Actividad judicial

Un ciudadano alemán impugnó ante un tribunal alemán la negativa del Ayuntamiento de Wiesbaden a expedirle un nuevo documento de identidad que no incluyera sus impresiones dactilares. El tribunal alemán solicitó al Tribunal de Justicia que examinara la validez del reglamento de la Unión que establece la obligación de integrar dos impresiones dactilares en los documentos de identidad. El Tribunal de Justicia declaró que esa obligación, justificada por la lucha contra la producción de documentos de identidad falsos y la suplantación de identidad, es compatible con los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales. Sin embargo, declaró la invalidez del reglamento, adoptado sobre una base jurídica errónea, pero mantuvo sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2026 para permitir la adopción de un nuevo texto. En efecto, el reglamento se basaba erróneamente en el artículo 21 TFUE, apartado 2 (libre circulación de los ciudadanos), en lugar del artículo 77 TFUE, apartado 3 (espacio de libertad, seguridad y justicia), que exige la unanimidad en el Consejo.

Sentencia Landeshauptstadt Wiesbaden, de 21 de marzo de 2024 (C‑61/22)

Una persona fue objeto de una inscripción en el registro policial de Bulgaria en el marco de un procedimiento de instrucción por falso testimonio. Tras ser condenada a una pena de libertad vigilada de un año y haber cumplido dicha sentencia, solicitó que se cancelara su inscripción en el registro policial. De conformidad con el Derecho búlgaro, sus datos son conservados en este registro sin más limitación temporal que la determinada por su fallecimiento. El Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo búlgaro preguntó al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de esa normativa con el Derecho de la Unión. Este respondió que la conservación general e indiferenciada de los datos biométricos y genéticos hasta el fallecimiento de las personas condenadas penalmente es contraria al Derecho de la Unión. La normativa nacional debe establecer la obligación del responsable del tratamiento de revisar periódicamente si esta conservación sigue siendo necesaria y reconocer al interesado el derecho a la supresión de esos datos en el supuesto de que ya no sea así.

Sentencia Direktor na Glavna direktsia Natsionalna politsia pri MVR — Sofia, de 30 de enero de 2024 (C‑118/22)

En dos sentencias distintas, el Tribunal de Justicia aportó precisiones fundamentales en lo que respecta a las facultades de investigación de las autoridades.

En un asunto relativo a un decreto francés que tenía por objeto proteger las obras amparadas por el derecho de autor o por un derecho afín al derecho de autor contra las infracciones cometidas en Internet, el Tribunal de Justicia precisó que los Estados miembros pueden imponer a los proveedores de acceso a Internet una obligación de conservación generalizada e indiferenciada de direcciones IP para permitir a la autoridad pública competente identificar a la persona sospechosa de haber cometido una infracción penal. Sin, embargo, esta conservación no debe permitir extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de la persona afectada. Para lograr ese resultado, los modos de conservación deben garantizar una separación estricta entre las diferentes categorías de datos personales conservados. En situaciones atípicas, cuando las particularidades de un procedimiento nacional posibiliten, asociando los datos e información recabados, que puedan obtenerse conclusiones precisas sobre la vida privada de la persona en cuestión, el acceso debe someterse a control previo por un órgano jurisdiccional o por una entidad administrativa independiente.

Sentencia La Quadrature du Net II, de 30 de abril de 2024 (C‑470/21)

En un asunto austriaco, la policía había intentado desbloquear el teléfono móvil del destinatario de un paquete que contenía cannabis. Al ser preguntado por la validez de esa investigación a la luz de una directiva sobre protección de los datos personales utilizados por la policía y por las autoridades judiciales, el Tribunal de Justicia precisó que el acceso a los datos contenidos en un teléfono móvil no está necesariamente limitado a la lucha contra la delincuencia grave. En efecto, si fuera así, existiría riesgo de impunidad para las infracciones penales en general y, por tanto, un riesgo para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión. Ese acceso, que constituye una injerencia grave en los derechos fundamentales del interesado a la protección de sus datos personales, requiere, no obstante, la autorización previa de un órgano jurisdiccional o de una autoridad independiente y debe ser proporcionado. El legislador nacional debe además definir los elementos que han de tenerse en cuenta para permitir ese acceso, como la naturaleza o las categorías de infracciones de que puede tratarse, y el propietario del teléfono deberá ser informado tan pronto como la comunicación de dicha información ya no pueda poner en peligro la investigación.

Sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck, de 4 de octubre de 2024 (C‑548/21)

Tras haber dimitido para acogerse a la jubilación anticipada, un empleado público del Ayuntamiento de Copertino (Italia) solicitó una compensación económica por los días de vacaciones no disfrutados. Sin embargo, la normativa italiana excluye ese derecho para los empleados del sector público. Al ser preguntado sobre la interpretación de la Directiva relativa al tiempo de trabajo, el Tribunal de Justicia confirmó que un trabajador tiene derecho a una compensación económica si no ha disfrutado de todas sus vacaciones antes de la extinción de su contrato, incluso en caso de renuncia voluntaria. Consideraciones de carácter económico, como el control del gasto público, no permiten justificar la privación de este derecho. Cabe, sin embargo, una excepción cuando el trabajador se ha abstenido deliberadamente de disfrutar de sus días de vacaciones cuando el empleador lo ha informado de manera suficiente del riesgo de perderlos y le ha instado a disfrutarlos.

Sentencia Comune di Copertino, de 18 de enero de 2024 (C‑218/22)

La Comisión Europea interpuso sendos recursos ante el Tribunal de Justicia contra la República Checa y Polonia porque esos Estados circunscriben el derecho de afiliación a un partido político únicamente a sus propios nacionales. Por consiguiente, según la Comisión Europea, los ciudadanos de la Unión que residen en esos Estados miembros sin ser sus nacionales están en una situación menos favorable en materia de sufragio pasivo en las elecciones municipales y europeas. El Tribunal de Justicia dio la razón a la Comisión y concluyó que la República Checa y Polonia habían incumplido las obligaciones que les incumben en virtud de los Tratados. En efecto, los ciudadanos que residen en un Estado miembro del que no son nacionales deben tener un acceso en igualdad de condiciones a los medios de que disponen los nacionales de ese Estado miembro para el ejercicio efectivo de sus derechos electorales, entre ellos, la pertenencia a un partido político. El Tribunal de Justicia consideró que esa diferencia de trato no puede justificarse por razones basadas en el respeto de la identidad nacional de Polonia o de la República Checa.

Sentencias Comisión/República Checa (C‑808/21) y Comisión/Polonia, de 19 de noviembre de 2024 (C‑814/21)

Una asociación alemana de consumidores impugnó ante un órgano jurisdiccional alemán la manera en que la cadena de supermercados Aldi Süd publicitaba las reducciones de precios. Según esa asociación, Aldi Süd no puede calcular una reducción del precio sobre la base del precio inmediatamente anterior a la oferta, sino que, de conformidad con el Derecho de la Unión, debe hacerlo sobre la base del precio más bajo aplicado durante los últimos treinta días. Tras ser preguntado por un órgano jurisdiccional alemán, el Tribunal de Justicia confirmó que una reducción del precio anunciada en publicidad se debe determinar sobre la base del precio más reducido aplicado durante los treinta días anteriores. De este modo, se impide que los comerciantes induzcan a error al consumidor aumentando el precio aplicado antes de anunciar una reducción del precio y presentando así falsas reducciones del precio.

Sentencia Aldi Süd, de 26 de septiembre de 2024 (C‑330/23)

Una directiva europea prohíbe desde 2019 la comercialización de productos fabricados con plástico oxodegradable, que se fragmenta por el efecto de la oxidación. Determinadas sociedades británicas que fabrican un aditivo prooxidante que, según ellas, permite que el plástico se biodegrade mucho más rápidamente que el plástico oxodegradable, acudieron ante el Tribunal General. Solicitaron la reparación del perjuicio que consideran haber sufrido por el hecho de que la prohibición de comercializar productos de plástico oxodegradable se aplique también al plástico que califican como «oxobiodegradable». El Tribunal General desestimó el recurso por considerar que el legislador europeo no había cometido ningún error manifiesto. En efecto, según los estudios científicos, el nivel de biodegradación del plástico que contiene un aditivo prooxidante es bajo o incluso inexistente. Además, ese tipo de plástico no es apto para ninguna forma de compostaje. Por último, su reciclaje resulta problemático, pues la tecnología actual no permite identificar el plástico que contiene un aditivo prooxidante y aislarlo del plástico convencional.

Sentencia Symphony Environmental Technologies y Symphony Environmental/Parlamento y otros, de 31 de enero de 2024 (T‑745/20)

Una ley italiana imponía a proveedores de servicios en línea establecidos fuera de Italia, como Airbnb, Expedia, Google y Amazon, obligaciones administrativas con el objetivo declarado de garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión. En particular, esos proveedores debían inscribirse en un registro especial, remitir informes periódicos y abonar contribuciones económicas. El Tribunal de Justicia, al que se había dirigido un órgano jurisdiccional italiano, declaró que esas medidas eran incompatibles con el Derecho de la Unión. Recordó que los proveedores de servicios en línea están principalmente sujetos a la legislación de su Estado miembro de origen, en este caso, Irlanda o Luxemburgo. Los Estados miembros donde ejercen sus actividades, como Italia, están vinculados por el principio de reconocimiento mutuo y, por lo general, no pueden imponer obligaciones adicionales que puedan limitar la libre prestación de estos servicios.

