La actividad judicial

El Tribunal de Justicia declaró que el régimen disciplinario aplicable a los jueces del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) y de los tribunales ordinarios no era conforme al Derecho de la Unión. La Comisión Europea recurrió al Tribunal de Justicia para que declarara que, a través de ese nuevo régimen disciplinario y, en particular, al crear una nueva Sala Disciplinaria en el Tribunal Supremo, Polonia había infringido el Derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia estimó todos los motivos de la Comisión: habida cuenta del contexto global de profundas reformas recientemente introducidas en el poder judicial polaco y de la concurrencia de elementos que rodearon la creación de esa nueva sala, consideró que no ofrecía garantías de imparcialidad e independencia y no está protegida frente a influencias directas o indirectas de los poderes legislativo y ejecutivo polaco.
Sentencia Comisión/Polonia de 15 de julio de 2021 (C‑791/19)

El Tribunal de Justicia estimó que el traslado de un juez sin su consentimiento a otro órgano jurisdiccional o a otra sala del mismo órgano jurisdiccional puede transgredir los principios de inamovilidad y de independencia judiciales. Además, el auto en virtud del cual un órgano jurisdiccional unipersonal de última instancia ha desestimado el recurso de un juez trasladado sin su consentimiento debe reputarse nulo y sin efecto si el nombramiento de ese juez se ha realizado en manifiesta violación de las normas fundamentales de establecimiento y funcionamiento del sistema judicial de que se trata.
Sentencia W.Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento) de 6 de octubre de 2021 (C‑487/19)

El Tribunal de Justicia estimó que la independencia, la imparcialidad de los jueces y la presunción de inocencia pueden verse comprometidas por el régimen actualmente vigente en Polonia, que, en particular, permite al ministro de Justicia adscribir a jueces en comisión de servicio a tribunales de lo penal superiores y poner fin en cualquier momento a tales comisiones sin motivación. La inexistencia de criterios para tales comisiones de servicios genera el riesgo de que estas se utilicen como medio de control político del contenido de las resoluciones judiciales, sobre todo habida cuenta de que el ministro también funge de fiscal general.
Sentencia Procesos penales contra WB y otros de 16 de noviembre de 2021 (C‑748/19 y otros)

El Tribunal de Justicia ha abordado varios asuntos que se enmarcan en el contexto de la reforma de la justicia en materia de lucha contra la corrupción en Rumanía. Surgió la cuestión de si la aplicación de la jurisprudencia derivada de diferentes resoluciones del Tribunal Constitucional rumano relativas a las normas procesales penales en materia de fraude y corrupción podía infringir el Derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia reafirmó que la primacía del Derecho de la Unión exige que los órganos jurisdiccionales nacionales tengan la potestad de dejar inaplicada una resolución de un tribunal constitucional que sea contraria al Derecho de la Unión, sin que los jueces nacionales incurran en responsabilidad disciplinaria. Pues bien, el Derecho de la Unión se opone a la aplicación de la jurisprudencia de un tribunal constitucional que tenga como efecto la anulación de las sentencias dictadas por formaciones jurisdiccionales compuestas de forma supuestamente irregular, en la medida en que dicha anulación, combinada con las disposiciones nacionales en materia de prescripción, genere un riesgo sistémico de impunidad de los hechos constitutivos de delitos graves de fraude.
Sentencia Euro Box Promotion y otros de 21 de diciembre de 2021 (C‑357/19 y otros)

En un asunto prejudicial planteado por un órgano jurisdiccional húngaro, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la compatibilidad de la normativa húngara con la Directiva de la Unión relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Después de que el Tribunal Supremo de Hungría declarara ilegal la remisión prejudicial al Tribunal de Justicia, este reafirmó además que el sistema de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia se opone a que un tribunal supremo nacional declare la ilegalidad de una petición de decisión prejudicial presentada por un órgano jurisdiccional inferior. Asimismo, el Derecho de la Unión se opone a la incoación de un procedimiento disciplinario contra un juez nacional por haber planteado al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial: tal procedimiento puede disuadir a todos los órganos jurisdiccionales nacionales de plantear cuestiones prejudiciales, lo que podría poner en peligro la aplicación uniforme del Derecho de la Unión.
Sentencia IS de 23 de noviembre de 2021 (C‑564/19)

El Tribunal General desestimó el recurso de la multinacional de telecomunicaciones y de teledistribución, Altice Europe, contra la Decisión de la Comisión por la que se le impuso una multa de un total de 124,5 millones de euros en el marco de la adquisición de PT Portugal. La Comisión reprochaba a Altice Europe, por un lado, haber incumplido la obligación de notificar la concentración y, por otro lado, no haber respetado la prohibición de ejecutar la concentración antes de ser notificada a la Comisión y autorizada por esta. Sin embargo, el Tribunal General ordenó que se redujera en 6,22 millones de euros el importe de la multa impuesta por el incumplimiento de la obligación de notificar la concentración.
Sentencia Altice Europe/Comisión de 22 de septiembre de 2021 (T‑425/18)

