grecia debería haber ofrecido otras soluciones menos gravosas, como la representación por un abogado, la comparecencia local o una simple prueba de presencia, a fin de garantizar un verdadero acceso al recurso efectivo.

Sentencia de 3 de julio de 2025 en el asunto Al Nasiria (C‑610/23)

Una sociedad alemana vendía un complemento alimenticio a base de azafrán y zumo de melón afirmando que mejoraba el estado de ánimo y reducía el estrés y el cansancio. Una asociación denunció esa práctica publicitaria ante los tribunales, al considerar que se trataba de declaraciones de propiedades saludables contrarias al Derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia declaró que, mientras la Comisión no haya concluido el examen científico de las declaraciones de propiedades saludables relativas a sustancias vegetales y no las haya incluido en las listas oficiales, esas declaraciones no pueden utilizarse en la publicidad, a no ser que estén comprendidas en un régimen transitorio, lo que no ocurría en este caso.

Sentencia de 30 de abril de 2025 en el asunto Novel Nutriology (C‑386/23)

En 2019, la sociedad italiana Nero Lifestyle presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de registro de la marca denominativa NERO CHAMPAGNE. El Comité interprofessionnel du vin de Champagne y el Institut national de l’origine et de la qualité se opusieron. Sostenían que la marca podía aprovecharse abusivamente de la reputación de los productos con la denominación de origen protegida (DOP) Champagne, cuya protección ofrece una garantía de calidad debido a su procedencia geográfica. La oposición fue parcialmente denegada por la EUIPO y las organizaciones profesionales recurrieron ante el Tribunal General. En su sentencia, este anuló la decisión de la EUIPO y estimó la oposición. En consecuencia, se desestimó la solicitud de registro de la marca NERO CHAMPAGNE.

Sentencia de 25 de junio de 2025 en el asunto Comité interprofessionnel du vin de Champagne e INAO/EUIPO — Nero Lifestyle (NERO CHAMPAGNE) (T‑239/23)

El cubo de Rubik no puede protegerse como marca de la Unión: el Tribunal General confirmó la anulación de las marcas registradas para este célebre rompecabezas tridimensional. La EUIPO había considerado que la forma del cubo, su estructura cuadriculada y la diferenciación de las caras se correspondían con elementos técnicos indispensables para su funcionamiento, lo que imposibilitaba su protección por el Derecho de marcas. Spin Master, titular de las marcas en cuestión, sostenía que algunos elementos, en particular los colores, no eran técnicos. El Tribunal General rechazó estos argumentos porque los colores no son más que un detalle secundario que sirve para distinguir las caras y lo esencial de la forma —los cuadrados, la estructura cuadriculada y la diferenciación de las caras— responde a una necesidad técnica: posibilitar la rotación y la identificación de los elementos del rompecabezas. Como todas las características esenciales del cubo están relacionadas con su función, no pueden protegerse como marca, por lo que se confirmaron las resoluciones de la EUIPO.

Sentencia de 9 de julio de 2025 en los asuntos Spin Master Toys UK/EUIPO — Verdes Innovations (Forma de un cubo con caras que poseen una estructura cuadriculada) (T‑1170/23 a T‑1173/23)

El Tribunal General anuló las resoluciones de la EUIPO por las que se declararon caducados los derechos de Ferrari sobre la marca denominativa TESTAROSSA para automóviles, piezas de recambio, accesorios y modelos a escala reducida, después de que la Oficina estimara que la marca no había sido objeto de uso efectivo entre los años 2010 y 2015. El Tribunal General declaró que, aunque el modelo Testarossa no se fabricaba desde 1996, durante el período en cuestión se habían vendido automóviles de ocasión a través de concesionarios y distribuidores autorizados, y que tal uso, junto con el servicio de certificación ofrecido por Ferrari, había constituido un uso efectivo de la marca con el consentimiento tácito del fabricante. El Tribunal General declaró lo mismo para las piezas de recambio y accesorios, cuyo origen se había verificado en el marco del servicio de certificación. En cuanto a los modelos a escala reducida, consideró que la marca había sido utilizada por terceros con la mención «producto oficial con licencia Ferrari», lo que había garantizado el origen comercial de los juguetes y demostrado un uso efectivo realizado con el consentimiento tácito de Ferrari. En consecuencia, el Tribunal General concluyó que Ferrari había mantenido el uso de la marca TESTAROSSA para todos los productos en cuestión.