Sentencias Airbnb Ireland y Amazon Services Europe (asuntos acumulados C‑662/22 y C‑667/22), Expedia (C‑663/22), Google Ireland y Eg Vacation Rentals Ireland (asuntos acumulados C‑664/22 y C‑666/22) y Amazon Services Europe (C‑665/22), de 30 de mayo de 2024

Bytedance Ltd es una sociedad que, a través de sus filiales, ofrece la plataforma de red social en línea TikTok. La Comisión designó a Bytedance como guardián de acceso a un servicio básico de plataforma, en virtud del Reglamento europeo de mercados digitales (Digital Market Act), lo cual le exige respetar un conjunto específico de obligaciones jurídicas encaminadas a permitir que otras empresas puedan competir con el guardián de acceso e impedir determinadas prácticas desleales. Pronunciándose sobre un recurso interpuesto por Bytedance contra dicha decisión, el Tribunal General recordó que el legislador de la Unión había decidido aprobar el Reglamento europeo de mercados digitales para mejorar el funcionamiento del mercado interior. Constatando que en ese asunto se cumplían los criterios establecidos en dicho Reglamento, en particular, el valor de mercado mundial y el número de usuarios, el Tribunal General concluyó que la Comisión podía considerar fundadamente que Bytedance era un guardián de acceso, por lo que desestimó el recurso.

Sentencia Bytedance/Comisión, de 17 de julio de 2024 (T‑1077/23)

El proyecto de conexión fija del estrecho de Fehmarn prevé la construcción de un túnel sumergido bajo el mar Báltico entre Rødby, en la isla danesa de Lolland, y Puttgarden, en Alemania. La entidad pública danesa Femern A/S se encarga de su financiación, construcción y explotación. La Comisión consideró que las medidas financieras concedidas a Femern A/S por Dinamarca constituían una ayuda de Estado, que era no obstante compatible con el mercado interior. Dinamarca y dos compañías de ferris, Scandlines Danmark y Scandlines Deutschland solicitaron al Tribunal General la anulación de esa decisión. El Tribunal General desestimó los recursos y constató que la ventaja selectiva concedida a Femern A/S refuerza su posición en el mercado de los servicios de transporte frente a las demás empresas que ya operan en este mercado y que afecta a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. Sin embargo, el proyecto de conexión fija es de interés común europeo y aporta una contribución importante a la realización de los objetivos de la política de transportes de la Unión.

Sentencias Scandlines Danmark y Scandlines Deutschland/Comisión, Dinamarca/Comisión y Scandlines Danmark y Scandlines Deutschland/Comisión, de 28 de febrero de 2024 (T‑7/19, T‑364/20 y T‑390/20)

En septiembre de 2021, la sociedad Escobar Inc. (Puerto Rico, Estados Unidos) solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro del signo denominativo Pablo Escobar como marca de la Unión. El colombiano Pablo Escobar, fallecido en 1993, fue un presunto capo de la droga y narcoterrorista que fundó el cártel de Medellín (Colombia). La EUIPO denegó el registro por considerar que la marca era contraria al orden público y a las buenas costumbres. El Tribunal General, ante el que la sociedad Escobar interpuso recurso contra dicha denegación, confirmó la decisión de la EUIPO destacando que el nombre de Pablo Escobar se asocia al tráfico de drogas y al narcoterrorismo, de modo que la marca sería percibida como contraria a las normas morales fundamentales y a los valores indivisibles y universales en los que se basa la Unión.

Sentencia Escobar/EUIPO (Pablo Escobar), de 17 de abril de 2024 (T‑255/23)

En 2019, determinados acuerdos comerciales UE-Marruecos en materia de pesca y de productos agrícolas se hicieron extensivos al territorio del Sáhara Occidental sin que su población prestara explícitamente su consentimiento. El Frente Polisario, reconocido por la ONU como interlocutor privilegiado del pueblo saharaui, impugnó las decisiones del Consejo de la Unión Europea por las que se aprobaban dichos acuerdos ante el Tribunal General, que las anuló. El Tribunal de Justicia, que conoció del recurso de casación contra las sentencias del Tribunal General, consideró que los acuerdos infringían el Derecho internacional porque no se había consultado válidamente al pueblo saharaui, titular del derecho a la autodeterminación. Su consentimiento tampoco podía presumirse, porque los acuerdos no conferían ningún beneficio concreto en favor del pueblo saharaui, en forma de contrapartida financiera proporcionada habida cuenta de la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental o de las aguas adyacentes al mismo.