El Tribunal General confirmó las Decisiones de la Comisión por las que se autorizaban las concentraciones relativas a la adquisición por easyJet y por Lufthansa de determinados activos del grupo Air Berlin. Desestimó el recurso interpuesto por la compañía aérea Polskie Linie Lotnicze «LOT», competidora de las dos sociedades partes en las concentraciones, subrayando, en particular, que la Comisión podía definir los mercados pertinentes por pares de ciudades con origen o destino en cada uno de los aeropuertos a los que estaban adscritas las franjas horarias de Air Berlin en lugar de examinar individualmente cada uno de los mercados en los que Air Berlin y Lufthansa e easyJet, respectivamente, estaban presentes.
Sentencias Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Comisión de 20 de octubre de 2021 (T‑240/18 y T‑296/18)

El Tribunal General confirmó la decisión de la Comisión que declaró un abuso de posición dominante por parte de Google al favorecer su propio comparador de productos en sus páginas de resultados generales mediante una presentación y un posicionamiento privilegiados frente a los resultados de comparadores de productos de la competencia. El Tribunal General también confirmó el importe de la multa, fijada por la Comisión en 2 420 millones de euros, 523,5 millones de ellos con carácter solidario con Alphabet, Inc., su sociedad matriz.
Sentencia Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping) de 10 de noviembre de 2021 (T‑612/17)

Entre 1997 y 1999, la sociedad Sumal adquirió dos camiones de Mercedes Benz Trucks España (MBTE), filial del grupo Daimler, cuya sociedad matriz es Daimler AG. Mediante una decisión de 2016, la Comisión Europea declaró que Daimler AG había infringido las normas del Derecho de la Unión que prohíben las prácticas colusorias al concluir que, entre enero de 1997 y enero de 2011, había celebrado varios acuerdos con otros catorce fabricantes europeos de camiones con objeto de fijar los precios e incrementar los precios brutos de los camiones en el Espacio Económico Europeo (EEE). A raíz de dicha decisión, Sumal presentó una demanda de resarcimiento por daños y perjuicios contra MBTE por la que le reclamaba el perjuicio sufrido como consecuencia de esa práctica colusoria. El Tribunal de Justicia declaró que la víctima de una infracción del Derecho de la competencia de la Unión cometida por una sociedad matriz puede reclamar a la filial de esta el resarcimiento de los daños derivados de tal infracción, pero, para ello, deberá probar que ambas sociedades constituían una unidad económica en el momento de la infracción y que la filial opera en el mercado afectado por la infracción.
Sentencia Sumal de 6 de octubre de 2021 (C‑882/19)

La pesca mediante impulsos eléctricos fue prohibida por nuevas normas adoptadas en 2019 por el Parlamento Europeo y el Consejo. Los Países Bajos solicitaron al Tribunal de Justicia que anulara esas disposiciones alegando, en particular, que el legislador de la Unión no se había basado en los mejores dictámenes científicos disponibles sobre la incidencia ecológica medioambiental en relación con la pesca del lenguado del mar del Norte. El Tribunal de Justicia desestimó el recurso y confirmó la validez de dichas normas: el legislador de la Unión dispone de una amplia facultad de apreciación en ese ámbito y no está obligado a basar su opción legislativa exclusivamente en dictámenes científicos y técnicos.
Sentencia Países Bajos/Consejo de la Unión Europea y Parlamento Europeo de 15 de abril de 2021 (C‑733/19)

En cuanto a la autorización para la caza con liga, el Tribunal de Justicia estimó que un Estado miembro (en este caso, Francia) no puede autorizar ese método de captura de aves que entraña capturas accesorias que pueden causar a las especies afectadas daños que no sean insignificantes. El carácter tradicional de ese método no es suficiente, por sí solo, para excluir cualquier otra solución alternativa satisfactoria. El Tribunal de Justicia precisó las condiciones en que pueden introducirse excepciones a la prohibición que establece la Directiva «aves» de utilizar determinados métodos de captura de aves protegidas.
Sentencia One Voice y Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)/Ministre de la Transition écologique et solidaire de 17 de marzo de 2021 (C‑900/19)

En el marco de un recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión contra Hungría en relación con la superación sistemática y persistente de los valores límite de partículas PM10, el Tribunal de Justicia declaró que dicho Estado miembro había infringido las normas del Derecho de la Unión relativas a la calidad del aire ambiente y que había incumplido las obligaciones que le incumben de garantizar en todo su territorio, por un lado, el respeto del valor límite diario fijado para las partículas PM10 y, por otro lado, que el período de superación de dicho valor límite sea lo más breve posible.
Sentencia Comisión/Hungría de 3 de febrero de 2021 (C‑637/18)

El Tribunal de Justicia consideró que Alemania había infringido la Directiva sobre calidad del aire entre 2010 y 2016 al superar de forma sistemática y persistente los valores límite de dióxido de nitrógeno (NO2). Alemania también incumplió su obligación de adoptar a tiempo medidas adecuadas para que el período de superación fuera lo más breve posible en las zonas afectadas.
Sentencia Comisión/Alemania de 3 de junio de 2021 (C‑635/18)