Sentencia de 2 de julio de 2025 en los asuntos Ferrari/EUIPO — Hesse (TESTAROSSA) (T‑1103/23 y T‑1104/23)

Apple retiene una comisión sobre el precio de venta de las aplicaciones de terceros vendidas en su App Store. Según dos fundaciones neerlandesas que defienden los intereses colectivos de una pluralidad de usuarios no identificados, pero identificables, de los dispositivos Apple, esas comisiones son excesivas y los usuarios sufren un daño. Las fundaciones denunciaron las prácticas contrarias a la competencia de Apple y acudieron a los tribunales neerlandeses. Sin embargo, Apple aducía la falta de competencia del juez neerlandés, al considerar que el hecho dañoso alegado no se había producido en los Países Bajos ni, en particular, en Ámsterdam. En respuesta a la cuestión planteada al Tribunal de Justicia, este señala que la App Store en cuestión ha sido diseñada especialmente para el mercado neerlandés. Por lo tanto, el daño presuntamente sufrido con ocasión de las compras realizadas en ese espacio virtual puede materializarse en dicho territorio, con independencia del lugar en el que se encontraran los usuarios afectados en el momento de la compra. Por consiguiente, el juez neerlandés tiene competencia internacional y territorial.

Sentencia de 2 de diciembre de 2025 en el asunto Stichting Right to Consumer Justice y Stichting App Stores Claims (C‑34/24)

Una exdirigente de ETA que ya había sido condenada en Francia a veinte años de prisión por actos de terrorismo está procesada en España por el mismo atentado cometido en 1997, lo que podría elevar su pena a un total mínimo de cincuenta años, sin límite legal. A preguntas de un juez español sobre la aplicación del principio non bis in idem, el Tribunal de Justicia recordó que una persona no puede ser juzgada dos veces en la Unión por los mismos hechos, aunque la calificación jurídica difiera de un Estado a otro. Corresponde al juez español comprobar si los hechos juzgados en Francia son materialmente idénticos a aquellos por los que está procesada en España.

Sentencia de 11 de septiembre de 2025 en el asunto MSIG (C‑802/23)

Una mujer descubrió un anuncio falso publicado en el sitio de Internet rumano www.publi24.ro en el que se afirmaba que ofrecía servicios sexuales, con fotos y su número de teléfono, utilizados sin su consentimiento. Russmedia Digital, operador del sitio de Internet, retiró el anuncio en menos de una hora, pero este ya se había copiado en otros sitios de Internet. Tras obtener una indemnización en primera instancia y ver cómo se eximía de responsabilidad a esta empresa en apelación por ser un mero prestador de servicios de alojamiento de datos, la mujer recurrió ante el Tribunal Superior de Cluj, que consultó al Tribunal de Justicia sobre las obligaciones que incumben a un sitio de mercado en línea en virtud del Reglamento general de protección de datos (RGPD). Este declaró que el operador de un mercado en línea es responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en los anuncios que se publiquen en su plataforma y, antes de publicarlos, debe identificar los anuncios que incluyan datos sensibles, verificar la identidad o el consentimiento explícito de la persona afectada y negarse a publicarlo si no media el consentimiento de esta. También indicó que el operador debe aplicar medidas técnicas para impedir la copia ilícita de anuncios sensibles en otros sitios de Internet y que no puede invocar la exención de responsabilidad contemplada en la Directiva sobre el comercio electrónico para eludir las obligaciones que impone el RGPD.

Sentencia de 2 de diciembre de 2025 en el asunto Russmedia Digital e Inform Media Press (C‑492/23)

Una asociación impugnó ante la autoridad francesa de protección de datos personales la obligación impuesta a los clientes de SNCF Connect de indicar «señor» o «señora» cuando se realiza una compra en línea, al considerar que no es necesario recabar la identidad de género a la luz del Reglamento general de protección de datos (RGPD). El Tribunal de Justicia recordó que solo pueden recabarse los datos que sean estrictamente necesarios y que el tratamiento solo es lícito si es indispensable para la ejecución de un contrato o está justificado por un interés legítimo claramente explicado. Por último, el Tribunal aclaró que dicho tratamiento no puede justificarse por un interés legítimo si este no se ha anunciado, si excede de lo estrictamente necesario o si puede vulnerar los derechos fundamentales, en particular en materia de discriminación basada en el género. La recogida de datos relativos al término de cortesía con que dirigirse a los clientes no es objetivamente indispensable, en particular cuando tiene por finalidad personalizar la comunicación comercial.

Sentencia de 9 de enero de 2025 en el asunto Mousse (C‑394/23)

A una cliente austriaca se le negó un contrato de telefonía de 10 euros mensuales después de que una sociedad privada considerara, de manera totalmente automatizada, que no era solvente. La justicia austriaca declaró que esa sociedad no había respetado el Reglamento general de protección de datos (RGPD) porque no había explicado cómo se había tomado la decisión. El Tribunal de Justicia estimó que la persona afectada tiene derecho a una explicación comprensible cuando sus datos personales sean objeto de un tratamiento: hay que indicar qué datos se han utilizado y cómo han influido en el resultado, eventualmente mostrando qué habría cambiado si determinados datos hubieran variado. La empresa no puede escudarse en el secreto comercial para negarse a facilitar esa información; si se invoca dicho secreto, corresponde al juez o a la autoridad de control decidir hasta dónde puede concederse el acceso.