Sentencias Comisión y Consejo/Frente Polisario, de 4 de octubre de 2024 (asuntos acumulados C‑778/21 P y C‑798/21 P; asuntos acumulados C‑779/21 P y C‑799/21 P)

Un sindicato de agricultores francés impugnó ante la Administración francesa el etiquetado de melones y tomates originarios del Sáhara Occidental. Esos productos se exportaban a la Unión Europea mencionando a Marruecos como país de origen, circunstancia que la Confédération paysanne denunció como engañosa y contraria al Derecho internacional. Reclamaba un etiquetado específico que indicara su verdadero origen. El Tribunal de Justicia precisó que el Sáhara Occidental es un territorio distinto de Marruecos en el sentido del Derecho de la Unión. Por consiguiente, los productos procedentes de este territorio deben mencionar su origen real, es decir, el Sáhara Occidental, para garantizar una información transparente y evitar inducir a engaño a los consumidores. Sin embargo, el Tribunal de Justicia también declaró que los Estados miembros, como Francia, no pueden adoptar unilateralmente prohibiciones de importación para productos mal etiquetados. Tal competencia pertenece exclusivamente a la Unión en el marco de su política comercial común.

Sentencia Confédération paysanne (Melones y tomates del Sáhara Occidental), de 4 de octubre de 2024 (C‑399/22)

Según la Directiva sobre reconocimiento, las personas registradas ante el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) están excluidas del estatuto de refugiado en la Unión Europea. No obstante, estas personas deben, en principio, obtener el estatuto de refugiado si cesa la asistencia o la protección de dicho organismo. En un litigio relativo a apátridas de origen palestino, un órgano jurisdiccional búlgaro solicitó al Tribunal de Justicia que aclarara los criterios que permiten considerar que dicha asistencia ha cesado. El Tribunal de Justicia destacó que, a la luz de la situación existente en la Franja de Gaza, la incapacidad del UNRWA para garantizar unas condiciones de vida dignas o unas condiciones mínimas de seguridad en esa zona constituye ese cese.

Sentencia Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Estatuto de refugiado — Apátrida palestino), de 13 de junio de 2024 (C‑563/22)

En 2008, la Unión Europea creó la misión civil Eulex Kosovo para investigar los delitos referentes a personas que habían desaparecido o habían sido asesinadas en Kosovo en 1999. El año siguiente, la Unión creó una comisión especial, encargada de examinar las denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por la Eulex Kosovo en el ejercicio de su mandato. A raíz de las denuncias presentadas por KS y KD, familiares cercanos de personas desaparecidas o asesinadas en Kosovo, dicha comisión concluyó que se habían violado diversos derechos fundamentales. Posteriormente, KS y KD reclamaron ante el Tribunal General la reparación del perjuicio supuestamente sufrido en relación con las investigaciones realizadas durante la misión. El Tribunal General se declaró manifiestamente incompetente.

En casación, el Tribunal de Justicia aclaró la competencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión en el contexto de la política exterior y de seguridad común (PESC). Declaró que era competente para interpretar o examinar la legalidad de los actos u omisiones del ámbito de la PESC que no tuvieran relación directa con elecciones políticas o estratégicas (como, por ejemplo, los actos relativos a la contratación del personal de Eulex Kosovo) o para interpretarlos. Destacó que esa interpretación estricta de la excepción a su competencia jurisdiccional en materia de PESC es conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva, remitiéndose a este respecto a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia anuló parcialmente la resolución del Tribunal General y declaró que los órganos jurisdiccionales de la Unión son competentes para pronunciarse sobre parte de los actos o comportamientos mencionados en las demandas de indemnización por daños y perjuicios de los demandantes.

Sentencia KS y KD/Consejo y otros, de 10 de septiembre de 2024 (asuntos acumulados C‑29/22 P y C‑44/22 P)

Siempre en el ámbito de la PESC, el Tribunal General confirmó la legalidad de la prohibición impuesta por el Consejo de la Unión Europea de prestar servicios de asesoramiento jurídico al Gobierno ruso y a las personas jurídicas, entidades u organismos establecidos en Rusia (véase, en relación con esta misma sentencia, el apartado «Derechos fundamentales» y el capítulo «Novedades jurisprudenciales»).

Sentencia Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel y otros/Consejo (T‑797/22, T‑798/22, T‑828/22)