El Tribunal de Justicia anuló las decisiones del Consejo relativas a la aplicación del Acuerdo de Asociación Global y Reforzado firmado con Armenia el 26 de noviembre de 2017. Estimó que, si bien el Acuerdo de Asociación presenta determinados vínculos con la política exterior y de seguridad común, los elementos o las declaraciones de intenciones que incluye correspondientes a la PESC no bastan para constituir un componente autónomo de dicho Acuerdo que pueda justificar la escisión del acto del Consejo en dos decisiones distintas. Esa escisión había dado lugar, en particular, a aplicar la regla de voto por unanimidad a uno de los actos en cuestión y la de mayoría cualificada al otro.
Sentencia Comisión/Consejo de 2 de septiembre de 2021 (C‑180/20)

El Tribunal General desestimó el recurso de Rumanía contra la decisión de la Comisión por la que se registraba la propuesta de iniciativa ciudadana europea (ICE) «Política de cohesión para la igualdad de las regiones y la preservación de las culturas regionales». Se pronunció por primera vez sobre el carácter impugnable de una decisión de la Comisión de registrar una propuesta de este tipo. Esa propuesta de ICE fue presentada en 2013 a la Comisión, que en un primer momento la había denegado basándose en que estaba manifiestamente fuera del ámbito de las competencias que le permiten presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión para los fines de aplicación de los Tratados. El Tribunal de Justicia anuló la decisión de la Comisión, que, posteriormente, mediante decisión de 30 de abril de 2019, registró la propuesta de ICE controvertida.
Sentencia Rumanía/Comisión de 10 de noviembre de 2021 (T‑495/19)

El Tribunal General se pronunció sobre el inicio del cómputo del plazo para recurrir una decisión relativa a una persona sujeta al Estatuto de los Funcionarios europeos en caso de notificación infructuosa de una carta certificada. A falta de disposiciones que regulen la determinación del momento en que se inicia el cómputo del plazo de recurso en caso de no recogida de una carta certificada con acuse de recibo en los litigios comprendidos en el ámbito de dicho Estatuto, el Tribunal General recordó además que la seguridad jurídica y la necesidad de evitar toda discriminación o trato arbitrario en la buena administración de justicia se oponen a la aplicación de la presunción de notificación en la fecha de expiración del plazo de recogida de la carta certificada dirigida al domicilio del demandante. Por último, el Tribunal General estimó que, como la decisión fue notificada por correo electrónico (cuyo recibo acusó sin dilación el destinatario), el plazo de recurso empezó a correr a partir de la fecha de su notificación.
Sentencia Barata/Parlamento Europeo de 3 de marzo de 2021 (T‑723/18)

En un litigio entre la República de Moldavia y una sociedad ucraniana, se preguntó al Tribunal de Justicia sobre la calificación de «inversión» en el sentido del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), de un crédito derivado de un contrato de compraventa de electricidad. El Tribunal de Justicia declaró que la adquisición, por una empresa de una Parte contratante del TCE, de un crédito derivado de un contrato de suministro de electricidad, no relacionado con una inversión, del que es titular una empresa de un tercer Estado ajeno a dicho Tratado frente a una empresa pública de otra Parte contratante del mismo Tratado no constituye una «inversión» en el sentido del TCE. En efecto, un crédito derivado de un mero contrato de compraventa de electricidad no puede considerarse conferido para emprender una actividad económica en el sector de la energía. De ello se deduce que un mero contrato de suministro de electricidad, generada por otros operadores, es una operación comercial que, como tal, no puede constituir una inversión.
Sentencia Moldavia/Komstroy de 2 de septiembre de 2021 (C‑741/19)

En su dictamen emitido a solicitud del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia indicó que los Tratados no prohíben que el Consejo espere, antes de adoptar la decisión de celebración por la Unión del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (denominado «Convenio de Estambul»), al «común acuerdo» de los Estados miembros, pero el Consejo no puede modificar el procedimiento de celebración de ese Convenio supeditando su celebración a que previamente se ha constatado tal «común acuerdo». El Tribunal de Justicia precisó la base jurídica material adecuada para la adopción del acto del Consejo relativo a la celebración por la Unión de la parte del Convenio de Estambul objeto del acuerdo previsto. También observó que el acto relativo a la celebración puede escindirse en dos decisiones cuando se acredite la existencia de una necesidad objetiva.
Dictamen Convenio de Estambul de 6 de octubre de 2021 (1/19)