Sentencia de 27 de febrero de 2025 en el asunto Dun & Bradstreet Austria (C‑203/22)

El Sr. Philippe Latombe, ciudadano francés, solicitó la anulación de la decisión de la Comisión Europea que autoriza la transferencia de datos personales de la Unión Europea a los Estados Unidos. En su opinión, el sistema estadounidense no ofrece protección suficiente, en particular por la falta de independencia de la Data Protection Review Court (DPRC) y por la recogida de grandes cantidades de datos por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses. El Tribunal General desestimó el recurso. Consideró que los Estados Unidos han reforzado su marco jurídico en materia de protección de datos desde la adopción del nuevo decreto presidencial de 2022 y que el DPRC cuenta con garantías de independencia suficientes. En efecto, los jueces solo pueden ser destituidos por una justa causa y las autoridades de inteligencia no pueden influir en su labor. El Tribunal General también consideró que la recogida masiva de datos no contraviene el Derecho de la Unión por cuanto el DPRC garantiza un control judicial a posteriori. Por otra parte, la Comisión Europea seguirá estando obligada a supervisar de forma continuada el cumplimiento de este marco y podrá suspender la decisión si la protección ofrecida por el sistema estadounidense disminuye.

Sentencia de 3 de septiembre de 2025 en el asunto Latombe/Comisión (T‑553/23)

El Tribunal General condenó a la Comisión Europea a abonar 400 euros en concepto de daños y perjuicios a un ciudadano alemán cuyos datos personales se transfirieron a los Estados Unidos cuando se registró en un evento en el sitio de Internet de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Al utilizar la opción «conectarse con Facebook» en EU Login, la dirección IP del interesado se transmitió a Meta Platforms sin garantías adecuadas y sin que existiera una decisión de adecuación aplicable en aquel momento. El Tribunal General consideró que esa transferencia debía imputarse a la Comisión, que no había respetado ninguna de las condiciones establecidas en el Derecho de la Unión para el envío de datos a un tercer país. El Tribunal General reconoció la existencia de una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares y de un perjuicio inmaterial relacionado con la incertidumbre sobre el tratamiento de los datos, lo que genera la responsabilidad extracontractual de la Unión.

Sentencia de 8 de enero de 2025 en el asunto Bindl/Comisión (T‑354/22)

Grecia fue condenada por no haber ejecutado una sentencia de 2014 que le ordenaba poner fin a la utilización de un vertedero situado en el parque nacional marino de Zakynthos, hábitat protegido de la tortuga Caretta caretta. A pesar de los intercambios con la Comisión entre 2014 y 2023, el vertedero no se cerró ni se acondicionó de conformidad con las directivas europeas sobre residuos y siguió recibiendo residuos hasta finales de 2017. El Tribunal de Justicia constató este incumplimiento persistente e impuso a Grecia una multa coercitiva de 12 500 euros por día de retraso hasta la ejecución completa de la sentencia, así como una suma a tanto alzado de 5,5 millones de euros, debido a la gravedad y duración de la infracción, sus riesgos para la salud y el medio ambiente y los repetidos incumplimientos de Grecia en la gestión de residuos.

Sentencia de 9 de octubre de 2025 en el asunto Comisión/Grecia (Ejecución de la sentencia sobre el vertedero de Zakynthos) (C‑368/24)

Una periodista del The New York Times solicitó a la Comisión Europea acceso a los mensajes entre la presidenta Ursula von der Leyen y el presidente y director ejecutivo de Pfizer, al estimar que se habían empleado en las negociaciones sobre la compra de vacunas contra la COVID‑19. La Comisión denegó la solicitud aduciendo que no tenía esos mensajes. Sin embargo, el Tribunal General declaró que las explicaciones que se habían dado eran vagas y cambiantes y que la Comisión no había indicado claramente dónde y cómo había buscado tales documentos ni si los mensajes se habían suprimido o perdido. Además, la periodista había aportado elementos creíbles que demostraban que era muy probable que dichos intercambios se hubieran producido. El Tribunal General consideró que una institución europea no puede limitarse a negar que tenga los documentos, sin ofrecer ninguna prueba seria, sobre todo cuando se trata de decisiones públicas tan importantes. En consecuencia, anuló la decisión de la Comisión por la que se denegó el acceso a los documentos.

Sentencia de 14 de mayo de 2025 en el asunto Stevi y The New York Times/Comisión (T‑36/23)