En relación con los recursos interpuestos por Luxemburgo y Amazon, el Tribunal General anuló la decisión de la Comisión que declaraba que Luxemburgo había concedido entre 2006 y 2014 a Amazon EU, en aquel momento central de ventas de Amazon para toda Europa, con sede en Luxemburgo, ayudas de Estado contrarias al Derecho de la Unión, permitiéndole, mediante resoluciones fiscales de carácter anticipativo («tax rulings»), pagar significativamente menos impuestos que otras empresas. Según la Comisión, Luxemburgo debía reclamar a Amazon beneficios fiscales indebidos por un importe aproximado de 250 millones de euros, más los intereses. En su sentencia, el Tribunal General declaró que la Comisión no había demostrado suficientemente que la base imponible de Amazon EU se hubiera reducido de forma artificial al sobrevalorar el canon que esa sociedad pagó a otra sociedad del grupo Amazon por utilizar determinados derechos de propiedad intelectual.
Sentencia Luxemburgo y Amazon/Comisión de 12 de mayo de 2021 (T‑816/17 y otros)

El Tribunal General desestimó los recursos interpuestos por Luxemburgo y la empresa suministradora de energía Engie contra la decisión mediante la cual la Comisión constató que Luxemburgo había concedido a Engie ayudas de Estado contrarias al Derecho de la Unión al permitir, a través de resoluciones fiscales anticipadas («tax rulings»), a dos sociedades de ese grupo residentes en Luxemburgo eludir el impuesto sobre la práctica totalidad de sus beneficios. Según la Comisión, Luxemburgo debe reclamar unos 120 millones de euros de impuestos impagados, más los intereses. En su sentencia confirmatoria de dicha decisión, el Tribunal General destacó que Luxemburgo había renunciado a declarar la existencia de un abuso de Derecho por parte de Engie pese a que concurrían todos los requisitos para ello.
Sentencia Luxemburgo y otros/Comisión de 12 de mayo de 2021 (T‑516/18 y otros)

El Tribunal General reconoció la validez de una marca tridimensional en forma de lápiz de labios. En consecuencia, anuló la resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) por la que se desestimaba la solicitud inicial de registro de ese signo como marca de la Unión Europea para lápices de labios. Según el Tribunal General, la marca solicitada tiene un carácter distintivo porque difiere significativamente de la norma y los usos del sector de los lápices de labios, por cuanto tiene forma ovalada y no vertical y cilíndrica.
Sentencia Guerlain de 14 de julio de 2021 (T‑488/20)

El Tribunal General declaró que un archivo de audio que contiene el sonido que se produce al abrir una lata de bebida, seguido de un silencio y de un burbujeo, no puede registrarse como marca de la Unión Europea para bebidas, puesto que no presenta carácter distintivo. El Tribunal General compartió por lo tanto la postura de la EUIPO y recordó que un signo sonoro debe tener carácter distintivo para que el consumidor pueda percibirlo como marca y no como un elemento de carácter funcional o un indicador sin características intrínsecas propias.
Sentencia Ardagh Metal Beverage Holdings de 7 de julio de 2021 (T‑668/19)

El Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por la empresa Chanel contra la solicitud de registro de marca presentada por la empresa Huawei ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) por considerar que los signos figurativos en cuestión no eran similares y declaró que las marcas deben compararse según han sido registradas o solicitadas, sin modificar su orientación. El Tribunal General observó que la mera presencia en las dos marcas en conflicto de dos elementos entrelazados no hace que las marcas sean similares, aunque compartan la forma geométrica básica de un círculo que rodea esos elementos.
Sentencia Chanel SAS de 21 de abril de 2021 (T‑44/20)

El Tribunal General se pronunció sobre la posibilidad de que un abogado británico representase a una parte en un procedimiento sustanciado ante él a raíz de un recurso interpuesto contra una resolución de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). El Tribunal General recordó los dos requisitos acumulativos que deben concurrir para que una persona pueda válidamente representar a partes (distintas de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión) ante los órganos jurisdiccionales de la Unión: en primer lugar, tener la condición de abogado y, en segundo lugar, estar facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE. El recurso se interpuso después del 31 de diciembre de 2020, fin del período transitorio anterior a la retirada definitiva del Reino Unido de la Unión y no estaba comprendido en ninguno de los supuestos previstos en el Acuerdo de Retirada en los que un abogado facultado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales del Reino Unido y que no ha acreditado estar facultado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE puede representar a una parte ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. Por lo tanto se declaró la inadmisibilidad del recurso.
Auto Daimler/EUIPO de 7 de diciembre de 2021 (T‑422/21)

El Tribunal de Justicia declaró que, cuando el titular de los derechos de autor haya adoptado o impuesto medidas restrictivas contra la transclusión («framing»), la inserción de una obra en una página web de un tercero, mediante dicha técnica, constituye una puesta a disposición de esa obra a un público nuevo. Esta comunicación al público debe ser autorizada por el titular de los derechos de autor.
Sentencia VG Bild-Kunst de 9 de marzo de 2021 (C‑392/19)

El Tribunal de Justicia precisó, en relación con el régimen anterior al introducido por la nueva Directiva de 2019 sobre derechos de autor, las condiciones en que puede originarse la responsabilidad de los operadores de plataformas en línea (en este caso, YouTube y Cyando). Consideró que los operadores de esas plataformas no efectúan, por sí mismos, una comunicación al público de los contenidos protegidos por los derechos de autor que los usuarios de tales plataformas ponen ilegalmente en línea. No obstante, pueden incurrir en responsabilidad por realizar una comunicación vulnerando los derechos de autor si, más allá de la mera puesta a disposición de las plataformas, contribuyen a proporcionar al público acceso a dichos contenidos.
Sentencia YouTube y otros de 22 de junio de 2021 (C‑682/18)

En este asunto, las conexiones a Internet de algunos clientes de la empresa Telenet se habían utilizado para compartir, a través de una red entre pares («peer‑to‑peer»), películas incluidas en el catálogo de la empresa Mircom. Según el Tribunal de Justicia, la protección de los derechos del titular de derechos de propiedad intelectual puede justificar que se efectúe un registro sistemático de las direcciones IP de usuarios y se comuniquen sus nombres y direcciones postales a dicho titular o a un tercero para permitir el ejercicio de una acción de indemnización. Sin embargo, la petición de información del titular de los derechos de propiedad intelectual no podrá ser abusiva y deberá ser justificada y proporcionada.
Sentencia M.I.C.M. de 17 de junio de 2021 (C‑597/19)

Un propietario de bares de tapas en España utilizaba el signo CHAMPANILLO para designar y promover sus establecimientos. En su publicidad se representaban dos copas llenas de una bebida espumosa. El Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), organismo de defensa de los intereses de los productores de champán, solicitaba que se prohibiera la utilización del término «champanillo» (que en español significa «pequeño champán») al considerar que la utilización de ese signo constituía una infracción de la denominación de origen protegida (DOP) «Champagne». El Tribunal de Justicia precisó que los productos amparados por una DOP gozan de protección frente a los comportamientos prohibidos relacionados tanto con productos como con servicios.
Sentencia Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne de 9 de septiembre de 2021 (C‑783/19)

El Tribunal de Justicia declaró que el acceso, a efectos penales, a un conjunto de datos de comunicaciones electrónicas de tráfico o de localización que permiten extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de los usuarios solo se autoriza para luchar contra la delincuencia grave y prevenir las amenazas graves contra la seguridad pública. Por otra parte, el Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que atribuye competencia al Ministerio Fiscal para autorizar el acceso de una autoridad pública a esos datos con el fin de realizar la instrucción penal.
Sentencia H. K/Prokuratuur de 2 de marzo de 2021 (C‑746/18)

En una sentencia dictada en un asunto sobre protección de datos personales relativo a la sociedad Facebook Ireland, el Tribunal de Justicia precisó las condiciones de ejercicio de las facultades de las autoridades nacionales de control con respecto a un tratamiento de datos transfronterizo, señalando que, en determinadas condiciones, esa autoridad podía poner en conocimiento de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro cualquier supuesta infracción de las disposiciones del Reglamento general de protección de datos (RGPD), aunque no fuese la autoridad de control principal en lo referente a ese tratamiento. El Tribunal de Justicia también estimó que, dado que Facebook Ireland no había informado suficientemente a los internautas de la recogida y del uso de información sobre ellos, su consentimiento a dicho tratamiento de datos no era válido.
Sentencia Facebook Ireland y otros de 15 de junio de 2021 (C‑645/19)

En la transformación de alimentos ecológicos, como las bebidas ecológicas elaboradas a base de arroz y soja, el Tribunal de Justicia prohibió la adición del alga Lithothamnium calcareum (Lithothamnium) para su enriquecimiento en calcio y recordó que el Derecho de la Unión establece normas estrictas en lo que se refiere a la adición de minerales, como el calcio, en la producción de alimentos ecológicos. Autorizar la utilización de un polvo obtenido de ese alga como ingrediente no ecológico de origen agrario equivaldría a permitir a los fabricantes de dichos alimentos eludir tales normas.
Sentencia Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen de 29 de abril de 2021 (C‑815/19)

El Tribunal de Justicia declaró que el simple desvío de un vuelo hacia un aeropuerto cercano al aeropuerto de destino para el que se efectuó la reserva no da derecho a una indemnización a tanto alzado. En cambio, señaló que la compañía aérea está obligada a ofrecer por iniciativa propia al pasajero la asunción de los gastos de transporte hasta el aeropuerto de destino para el que efectuó la reserva o, en su caso, hasta otro lugar cercano convenido con dicho pasajero. Para eximirse de su obligación de compensar a los pasajeros en caso de gran retraso en la llegada de un vuelo, el transportista aéreo puede invocar una circunstancia extraordinaria que no haya afectado a dicho vuelo retrasado, sino a un vuelo anterior operado por él mismo mediante la misma aeronave.
Sentencia WZ/Austrian Airlines AG de 22 de abril de 2021 (C‑826/19)

El Tribunal de Justicia estimó que una huelga organizada por un sindicato del personal de un transportista aéreo dirigida a obtener un aumento salarial no constituye una «circunstancia extraordinaria» que exima al transportista aéreo de su obligación de pagar una compensación en caso de cancelación o gran retraso. En efecto, el hecho de descartar tal calificación en relación con esa huelga, organizada dentro del marco legal nacional, no vulnera ni la libertad de empresa del transportista aéreo ni su derecho de propiedad o de negociación.
Sentencia Airhelp Ltd/Scandinavian Airlines System SAS de 23 de marzo de 2021 (C‑28/20)

El Tribunal de Justicia declaró que un Estado miembro de la zona del euro puede obligar a su Administración a aceptar pagos en efectivo. Sin embargo, señaló que el Estado miembro también puede limitar esta posibilidad de pago por razones de interés público, en particular, cuando el pago en efectivo pueda generar un coste irrazonable para la Administración debido al elevado número de contribuyentes. Precisó asimismo que la obligación de aceptar billetes puede estar limitada por razones de interés público, a condición de que dichas limitaciones sean proporcionadas al objetivo de interés público perseguido, lo que implica, en particular, que los deudores puedan disponer de otros medios legales para el pago de créditos pecuniarios.
Sentencia Johannes Dietrich y Norbert Häring/Hessischer Rundfunk de 26 de enero de 2021 (C‑422/19 y C‑423/19)

El Tribunal de Justicia declaró que la legislación húngara que prohíbe la anulación de un contrato de préstamo denominado en moneda extranjera por el hecho de incluir una cláusula abusiva relativa a un diferencial cambiario resulta compatible con el Derecho de la Unión si dicha legislación permite que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en que se encontraría el consumidor de no haber existido la cláusula abusiva, aun cuando la anulación del contrato hubiese sido más favorable para el consumidor. Además, la voluntad manifestada por el consumidor interesado no puede prevalecer sobre la apreciación, que corresponde al juez nacional, de si la normativa nacional húngara permite efectivamente restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor.
Sentencia OTP Jelzálogbank y otros de 2 de septiembre de 2021 (C‑932/19)

En un asunto en el que la naviera irlandesa Irish Ferries se vio obligada a cancelar en 2018 toda la temporada de navegación debido a que, a consecuencia de los retrasos en la entrega de un nuevo buque, no había podido poner en servicio un buque alternativo, el Tribunal de Justicia aclaró varias disposiciones relativas a los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables (cancelación, indemnización, precio del billete). En particular consideró que las obligaciones de transporte alternativo y de indemnización en caso de cancelación de un servicio de transporte son proporcionadas con el objetivo que persigue el Reglamento aplicable en la materia.
Sentencia Irish Ferries de 2 de septiembre de 2021 (C‑570/19)

El Tribunal de Justicia se pronunció sobre la opción tarifaria «tarifa cero» para Internet. Se trata de una práctica comercial mediante la cual un proveedor de acceso a Internet aplica una «tarifa cero» o más ventajosa a la totalidad o a una parte del tráfico de datos asociado a una aplicación o a una categoría de aplicaciones específicas, propuestas por socios de dicho proveedor de acceso. El Tribunal de Justicia consideró que esas opciones tarifarias son contrarias al Reglamento de acceso a una Internet abierta, al igual que las limitaciones del ancho de banda, del uso compartido de conexión o del uso en itinerancia, a raíz de la activación de esa opción.
Sentencias Vodafone y Telekom Deutschland de 2 de septiembre de 2021 (C‑854/19 y otros)

Ante el Tribunal de Justicia se planteó el caso de una menor ciudadana de la Unión cuyo certificado de nacimiento expedido por el Estado miembro de acogida designa como progenitores a dos personas del mismo sexo. El Tribunal de Justicia declaró que el Estado miembro del que es nacional la menor está obligado a expedirle un documento de identidad o un pasaporte, sin exigir la expedición previa de un certificado de nacimiento por sus autoridades nacionales. Dicho Estado miembro también está obligado a reconocer el documento originario del Estado miembro de acogida que permite a la menor ejercer, con cada una de esas dos personas, su derecho a circular y residir libremente en el territorio de la Unión.
Sentencia Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo» de 14 de diciembre de 2021 (C‑490/20)

En el contexto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, la normativa británica instauró un nuevo régimen aplicable a los ciudadanos de la Unión según el cual la concesión de un derecho de residencia no está sujeta a un requisito relativo a la suficiencia de recursos. Sin embargo, priva a los ciudadanos de la Unión de prestaciones de asistencia social denominadas «crédito universal». El Tribunal de Justicia entendió que esa normativa es compatible con el principio de igualdad de trato garantizado por el Derecho de la Unión. No obstante, las autoridades nacionales competentes deberán comprobar que la negativa a conceder dichas prestaciones de asistencia social no expone al ciudadano de la Unión y a sus hijos al riesgo de que se vulneren sus derechos fundamentales, en particular el derecho al respeto de la dignidad humana.
Sentencia The Department for Communities in Northern Ireland de 15 de julio de 2021 (C‑709/20)

El Tribunal de Justicia precisó los criterios que deben tenerse en cuenta para apreciar si una empresa de trabajo temporal ejerce normalmente «actividades sustanciales distintas de la mera gestión interna» en el Estado miembro en el que está establecida. Según el Tribunal de Justicia, para considerar que una empresa de trabajo temporal «ejerce normalmente sus actividades» en un Estado miembro, debe realizar una parte sustancial de su actividad de cesión de trabajadores en favor de empresas usuarias que estén establecidas y ejerzan sus actividades en el territorio de dicho Estado miembro. El ejercicio de actividades de selección y de contratación en el Estado miembro en el que la empresa de trabajo temporal está establecida no basta para considerar que tal empresa realiza «actividades sustanciales» en ese Estado miembro.
Sentencia Team Power Europe de 3 de junio de 2021 (C‑784/19)

Se plantearon dos asuntos en los que trabajadoras musulmanas habían decidido llevar un velo religioso en el lugar de trabajo. Según el Tribunal de Justicia, la prohibición impuesta por el empresario de llevar cualquier forma visible de expresión de convicciones políticas, filosóficas o religiosas en el lugar de trabajo puede estar justificada por la necesidad verdadera del empresario de presentarse de manera neutra ante los clientes o de prevenir conflictos sociales. Sin embargo, en el marco de la conciliación de los derechos en juego, los órganos jurisdiccionales nacionales pueden tener en cuenta el contexto propio de su Estado miembro y disposiciones nacionales más favorables para la protección de la libertad religiosa.
Sentencia WABE y MH Müller Handel de 15 de julio de 2021 (C‑804/18 y C‑341/19)

En abril de 2020, Alemania notificó a la Comisión una ayuda individual en favor de la compañía aérea Condor Flugdienst GmbH en forma de dos préstamos por importe de 550 millones de euros garantizados por el Estado y con los intereses subvencionados. El Tribunal General anuló por insuficiencia de motivación la decisión de la Comisión por la que se aprobaba la ayuda. Sin embargo, debido al contexto económico y social marcado por la pandemia de COVID-19, suspendió los efectos de la anulación hasta que la Comisión adopte una nueva decisión.
Sentencia Ryanair/Comisión (Condor — Covid-19) de 9 de junio de 2021 (T‑665/20)

El Tribunal General consideró que el régimen de ayudas de Estado establecido por Suecia en forma de garantías de préstamos a favor de las compañías aéreas titulares de licencias suecas de explotación, destinado a poner remedio a la grave perturbación de la economía de ese Estado miembro durante la pandemia de COVID-19, es conforme con el Derecho de la Unión. Más concretamente, dicho régimen tiene por objeto apoyar a las compañías aéreas titulares, a 1 de enero de 2020, de una licencia para realizar actividades comerciales de aviación, a excepción de las que realicen vuelos discrecionales.
Sentencia Ryanair DAC/Comisión de 17 de febrero de 2021 (T‑238/20)

El Tribunal General validó el régimen de ayudas de Estado establecido por Francia en forma de moratoria en el pago de tasas aeronáuticas a favor de las compañías aéreas titulares de licencias francesas. En efecto, el Tribunal General consideró que ese régimen de ayudas, relativo a la tasa de aviación civil y la tasa de solidaridad de los billetes de avión adeudadas mensualmente durante el período comprendido entre marzo y diciembre de 2020, era adecuado para hacer frente a los perjuicios económicos causados por la pandemia de COVID‑19 y no constituía por tanto una discriminación contraria al Derecho de la Unión.
Sentencia Ryanair DAC/Comisión de 17 de febrero de 2021 (T‑259/20)

El Tribunal General validó la ayuda, en forma de dos líneas de crédito renovables por un importe máximo de 1 500 millones de coronas suecas (SEK) cada una, establecida por Suecia y Dinamarca a favor de la compañía SAS por los perjuicios derivados de la anulación o de la reprogramación de sus vuelos como consecuencia de las restricciones de desplazamiento impuestas en el contexto de la pandemia de COVID-19. Consideró que, habida cuenta de que SAS tiene una cuota de mercado significativamente mayor que la de su competidor más cercano en estos dos Estados miembros, las ayudas no constituyen una discriminación ilegal.
Sentencias Ryanair DAC/Comisión de 14 de abril de 2021 (T‑378/20 y T‑379/20)

El Tribunal de Justicia declaró que la garantía de Finlandia a favor de la compañía aérea Finnair para ayudarla a obtener, de un fondo de pensiones, un préstamo de 600 millones de euros destinado a cubrir sus necesidades de capital circulante a raíz de la pandemia de COVID‑19 es conforme con el Derecho de la Unión. La garantía era necesaria ante el riesgo de insolvencia de Finnair debido a la repentina caída de su actividad y a la imposibilidad de cubrir sus necesidades de liquidez acudiendo a los mercados crediticios.
Sentencia Ryanair DAC/Comisión de 14 de abril de 2021 (T‑388/20)

El Tribunal General validó la decisión de la Comisión de autorizar el fondo de apoyo establecido por España para garantizar la solvencia de las empresas no financieras cuyos principales centros de trabajo se encontrasen en España, que fuesen consideradas sistémicas o estratégicas para la economía nacional y que atravesasen dificultades temporales a raíz de la pandemia de COVID‑19. Destacó que la medida en cuestión, destinada a la realización de operaciones de recapitalización y dotada con un presupuesto de 10 000 millones de euros, constituye un régimen de ayudas de Estado, pero de carácter proporcionado y no discriminatorio.
Sentencia Ryanair DAC/Comisión de 19 de mayo de 2021 (T‑628/20)

Mediante varias decisiones, la Comisión declaró que un laudo arbitral que fijaba para el productor griego de aluminio Mytilinaios una tarifa eléctrica supuestamente preferencial a pagar a DEI (productor y suministrador de electricidad griego) no suponía, en realidad, la concesión de una ventaja. El Tribunal General anuló esas decisiones por considerar que la Comisión debería haber examinado de forma diligente, suficiente y completa la posible concesión de una ventaja a Mytilinaios por el laudo arbitral y efectuar, para ello, apreciaciones económicas y técnicas complejas.
Sentencia DEI/Comisión de 22 de septiembre de 2021 (T‑639/14 y otros)

Una cooperativa y varios patrones de pesca interpusieron un recurso contra la decisión de la Comisión de no formular objeciones en relación con las subvenciones para la realización de los primeros parques eólicos marinos explotados en Francia. El Tribunal General señaló que los demandantes no estaban legitimados para interponer ese recurso porque, por un lado, no estaban en relación de competencia con los operadores de esos parques eólicos y, por otro, no habían acreditado el riesgo de una incidencia concreta de las ayudas controvertidas en su situación.
Sentencia CAPA y otros/Comisión de 15 de septiembre de 2021 (T‑777/19)

En el marco de un litigio entre un antiguo suboficial del ejército esloveno y el Ministerio de Defensa en relación con la remuneración de los servicios de imaginaria que había prestado, el Tribunal de Justicia precisó los casos en los que la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo no se aplica a las actividades ejercidas por militares. Esta Directiva no se opone, por otra parte, a que un período de guardia durante el cual un militar esté obligado a permanecer en el cuartel en el que está destinado, sin realizar un trabajo efectivo, sea retribuido de manera diferente que un período de guardia durante el cual realiza prestaciones de trabajo efectivo.
Sentencia Ministrstvo za obrambo de 15 de julio de 2021 (C‑742/19)

En un asunto prejudicial planteado por un órgano jurisdiccional luxemburgués, el Tribunal de Justicia interpretó la Directiva por la que se aplica el Acuerdo Marco Revisado sobre el Permiso Parental. Señaló que un Estado miembro no puede condicionar el derecho a un permiso parental a la exigencia de que el progenitor tuviese un empleo en el momento del nacimiento o de la adopción de su hijo. Sin embargo, el Estado miembro puede exigir que el progenitor haya ocupado sin interrupción un puesto de trabajo durante un período mínimo de doce meses inmediatamente anterior al inicio del permiso parental.
Sentencia XI/Caisse pour l’avenir des enfants de 25 de febrero de 2021 (C‑129/20)

En Italia, se denegó la concesión de un subsidio de natalidad y de un subsidio de maternidad a varios nacionales de terceros países titulares de un permiso único de trabajo obtenido en virtud de la normativa nacional por la que se transpone una Directiva de la Unión, por no tener el estatuto de residente de larga duración. Interrogada por la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional, Italia), el Tribunal de Justicia consideró que esos nacionales de terceros países tenían derecho a beneficiarse de dichos subsidios tal como están previstos en la normativa italiana.
Sentencia O. D. y otros/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) de 2 de septiembre de 2021 (C‑350/20)

En 2016, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) emitió unas Directrices sobre procedimientos de gobernanza y vigilancia de productos de banca minorista. Mediante un dictamen publicado en su sitio de Internet, la Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autoridad de Control Prudencial y de Resolución) (ACPR, Francia) anunció que cumplía dichas Directrices, haciéndolas así aplicables a todas las entidades financieras bajo su ámbito de control. La Fédération bancaire française (FBF) solicitó al Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Francia) que anulara el dictamen de la ACPR al estimar que la ABE carecía de competencia para emitir tales Directrices. El Conseil d’État planteó una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia relativa a las vías de recurso disponibles para garantizar el control de la legalidad de las Directrices controvertidas y a la validez de estas Directrices. El Tribunal de Justicia señaló que el procedimiento de remisión prejudicial puede utilizarse para controlar la validez de tales Directrices y que, en ese caso, las directrices eran válidas.
Sentencia FBF de 15 de julio de 2021 (C‑911/19)

En vista del deterioro de la situación de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la democracia, el Consejo de la Unión Europea adoptó, en 2017, un reglamento que introduce medidas restrictivas contra Venezuela. Ese Estado solicitó la anulación de tales medidas al Tribunal General, que consideró que Venezuela carecía de legitimación activa para recurrir ese Reglamento. El Tribunal de Justicia, que conoció del recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia, consideró, por el contrario, que ese Estado estaba efectivamente legitimado para impugnar un reglamento que introduce medidas restrictivas en su contra y devolvió el asunto al Tribunal General para que se pronunciase sobre el fondo del recurso de anulación.
Sentencia Venezuela/Consejo de 22 de junio de 2021 (C‑872/19 P)